Recordó que en enero pasado fueron asesinados los comunicadores Valentín Valdés Espinosa, en Coahuila; José Luis Romero, en Sinaloa; y Jorge Ochoa Martínez, en Guerrero.
Luego de registrarse más de 900 personas ejecutadas en enero de este año y tres periodistas asesinados, alertó que el país se esté “acostumbrando a contar cadáveres, y dentro de éstos, a los cuerpos de comunicadores y defensoras y defensores de derechos humanos”.
El funcionario de la CDHDF detalló que para la Relatoría para la Libertad de Expresión la violencia contra este sector es un atentado contra la democracia, fundamental para la construcción del Estado de Derecho.
“Cuando un Estado renuncia a la protección de comunicadores está mostrando que hay una sistémica debilidad en los mecanismos para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, enfatizó.
Ante ello, llamó a reformar el Código Penal Federal para considerar como delito del fuero federal todas las agresiones contra el gremio periodístico.
Además, notó un cambio en lo que al principio se registraba en esta materia, que era que 70% de las agresiones eran cometidas por servidores públicos, y 30% por la delincuencia organizada.
“El problema es que cuando la autoridad no hace una investigación adecuada, y se declara que algunos asesinatos podrían estar vinculados por la relación con grupos de delincuencia organizada, se presentan omisiones locales y federales al no fortalecer una política de protección”, comentó.
Detalló que para la Relatoría a su cargo lo que ocurra con cualquier periodista en el territorio nacional lleva a demandar a la autoridad una pronta investigación para castigar a los culpables.
Confió que en el Distrito Federal se registren avances en materia de libertad de expresión, como lo constituye el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que establecen compromisos de diversas dependencias públicas en el tema.
“Este signo es positivo porque es la única entidad del país que ha logrado este compromiso”, subrayó.
Sin embargo, creyó conveniente que las autoridades locales instrumenten procesos de capacitación tanto para este sector como para servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Anunció que la Relatoría impulsará la realización de un Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en la ciudad de México, el cual podría presentarse a principios de 2011, a fin de evaluar no sólo el estado de las quejas sobre el tema, sino también los avances en política pública.
Indicó que la Relatoría también implementará procesos de visibilización de diversos grupos de la sociedad que ejercen su libertad de expresión, y que generan pensamiento y debate con el uso de las nuevas tecnologías.
“No solamente es lamentar y condenar los asesinatos de periodistas, sino ampliar los espacios y en esto hay personas e iniciativas que se tienen que acompañar”, concluyó.
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