Editorial
El actual debate político, social e intelectual sobre la necesidad de reforzar el Estado laico en México ha generado opiniones encontradas entre quienes, por un lado, exigen la ampliación de los derechos políticos de las asociaciones religiosas y quienes, por el otro, piden que el Estado proteja las libertades de pensamiento y creencias dentro de la esfera de la vida personal de las y los ciudadanos, sin que éstas permeen las decisiones relacionadas con asuntos públicos.
Ambas posturas, a su modo, defienden el derecho a la libertad ideológica; sin embargo, en una democracia la mejor manera de garantizar la igualdad es con un Estado laico que brinde las condiciones óptimas de convivencia pacífica, libertad y seguridad, sin avalar o discriminar –a través de las leyes– una determinada moral.
A este respecto, es vital reconocer el valor de la libertad de expresión de las opiniones divergentes, siempre y cuando se emitan en el marco del Estado constitucional de derecho, ya que es en este ámbito donde se consolida el pluralismo político, ideológico y religioso que garantiza la dignidad humana frente a la escalada global de discursos de moral pública o fundamentalismos generadores de discriminación y odio.
Resulta preocupante que en la actualidad estas expresiones de intolerancia quieran frenar el proceso de reconocimiento social y jurídico de la multiplicidad de concepciones sobre la familia, la persona, los estilos de vida, la moral, las preferencias sexuales, y de los derechos a la salud reproductiva, la educación y la cultura, entre otros, que se está dando en la ciudad de México.
La reciente modificación al Código Civil para el Distrito Federal, aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los derechos que ello implica, suscitó un ambiente de polémica y discusión entre la visión jurídica y la visión moral.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) reconoce que la única posibilidad para armonizarlas es garantizando la vocación que, basada en la universalidad de los derechos humanos y en la igualdad de las personas frente a ellos, debe caracterizar a un Estado laico, cuyo objetivo es lograr relaciones armónicas en sociedades heterogéneas como la nuestra.
El llamado es a los poderes del Estado para que reflexionen sobre la responsabilidad que tienen frente a la sociedad mexicana de evitar fracturas sociales y recuperar la vocación laica, indispensable para posibilitar la vigencia de los derechos humanos de todos y todas, bajo el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación reconocidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este número de DFensor se presenta una serie de artículos en los que se desarrolla esta visión moderna de la separación entre la Iglesia y el Estado, la cual recupera el planteamiento de la noción de la conciencia individual, así como la defensa de la igualdad entre las personas, su dignidad y sus derechos fundamentales.
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