EDITORIAL
Fotografía: Cortesía Edu Ponces /Ruido Photo. |
La movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde el inicio de su historia. Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de sus países es mejorar su calidad de vida y preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Esta situación, ya de por sí grave, se vuelve compleja con el establecimiento de políticas migratorias restrictivas en los países de tránsito y destino de las personas migrantes, refugiadas y asiladas. En lugar de privilegiarse el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce la movilidad humana, se han impuesto leyes de corte policial que señalan a la población extranjera como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional, permitiendo que las autoridades actúen en consecuencia, violando sistemáticamente los derechos a la libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al reconocimiento de la igualdad en el goce y disfrute de derechos.
Es lamentable que en nuestro país, organismos nacionales e internacionales denuncien la práctica sistemática de esta estrategia atroz y que no se estén llevando a cabo las acciones necesarias para evitarlo. A este hecho se suma la creciente violencia y los abusos crueles que grupos delictivos cometen contra las personas migrantes en tránsito de forma cotidiana, derivados de la complicidad con autoridades ya sea por acción u omisión.
El saldo es escalofriante: 72 personas migrantes provenientes de Centroamérica asesinadas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas; el secuestro de otras 11 mil durante 2010, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); incontables asesinatos, violaciones sexuales, asaltos y extorsiones en el camino de las personas migrantes; la privación de la libertad de un importante número de éstas en centros de detención migratoria; amenazas y agresiones contra las y los defensores de los derechos de este grupo vulnerable; la persistencia de casos de corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), etcétera.
Si bien en nuestro país se han hecho esfuerzos para reconocer los derechos fundamentales de las personas asiladas, refugiadas y migrantes en tránsito a partir de las recientes aprobaciones de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y la Ley de Migración, desde la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) externamos una gran preocupación debido a que estas normas endurecen indiscriminadamente las medidas de aseguramiento, detención y deportación de las personas extranjeras, lo que incrementa su criminalización y vulnerabilidad en aras de la supuesta defensa de la seguridad pública, nacional y fronteriza.
dfensor le da voz y acompaña el llamado urgente de organizaciones de la sociedad civil, personas académicas, intelectuales, periodistas y defensoras de los derechos de quienes emigran para alcanzar la consolidación de un marco normativo que atienda de forma humanitaria, integral y garantista el fenómeno migratorio, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.
¿Hasta cuándo el Estado mexicano va a reconocer y asumir su responsabilidad por permitir que esta población siga siendo víctima de delitos y graves violaciones con total impunidad?
SECCIÓN OPINIÓN Y DEBATE
Los desafíos de la agenda migratoria en México
Por Nancy Pérez García y Diana Martínez Medrano (Sin Fronteras).
Fotografía: Cortesía Toni Arnau/Ruido Photo. |
La migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional, sobre todo por las y los miles de migrantes mexicanos y extranjeros que recorren diariamente el territorio nacional para cruzar –principalmente– hacia Estados Unidos. La cobertura que han dado medios nacionales e internacionales a la violación sistemática de los derechos humanos de esta población ha visibilizado está problemática y presionado a las autoridades para que, públicamente, reconozcan que la política migratoria actual está rebasada y desfasada.
Desde hace años las organizaciones civiles y sociales hemos demandado la necesidad de contar con una ley y con una política migratoria integral con enfoque de derechos humanos, hemos hecho propuestas concretas, realizado foros, acudido a mesas de diálogo, sin embargo, no siempre se han encontrado interlocutores en los poderes de gobierno. Hemos visto mucha voluntad pero pocos hechos concretos.
Personas refugiadas en la ciudad de México: un grupo invisible para las y los capitalinos
Por Mariana Echandi (ACNUR-México).
Fotografía: Cortesía María M. Caire/Sin Fronteras, I. A. P. |
México ostenta una tradición en materia de asilo. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la presencia de personas refugiadas es un asunto histórico que pertenece al pasado, cuyo recuerdo más cercano –en el mejor de los casos– son los refugiados guatemaltecos en el sureste del país, momento en que se abrió la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Lo que la mayoría de la población mexicana desconoce es que por lo menos desde que se abrieron las oficinas del ACNUR y de la Comar, no ha habido un solo año en que no hayan llegado a México personas de distintos países del mundo que solicitaran asilo y a quienes se les ha reconocido la condición de refugiado.
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La (i)“responsabilidad de Estado” en México
Por Jorge A. Bustamante.
Fotografía: Cortesía Eduardo Soteras/Ruido Photo. |
La primera es que ya el 15 de junio de 2009, la propia CNDH había dado a conocer un informe para el Senado de la República titulado Los secuestros de migrantes en México en el que se dio cuenta, con lujo de detalles, de varios miles de centroamericanos que fueron víctimas de esos delitos. En ese informe se documentó la participación de agentes de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, además de miembros del crimen organizado. En lugar del escándalo internacional que yo creí que iría a causar entonces tan pormenorizada denuncia de crímenes cometidos por representantes del Estado mexicano –como son los policías–, contra inmigrantes provenientes de varios países de Centroamérica, el gobierno de México se abstuvo de darse por enterado de lo denunciado por la CNDH en el informe que presentó ante el Senado de la República, y resulta que después de ese informe las cosas siguieron igual, mejor dicho, peor que en 2009.
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La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México
Por Gretchen Kuhner (Imumi).
Fotografía: Cortesía Toni Arnau/Ruido Photo |
En años recientes se ha visibilizado la situación que enfrentan las personas migrantes internacionales que transitan por México en su viaje hacia Estados Unidos. Como se trata de una población indocumentada, es complicado cuantificar los flujos. Igual que la cuantificación de los flujos en general, se pueden arrojar estimaciones del número de mujeres en tránsito con base en las estadísticas del INM. La mayoría intenta viajar por formas más clandestinas, con traficantes que les proporcionan documentación falsa para viajar en los autobuses o viajando por las carreteras con conductores de camión. Estas formas de trasladarse las vuelven aún más vulnerables a sufrir violencia. Se estima que más de 65% de mujeres migrantes contratan a un traficante para realizar el viaje a través de México.
El hecho de que las mujeres en tránsito sufran altos grados de violencia puede tener un impacto importante en la salud mental, afectando su capacidad de desarrollar sus vidas laborales y sociales llegando al país de destino.
La nueva Ley de Migración: una oportunidad perdida para garantizar derechos
Por José Antonio Guevara Bermúdez (CDHDF).
Fotografía: Cortesía Edu Ponces/Ruido Photo. |
México se distingue internacionalmente por reunir la calidad de país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, por lo que se esperaría que contara con leyes, instituciones y políticas que promuevan y garanticen todos los derechos humanos a ese sector de la población. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías para su protección y que los extranjeros tienen los mismos derechos que los mexicanos, a la vez que observa que éstos sólo podrán ser suspendidos o restringidos en los términos que ahí se establecen. En este contexto, desgraciadamente el artículo 33 de la CPEUM aún conserva la facultad del Ejecutivo para hacer abandonar del país sin juicio previo a toda persona extranjera cuya permanencia juzgue inconveniente, y prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país, incluido el derecho de petición en materia política, de acuerdo con el artículo 8˚ constitucional.
Por otro lado, México es parte de la gran mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que identifican un amplio e importante listado de prerrogativas para todas las personas bajo su jurisdicción, incluidas las personas migrantes, a las que se les reconocen derechos específicos y se prohíbe categóricamente discriminarlas por no ser nacionales.SECCIÓN ACCIONES
SECCIÓN REFERENCIAS
Nosotros somos los Zetas
Julio de 2009, estado de Tabasco.
Por Óscar Martínez
Fotografía: Cortesía Toni Arnau/Ruido Photo. |
Esta crónica surgió del hartazgo. Tras un año de escuchar su nombre en cada lugar al que fuimos, decidimos ir a buscarlos. Pero ¿dónde? ¿Dónde se encuentra a los Zetas? Optamos por una pequeña localidad del estado de Tabasco, al inicio de la ruta que dominan.
Fuimos a Tenosique y cuando los encontramos nos sorprendimos. Los encontramos en unas niñas que vendían refrescos, en unos policías, en un periodista, en unos delincuentes de las vías. En un pueblo con miedo que descubrimos de la mano de un agente encubierto.
—Luego de más de una semana en esta zona no me queda otra que decirle que su vida tiene que ser muy complicada. ¡Diablos! Lo pienso y no entiendo cómo sigue vivo —le digo.
El agente encubierto sonríe con orgullo mientras me mira fijamente y sostiene un silencio misterioso. Voltea a ver hacia la puerta, a pesar de que sabe que estamos solos en este pequeño café con estructura de pecera, rodeado por cristales desde los que podemos ver hacia afuera y nos podrían ver de no ser por el árbol de mango que nos oculta en la mesita del fondo.
—Con inteligencia —responde al fin—. No me muevo en camioneta del año, de esas grandes. Nunca porto ni arma a la vista y no aparezco en eventos más de lo necesario.
Un evento aquí no puede ser otra cosa que el asesinato de algún policía de uno de los pueblos de esta franja del sureste mexicano, o la escena del crimen que queda detrás de una balacera entre militares y narcotraficantes, o la intervención armada en un rancho perdido entre el monte donde esos criminales, los que mandan aquí, los Zetas, tienen a un grupo de centroamericanos encerrados. El celebérrimo “secuestro exprés”.
La norma jurídica como causa de discriminación contra migrantes en tránsito
Por Mario Santiago Juárez (idheas)
A mí me secuestraron en Veracruz…
Ellos, los secuestradores, decían que al que no pagaba
lo mandaban a la zona cero, creo que ahí es donde dejaban a los muertos,
pero no lo sé con certeza.
El comandante de la policía estatal estaba coludido con ellos,
se arreglaba con ellos, o sea, estaba involucrado con ellos (testimonio).
Fotografía: Eduardo Soteras/Ruido Photo |
Aunque no se sabe a ciencia cierta, se calcula que todos los años cruzan por nuestro país alrededor de 400 mil personas migrantes de forma irregular, cerca de 70 mil personas son detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). El camino que recorren cientos de miles de personas que cruzan por el territorio nacional en ocasiones se convierte en un verdadero tormento para muchos de ellos: un número indeterminado de personas muere asesinada en el camino y muchos otros se convierten en víctimas de delitos como la extorsión, el secuestro, violaciones sexuales y la trata de personas.
En los casos en los que las personas migrantes son detenidas en las estaciones migratorias del INM, el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso no son respetados. Además, sufren de detenciones prolongadas, violaciones al derecho a la salud, a la unidad familiar, entre otras restricciones.
Agresiones contra defensores de personas migrantes en México
Por Karen Trejo (CDHDF).
Fotografía: Campaña Stand Up United. Un equipo internacional que defiende los derechos humanos. Cortesía Amnistía Internacional. |
México es considerado un país peligroso no sólo para las personas migrantes en tránsito, sino también para las y los activistas de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que defienden los derechos humanos de este grupo vulnerable. En los primeros cinco meses de 2011 las agresiones, las amenazas, las tentativas de homicidio y los robos ya duplicaron la cifra de 2010.
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En 2010 el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en el municipio de Ixtepec, Oaxaca, que brinda alojamiento y ayuda humanitaria a personas migrantes procedentes de Centroamérica, principalmente, fue allanado por presuntos integrantes de la organización delictiva dedicada al secuestro conocida como los Zetas. Los trabajadores del albergue fueron amenazados si no entregaban a 15 personas migrantes que escaparon de un secuestro.
Por estos hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para el director del albergue, el padre Alejandro Solalinde, y su equipo de trabajo.
Librero del dfensor
Cuentos de jóvenes sobre personas refugiadas. ¿Y si yo fuera una persona refugiada…?, México, CDHDF/ACNUR/Conapred, 2010, 119 pp.
Esta obra compila los cuentos ganadores del concurso ¿Y si yo fuera una persona refugiada…? Comenzar de nuevo en otro país, en el que jóvenes de entre 13 y 18 años de edad escriben en torno a las vivencias y desventuras de personas que han tenido que dejar su lugar de origen por causas de fuerza mayor. Estas historias, aunque dramáticas y dolorosas, muestran cómo el deseo de vivir sobrepasa la intolerancia, la discriminación y el odio, que han dividido familias y destruido patrias a lo largo de la historia de la humanidad.
Atanacio Medellín, Iván Uriel, El surco: historias cortas para vidas largas,México, ATAMED/Los Reyes, 2011, 340 pp.
Encuentra estos títulos y más en el Centro de Consulta y Documentación de la CDHDF. Un espacio para la cultura y la reflexión.
Av. Universidad 1449, edificio B, planta baja, col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón,
01030, México, D. F. Tel.: 5229 5600, ext.:1818 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
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