Revista DFENSOR

Revista dfensor febrero 2012 "Arraigo: insostenible herramienta de justicia penal "

2012-02-08T16:17:00.000-08:00

EDITORIAL

Fotografía: Sonia Blanquel/cdhdf.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la libertad es un valor supremo que debe prevalecer en una sociedad democrática que tenga un sistema de justicia penal eficaz para investigar y sancionar los delitos, y procure siempre la reinserción social de quienes los cometen. En esencia este es el espíritu que guió en 2008 la reforma constitucional al sistema de seguridad y justicia en México. Dicho espíritu se desvanece cada día.

La viabilidad de este proyecto ha sido rebasada por una estrategia sexenal de seguridad que, bajo el argumento de combatir la delincuencia organizada en un contexto de disfunción estructural de nuestro sistema de investigación y procuración de justicia, privilegia el enfoque de “peligrosidad” mediante la aplicación del arraigo que, pese a estar constitucionalmente reconocido, es un instrumento de detención arbitraria en la fase de investigación en contra de quien sea sólo por el hecho de existir sobre la persona la “sospecha” –sin pruebas sólidas– de que haya cometido un delito.

En consecuencia, el abuso por parte de las autoridades en la utilización de este tipo de penas precondenatorias carentes de controles de legalidad coloca a las personas en un limbo jurídico afectando su proyecto de vida y el de sus familias, violando gravemente los derechos a la libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso las coloca como víctimas sistemáticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo anterior, con base en los resultados de investigaciones efectuadas tanto por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que derivaron en la Recomendación 2/2011, como por los casos documentados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil.

Ante la evidencia contundente de que el arraigo en nuestro país se ha convertido en el principal riesgo para la libertad de las personas crece el consenso de voces nacionales e internacionales a favor de su derogación del marco normativo nacional.

En el ámbito de nuestra competencia reiteramos el llamado a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea Legislativa, todos del Distrito Federal, para que conjuntamente promuevan las reformas normativas que eliminen la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de la Ley contra la Delincuencia Organizada local, por ser una medida de detención contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en virtud de que viola el principio pro persona establecido en el artículo 1º de nuestra Constitución.

No basta que el gobierno federal establezca unidades de protección a los derechos humanos para atender denuncias de las personas arraigadas y sus familiares ni que argumente que ello forma parte de los compromisos adquiridos para velar por las garantías individuales de las y los mexicanos, sin que priorice medidas alternativas al arraigo que involucren el mejoramiento de las técnicas y tecnologías ministeriales y policiacas de los servicios de investigación penal.

Es incongruente que el concepto de derechos humanos esté incluido en nuestra Carta Magna cuando la figura del arraigo también lo está y, además, opere con visibles deficiencias que obstaculizan el avance hacia un verdadero Estado democrático de derecho.

OPINIÓN Y DEBATE

La protección de derechos humanos en México, valor universal y reto

Por: Jorge Mario Pardo Rebolledo

Fotografía: Sonia Blanquel/cdhdf.

Uno de los grandes temas universales de innegable reconocimiento y aceptación lo constituyen los derechos humanos. Su vigencia, promoción y respeto son una responsabilidad intrínseca del Estado mexicano, no sólo hacia sus gobernados sino también ante la comunidad internacional, frente a la cual nos hemos comprometido a través de la firma y ratificación de diversos tratados internacionales en esa materia.

Este compromiso implica garantizar en todo momento y sin distingos los derechos fundamentales de los ciudadanos; sólo de esta forma el Estado podrá justificar su permanencia y la sociedad logrará desarrollarse en condiciones de igualdad, justicia y dignidad. Mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, fue incorporado al texto de nuestra Constitución política, y por ende a todo el sistema jurídico mexicano, el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, a la vez que se reconoció una jerarquía superior de los tratados internacionales sobre dicha materia, frente a los ordenamientos federales y locales nacionales.

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La figura del arraigo es pertinente y cumple cabalmente criterios de derechos humanos

Por: Jorge Alberto Lara Rivera

Fotografía: María Rodríguez Cruz/cdhdf

Creo que [aquí] se podrá hablar con objetividad de la figura del arraigo y también concluir que la experiencia en la aplicación del nuevo modelo de arraigo, del modelo constitucional que lo prevé […] sirve para exorcizar los viejos demonios del arraigo oscuro, del arraigo vejatorio, del arraigo que sí violaba en algunos casos los derechos humanos y que podía incluso hasta implicar la tortura u otro tipo de prácticas que, afortunadamente, en este nuevo esquema ya no existen.

En definitiva, la aplicación de la figura del arraigo, tal y como se prevé no solamente por la Constitución ni el código adjetivo sino por las disposiciones de política pública de la Procuraduría General de la República (PGR), implica un respeto irrestricto a los derechos humanos; y prueba de ello es precisamente que no hay queja alguna en instancia de protección de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al propósito de su aplicación.

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El arraigo, inconveniente para los derechos humanos y la procuración de justicia

Por: Carlos Navarrete Ruiz

Es evidente que nuestro país padece el terrible flagelo de la inseguridad pública, que lamentablemente vulnera nuestra tranquilidad y seguridad, altera nuestra vida y limita nuestras libertades. Para enfrentar este problema los poderes de la Unión y las autoridades han tomado diversas decisiones, no todas las cuales han sido tan eficaces como se hubiera deseado; por el contrario, han producido lesiones sociales mayores, y particularmente hay que hablar del tema del arraigo. Desde el punto de vista constitucional, el arraigo es un golpe brutal a los derechos humanos, ya que la Constitución mexicana estructura y limita al poder público y, a su vez, también reconoce y garantiza los derechos fundamentales.

Antes de la reforma al sistema de justicia penal de 2008 la legislación procesal secundaria regulaba esta figura, pero la mencionada reforma la elevó a rango constitucional después de un intenso debate en el Congreso. Entonces, ¿por qué el arraigo es una figura autoritaria? Porque contraviene a las garantías de un sistema penal humanista. Es decir, para que una persona pueda ser detenida en un sistema penal garantista tienen que cumplirse dos supuestos: primero, que haya flagrancia en la comisión de un delito y, segundo, que exista una orden de aprehensión liberada por un juez competente.

Para que el juez pueda liberar esta orden de aprehensión tendrían que acreditarse varios elementos: si hubiera querella de la parte ofendida, que se acreditaran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona indiciada o señalada por la denuncia o querella.

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Arraigo y recomendación 2/2011

Mario Ernesto Patrón Sánchez

De entre los casos representativos sobre el tema de arraigo yo referiré la Recomendación 2/2011, que fue emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el año pasado, y la cual procede de una investigación de oficio que la Comisión abrió como consecuencia del cúmulo de quejas que se presentaron asociadas con el arraigo.

Las quejas recibidas son de diferentes tipos: por detenciones arbitrarias, por violaciones al debido proceso y a la oportunidad de defenderse, por incomunicaciones y, específicamente, por las condiciones del Centro de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Al caso se le denominó Uso arbitrario del arraigo, condiciones de desprotección a los derechos humanos en su aplicación, e integró la Recomendación 2/2011 que fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF)

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El arraigo y la seguritización de la justicia penal

Por: Juan Carlos Gutiérrez y Silvano Cantú

Fotografía: María Rodríguez Cruz/ cdhdf

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008, ejemplo de normatividad esquizoide, consta de una ampliación muy relevante de los derechos de los sujetos procesales, pero también de un régimen de excepción que flexibiliza los derechos del acusado y privilegia los esquemas precondenatorios o cautelares del proceso penal, incluyendo formas de privación de la libertad que implican la imposición de penas sin condena, como sucede con el arraigo. Su regularidad configura una mezcla de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en el cual el primero se vuelve una mera herramienta del segundo.

El arraigo es una forma de detención arbitraria constitucionalizada que permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre personas sospechosas de haber cometido algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo que tiene la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada.

El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio. Es decir, la investigación no se lleva a cabo previa a la detención de una persona, sino que ésta es detenida arbitrariamente para ser investigada, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. Así, la persona afectada queda sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno; simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora. La persona arraigada vive en un universo paralelo al democrático, donde rigen las excepciones y no las reglas.

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ACCIONES

Recomendación 8/2011 Caso de detención ilegal y arbitraria y tortura por parte de personal de la PGJDF

Peticionario: Yasser Serna Flores.
Agraviados: Yasser Serna Flores, Sinhué Peralta Gómez y Oscar Barrera Reyes.
Autoridad responsable: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Derechos humanos vulnerados: derecho a la libertad y seguridad personales por detención ilegal y arbitraria; derecho a la integridad personal por tortura; falta al deber de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los actos de tortura, e incumplimiento a la obligación de reparar a las personas agraviadas, como garantía de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial; y derecho a las garantías judiciales, derivadas de la violación a la libertad personal.

Estado de aceptación

El 12 de octubre de 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) notificó la Recomendación 8/2011 a la PGJDF. El 7 de noviembre, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría, Sulma Eunice Campos Mata, informó la aceptación parcial de dicho instrumento; de la respuesta se desprenden modalidades en la aceptación de algunos puntos recomendatorios. Por lo anterior, el 22 de diciembre de 2011, la CDHDF presentó un escrito de reconsideración a la PGJDF, documento que se encuentra pendiente de respuesta.

Resumen ejecutivo

El 1 de septiembre de 2008, el peticionario Yasser Serna Flores señaló a la cdhdf que el 8 de mayo de ese año, Sinhué Peralta Gómez, Oscar Barrera Reyes y él fueron detenidos con lujo de violencia (sic) por parte de seis policías judiciales del Distrito Federal, 1 quienes los encañonaron con sus armas, haciendo uno de ellos dos disparos al aire. Al peticionario lo colocaron frente a la pared y lo golpearon en las costillas hasta tirarlo sobre el piso. A él y a Sinhué los subieron a empujones a un coche particular, donde Yasser escuchó que uno de los agentes de la policía judicial preguntaba, por radio, a otro con insistencia “¿qué chingaos hacemos, los bajamos o qué pedo?”. Éste también mencionó que había llegado una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, y se refirió a éstos como los cuicos de azul; luego sólo dijo “que valga madre”, al tiempo que condujo el auto velozmente y salieron del lugar, evadiendo a la policía preventiva que se encontraba frente a ellos. Después fueron trasladados a unas oficinas en Azcapotzalco, donde los detuvieron y les tomaron fotos con teléfonos celulares.

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Recomendación 2/2011
Caso de violaciones a derechos humanos con motivo de la solicitud, expedición y condiciones en las que se aplica el arraigo en el Distrito Federal

Peticionaria: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), investigación de oficio.

Personas agraviadas: personas detenidas en el Centro de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás habitantes del Distrito Federal.

Autoridades responsables: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Derechos humanos vulnerados: derecho al debido proceso y garantías judiciales, derecho a una adecuada protección judicial, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad y seguridad personales, derecho a la integridad personal, derecho de las personas privadas de la libertad y derecho a la salud.

Resumen ejecutivo

El 19 de febrero de 2010, la entonces primera visitadora general de la CDHDF acordó iniciar de oficio una investigación debido a que, el 15 de febrero de 2010, en Milenio se publicó una nota periodística en la que sustancialmente se informaba lo siguiente: Existe sobrepoblación en el Centro de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Su capacidad está rebasada a 100%, y los 64 espacios disponibles son insuficientes para las 120 personas que se encuentran detenidas en dicho lugar.

El Ministerio Público abusa del recurso jurídico del arraigo Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal –en adelante TSJDF– señalan que las solicitudes de arraigo eran esporádicas y han aumentado, ya que en el año 2005 no se utilizó el arraigo; en el año 2006 hubo cinco solicitudes; en el año 2007 sumaron 28, en el 2008 fueron 58 solicitudes, y durante el año 2009 se concedieron 201 órdenes de arraigo.

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Referencias

México debería abolir el arraigo: HRW

Fotografía: María Rodríguez Cruz / cdhdf

En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, Human Rights Watch (HRW) publicó en noviembre de 2011 un informe titulado Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México, en el que la organización internacional examina las consecuencias negativas para los derechos humanos derivadas de la lucha contra la delincuencia organizada emprendida por el presidente Felipe Calderón desde 2006 hasta la fecha.

A través de exhaustivas investigaciones realizadas en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, considerados como los cinco más violentos del país, HRW encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que inició la presente administración federal.

El informe asegura que se trata de violaciones generalizadas que casi en ningún caso están siendo investigadas adecuadamente. “Los patrones de violaciones de derechos humanos que se advierten en los relatos de víctimas y testigos, el análisis de datos oficiales y las entrevistas con autoridades gubernamentales, funcionarios vinculados con la seguridad pública y organizaciones de la sociedad civil sugieren fuertemente que los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados”. Por el contrario, HRW afirma que se trata de “ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”, entre las que destacan la implementación del arraigo y el uso de leyes ambiguas para justificar detenciones y medidas de prisión preventivas arbitrarias.
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El arraigo y su aplicación en el nuevo sistema acusatorio

Por: Rodolfo Félix Cárdenas

Fotografía: María Rodríguez Cruz / cdhdf

Sobre el arraigo se han planteado posiciones en dos líneas: una dice que “hay que rechazar el arraigo absolutamente”, y otra expresa “que es necesario conservar esta figura por las situaciones que vive el país”. En el fondo creo que ese es el argumento incluso de la misma institución de procuración de justicia y de la Conferencia Nacional de Procuradores.

Yo tengo una visión muy particular sobre este tema, y me parece que nos hemos encerrado nada más en la idea de que […] el arraigo es simplemente detener para investigar. Esto es lo que se entiende y se dice en los debates, es lo que se comunica a la sociedad, es lo que manejan los comunicadores, y de aquí es que se ha dicho –por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su momento– que precisamente se trata de una figura que es inconstitucional. La SCJN lo expresó en 2005 al resolver la acción de inconstitucionalidad que plantearon legisladores de Chihuahua en contra del precepto correspondiente del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el cual no era un código formado bajo la estructura del nuevo sistema acusatorio, […] sino del sistema inquisitivo anterior, tal como se encuentran todavía el Código Federal de Procedimientos Penales o el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Creo que para ir abriendo otros caminos de discusión hay que hacer distinciones. Primero, yo quiero aclarar que rechazo absolutamente la noción del arraigo que se reduce a la idea de detener para investigar. Segundo, existe un régimen transitorio en términos de arraigo establecido por la propia reforma constitucional del sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008. Tercero, también existe la figura del arraigo en el nuevo sistema acusatorio, una figura que sí es legal y eso se nos está olvidando.

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El arraigo, capaz de destruir personas, familias y proyectos vitales

Por: María Luisa Cancino

Fotografía: María Rodríguez Cruz /cdhdf

A las 17:00 horas del 2 de diciembre de 2011, mi hijo Mauricio había sido citado por el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para recibir a funcionarios de dicho Centro en casa de su tía [, entonces desaparecida], Julia Marichal, y abrirles el inmueble para que realizaran una inspección ocular. Una hora más tarde recibí la llamada de Mauricio, quien lleno de dolor y llanto me comunicaba:

– ¡Encontraron a July!

Sorprendida por su estado y lo incontenible de sus sollozos, sólo atiné a gritar:

–¿Dónde?

–Aquí, en su casa –dijo. Desde ese momento comenzó mi pesadilla, pero jamás imaginé lo que vendría.

Mi hijo dejó de contestar el teléfono y yo, enloquecida, no sabía qué hacer.

–¡Dios mío, Dios mío! ¡No puede ser! –me repetía mientras intentaba conseguir ayuda para moverme de mi casa.

Llamé a su padre y le di la triste noticia, me trasladé a su casa y le llamé a mi hijo Bruno.

Pronto supimos que Mauricio había sido llevado a una agencia del Ministerio Público llamada Oasis.

¿A quién se le habrá ocurrido poner ese nombre a un sitio tan siniestro?

Mi Mauricio estaba detenido. Le hicieron ir en calidad de testigo y para las 16:00 horas del sábado 3 de diciembre se nos hizo saber que estaba en calidad de presunto responsable. Después fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios.

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¿Y si yo fuera una persona refugiada…?

Comenzar de nuevo en otro país
Cuentos ganadores de la edición 2011

De la noche a la mañana
Por: Ana Regina Cantú Aguilar

Sombras en tierra de nadie
Por: Fernando Rodríguez Pedroza

Cartas, recuerdos y un expreso
Por: Arely Alicia Valdés Rodríguez

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Revista dfensor enero 2012 “Hacia la dignificación del trabajo del hogar”

2012-01-05T09:31:00.000-08:00

EDITORIAL

Hacia la dignificación del trabajo del hogar

Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

En medio de la vorágine de la economía global, en la que estados y empresas privadas en conjunto privilegian un sistema deshumanizado e inequitativo de producción y consumo, el mercado laboral atraviesa hoy por un contexto complejo de discriminación caracterizado por la explotación, la pobreza, la desigualdad, los prejuicios y la informalidad, factores que vulneran a hombres y mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos laborales.

Dentro de esta problemática está inserto el trabajo del hogar, el cual, a pesar de tener uno de los más elevados déficits de reconocimiento como empleo digno, se ha convertido en una de las principales opciones de trabajo en América Latina para las mujeres que son pobres, migrantes e indígenas, ya que de acuerdo con registros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo menos 14 millones de mujeres realizan esta actividad a cambio de una remuneración, esto sin contar a aquellas de las que no se tiene registro y que laboran por hora o por día en condiciones migratorias irregulares, ni a las y los niños que también realizan trabajo doméstico.

Desde esta perspectiva, la situación en México no podía ser menos compleja, y así lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, los cuales refieren que 91.6% de las personas trabajadoras del hogar de nuestro país no cuenta con un contrato laboral.

Esta grave vulneración, derivada tanto del incumplimiento como de las restricciones en las normas de protección a sus derechos humanos laborales y a la falta de medios para hacerlos valer, convierte a estas personas en un sector sin reconocimiento económico y social, perpetuando condiciones de trabajo degradantes que van desde extensas jornadas de trabajo hasta bajos sueldos y escasa o nula cobertura de seguridad social, contraviniendo los criterios generales establecidos en el artículo 123 de la Constitución mexicana y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.

Ante esta inaceptable situación, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteramos el llamado a los actores políticos y sociales para que den cabal cumplimiento a las acciones del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que están encaminadas a proteger los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar mediante la realización de reformas al capítulo xiii de la Ley Federal del Trabajo y a un mayor fortalecimiento a la labor de protección legal por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Como organismo defensor también exhortamos al Estado mexicano para que sin demora ratifique el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que es la primera norma laboral internacional vinculante y específica a favor de mejorar las condiciones de vida y de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos laborales de las y los trabajadores del hogar en el mundo, la cual fue aprobada en junio de este año en el seno de la OIT.

Es preciso decir que estos esfuerzos serán insuficientes si como sociedad no logramos erradicar las actitudes discriminatorias hacia este sector laboral, si no reconocemos el invaluable aporte que brinda su trabajo a nuestros hogares y al propio desarrollo de la economía. Recordemos que un verdadero Estado que garantiza los derechos humanos no permite que existan trabajadores de segunda categoría.

OPINIÓN Y DEBATE

¿Qué implica para México la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar?

Por: José A. Guevara B.

Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el total de la población empleada en México es de 43 809 329 personas, de las cuales profesionalmente se desempeñan como trabajadores o trabajadoras del hogar 2 019 310 (que representan 4.6% del total de la población empleada). De ellos, 1 824 028 son mujeres (aproximadamente 90% del total), mientras que 195 212 son hombres (9.6%). Del total de las trabajadoras del hogar, 147 027 tienen entre 14 y 19 años de edad (representando 7.3%). La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) identificó que las personas trabajadoras del hogar de planta (residentes en el hogar en el que trabajan) representan 11.8% del total, mientras que la modalidad de entrada por salida (trabajadora que reside en otro domicilio) representó 88.2 por ciento.

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El trabajo doméstico en México

Por: Marcelina Bautista.

Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

Durante el proceso de globalización se presentan cambios que impulsan un sistema de producción y consumo cada vez más integrado a nivel internacional, lo cual posibilita la concentración de los recursos y de beneficios en unas cuantas grandes empresas trasnacionales. Es una globalización que va excluyendo a amplios sectores sociales. La población más afectada sin duda es la campesina, porque en el proceso de globalización no puede insertarse en el mercado ni como productores ni como consumidores ni como trabajadores.

Este sector enfrenta serios problemas a nivel general. La alternativa de trabajo asalariado es muy limitada para los jóvenes del campo. Frente a las escasas opciones de que disponen en sus lugares de origen, para miles o cientos de miles de jóvenes la única vía es la emigración hacia los grandes centros urbanos o hacia Estados Unidos, arriesgando su vida debido a la creciente persecución de que son objeto; sin embargo, toman esta vía como estrategia de sobrevivencia.

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Mujeres indígenas trabajadoras del hogar

Por: Lorenza Gutiérrez Gómez.

Comunidad de origen, identidad y migración

Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

Cuando somos niñas y vivimos en nuestra comunidad con nuestras familias no vemos ninguna diferencia. Todos nos conocemos y nos saludamos al vernos, hablamos la misma lengua, trabajamos en el mismo campo, disfrutamos de la misma comida y participamos en las mismas fiestas. Allá todos somos iguales.

En nuestra comunidad aprendemos a saludarnos con respeto, vivimos la importancia de ayudarnos los unos a los otros, disfrutamos todos los días de la Madre Tierra y le damos las gracias por lo que nos da. Y todo esto lo aprendemos día con día, con el ejemplo de nuestros padres, viendo cómo lo hacen. Desde pequeñas, sentadas en la cocina, participando en la preparación de alimentos, acompañando a nuestros padres al campo, ayudando en la siembra, escuchando las conversaciones de los adultos, disfrutando de los preparativos de las fiestas. Ésa es nuestra escuela.

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Repercusiones de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar. Análisis cualitativo de la Enadis 2010

Por: Angélica González y Edwing Solano.

Fotografía: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

En un país donde la discriminación hacia ciertos grupos sociales es invisible por ser percibida como normal, destaca por su representatividad el caso de las trabajadoras del hogar. Existe una combinación de condiciones que interactúan para generar desigualdad y segregación hacia ellas: ser mujeres, migrantes, indígenas y pobres. Sin embargo, a pesar de representar a un grupo en situación de discriminación, las trabajadoras del hogar no son consideradas como tal por la población en general. Exploremos brevemente las razones.

En principio, el trabajo del hogar no se reconoce como trabajo formal sino como un apoyo, debido a que se realiza en casa y no en oficinas o empresas. En segundo lugar, porque es realizado en su mayoría por mujeres, y arquetípicamente las labores en el hogar son propias de la mujer; lo tercero es una consecuencia, ya que el valor de su trabajo no es reconocido económica ni socialmente. Por último, dos asunciones que se relacionan y tienen su base en estigmas y estereotipos: la sociedad asume que ellas no tienen derechos –por lo que muchas veces reciben malos tratos–, causando que ellas a su vez no se asuman como sujetos de derechos.

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ACCIONES

Realiza CDHDF y OSC la 10ª Feria de los derechos humanos

Fotografía: Ernesto Gómez/CDHDF.

En la construcción de la cultura de derechos humanos en la ciudad de México aún hay pendientes en materia de acciones de gobierno, pero también para la apropiación de las personas sobre sus propios derechos, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, durante la inauguración de la 10ª Feria de los derechos humanos, Una ciudad sin impunidad, realizada el 4 de diciembre en el Zócalo capitalino.

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Pronunciamiento de la CDHDF con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en el marco del Día internacional de las personas con discapacidad, conmemorado el 3 de diciembre, celebra los avances logrados este año en el ejercicio y goce de los derechos de este sector de la población, pues muestran que el Estado mexicano comienza a cumplir las obligaciones que contrajo al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diciembre de 2007.

Cabe destacar que en febrero de 2011 se realizó la conformación del Mecanismo de mecanismos para la promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención en México. En abril el Estado mexicano presentó su Informe inicial en torno a la aplicación de la Convención al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; donde puntualizó los desafíos que el país aún tiene y propuso acciones para hacerles frente. Ese trabajo se complementó con un informe alternativo elaborado por organizaciones de la sociedad civil (OSC). Estos esfuerzos permitirán al Comité formular recomendaciones para la adecuada implementación de la Convención en nuestro país.

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REFERENCIAS

La experiencia de Conlactraho como organización internacional de trabajadores y trabajadoras domésticas

Por: Mary Rosaria Goldsmith Connelly.

Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

La Conlactraho (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar), creada en 1988 por las representantes de grupos de trabajadoras del hogar remuneradas de 11 países latinoamericanos, es la primera organización regional de trabajadoras del hogar a nivel mundial. Aglutina principalmente asociaciones y sindicatos y en menor grado, federaciones nacionales […]

Fue fundada con los fines de visibilizar y valorar el trabajo del hogar remunerado y quienes lo realizan; fomentar la creación de sindicatos de trabajadoras del hogar en países donde no existían tales; promover sus reivindicaciones, llevando éstas a organismos internacionales; capacitar a las trabajadoras del hogar; facilitar el intercambio de experiencias entre ellas y apoyar la participación de sus dirigentas en espacios vinculados a las y los trabajadores; combatir la discriminación de clase, raza, etnia, edad y género.

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Convenio de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos

Fotografía: Maru Lucero/CDHDF.

Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] de promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa;

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países;

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Alimentación y agua, ingredientes de dignidad

Por: Javier Hernández Valencia.

Fotografía: Joaquín J. Abdiel/CDHDF.

Pareciera que, después de todo, ni cada infante traía su pan bajo el brazo, ni las cosas pintaban tan fácil como quitarle el dulce al niño. Las inapelables cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelan un México que navega por el siglo XXI con 28 millones de personas viviendo en “inseguridad alimentaria”, es decir casi cinco millones más que 2008; y 11.6% de la población que cuenta con una vivienda carece de agua entubada, lo cual supone que casi 13 millones de personas obtienen el vital líquido de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante.

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El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal: principales hallazgos del Informe especial de la CDHDF

Fotografía: Archivo CDHDF.

La satisfacción del derecho a la salud de las más de 40 mil personas privadas de la libertad en los 10 centros de reclusión del Distrito Federal1 constituye un tema prioritario para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en función del elevado número de quejas que este organismo recibe anualmente sobre dicha materia.

Tan sólo entre los años 2003 y 2004, las quejas se incrementaron de 447 a 700.2 Por otra parte, durante 2009 se registraron 862 quejas, mientras que en 2010 se atendió un total de 958. Debe resaltarse adicionalmente que, del total de recomendaciones emitidas por la CDHDF desde 1993 y hasta abril de 2011, 22 se relacionan con violaciones al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

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Revista dfensor diciembre 2011 "Participación ciudadana: la vía para la democracia"

2011-12-07T10:23:00.000-08:00

EDITORIAL

Fortalecer a la ciudadanía para consolidar la gobernabilidad democrática

Fotografía: Ernesto Gómez Ruiz/cdhdf

El actual contexto mundial de desestabilización económica, política y social se incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar una gobernabilidad democrática y garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la convivencia pacífica y respetuosa entre hombres y mujeres. Sin duda, una condición fundamental para lograr estos objetivos es la participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de interés público, con el fin de velar por la libertad, la igualdad, el bienestar y la dignidad humana.

En el norte de África y en Medio Oriente hemos estado presenciando la articulación de poderosos movimientos sociales en contra de los regímenes autoritarios. En América Latina, si bien han sido diferentes, también las luchas y demandas de la población han posibilitado transiciones políticas en las décadas recientes.

Empero, pese a estos esfuerzos, las democracias incipientes siguen enfrentando serias crisis de credibilidad y de respaldo social; en el caso mexicano esto es debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos causadas por la persistente ineficacia gubernamental, la parálisis política, la corrupción, la impunidad, la violencia, la criminalidad, el privilegio de intereses particulares y, especialmente, por el escaso desarrollo en los ámbitos económico y laboral.

En estos términos, y de acuerdo con la encuesta 2011 de la corporación Latinobarómetro, no es de sorprender que el pesimismo invada a 73% de la población mexicana que dice estar insatisfecha con la democracia y que 36% afirme que en las actuales circunstancias le daría lo mismo vivir en un régimen autoritario que en uno democrático. Interpretar estos números nos obliga necesariamente a reconocer que más allá del voto en los procesos electorales para elegir representantes, la ciudadanía requiere de renovados mecanismos de participación ciudadana encaminados a consolidar una verdadera democracia participativa y representativa que le permita alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo que establece la Carta Democrática Interamericana.

En ese sentido, y en víspera de las elecciones presidenciales del próximo año –las cuales inevitablemente ya se enmarcan en un contexto de elevada criminalidad e inseguridad–, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal queremos recalcar la obligación del Estado para garantizar a la sociedad su derecho de participar de forma libre e informada en los asuntos de interés público que influyen en su vida cotidiana.

La ardua labor para fortalecer a la ciudadanía y recuperar la convicción democrática no puede posponerse más, por el contrario, es preciso que como sociedad reconozcamos y cumplamos el deber de reconstruir la confianza en nuestro potencial de organización para detonar la participación social que, sustentada en una cultura cívica, de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, afiance el desarrollo de esa democracia incluyente a la que tanto aspiramos. En nuestras manos está el éxito o el fracaso de que esto suceda.

OPINIÓN Y DEBATE

Riesgos regresivos y la necesidad de una mayor participación ciudadana

Por: Bernardo Barranco V.

Fotografía: Antonio Vázquez/cdhdf

La transición democrática del país es lenta y azarosa, debe contar con la activa participación ciudadana porque está amenazada por evidentes signos de regresión y por preocupantes manifestaciones de autismo de una clase política que parece desentenderse de las grandes exigencias sociales y de la responsabilidad que tiene.

El contorno de nuestra transición de por sí está acechado por factores como el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, el descrédito social de los actores políticos, la guerra sucia y la indolencia. Una absurda paradoja es que los actores políticos reformen las reglas electorales para después burlar lo que ellos mismos han pactado.

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2012; un asunto de conciencia… para participar participando
Por: Raúl Ricardo Zúñiga Silva

Fotografía: Alejandro Cuevas Romo/cdhdf

Dice Anthony Giddens que “la democratización de la vida personal es un proceso menos visible, en parte porque no sucede en la esfera pública, pero sus implicaciones son igualmente profundas”, y son profundas porque involucra a lo más importante de nuestras sociedades, a cada una de las siete mil millones de personas que habitamos este planeta. Es en la esfera privada de cada una de nuestras vidas donde realmente nos comportamos como lo que realmente somos. Por ejemplo, si una persona en el espacio público es demócrata ante los demás y también lo es en la intimidad de su espacio privado con sus seres más cercanos, podemos decir que es una persona congruente.

Es la democratización de la vida diaria la que nos permite fortalecer nuestras relaciones íntimas, construyendo vínculos con los otros y otras, y lo que favorece la participación en los espacios públicos y privados.

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La ciudadanía frente a las elecciones federales de 2012

Por: Ana Mercedes Saiz Valenzuela

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/cdhdf

Según el Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, en México de 2010 a 2011 bajó el apoyo a la democracia en nueve puntos. De acuerdo con esta organización las razones son la ola de violencia, la disminución del crecimiento y la caída en la percepción de progreso. En este estudio de opinión en México, ante la pregunta “En términos generales, ¿diría usted que [país] está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, este año sólo 22% respondió con la segunda opción, mientras que el año pasado fue 24% el que respondió de ese modo.

El desencanto por la democracia está presente en México, como se puede constatar a través de dicha encuesta y con las cifras de participación ciudadana. Esta última se determina con la proporción que representan las y los ciudadanos que aparecen en la lista nominal y que efectivamente sufragaron el día de la jornada electoral. Es decir, qué porcentaje de personas de las que cumplían con los requisitos legales para votar acudieron el día de la elección a ejercer su derecho.

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Derechos humanos, rendición de cuentas y participación ciudadana

Por: Minerva E. Martínez Garza

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf

En su Resolución 2003/36, relativa a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, la extinta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró como elementos esenciales de la democracia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los que incluyó la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Después, en su Resolución 2005/32, reafirmó que la promoción y la protección de los derechos humanos son imprescindibles para que exista una sociedad democrática.

Considerando la obligación de la administración pública de transparentar y rendir cuentas como un medio de salvaguarda de los derechos humanos, condición sine qua non de toda sociedad democrática, es pertinente profundizar en la reflexión de tres conceptos pilares del Estado moderno:

1. La relación entre una buena administración y los derechos humanos.

2. El derecho de acceso a la información como mecanismo de control para garantizarla transparencia y la rendición de cuentas.

3. La participación ciudadana como eje fundamental de las sociedades democráticas.

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ACCIONES

Recomendación 4/2011

Caso de ausencia de medidas de seguridad al interior de los centros de reclusión; y negativa, restricción o retardo para referir a los pacientes a hospitales.

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Recomendación 5/2011

Caso de habitantes de la delegación Coyoacán (construcción de desarrollos habitacionales en el Callejón Esfuerzo 302 y Calzada de Tlalpan 3155).

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Recomendación 6/2011

Caso de tortura infligida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del RPVN.

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Recomendación 7/2011

Caso de violaciones a los derechos humanos de quien en vida se llamara Viridiana López Centeno, interna del Cefereso de Santa Martha Acatitla, y de su familia.

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dfensor on line

La CDHDF exige esclarecer agresiones contra defensores de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de Malú García Andrade, su madre Norma Andrade y demás familiares, luego de que ésta última fuera atacada a balazos el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es reconocida a nivel nacional por su defensa a los derechos humanos de las mujeres, labor que ha realizado de manera constante y permanente a partir del feminicidio perpetrado en contra de su hija Lilia Alejandra García Andrade, el cual a la fecha se mantiene impune.

La CDHDF informa que acompañará en todo momento las acciones que emprenda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno capitalino y organizaciones de la sociedad civil para brindar seguridad y protección a las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Aunado a estas acciones, la CDHDF lamentó profundamente el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien había denunciado y exigido incansablemente a las autoridades del estado de Sonora que esclarecieran la desaparición forzada de su hijo en 2010, la cual no ha sido resuelta hasta hoy. Moreno Núñez fue ejecutado el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, y era defensor de derechos humanos e integrante de la agrupación Movimiento por la Paz.

En torno a este caso concreto para la CDHDF resulta por demás preocupante la respuesta de la Policía Estatal Investigadora (PEI) que, en lugar de priorizar la indagación sobre el crimen, informó que el activista tenía antecedentes por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delito del cual en su momento fue exonerado.

Para esta Comisión es indignante que, una vez más, la primera respuesta que se recibe por parte de las autoridades responsables de indagar este tipo de hechos sea la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, en lugar de iniciar y dar cuenta sobre la adecuada investigación del caso, conforme a su mandato.

Tal como lo denunciara en vida Moreno Núñez, hechos como éste se han repetido en otros sucesos, donde pareciera que se toma como prerrogativa manchar el nombre de las y los defensores; un ejemplo lamentable de esto es el caso de Susana Chávez –que acuñara la frase “Ni una muerta más”–, quien después de haber sido asesinada en enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades declararon que estaba alcoholizada. Otra deplorable reacción fue ante los subsecuentes casos de la familia Reyes Salazar, cuyos integrantes han sido injustificadamente vinculados con organizaciones criminales.

Es importante señalar que ningún contexto justifica el asesinato de una persona ni que éste no sea investigado por las autoridades. Esos y otros hechos graves calificados inmediatamente por la autoridad tienden a desinformar a la población, violentando el derecho a la información y a la verdad.

En convicción de este organismo defensor, las madres y los padres asesinados por exigir la presentación de sus hijas e hijos con vida o el esclarecimiento sobre su asesinato se suman a la lista de víctimas de la impunidad que se vive en el país.

La CDHDF hace una vez más un llamado para que las autoridades competentes investiguen los delitos cometidos en contra de las y los defensores de los derechos humanos, a través de la aplicación de protocolos que ponderen la averiguación sobre las agresiones perpetradas, antes que realizar declaraciones públicas encaminadas a manchar sus nombres y desempeño en favor de otras personas.

REFERENCIAS

La importancia de la participación ciudadana en la democracia. El IFE y la formación de ciudadanía

Por: Luis Javier Vaquero Ochoa y Paola Contreras Peña

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf

La discusión sobre nuestra democracia, su desarrollo en las últimas décadas y el papel que en ella asumen las y los ciudadanos constituyen un aspecto central para plantearnos hacia dónde va nuestro país y las expectativas acerca del Proceso Electoral Federal 2011-2012. En este sentido, la participación ciudadana es un aspecto nodal para que la democracia mexicana funcione y para dar viabilidad a la resolución de los problemas estructurales que hoy enfrentamos.

La aspiración del Instituto Federal Electoral (IFE) como organización autónoma del Estado mexicano que tiene entre sus funciones la educación cívica es cumplir esta obligación constitucional mediante la contribución a la construcción de la llamada democracia de ciudadanía y de una cultura de participación.

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Voto y ampliación de derechos

Por: Jorge Carreón Perea

Fotografía: Sonia Blanquel Díaz/cdhdf

Un primer acercamiento

Uno de los fenómenos más antiguos, el cual se ha presentando en casi todas las sociedades a lo largo de la historia, es el referente a la migración. Y en el contexto de la globalización, éste adquiere connotaciones muy polémicas, sobre todo si pensamos en las recientes reformas aprobadas en Estados Unidos a través de las cuales se busca disminuir el flujo migratorio proveniente de los países del sur, principalmente de México y Centroamérica.

Las repercusiones económicas, sociales y culturales que emanan de la migración, tanto en el país emisor como en el receptor, son variadas y han contribuido a la formación de una nueva forma de comprender e incluso de habitar el mundo, debido a que se transforman los conceptos tradicionales para dar paso a nuevos elementos discursivos y de significado que trascienden las fronteras nacionales, ya que “los migrantes han sido, a lo largo de la historia, la evidencia más clara de la necesidad de pensar la nación desde formas más flexibles e imaginativas”

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Participación política juvenil e internet

Por: Miguel Carbonell

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf

Internet ha transformado nuestras vidas

A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas cotidianos y en nuestros pequeños debates políticos que no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que está cambiando el mundo.

Discutimos durante horas sobre la reforma del Estado, sobre la selección de los candidatos para tal o cual puesto de elección popular, sobre el desempeño del presidente o de sus secretarios, pero no siempre advertimos que tales debates en alguna medida se van volviendo irrelevantes frente a las nuevas formas de comprender y analizar el mundo.

La forma en que hemos sido educados, en la que se transmiten desde hace años los conocimientos, en la que nos informamos y viajamos está dando un vuelco de enormes dimensiones. La masificación de internet ha cambiado por completo sectores enteros de nuestras vidas a una velocidad y con una intensidad que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable. Algunos datos sirven para ilustrar la magnitud con la que el tsunami tecnológico está sacudiendo nuestras vidas.

En el mundo hay 1 970 millones de personas que utilizan internet, de las cuales 825 millones están en Asia (42%), 475 millones en Europa (24%), 266 millones en Norteamérica y 204 en América Latina y el Caribe (lo que representa 10.4% de usuarios a nivel mundial). En 2010 el número de usuarios de internet se incrementó en 14%. Para 2015 se estima que habrá en el mundo 3 500 millones de usuarios de la red.

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Campaña Infancia sin violencia, iniciativa social que articula un consenso

Por: Red por los Derechos de la Infancia en México

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf

Niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes de la violencia, esto ya es un consenso nacional. En México existe un clima de violencia generalizada, donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos y masacres juveniles; así como la presencia de nuevos casos de agresiones sexuales en instituciones educativas y una preocupante normalización del castigo corporal con fines supuestamente “educativos”, en conjunto hacen que la paz y la tranquilidad, necesarias para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectado, haciendo crecer el temor por su seguridad.

Desde diciembre de 2006 el gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico, con la intención expresa de contener su avance en el territorio nacional. Más allá de la legitimidad y buena intención de esta decisión, los estragos de la violencia armada en el país son altamente preocupantes: más de 40 mil asesinatos, entre los que se cuentan más de 1 400 niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida, para quienes la impunidad es la respuesta generalizada.

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Revista dfensor noviembre 2011 "Impunidad: síntomas de un Estado ausente"

2011-11-08T10:46:00.000-08:00

EDITORIAL

Sociedad y Estado: binomio para abatir la impunidad

Ilustración: "Corrupción", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

En las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas.

Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de casi 60 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal contra el narcotráfico… En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad.

Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema inquisitorio –vigente aún en gran parte del país–incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.

Frente a este lamentable escenario, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideramos que para combatir eficazmente estos elevados niveles de impunidad tan arraigados es urgente implementar medidas de protección y garantía de los derechos humanos que incluyan procesos integrales de justicia, los cuales deben considerar: en primer lugar, la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos; en segundo, el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente; en tercer lugar, la reparación del daño a las víctimas y, finalmente, la implementación de medidas de no repetición.

Como gobierno y sociedad estamos llamados a abatir la impunidad, que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social se han convertido en problemáticas que amenazan poderosamente el desarrollo de la democracia mexicana, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como generando desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia. Por esa razón, hoy como nunca antes, México está ávido de soluciones que nos permitan enfrentar, dentro del marco de la legalidad, esas problemáticas que se han ido acrecentando en el último siglo. Esto, ¡aún es posible!

OPINIÓN Y DEBATE

La impunidad y la fractura de lo público

Por: Jesús Rodríguez Zepeda

Ilustración: ""Castigo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de dejar sin castigo un delito cometido.

Se encuentra en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la esfera pública de una sociedad.

Rasgos de la impunidad

La impunidad es una anomalía o irregularidad presente en todo régimen político y en todo ordenamiento social. No existe ninguna experiencia social y legal de ausencia de impunidad, lo cual implica que en toda sociedad se registran cotas determinadas de delitos no castigados y de sujetos impunes que se sustraen de la acción del sistema de justicia.

Además, la impunidad es siempre difícil de medir, pues lo mismo se puede establecer conforme a una relación de inputs y outputs del sistema de justicia –casos o denuncias que entran al sistema contra sentencias condenatorias acertadas que genera el sistema– que como cálculo de la suma de delitos denunciados y no denunciados y respecto del cual se prestablece una necesariamente absoluta tasa de impunidad para los segundos.

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Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial

Por: Iván García Gárate

Ilustración: "Papeleo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

La impunidad se manifiesta en diferentes campos del quehacer público, pero es, en última instancia, un problema en el sistema de justicia y de sus operadores, que son los encargados de establecer las responsabilidades (penales, civiles, administrativas) derivadas de atentar contra la ley. En estas líneas dedicadas al tema de la impunidad se plantean algunas cuestiones no conclusivas sobre las instituciones y operadores judiciales del sistema de justicia, a partir de las funciones sociales y simbólicas que tiene el Poder Judicial.

La intención de este ejercicio es mostrar que, si bien el Poder Judicial tiene responsabilidad en el tema de la impunidad derivada de la función social y simbólica que cumple, las soluciones a este problema no recaen necesariamente dentro de sus facultades.

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Repensar la impunidad: el privilegio como impunidad y la legalidad como límite de la acción del otro

Por: Miguel Rábago Dorbecker

Fotografía: "Omisión", María Rodríguez Cruz

Un alto sentido de impunidad predomina en diversas áreas de la discusión pública de la sociedad mexicana: desde los discursos de aspirantes y titulares de órganos de gobierno, en las charlas en las mesas en casa y entre amigos, y en los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; así como en las exigencias en las mantas y pancartas de los movimientos sociales. Ante el abrumador consenso que percibe un importante nivel de impunidad dentro del sistema político y judicial mexicano, parecería obligado preguntarse si todos los sectores se refieren a lo mismo cuando hablan de impunidad.

Dicha percepción ya es de por sí inquietante, pues afecta la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana en asuntos públicos, la confianza en el Estado de derecho y la eficacia de la esfera jurídica estatal para mediar en conflictos sociales.

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Ver para existir: homofobia e impunidad en México
Por: Alejandro Juárez Zepeda

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf)

La homofobia y los crímenes de odio constituyen un fenómeno de larga data que, sin embargo, se ha mantenido invisibilizado a lo largo del tiempo en virtud de que el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual (LGBTI) se ha situado como el más discriminado entre todos los grupos vulnerados. La razón de esto estriba en que históricamente se ha construido a lo gay como una patología o una depravación. En consecuencia, quedaría legitimada la censura moral que se cierne sobre estas personas y las coloca en posiciones de desventaja e inseguridad.

Lo anterior explica la impunidad vinculada a la homofobia, que suele traducirse en la inacción de la autoridad para sancionar delitos y crímenes de odio, como expresión de un castigo socialmente legitimado. No se investiga o, si se hace, es de manera deficiente; tampoco se sanciona al funcionario o particular que niega un servicio, mucho menos se combate el acoso en las escuelas originado por estereotipos de género.

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ACCIONES

Fotografía: CDHDF.

18 Aniversario de la CDHDF: ejemplo de institucionalidad y espacio de confianza ciudadana

A 18 años de su creación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha logrado consolidarse como ejemplo de institucionalidad democrática para los organismos del Estado Mexicano en su conjunto, así como en un espacio de confianza para las y los capitalinos.

Al encabezar la ceremonia del aniversario 18 de la CDHDF y al cumplir dos años de su gestión, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que si bien es un organismo local, la CDHDF se ha desarrollado con una innegable vocación global, de la que dan cuenta las más de 100 000 personas que por diversas razones tienen contacto cada año con la Comisión.

Anunció que a partir del 3 de octubre se encuentra funcionando oficialmente la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, la cual brindará acompañamiento a las personas cuyos procesos de victimización han afectado sustancialmente sus vidas. “Con ello damos un giro al legiscentrismo en la visión tradicional de los derechos humanos, aportando un necesario componente psicosocial”, explicó.

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Lamenta CDHDF decisión de la SCJN en materia de aborto

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que no se hayan logrado los ocho votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.

Con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 la SCJN perdió la oportunidad histórica de proteger, de forma integral y definitiva, los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.

La falta de un voto para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones locales que estipulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y reconocerlos como personas nacidas, representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho. Con esta decisión se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país.

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REFERENCIAS

El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina
Por: Felipe Gómez Isa

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf)

En los últimos años hemos estado asistiendo a importantes avances tanto teóricos como normativos e institucionales para poder luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transición, un fenómeno que en América Latina supone un serio obstáculo para los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de derecho.

Estos avances ponen en relieve la extrema importancia que revisten los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad, como lo ha señalado insistentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La progresiva instauración del principio de jurisdicción universal, junto con la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI), también pueden suponer un avance en la lucha contra la impunidad crónica que ha asolado a la mayor parte de los países de América Latina.

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Informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados/Misión a México.

Fotografía: "Ocultar", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

El Informe señala que México confronta una situación de incremento de los actos violentos por parte principalmente de grupos vinculados a la criminalidad organizada. A pesar de varias medidas adoptadas por el gobierno al respecto, los tentáculos del crimen se han extendido en el país y empiezan a afectar la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad mexicana.

En presencia de esta situación, el Informe resalta que es aún más importante que exista una Judicatura sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones. También subraya la necesidad de proteger a los operadores de justicia frente a las amenazas e intimidaciones.

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Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves

Por: México evalúa

Ilustración: "Ausencia", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

La inseguridad pública es un tema que se ubica en el centro del debate de la política pública en México. Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severos daños y afectaciones a la vida y expectativas de muchos mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.

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Impactos psicosociales de la impunidad

Por: Alejandra González Marín

Ilustración: "Mira", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

Introducción

Reflexiono en los impactos de la impunidad trastocando un orden solidario personal. Inicio pensando en la familia Radilla1 que, a más de 30 años, espera encontrar a su padre desaparecido por el Ejército mexicano; pienso en Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes desde hace casi 10 años fueron víctimas de tortura y violación sexual por parte de efectivos militares; pienso en doña Leonor Olvera y su búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de su hijo Jesús Ángel por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002. Pienso en las víctimas4 que se convierten en cifras de impunidad.

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Mujeres trans: discriminación y lucha por derechos
Por: Frida García y Oralia Gómez

Ilustración: "Descaro", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

Las mujeres trans se enfrentan, en no pocas ocasiones, a un contexto de violencia, discriminación e impunidad cotidiana. Este artículo presenta fragmentos editados del relato de vida de una mujer transexual, Frida García, quien es estilista, trabajadora sexual y luchadora social en la ciudad de México. Ella nos adentrará en un mundo lleno de luchas y desafíos, pero también de alegrías y deseos.

Su narrativa nos muestra claramente que no por sutil o velada, la discriminación deja de ser menos brutal y nociva. Y nos insta a idear la manera más justa y efectiva de intervenir en el contexto sociopolítico y económico imperante que permite que diversos abusos sean cometidos sistemática e impunemente en contra de la población travesti, transgénero y transexual en el México de hoy.

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Revista dfensor 10-11 "Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión". Disponible en versión PDF aquí.

2011-10-11T09:46:00.000-07:00

EDITORIAL

Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión

Fotografía: AMARC-México.

Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible para consolidar una sociedad democrática que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate en sus comunidades, intercambien información y conocimiento, y participen en la toma de decisiones públicas.

Frente al desarrollo incesante de las tecnologías de la comunicación, este reto obliga a gobiernos, empresas y sociedad en su conjunto a democratizar el entorno mediático conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Desafortunadamente, hoy en México esta libertad, junto con otras libertades fundamentales, está limitada por la violencia y criminalizada por una ideología impositiva de la seguridad que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas.

En este contexto la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios, resulta todavía más vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su funcionamiento.

En consecuencia, de acuerdo con diversas denuncias de organizaciones civiles encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México (AMARC México), autoridades federales y estatales realizan operativos para desmantelar cabinas de radio e imponer sanciones penales desproporcionadas a quienes participan en estos proyectos comunitarios –debido principalmente a la falta del otorgamiento de un permiso legal para utilizar el espectro radioeléctrico–, hechos que fueron documentados este año en sendos informes de las relatorías especiales para la protección del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con la firme convicción de que una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos un llamado urgente a los tres poderes de gobierno para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de la adopción de un marco legal de telecomunicaciones que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y genere un entorno mediático plural y accesible para todos los sectores de la población.

Como sociedad también tenemos el reto de reconocer que para darle voz a quienes han sido excluidos del debate público no bastan las leyes en el papel si no impulsamos desde nuestras comunidades en las zonas rurales y urbanas una verdadera comunicación comunitaria que detone el desarrollo integral que necesitamos para abatir la desigualdad social.

SECCIÓN OPINIÓN Y DEBATE

Medios comunitarios, desarrollo y democracia

Por José Miguel Álvarez Ibargüengoitia

Fotografía: AMARC-México.

El continuo incremento en número e importancia de los medios de comunicación comunitarios corresponde al creciente reconocimiento de su valor en el sistema internacional de derechos humanos. Un entorno mediático libre, independiente y pluralista es imprescindible para fomentar la democracia. Asimismo, avanzar hacia este panorama es un componente indispensable de las estrategias de desarrollo.
De acuerdo con los indicadores de desarrollo mediático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una mezcla diversa de medios públicos, privados y comunitarios es la clave de una ecología mediática saludable y un paso esencial en la ruta hacia sociedades más democráticas. Al facilitar a las comunidades la expresión de su voz, los medios comunitarios promueven el debate local, el intercambio de información y conocimiento, y la participación en la toma de decisiones públicas. De esta forma, aseguran el pluralismo, la diversidad de contenidos y la representación de los diferentes grupos e intereses sociales.

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El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias

Por: Sergio Méndez Silva

Fotografìa: Radio Zapote

Un movimiento libertario recorre todo el territorio nacional desde la década de los sesenta: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean conducidos con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, no hay nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.

Éstas facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Así, por ejemplo, este tipo de radios, surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia; así como con la denuncia de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.

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Las radios comunitarias en el IFE

Por Marco Levario Turcott

Fotografía: Radio Zapote.

Entre finales de junio y principios de julio pasados, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las modificaciones a los reglamentos determinadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para afinar la organización de los próximos procesos electorales. Entre los cambios resueltos por el IFE se encuentra uno que, me parece, es fundamental, y que implica integrar expresamente a las radios comunitarias al Reglamento de Radio y Televisión del IFE en el artículo 48, que es donde las define como estaciones permisionadas que operan particulares sin fines de lucro.

Debe advertirse que desde que el IFE opera el nuevo modelo de comunicación política que el Congreso de la Unión configuró en 2007, las radios comunitarias son parte de los medios de comunicación que deben difundir la pauta de anuncios diseñada por la autoridad electoral para promover el voto y a los partidos políticos con registro.

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Desde el agua y la montaña los pueblos tejen sus voces entre las nubes. Radios comunitarias en la Montaña y Costa Chica de Guerrero

Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fotografía: CDHM-Tlachinollan.

“Nuestros pueblos están incomunicados, por eso es necesario ofrecer nosotros mismos la comunicación. Poder informar sobre la contaminación, el calentamiento global, la deforestación. En estos tiempos de lluvia poder decirle a la población que debe tener cuidado con el cólera, con los deslaves y las inundaciones”, así explica don Delfino –profesor a cargo de la radio comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero, 98.3 FM La Voz de la Costa Chica– la razón de existir de esta radio comunitaria, una de las dos que son parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria.

En la Montaña de Guerrero existen comunidades aisladas, incomunicadas y enclavadas en barrancas alejadas de las cabeceras municipales, en donde es imposible recibir alguna señal de radio o televisión, y mucho menos de celular. Algunas comunidades llegan a tener una o dos casetas telefónicas y esto ya es mucho. Antes, cuando se lograba sintonizar en la radio alguna señal, resultaba ser de las grandes cadenas comerciales, ésas que abarcan gran parte del territorio mexicano y que están alejadas de toda pertinencia cultural para los pueblos indígenas de la Montaña, en donde cerca de 70% de la población habla lengua indígena.

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SECCIÓN ACCIONES CDHDF

Emite CDHDF Recomendación 6/2011 por caso de tortura

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) emitió la Recomendación 6/2011 a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el caso de tortura infringida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

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cdhdf emite Recomendación 7/2011 dirigida a las secretarías de Gobierno y de Salud y a la pgjdf

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió la Recomendación 7/2011 a las secretarías de Gobierno y de Salud, así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por el caso de violación a los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de Viridiana López Centeno, interna del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (Centro de Readaptación Social SMA), y de su hija, su madre y su hermana.

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Caso de violaciones a derechos humanos con motivo de la solicitud, expedición y aplicación del arraigo en el DF
(Respuesta de las autoridades)

Estado de aceptación

El 29 de abril de 2011, la CDHDF notificó la Recomendación 2/2011 a las autoridades referidas; el 20 de mayo del mismo año la PGJDF remitió su aceptación parcial, mientras que el 23 de mayo el presidente del TSJDF comunicó la aceptación de dicho instrumento. Posteriormente, el 25 de mayo y el 16 de junio, la Comisión solicitó a la PGJDF que reconsiderara su postura, sin embargo, el 8 de julio esa dependencia reiteró su aceptación parcial.

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Caso de retardo injustificado en la integración y determinación de averiguación previa y negativa a investigar diligentemente

(Respuesta de las autoridades)

Estado de aceptación

El 31 de mayo de 2011 la CDHDF notificó la Recomendación 3/2011 a la PGJDF; posteriormente, el 20 de junio este organismo recibió la respuesta de la Procuraduría capitalina, donde señaló que la aceptaba parcialmente. El 11 de julio la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF solicitó a la PGJDF la reconsideración de la Recomendación. Finalmente el 18 de julio de 2011 la dependencia reiteró la aceptación parcial del instrumento ecomendatorio.

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SECCIÓN REFERENCIAS

Radio San Pedrito

Fotografía: amarc-México.

Todo empezó como un pasatiempo, recuerda Samantha Ruiz, quien junto con un grupo de familiares y amigos instaló hace 11 años la primera radio con bocinas en el zócalo de la delegación Tláhuac para difundir las tradiciones culturales del lugar. El éxito fue rotundo desde el inicio, cuando los habitantes tomaron el micrófono para enviar saludos, contar cuentos y leyendas de la región, y solicitar sus canciones favoritas. Fue hasta 2005 cuando, con el apoyo de la población y de las autoridades locales, formalmente nació Radio San Pedrito en el 94.1 de la Frecuencia Modulada (fm) con el objetivo exclusivo de difundir en los pueblos vecinos las festividades anuales en honor al patrono de la localidad, San Pedro Apóstol. Sin embargo, para mantener y diversificar el proyecto, posteriormente Samantha y su equipo se convirtieron en una Asociación Civil y buscaron financiamientos por medio de becas y de apoyos gubernamentales que a la fecha les permiten impartir gratuitamente cursos de radiodifusión comunitaria para los niños y adolescentes de la localidad. Gracias a la producción y difusión de reportajes y cápsulas de radio sobre temas de ecología, historia, tradiciones y problemáticas en la localidad, etc., Radio San Pedrito se ha convertido en un pequeño espacio que potencia la creatividad y fomenta el intercambio de ideas entre este sector que padece los embates de la violencia social, la desintegración familiar y las adicciones. “Nosotros no educamos a los niños y jóvenes, sino que los hacemos concientes y críticos de la realidad que viven, reforzando la importancia de los valores familiares y comunitarios para una sana convivencia”, dice Samantha. Al cabo, ella junto con los niños y adolescentes comparten el sueño de que algún día no existan restricciones de tipo legal ni económicas para consolidar su derecho a la libertad de expresión a través de su proyecto de radio comunitaria.

La identidad de las radios comunitarias en riesgo

Por Alfonso Gumucio Dagron

Fotografía: Edgar Sáenz Lara

Hace más de seis décadas nacieron las primeras radios comunitarias en América Latina. Podríamos discutir cuál fue la primera y no sería un debate del todo estéril, porque permitiría abordar la pregunta que a mi juicio es la más importante actualmente: ¿qué es una radio comunitaria? ¿Cuáles son los criterios que permiten identificar a una radio comunitaria?

Cronológicamente existe evidencia de que la primera radio comunitaria rural fue Radio Sutatenza, instalada por el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín en un pequeño poblado del valle de Sutatenza, en Colombia, en 1947. Salcedo era, para su época, un pionero de la comunicación. Llegó a ese pueblo de 8 000 habitantes cargando un proyector de 16 milímetros para ofrecer a los feligreses algo que nunca habían visto: el cine. Un mes después regresó con un pequeño transmisor de radio de 90 vatios que un hermano suyo había armado artesanalmente. Por encima de la tecnología, Salcedo tenía una visión de la comunicación: creía en el diálogo como un proceso indispensable para reflexionar sobre los problemas de los campesinos, de manera que ellos mismos pudieran encontrar las soluciones.

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Radio Zapote

Fotografía: CDHM-Tlachinollan.

Con el objetivo de “darle voz a quienes no tienen voz”, un grupo de activistas sociales, estudiantes, músicos y población simpatizantes con el movimiento indígena, crearon en 2001 la estación Radio Zapote en una improvisada cabina dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), animados por la labor de darle cobertura a la histórica llegada a la ciudad de México de una caravana de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que reivindicó en 1994 los derechos de la población indígena tras un levantamiento armado en la selva de Chiapas. Desde ese entonces Radio Zapote ha mantenido su compromiso original de difundir la cultura y los movimientos sociales a través de su programación que incluye desde géneros de música prehispánica hasta tradicional mexicana, pasando por cuentos y leyendas, hasta las demandas de los sectores indígenas, académicos y adolescentes, etc., que no tienen cabida en los medios de comunicación comerciales. Un grupo de personas voluntarias logra este cometido a través de una página de internet y con la ayuda de un transmisor que apenas genera 3 watts de potencia, extendiendo la señal a 4 kilómetros a la redonda a través del 87.65 de la Frecuencia Modulada (fm), de lunes a sábado durante las 24 horas del día. Tras esta hazaña que ya cumplió una década, Sergio Soto, antropólogo, locutor, programador y capacitador voluntario en Radio Zapote, opina que para consolidar el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación libres y comunitarios en México no basta con obtener un permiso de transmisión para protegerse de la criminalización en contra de quienes hacen estos medios, si antes no se hace una integración de la sociedad civil a las leyes de medios, permitiendo una verdadera democratización del entorno de comunicación que facilite la apertura de nuevos espacios mediáticos para incentivar la participación y reflexión de las personas.

Informe Corrupción, impunidad, silencio: la guerra contra los periodistas mexicanos

Por Cara Gibbons y Beth Spratt

Fotografìa: Radio Zapote

El presente informe, realizado por PEN Canadá y la Facultad de Leyes de la Universidad de Toronto, a través de su Programa Internacional de Derechos Humanos (IHRP), da cuenta de la situación de los periodistas y la libertad de expresión en México. En los fragmentos que se publican a continuación se refiere la situación de alta vulnerabilidad que sufren las radios comunitarias al no contar con un marco regulatorio que las reconozca, lo cual –de acuerdo con el documento– las deja a merced de autoridades estatales y federales, porque “los reglamentos mediáticos y el trato a las emisoras de radio comunitarias limitan la libertad de expresión en México, violando los compromisos del Estado de conformidad con el PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]”.

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Regeneración Radio

Fotografía: amarc-México.

Influenciados por los ideales de cambio social plasmados en los albores de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX en las páginas del semanario “Regeneración” de los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, un grupo de estudiantes y ex estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo (CCH Vallejo) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó en 2005 la creación de Regeneración Radio, una estación de radio libre y comunitaria que a través de su barra musical y de programas de análisis alienta la creación de una conciencia que impulse un cambio económico, político, social y cultural “frente a las situaciones tan nefastas de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, impunidad, desigualdad y pobreza que afectan a la mayor parte de la población de nuestro país”, dice “el Puaz” (quien pidió omitir su nombre), integrante del colectivo que dirige la estación de radio. Ubicada en la explanada del plantel universitario y financiada por las ganancias de una kermés mensual, esta estación de radio difunde de lunes a viernes por medio de su página de internet y en el 105.3 de la Frecuencia Modulada (FM), las demandas de diversos movimientos sociales nacionales e internacionales, abriendo el micrófono a las voces y expresiones culturales de estudiantes, comerciantes, choferes de transporte público, trabajadores de fábricas, pobladores del norte de la ciudad de México, etc. A partir de una concepción socialista y anticapitalista el Puaz considera que la participación en la comunicación debe ser equitativa entre el emisor, el receptor y el medio, privilegiando el reconocimiento social antes que la autorización legal para hacer las transmisiones, porque “sabemos que nadie nos puede quitar nuestro derecho a la libertad de expresión y lo seguiremos ejerciendo a pesar de las consecuencias de la criminalización de nuestra labor”.

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

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La radiodifusión comunitaria: del desconocimiento a su persecución penal

Por Alán García Campos

Fotografía: cdhm-Tlachinollan.

En la actualidad, las libertades enfrentan un proceso de erosión y vaciamiento desde diversos frentes. La ideología de la seguridad se ha empleado desmedidamente como un criterio directivo que pretende legitimar algunas de las principales limitaciones a las libertades fundamentales. Por otro lado, los privilegios generados por la creciente desigualdad en la distribución de los medios para ejercer los derechos conforman otro frente que merma la universalidad en la titularidad efectiva de las libertades.

La libertad de expresión padece los embates desde ambos frentes. Por ello, es preciso romper las inercias que desde la ideología de la seguridad apuntan hacia la adopción de respuestas drásticas y desproporcionadas, y debe asimismo adoptarse un sentido social en la definición del contenido y alcance de una libertad de profundo significado para la democracia. La anterior es particularmente relevante tratándose de la radiodifusión comunitaria.

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Revista dfensor 09-11 "Educación para la paz para erradicar la violencia en las aulas". Disponible en versión PDF aquí.

2011-09-14T16:20:00.000-07:00

Editorial

Educación para la paz para erradicar la violencia en las aulas

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

La violencia que hoy lamentablemente lacera a nuestro país exige al Estado y a la sociedad en su conjunto una respuesta impostergable, eficaz y de largo alcance con el fin de construir estrategias de paz que fortalezcan una sociedad respetuosa y que confíe en el valor que tienen los derechos humanos para alcanzar una verdadera convivencia democrática.

En la actualidad niños, niñas, hombres, mujeres y personas adultas mayores nos hallamos en un escenario complejo donde diversos tipos de violencias como la social, la estructural, la institucional, la cultural, la de género y la mediática, entre otras –que son alimentadas por la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación–, impactan negativamente en nuestros ámbitos de convivencia. La familia y la escuela, las dos principales instituciones socializadoras, no podían ser la excepción. Concretamente, es preocupante que el fenómeno del acoso escolar (manifestado en maltrato, amenazas, golpes, etc.) esté vulnerando sistemáticamente ciertos derechos que son fundamentales para el desarrollo de la infancia, como a la educación y a vivir en un entorno libre de violencia, establecidos en los artículos 19, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, la deuda con la infancia en México se vuelve aún más titánica al considerar que casi 24 millones de niños y niñas viven diariamente en condiciones de pobreza, desnutrición, violencia y falta de acceso a los servicios sociales básicos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ante este panorama, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos un llamado a las y los actores políticos y sociales para que protejan y garanticen efectivamente la realización de todos los derechos de la infancia mediante el reconocimiento de su dignidad y la protección de su integridad.

A la fecha, sigue siendo cuestionable que frente a la violencia escolar los esfuerzos institucionales se enfoquen en acciones coyunturales e inmediatas por medio del establecimiento de técnicas de “mano dura” que incrementan la fractura del tejido entre la comunidad estudiantil.

Es prioritario que apostemos a la creación de estrategias integrales de prevención de la violencia y a la consolidación de una sólida cultura de paz y de diálogo para la resolución noviolenta de conflictos en cada uno de nuestros ámbitos de convivencia.

El objetivo es lograr que el respeto, la tolerancia y la equidad se conviertan en el motor de cada una de nuestras acciones con el fin de acercarnos a la seguridad, la justicia y la democracia que tanto anhelamos en este país.

Sección Opinión y Debate

Acercamiento al fenómeno del acoso escolar (bullying)

Por Graciela Alpízar Ramírez

Para sentirme mejor en la escuela necesito...

que mis compañeros no me peguen.

Cristian Leo, 7 años, D. F.

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

El acoso escolar y el consumo de drogas en la infancia y la juventud son una preocupación para la sociedad, la cual convoca a instituciones y organizaciones al diseño e instrumentación de programas de protección para este sector de la población. El acoso escolar también es llamado hostigamiento escolar o bullying (palabra inglesa que significa matón). Es muy reciente hablar de él; sin embargo, cualquier persona que haya transitado por una escuela ha sufrido o ha sido testigo de este problema.

Referirse a dicho fenómeno es producto de la visibilización de la violencia que permea todos los ámbitos, incluyendo la escuela. Un estudio exploratorio realizado en el Distrito Federal obtuvo la percepción de estudiantes: 92% de nivel primaria y secundaria reportó que ha tenido acoso escolar, y 77% ha sido víctima, quien agrede o testigo de actos de violencia dentro de las escuelas. Estos datos permiten develar y dimensionar el problema.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o de centro escolar. Para Olweus, una persona sufre hostigamiento escolar o es victimizada cuando es expuesta en forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes.

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Gestión de la diferencia en la escuela: un aspecto silenciado en la formación para la convivencia

Por Lucía Elena Rodríguez Mc Keon

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

Es común escuchar a los maestros decir que la escuela ya no es lo mismo que era antes. En poco tiempo, el espacio escolar ha dejado de ser lo que fue hasta hace algunos años. El agobio frente a la dificultad para contrarrestar el clima de violencia que se incrementa día a día en nuestro país –y que pareciera convertirse en algo “natural” cada vez más en todos nuestros ámbitos de vida– hunde en la desesperanza a miles de profesores que ven desmoronarse ante sus ojos los pilares de un dispositivo escolar que al ser hecho para otro tiempo no puede adaptarse con flexibilidad a los nuevos tiempos. [Por ello, es necesario] propiciar un tipo de formación para la convivencia que se contraponga con aquella que por siglos ha contribuido a forjar un modo de ser comunidad que legitima la violencia de la desigualdad en las relaciones étnicas, de género, clase y también entre los niños y jóvenes con los adultos.

El resquebrajamiento de los principios que hasta hace muy poco habían dado sentido y organicidad al proceso formativo en la escuela, perfilando con ello un modo de ser una comunidad fuertemente jerarquizada y autoritaria, es hoy un tema fuertemente debatido.

Ante las preocupaciones que concitan el agotamiento de las estrategias que tradicionalmente habían funcionado como mecanismos para el disciplinamiento de niños, niñas y jóvenes, y en general, para la resolución de conflictos, se bifurcan en diversas opciones que abren caminos opuestos: frente a la tendencia a mantener y reforzar las normas existentes a través de la exclusión de cualquier tipo de diferencia y la imposición de penas más severas que se justifican con el argumento de la mano dura, surge la necesidad de probar nuevas soluciones, caminos alternativos que permitan replantear el modelo de comunidad que se construye en la escuela como vía para favorecer el aprendizaje de modos de convivir más democráticos e incluyentes, y que pongan en el centro la noción de los derechos humanos.

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Violencia entre pares, reflexiones desde la butaca

Por Nashieli Ramírez Hernández

Educar para una cultura de paz significa educar

para la crítica y la responsabilidad,

para la comprensión y el manejo positivo de los conflictos,

así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio

y revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura,

todo ello como una educación pro social

que ayude a superar las dinámicas destructivas

y a enfrentarse a las injusticias.

Vicenc Fisas**

Nuevas aproximaciones a un viejo fenómeno

Con el surgimiento de la escuela pública hacia el siglo XVIII aparece lo que hoy conocemos como violencia entre pares, acoso y violencia escolar o bullying. Desde la literatura del siglo XIX, autores como Charles Dickens en Oliver Twist y La vida y aventuras de Nicholas Nickleby, Thomas Hughes con su novela Tom Brown’s schooldays, y el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi en su Periquillo Sarniento documentan este fenómeno.

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Reflexiones sobre la relación violencia de género y violencia escolar

Por Irma Saucedo González

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF

Introducción

Una de las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana actualmente es la violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida y la incapacidad del Estado mexicano para diseñar políticas públicas de prevención. Una de las razones por las cuales esto pasa se debe, en parte, a una mirada que interpreta los hechos violentos de manera fragmentada y en compartimentos estancos. Por esta razón se debe enfatizar que las reflexiones que solamente abordan los hechos violentos en el ámbito escolar son insuficientes y muchas veces peligrosas, ya que tienden a etiquetar grupos de jóvenes, comunidades y escuelas sin aportar información sobre los contextos familiares, comunitarios y las historias de vida de quienes se agreden o son víctimas de agresiones.

Las reflexiones que se presentan a continuación se derivan de la experiencia de un trabajo de investigación-acción que se desarrolló de septiembre de 2007 a diciembre de 2008. El proyecto “Promoviendo políticas públicas para la prevención de la violencia sexual en secundarias” culminó con una intervención tipo piloto de prevención primaria de violencia sexual en una escuela secundaria de la delegación Iztapalapa.

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Acostumbrarse a la violencia es lo peor que nos puede pasar como sociedad

Entrevista a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación del Distrito Federal.

Fotografía: Archivo CDHDF.

En 1973 el psicólogo noruego Dan Olweus efectuó las primeras investigaciones con estudiantes víctimas de acoso, maltrato, amenazas e intimidación por parte de sus compañeros de clase, fenómeno conocido como bullying (acoso entre pares). Desde entonces y hasta la fecha diversos estudios han evidenciado la necesidad de analizar el fenómeno de la violencia escolar en un contexto de violencias –la intrafamiliar, de género y social, por ejemplo– que se nutren de factores como la desigualdad social, la pobreza, la discriminación y la inseguridad, entre otros.

Lamentablemente, en nuestro país las autoridades educativas aún no consolidan una visión integral y preventiva para analizar y enfrentar esta problemática. A este respecto, en entrevista con dfensor, el secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, advierte que actualmente existen autoridades educativas que tienen la postura de seguir evadiendo el problema, “pues han de pensar que está afuera de las escuelas y no adentro, para no tomar ciertas responsabilidades”.

Sin embargo, éste no es el único obstáculo para la implementación de políticas públicas de largo alcance a favor de la construcción de una cultura de paz, tanto en la sociedad como en las aulas, ya que desde esta propia secretaria se está abordando el tema como una problemática coyuntural.

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Sección Acciones

CDHDF emite Recomendación 4/2011 a SSDF, SGDF y PGJDF

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CDHDF emite Recomendación 5/2011 a la delegación Coyoacán, SACM, Seduvi y Setravi

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Sección Referencias

Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas.

Paulo Sérgio Pinheiro

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

En este texto presentamos un fragmento del primer estudio exhaustivo y de conjunto llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra las y los niños. Fue realizado de manera directa y constante con ellas y ellos, quienes participaron en todas las consultas regionales llevadas a cabo en relación con el estudio, describiendo de modo elocuente la violencia que sufren y sus propuestas para ponerle fin. En este texto abordaremos los factores que originan la violencia contra la población infantil, las estadísticas a nivel mundial al respecto, y centraremos esta problemática en la escuela y en otras instituciones educativas, así como en las propuestas de solución.

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Hacia una educación global para formar ciudadanos

Rigoberta Menchú

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

De acuerdo con algunos conocimientos de nuestros ancestros mayas, nuestros abuelos y abuelas, nos encontramos en una época de la humanidad donde hay una crisis global que significa decadencia global, decadencia espiritual, decadencia material y decadencia social.

Y, si no aceptamos que la decadencia es global podemos terminar remendando los problemas que tenemos, pero no vamos a encontrar los caminos del futuro.

Si partimos del hecho que hay una decadencia global, entonces con más razón debemos de plantearnos reformas, tanto institucionales como metodológicas. Y [también pensar] la reforma de cómo podemos volver a volcar nuestra mirada al saber de nuestra población, pues dentro de la población hay expertos en la resolución de conflictos, la resolución de problemas y gracias a eso es que nuestras sociedades existen hoy.

En cuanto a la decadencia, uno de los principales problemas es que se hace énfasis a la formación de las personas, pero no en una visión social, espiritual y material para el bien común.

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Escuela de Formación, una alternativa a la violencia en la comunidad educativa

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

La tarea educativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha intencionado la sensibilización, capacitación y, de manera enfática, la formación en y para el ejercicio de los derechos humanos dirigida a poblaciones diversas como lo son las niñas, los niños, y las y los adolescentes y jóvenes. También, desde hace varios años, se ha puesto un acento estratégico en la formación de la población adulta, respondiendo a la demanda democrática y de cultura de paz que requiere la sociedad en la que vivimos.

Un tema que ha cobrado relevancia actual –aunque no es un asunto nuevo– es el de la convivencia escolar; es por ello que el personal docente y las y los servidores públicos que se encuentran de una u otra manera relacionados con el ámbito educativo representan un sector importante como agentes de cambio en la transformación social y en el proceso civilizatorio, dada la responsabilidad social que tienen al ser la cara del Estado y, por tanto, garantes de los derechos. Es así que, teniendo como población objetivo a este sector, la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos cuenta con el Programa Escuela de Formación, que es una estrategia educativa que entre su oferta imparte talleres, cursos y diplomados en los que se abordan temas como derechos humanos, derechos de la niñez, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, explotación sexual comercial infantil, educación para la paz, resolución noviolenta de conflictos, género y no discriminación, entre otros.

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El cyberbullying en México: acciones para limitar su avance

Vanessa Maya Alvarado y Daniel Tapia Quintana

Ilustración: Ana Karen Olivares Vargas,

Julián Anaya Martínez y Marisela Valdés Silva/enap.

En los últimos años, la violencia escolar se ha extendido entre las y los estudiantes mexicanos como respuesta a los problemas de convivencia en el hogar, el entorno social o la violencia reflejada en los medios de comunicación. El balance de la agresividad en los planteles educativos es preocupante. Distintos informes coinciden en señalar que existe un incremento progresivo de dicho fenómeno en México (sep, 2008; INEE, 2007).

La violencia escolar es resultado de las relaciones entre los agentes educativos (profesores, estudiantes, padres y directivos). Dicho fenómeno tiene una explicación multifactorial en la que están presentes aspectos de personalidad, escolares, familiares y de relaciones interpersonales que predisponen a la violencia; de igual manera pueden estar inmersos factores como el contexto social y el económico.

De acuerdo con la Fundación Este País (2007), los factores asociados con la violencia en la escuela son de dos tipos: escolares y extraescolares. Dentro del primer grupo se encuentra lo relacionado con la escuela, su entorno y la interacción de las y los alumnos con la institución educativa. En el segundo grupo aparecen los aspectos personales y familiares de las y los estudiantes.

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Políticas públicas, no discriminación y diversidad sexual

Mario Alfredo Hernández

Para Alejandro Juárez Zepeda.

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Por mucho tiempo, el Estado ha abdicado de su obligación de garantizar derechos y libertades, en condiciones de igualdad y no discriminación, a las personas con preferencia sexual o identidad de género no convencional. La cuestión, como ha señalado Tony Kushner, implica una invisibilización del tema en la agenda pública, dado que los derechos “pueden lograrse o no, sobre fundamentos amplios o limitados, pero la liberación depende de una política que dé pasos más allá del solo reconocimiento legal, no de un retroceso antipolítico”. La discriminación, en este caso, es consecuencia tanto de la acción individual que genera espacios de inseguridad y violencia, como también de la omisión estatal en el diseño y aplicación de legislación y políticas públicas.

Si se las observa en perspectiva histórica, las sociedades latinoamericanas modernas aparecen con una identidad política insuficientemente laica y posconvencional en la que la cohesión social sea resultado de un consenso acerca del texto constitucional como fundamento del Estado de derecho y la garantía universal de libertades.

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Revista dfensor 08-11: Militarización de la seguridad pública ..................................................................... Versión en PDF disponible aquí

2011-08-10T11:56:00.000-07:00

Editorial

Militarización de la seguridad pública, fractura de los derechos humanos.

Ilustración: Ángeles García/CDHDF.

Desde la perspectiva de los derechos humanos la seguridad humana se consolida a partir de la satisfacción y protección que el Estado hace del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, lo cual en una democracia requiere de la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno y de la misma sociedad.

Partiendo de este enfoque, resulta problemático que en México la estrategia de seguridad pública esté delegando principalmente a las fuerzas armadas el combate a la delincuencia, por encima de la democratización de las policías civiles y del reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito.

Como consecuencia, el país vive una escalada de violencia atizada no sólo por la lucha territorial entre grupos de la delincuencia común y organizada, sino también por los enfrentamientos entre éstos y las fuerzas armadas, las cuales, al desempeñar funciones extraordinarias de seguridad pública por tiempo indefinido y sin controles de legalidad que transparenten y limiten sus actuaciones, vulneran gravemente los derechos humanos tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos de seguridad.

Frente a esta situación, sumada a décadas de corrupción e ineficacia institucionales en materia de procuración e impartición de justicia, el saldo de la “guerra” contra la delincuencia emprendida desde 2006 por la actual administración federal no podía ser menos alarmante: casi 60 mil personas muertas y un sinnúmero de casos impunes de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de tortura, de secuestro, de extorsión… Por acción directa u omisión, el Estado mexicano resulta ser el principal responsable de esta tragedia que enluta a miles de niños y niñas, hombres, mujeres y personas adultas mayores.

Ante tal realidad, es urgente reconocer que México enfrenta un complejo problema de seguridad que ciertamente no se resolverá con el uso de la mayor fuerza del Estado ni mucho menos con la suspensión del ejercicio de ciertos derechos humanos mediante la figura de estado de excepción para enfrentar la criminalidad, tal como ha sido planteado en una cuestionada iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la cual para bien del proceso democrático del país es y debería seguir siendo analizada públicamente en el Congreso de la Unión.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos el llamado a las y los actores políticos y a la sociedad en su conjunto para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad ciudadana que rebase la esfera exclusiva de la participación policial. Apostar al involucramiento activo de las y los ciudadanos y someter a controles de transparencia y rendición de cuentas a las instituciones de seguridad pública es una garantía del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la justicia y a la libertad personal, entre otros, que están constitucionalmente reconocidos en la legislación interna y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. México lo requiere y no hay más tiempo que perder.

Sección Opinión y debate

Las Fuerzas Armadas en las calles

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS (Insyde)

Ilustración: Maru Lucero y Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

En este espacio no discutiré si las Fuerzas Armadas deben o no realizar funciones de seguridad pública. Bajo el supuesto de que seguirán haciéndolo, recomendaré una acción de gran calado que considero indispensable ante tal escenario. Parto de que la interpretación más popular percibe que la militarización de la seguridad pública es lo más adecuado, desde un razonamiento muy simple: ante la extrema violencia de la delincuencia, lo correcto es emplear la mayor capacidad de fuerza del Estado. Este fenómeno es altamente complejo, delicado y muy peligroso para el país.

Todo el diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa: el poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas. La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.

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Los derechos humanos, objetivo fundamental para la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional

RICARDO J. SEPÚLVEDA I. (CJDH)

Fuente: radiobemba.org

El 5 de abril de 2004 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para establecer la facultad del Congreso federal de legislar en materia de seguridad nacional. Esta decisión del constituyente se tomó a partir de las modificaciones que el propio Congreso realizó al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se había otorgado a la Secretaría de Gobernación (Segob) “la facultad de establecer y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (de acuerdo con la fracción XXIX) y “contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno” (según la fracción XXX), adición que se hizo para dar un marco de legalidad a las actuaciones que se hacían, desde esa Secretaría, a través de dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Durante décadas las autoridades del país habían desplegado la actividad relacionada con la seguridad nacional en un marco de discrecionalidad absoluta. Los cambios propuestos deben entenderse como parte del esfuerzo del proceso de transición democrática, por hacer imperar el principio de legalidad.

Con esa base constitucional, el 31 de enero de 2005 se publicó la Ley de Seguridad Nacional, que tuvo por objeto fundamental definir los alcances del concepto mismo y, particularmente, establecer las reglas de coordinación interna para que se pudiera generar una verdadera política de Estado en la materia. Hay que apuntar, por tanto, que en ningún momento en esta ley se buscó otorgar facultades extraordinarias a las autoridades para enfrentar una amenaza de riesgo a la seguridad nacional sino todo lo contrario: precisar y acotar su actuación.

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Ley de Seguridad Nacional: un paso en retroceso

MARIECLAIRE ACOSTA (CIDE)

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Durante la última década, México ha experimentado avances institucionales y políticos nada despreciables en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Ejemplo de ello son los distintos mecanismos creados para la protección de los derechos humanos a lo largo del país, así como las instituciones de transparencia y rendición de cuentas que han permitido un mayor escrutinio del ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La recién aprobada reforma constitucional en material de derechos humanos, así como la reforma en materia de amparo, son los últimos avances al respecto que permitirán la armonización de nuestro ordenamiento con los estándares internacionales.

Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir los altos niveles de inseguridad ni para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, tanto de la delincuencia común como de violaciones a los derechos humanos. La democracia en México se encuentra lejos de estar consolidada, y si no lo hacemos pronto, corremos el riesgo de perder lo poco que se ha ganado con tan arduo esfuerzo y, peor aún, de exponer al país a una permanente condición de inestabilidad y atraso.

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La militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos de la población en situación de vulnerabilidad

ANA LUISA NERIO MONROY (Centro Fray Francisco de Vitoria)

Fuente: alejandro-ellugardetodos.blogspot.com

Introducción

En México la militarización de la seguridad, debida en gran medida a una mayor presencia de grupos del crimen organizado (entre los que destaca el narcotráfico), ha generado un contexto complejo y adverso para ejercer, defender y exigir los derechos humanos, afectando a toda la población y en especial a los grupos de población en situación de vulnerabilidad.

Militarización de la seguridad y violaciones a los derechos humanos

A finales de 2006 el gobierno federal diseñó una estrategia de combate a la delincuencia basada en la militarización de la seguridad pública, sin atender a las causas sociales que de fondo han dado origen al aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Tal decisión ha sido muy cuestionada por distintos sectores de la sociedad, particularmente por las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos, debido a que lejos de disminuir la espiral de violencia, ésta se ha incrementado de forma alarmante. Aunque en los últimos cuatro años 50 mil soldados han sido desplegados como parte de las fuerzas antidrogas, al primer trimestre de 2011 se han contabilizado cerca de 40 mil asesinatos de personas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.

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Nuevo pacto o fractura nacional

JAVIER SICILIA

Fotografía: Ernesto Gómez/CDHDF.

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompaña la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país; que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

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Más allá del 8 de mayo: ejercer ciudadanía, hacer paz

Karime Suri Salvatierra (INSIDE Social)

Fuente:
alejandro-ellugardetodos.blogspot.com

El 8 de mayo de 2011 una parte importante de la sociedad hizo eco de la convocatoria de Javier Sicilia quien, hasta antes de la muerte de su hijo Juan Francisco, dedicaba su quehacer profesional a la poesía; tal vez por eso el “estamos hasta la madre” logró conmover y articular a personas tan diversas. Más allá de factores socioeconómicos y generacionales, la diversidad se advertía en ese bricolaje que culminó su andar desde Cuernavaca y mostró su voz esa tarde en el zócalo del Distrito Federal.

Esa fecha será para muchos el inicio de un movimiento que visibilizó a numerosas víctimas que llegaron a esa condición como resultado de la impunidad, la corrupción, el abuso de poder y de una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, presentada está última como “la estrategia” en materia de seguridad del gobierno federal.

Quizá es pertinente recuperar una serie de reflexiones formuladas como parte de un foro que tuvo como objetivo mostrar que no hay violencia si no violencias, en plural, y que éstas son resultado de una serie de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Ahí, Clara Jusidman expone que en México se ha “tratado de curar la violencia mediante medidas de contención y el uso de la fuerza del Estado”, siendo así que “esta forma de enfrentar la violencia está violentando aún más la precariedad de la convivencia y conlleva la violación de los derechos humanos de amplios grupos de la población a los que con facilidad se les atribuye una culpabilidad no sustentada, tan sólo por tener ciertas características […]”.

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Sección Acciones

Celebra CDHDF resoluciones de la SCJN; amplían la protección de los derechos humanos en México

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Solicita CDHDF medidas cautelares a la CIDH a favor de personas migrantes y sus familias

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Sección referencias

La situación de la violencia en México

Edgar A. Gómez Jaimes (CDHDF)

Ilustración:Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Antes de describir la situación que atraviesa México hoy en día, es necesario establecer alguna premisa sobre los modelos de seguridad y sus distintas dimensiones, es decir, plantear un concepto de seguridad amplio que implique una definición no sólo jurídica sino también filosófica y política, cuyas características estarán ligadas al tipo de Estado del que se trate.

Así, en uno democrático de derecho el enfoque para construir el concepto tenderá a establecer un equilibrio entre la preservación de la seguridad sin menoscabar los derechos humanos, es decir, un modelo de seguridad ciudadana en donde las personas se encuentren no sólo en el centro de las políticas públicas en la materia sino también en el proceso legislativo.

Ahora bien, en los últimos años el concepto de seguridad evolucionó en México, sobre todo en su dimensión de seguridad pública. Primero, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y antes de su reforma de 2008, al establecerla como una función del Estado para preservar el orden y la paz públicos, hasta llegar al concepto vigente expresado en su artículo 21 como “una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”.

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Contra la legalización de la ilegalidad: un repaso a la Ley de Seguridad Nacional

SILVANO CANTÚ (CMDPDH)

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

México arrastra una lacerante pobreza, desempleo, un sistema de justicia inoperante, desigualdad en el ingreso, impunidad y corrupción, a lo que se suma la ola de violencia que desde 2007 se ha incrementado alarmantemente. Con ese trasfondo llama la atención que las políticas públicas en materia de seguridad carezcan de una atención amplia e integral para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad, en lugar de ello se privilegia el uso de la fuerza. Se ha hecho lo contrario, la estrategia ha agravado los problemas que busca atacar. Ciudad Juárez, hoy la ciudad más violenta del mundo, es un caso elocuente: mientras en 2006 tenía una tasa de homicidios dolosos de 18 por cada 100 mil habitantes, pasó a 93 en 2009.

En esta línea de estratagemas fallidas se inscribe la Ley de Seguridad Nacional que hoy se discute en la Cámara de Diputados, y que persigue: 1) la hiperinflación de los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) la dotación de poderes de excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar.

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México heroico: son mexicanos, son valientes

“¿No tiene usted miedo, alcalde?” “Todos tenemos miedo, compadre”.

Cada vez hay más mexicanos que se plantan ante el narco

y se enfrentan al terror a pecho descubierto.

Aquí están sus historias.

PABLO ORDAZ (El País)

Fuente: OMAR TORRES/AFP

No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más de 40 mil mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el gobierno de Felipe Calderón. Día tras día los periódicos cuentan historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, [de] policías y políticos corrompidos por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él –un hombre de 40 años– y más a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas más peligrosas de México, que un día –después de que unos criminales mataran a su marido– se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.

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Morir por el Amazonas: la otra cara de la moneda brasileña

ELIZABETH PALACIOS (Revista Obras)

Fuente: AIDA

El jueves 9 de junio de 2011 probablemente era un día como cualquier otro en la vida de Obede Loyla Souza, campesino, de 31 años de edad. Seguramente caminaba en medio de esos bosques tropicales cuya defensa estaba a punto de cobrarle una cara factura, aunque me gusta imaginar que él caminaba con esperanza.

Él era padre de tres hijos. Él vivía en el corazón del Amazonas y amaba su tierra −como todos deberíamos hacerlo pues es el pulmón del mundo−. Él fue asesinado ese jueves. Se trata del quinto defensor de los derechos ambientales que perdió la vida por ir en contra de los intereses económicos de unos cuantos, por defender el mundo, que es de todos y todas nosotras.

El cuerpo de Obede fue hallado descompuesto, dolido, macerado, como ha quedado el espíritu de quienes defienden la Amazonía en Brasil. Fue asesinado el jueves pero lo encontraron hasta el martes. Cinco días de incertidumbre y ¿por qué no decirlo? de esperanza. Su gente quería hallarlo con vida.

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Revista dfensor 07-11 .................................................. México y el mundo frente a la justicia internacional............................................................... Versión en PDF disponible aquí

2011-07-07T16:05:00.000-07:00

EDITORIAL

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia/USHMM/
National Archives and Records Administration College Park.

Desde el siglo pasado y hasta nuestros días el mundo se ha convulsionado en medio de realidades aberrantes materializadas en crímenes de trascendencia mundial por violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hechos que han suscitado la creación de tribunales internacionales y comisiones de la verdad para encontrar una posible solución.

Desde el holocausto judío durante el régimen nazi a finales de la primera mitad del siglo xx, pasando por los genocidios en Ruanda, la ex Yugoslavia, Guatemala, Camboya y actualmente en la región sudanesa de Darfur, las millones de víctimas que aún esperan justicia claman con sentimientos encontrados de venganza y vergüenza para que aquellos hechos no queden impunes ni vuelvan a ser perpetrados.

Como un esfuerzo de la comunidad internacional para prevenir, investigar y sancionar penalmente los crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, se estableció en 2002 la Corte Penal Internacional (CPI), cuya responsabilidad es tutelar el derecho humano más elemental: a la vida, así como a no sufrir violencia, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como violaciones o esclavitud.

Ante sus graduales resultados este tribunal penal internacional ha sido blanco de duras críticas debido, principalmente, a la falta de voluntad política de los Estados Parte para cooperar eficazmente con las investigaciones de la CPI, y a la tardanza para intervenir en los casos y juzgar a las y los responsables; así como a hacer efectivo el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En este sentido, en el marco de la conmemoración del Día mundial de la justicia internacional (17 de julio), desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortamos al Estado mexicano, que ha ratificado el Estatuto de Roma de la CPI, a refrendar con hechos los compromisos asumidos en materia de combate a la impunidad por crímenes internacionales y, en especial, a regular en el marco normativo interno los mecanismos de cooperación eficaces con la CPI.

Ciertamente los sistemas judiciales, tanto nacionales como internacionales, están obligados a sancionar estos crímenes con estricto apego a derecho; sin embargo, reafirmamos nuestra convicción de que, para prevenirlos y garantizar de forma sostenible los más elevados estándares de protección, seguridad y bienestar en el mundo, es necesaria la gobernabilidad democrática fundada en el sano equilibrio entre los poderes políticos, económicos y sociales que garantice el ejercicio pleno de todos los derechos humanos.

Sin duda alguna, un primer paso para alcanzar esta meta será la construcción de sociedades despojadas de la indiferencia y de la indignación, para dar paso a una verdadera conciencia que combata las atrocidades cometidas en contra de nuestra propia esencia humana, haciendo uso no de armas ni de leyes coercitivas sino de la fuerza que brindan la acción, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la humanidad.

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SECCIÓN OPINIÓN Y DEBATE

Retos y avances en la armonización de la legislación mexicana con el Estatuto de Roma
Por Joel Hernández García (SRE)

Introducción

Fotografía: Cortesía de la Coalición por la Corte Penal Internacional.

Desde la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, México ha avanzado decididamente con el fin de lograr la plena armonización de la legislación nacional mexicana con las normas sustantivas y procedimentales contenidas en dicho instrumento internacional.

Convencido de la necesidad de la CPI para erradicar la impunidad y disuadir la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional, el Ejecutivo federal firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000.

Acto seguido, y consciente de las incompatibilidades que existían entre el Estatuto y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal inició la primera fase del proceso de armonización legislativa en la materia. El 6 de diciembre de 2001 envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 21 de la Constitución para reconocer la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados internacionales de los que México sea parte. Con un enfoque distinto al planteado en la iniciativa, el 4 de mayo de 2005 el H. Congreso de la Unión decretó adicionar el actual párrafo octavo al artículo 21 constitucional relativo al reconocimiento de la jurisdicción de la CPI, reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005.

La citada reforma constitucional permitió la aprobación del Estatuto de Roma por el Senado el 21 de junio de 2005, y el posterior depósito del instrumento de ratificación por el Estado mexicano ante el secretario general de las Naciones Unidas el 28 de octubre del mismo año. El Estatuto de Roma entró en vigor para México el 1 de enero de 2006, convirtiéndose en el centésimo Estado Parte de dicho instrumento.

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Características de la política criminal en el ámbito penal internacional: su aplicación en el caso mexicano

Por Héctor Carreón Perea (Inacipe -CMCPI)

Las máximas de los filósofos sobre las condiciones

de posibilidad de la paz pública deben ser tomadas

en consideración por los Estados armados para la guerra.

Immanuel Kant

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia/USHMM/
National Archives and Records Administration College Park.

El Estado mexicano, a través del Ejecutivo federal, celebró la firma del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), conocido como Estatuto de Roma (ER), el 7 de septiembre de 2000; y llevó a cabo su ratificación, con la aprobación del Senado, el 28 de octubre de 2005, convirtiéndose así en el país número 100 en depositar el instrumento de ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas. A casi 11 años de haberse concretado el primer paso para la construcción de un sistema de justicia penal internacional en México, el proceso de implementación del ER en la legislación penal federal se ha caracterizado por la ausencia de un rumbo fijo.

El impulso otorgado por los Poderes de la Unión –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– a esta política jurídica en el ámbito de la justicia penal ha sido incipiente, quizá por la concepción simplista de la soberanía como un baluarte de nuestra política exterior o simplemente por el desconocimiento, todavía arraigado, del derecho penal internacional como un saber jurídico independiente. A contrario sensu, numerosos actores de la sociedad civil, como es el caso de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional (CMCPI),1 han contribuido al establecimiento de una responsabilidad comunitaria entre la ciudadanía orientada a la proposición de que la perpetración de crímenes del derecho internacional en un determinado Estado repercute forzosamente en la conciencia que tienen todos los demás.

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Notas

1. La CMCPI es un grupo plural que integra a diferentes sectores de la sociedad como organismos civiles y sociales, instituciones de enseñanza superior, profesionistas y personas interesadas en impulsar el tema de la Corte Penal Internacional. Esta Coalición se define como independiente de partidos políticos y de organismos estatales. Para mayor información véase , página consultada el 13 de junio de 2011.

Problemas y posibles soluciones para la aplicación de la categoría de delitos de lesa humanidad en México**

Por Javier Dondé Matute (Inacipe)

Fotografía: Cortesía de la Coalición por la Corte Penal Internacional.

Establecer cuáles son los mecanismos para la tipificación de crímenes de lesa humanidad en México es complicado. En nuestro país existe esa falta de definición que ya estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de su jurisprudencia, sin embargo, en el presente análisis, partiré de distintos supuestos.

En principio es necesario aclarar cuál es el concepto de crímenes de lesa humanidad, es decir, si al invocar dicha definición se hace referencia a conductas individuales o tipos penales individuales, como podría ser la tortura y la desaparición forzada de personas, concepto que dilucida una posición más coloquial o de escasa técnica jurídica. Sin embargo, si atendemos a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y en función de su adecuada implementación, dichos crímenes tienen que definirse como una serie de conductas todas las cuales se llevan a cabo en un contexto determinado como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Por lo tanto, si hablamos de tipos penales individuales como la tortura y la desaparición forzada, podemos decir que en México ya están tipificados y en todo caso habría que ver en qué estados y con qué técnica se hizo. Pero si nos referimos al tipo penal –porque mi posición es que los crímenes de lesa humanidad no son una categoría, sino un tipo penal establecido en el Estatuto de Roma– se está señalando una situación completamente distinta. Para estudiar lo anterior, es necesario tomar en cuenta diversos factores.

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Notas

** Ponencia presentada durante la x Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional, organizado por el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (Coladic México), la Universidad de Utrecht, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los días 31 de marzo y 1 de abril de 2011 en la ciudad de México.

En portada:
Las víctimas ante la Corte Penal Internacional
¿El final del oxímoron víctimas-justicia internacional?

Por Almudena Pérez Vizán (Universidad de Salamanca, España)

Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Antonio Machado

Introducción

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia/USHMM/
National Archives and Records Administration College Park.

La humanización del derecho internacional podría explicarse como un triángulo en cuyo vértice superior se coloca al individuo y los otros dos vértices son la protección de los derechos humanos y la atribución de responsabilidad. Este proceso ha hecho que ciudadanas y ciudadanos, paso a paso, comencemos a ser considerados como sujetos directos de derechos y obligaciones en el plano internacional.

La Corte Penal Internacional (CPI) supone, sin lugar a dudas, uno de los principales logros en este proceso: un avance tanto en la atribución de responsabilidad al individuo1 como en la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, la posibilidad de enjuiciar a quienes cometen los crímenes más graves para la comunidad es clave en la lucha contra la mayor alidada de los violadores de los humanos: la impunidad.

En el camino de la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves las víctimas han sido las grandes olvidadas, a pesar de que muchos de los avances en pro de la verdad, la justicia y la reparación han venido precisamente de mano de las víctimas. Pero, ¿a qué obedece esta paradoja? Tanto en el plano nacional como en el internacional, las víctimas eran las grandes sacrificadas a favor de la reconciliación y la paz social, llegando incluso a ser consideradas como freno a la misma, cuando en la práctica estaban mostrando ser el motor. Esto mismo puede aplicarse en el plano de la justicia internacional con dos particularidades:

1. Los Estados tradicionalmente eran los únicos sujetos en el derecho internacional.

2. En este tipo de crímenes se atribuía la condición de víctima a la humanidad como un todo.

Los tribunales de Nuremberg y Tokio no tuvieron ninguna consideración respecto de las víctimas, mientras que los tribunales penales internacionales ad hoc se limitaron al acceso de las víctimas como testigos, en el mejor de los casos.2 Considerando como fundamento dichas realidades, el presente artículo tendrá como objetivo analizar la posición de las víctimas ante la CPI, puesto que ella constituye uno de los logros más significativos del Estatuto de Roma (ER) y, por ende, de la CPI.

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Notas

1. El principio de responsabilidad individual fue reconocido por el Tribunal de Nuremberg en 1946, al señalar que “son los hombres y no las entidades abstractas quienes cometen los crímenes cuya represión se impone como sanción del derecho internacional”.

2 En este sentido véase Juana del Carpio Delgado, Las víctimas ante los tribunales penales internacionales ad hoc, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000.

El dilema de la CPI para garantizar la justicia y mantener la paz

Por Graciela Zamudio Campos (CNDH)

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia/AI.

Cerca de su cumplir su primera década como tribunal internacional permanente e independiente, dedicado a investigar y responsabilizar penalmente a los perpetradores de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto la investigación de 261 casos relacionados con delitos presuntamente cometidos en seis Estados africanos: Libia, Kenia, Sudán (Darfur), Uganda (Ejército de Resistencia del Señor (ERS), República Democrática del Congo y la República Central Africana. En ninguno se ha dictado condena hasta este momento.

Según el Estatuto de Roma, en vigor desde el 1 de julio de 2002, la jurisdicción de la CPI es complementaria porque es la encargada de investigar y enjuiciar a los perpetradores de los delitos indicados que sean cometidos en el territorio de sus Estados miembros o por sus nacionales, o por referencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y únicamente en los casos en que los tribunales nacionales con jurisdicción sobre estos crímenes carezcan de la capacidad o la disposición para hacerlo por sí mismos, es decir, cuando los gobiernos carezcan de la infraestructura jurídica necesaria o cuando pretenden blindar a las o los culpables de su responsabilidad.

Por su actuación en la definición de los criterios de selección de los casos que se han abierto a investigación, el fiscal se ha convertido en una figura primordial en el desarrollo de la política criminal de la CPI. Particularmente, los casos contra Omar Hassan al-Bashir y Thomas Lubanga Dyilo han despertado en los observadores internacionales cuestionamientos en torno al efecto preventivo general de los procesos de la CPI, a sus consecuencias en materia de paz y justicia, y a su objetividad, inclusive.

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Notas
1. Disponible en , página consultada el 8 de junio de 2011.

En portada:

Los terroristas también tienen derechos.
Bin Laden no debió ser eliminado sin más, aunque se tratase de un conflicto armado.

Por Kai Ambos (Georg-August-Universität Göttingen, Alemania)

Fotografía: Google imágenes.

Los terroristas, también Osama Bin Laden, son humanos. Como tales, tienen derechos humanos. Entre ellos se encuentran los derechos a la vida, a un trato humano y a un proceso penal justo. Los derechos humanos fundamentales permanecen vigentes también en un estado de excepción. El derecho a la vida es abrogado en tiempos de paz sólo de forma excepcional, sobre todo en casos de legítima defensa. Si es cierto que Bin Laden se encontraba desarmado y fue selectivamente asesinado no tendría aplicación la legítima defensa, pues ella requiere una agresión actual y antijurídica sobre las fuerzas especiales que intervinieron.

Teóricamente también sería posible una errónea suposición de la situación de legítima defensa, pero el homicidio seguiría siendo objetivamente antijurídico. A diferencia de lo que piensa el presidente estadounidense Barack Obama, esto no sirve a la justicia, sino que más bien la perjudica.

Un Estado de derecho trata con humanidad también a sus enemigos; captura terroristas y los lleva ante un tribunal, como la República Federal de Alemania hizo con la Fracción del Ejército Rojo (RAF) y hace actualmente con miembros de Al Qaeda. Si se establece la culpabilidad de estas personas en un debido proceso conducido ante un tribunal imparcial, ellas pueden ser condenadas a severas penas, e incluso en algunos países como Estados Unidos a la pena de muerte. Un homicidio sin un proceso judicial es una ejecución extrajudicial, por la cual Estados criminales son demandados frente a organismos de derechos humanos.

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Notas
** Artículo publicado originalmente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 5 de mayo de 2011, p. 6. Traducción del alemán de Andrés Falcone; revisión de Ezequiel Malarino y del autor.

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SECCIÓN ACCIONES

Emisión y aceptación de recomendaciones

Caso de falta de accesibilidad y seguridad en el Centro de Transferencia Modal Pantitlán*

Seguir leyendo p. 40
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* N. del E.: Ésta es una síntesis de los instrumentos recomendatorios que emite la CDHDF. Para conocer en su totalidad esta Recomendación véase .

Envía CDHDF Recomendación 3/2011 a la PGJDF.

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SECCIÓN REFERENCIAS

En busca de un nuevo fiscal y seis nuevos jueces para la CPI**

Por Michelle Reyes Milk y Sunil Pal (Coalición por la Corte Penal Internacional)

Introducción

Fotografía: Google imágenes.

La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una alianza establecida en 1995. Hoy cuenta con más de 2 500 organizaciones alrededor del mundo que trabajan para fortalecer la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) y promover la adopción de leyes efectivas que le otorguen justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La CCPI ha estado monitoreando activamente el tema de las elecciones de magistrados y otros puestos clave dentro de la estructura de la CPI desde sus inicios, y que actualmente en el marco de la próxima elección del fiscal, se encuentra haciendo lo mismo. A través de importantes acciones que han tenido como objetivo promover la nominación y elección de las y los candidatos mejor calificados para ocupar estos puestos clave, la Coalición ha reafirmado la importancia de sostener elecciones justas, transparentes y basadas en el mérito de las y los candidatos, evitando así la politización de las mismas.

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Notas
** Una versión similar de este artículo apareció publicada en El Monitor, Diario de la Coalición por la Corte Penal Internacional, núm. 42, mayo-octubre de 2011.

Proceso de elección de fiscal y magistradas(os) de la CPI

Por Joel Hernández García (SRE)

En el décimo periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se efectuará del 12 al 21 diciembre de 2011 en Nueva York, se llevarán a cabo las elecciones para decidir quién será la o el próximo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las o los seis magistrados que ocuparán un cargo en dicho tribunal.

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Recuperar la memoria a favor de la paz y la convivencia humanas

Entrevista a Jacobo Dayán Askenazi (Museo Memoria y Tolerancia)*

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia.

El Museo Memoria y Tolerancia es un espacio que desde 2010 promueve el valor de la tolerancia y la diversidad, así como el respeto de los derechos humanos, y el cual rememora los casos de genocidio durante el nacionalsocialismo, la ex Yugoslavia, Ruanda, Guatemala, Camboya y Darfur, considerados hechos emblemáticos en que los seres humanos “nos perdimos en el odio y la brutalidad”.1

Cometidos en el siglo xx y dictaminados por tribunales o comisiones de la verdad, estos casos son “un recordatorio de que los genocidios y los crímenes de lesa humanidad no han ocurrido sólo una vez, ni en un solo lugar, ni de una sola forma”, expresa Jacobo Dayán Askenazi, director académico y de contenidos de dicho museo, en una entrevista con dfensor.

Integrada por objetos, fotografías, videos y audios procedentes de diversas partes del mundo, la exhibición permanente titulada Memoria evoca los genocidios y los crímenes cometidos contra la humanidad, así como los testimonios de algunas víctimas de la persecución, la esclavitud, la tortura y el asesinato sistemático: casi seis millones de personas judías y millones de víctimas de distintos grupos como esclavos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y testigos de Jehová, entre otros, en el régimen nazi; 800 mil tutsis y 30 mil hutus moderados en Ruanda en 1994; ocho mil niños y hombres musulmanes en la localidad de Srebrenica durante el conflicto de los Balcanes en 1995;2 100 mil indígenas mayas en Guatemala entre 1981 y 1983; cerca de dos millones de camboyanos en el régimen de Jemer Rojo; y más de 300 mil personas en la región sudanesa de Darfur de 2003 a la fecha.

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Notas

* Entrevista realizada por Karen Trejo Flores, colaboradora de la CDHDF.

1 Frase que se retoma de la exposición permanente de este museo titulada Memoria.

2 En mayo pasado fue detenido Ratko Mladic, ex comandante serbobosnio, acusado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés) por crímenes de guerra y genocidio en Bosnia y en Srebrenica, respectivamente. Janine di Giovanni, “The Making of a Monster”, en Revista Newsweek, 6 de junio de 2011, pp. 20-23.

La responsabilidad de México por el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH

Por Nancy J. López Pérez y Alberto Ulises Quero García (CDHDF- Inacipe)

Fotografía: Cortesía Museo Memoria y Tolerancia.

La proliferación de casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es consecuencia, entre muchos otros factores, de la falta de acceso a la justicia que sufren las víctimas de violaciones a derechos humanos en México, de la falta de ordenamientos jurídicos adecuados con estándares internacionales o, en su defecto, de la aplicación incorrecta de estas normas. Estos casos, que si bien han sido producto de violaciones a derechos humanos cometidas con anterioridad al actual sexenio, son violaciones que el actual gobierno no ha logrado subsanar.

El presente artículo tiene por finalidad señalar la obligación internacional del Estado mexicano para cumplir con las reparaciones interpuestas como consecuencia de procesos jurisdiccionales en donde ha resultado culpable, además de mencionar la responsabilidad internacional que le sería atribuida de no hacerlo.

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La aplicación directa del Estatuto de Roma en el Estado mexicano

Por Edgar Eduardo Téllez Padrón

Introducción

Ilustración: Ángeles García/CDHDF.

El presente artículo pretende analizar si efectivamente es necesario incluir en nuestra legislación interna los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma (ER) o si no lo es debido a que estos tipos penales propiamente ya forman parte de nuestro derecho interno y por ende se pueden aplicar con base en el criterio de jerarquización y aplicación de leyes establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este orden de ideas se plantea la posibilidad de que los jueces del Estado mexicano puedan aplicar los crímenes establecidos en el ER, determinando las facultades y los ámbitos de competencia para establecer si los civiles y/o los militares que cometan crímenes internacionales sería juzgados por un mismo tribunal o por tribunales civiles y militares, según sea el caso.

En el presente artículo se hará la diferencia entre los tratados de derechos humanos y los tratados de derecho penal internacional, con el objetivo de explicar por qué en México sí se puede aplicar directamente un tratado de derecho penal internacional como el ER.

Asimismo, para comprender mejor esta argumentación, se especificará la jerarquía de los tratados, su incorporación al derecho interno y la aplicación de una ley especial refiriéndose a los tratados en caso de alguna controversia frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

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Librero del dfensor

Ambos, Kai, et al. (eds.), Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional, Uruguay, Fundación Konrad Adenauer Stiftung/Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional/George August Universität Göttingen, 2010, 518 pp.

Este libro reúne la primera parte de la investigación realizada por el Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional acerca de la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Los 14 trabajos de los diversos autores que conforman esta edición pretenden contribuir a la reflexión y discusión académicas sobre la situación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto regional y su relación con la Corte Penal Internacional.

Dondé Matute, Francisco Javier, Derecho penal internacional, México, Oxford University Press, 2008, 202 pp.

A lo largo de los cinco capítulos que integran esta obra, Dondé Matute aborda los elementos básicos del derecho penal internacional; los crímenes en particular que son competencia de la Corte Penal Internacional; el derecho penal internacional como un sistema jurídico-penal; sus aspectos jurisdiccionales; y los tribunales internacionales híbridos y de competencia única. Esta publicación se constituye como la primera que en México estudia el derecho penal en su conjunto, por lo que también es un referente rápido y conciso para todas las personas interesadas en el tema.