Opinión y Debate
Luis Perelman*
El derecho de las personas homosexuales a casarse y adoptar hijos, que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ha generado algunos efectos como el rechazo por parte de varias instituciones religiosas y de partidos políticos. Esta diferencia de posturas en un tema vital para el desarrollo de las familias en el Distrito Federal lleva a una reflexión sobre el derecho humano de las niñas y niños a un hogar, así como sobre el carácter laico del Estado mexicano.
En lo que todos coincidimos es en que nos preocupa sobremanera el bienestar de las y los niños, y estamos en contra de cualquier tipo de violencia o explotación hacia ellos, venga de donde venga. Los derechos humanos, y en especial los derechos sexuales promovidos por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (was, por sus siglas en inglés), así lo postulan.
En el Distrito Federal, como en todo el país, existen familias diversas que no corresponden con el modelo tradicional de padre, madre e hijas e hijos y que, sin embargo, son funcionales y felices. Sus derechos deben ser los mismos de las familias “tradicionales”: el reconocimiento por parte del Estado, el acceso a pensiones, a la salud, a la vivienda y, sobre todo, a vivir sin discriminación. La falta de estos derechos genera vulnerabilidad y desigualdad.
Para tener una idea sobre el número de familias que viven en esta situación en el país, partamos de que entre 5 y 6% de la población no es heterosexual,1 y quitemos a las y los menores de edad; veremos que por lo menos estamos hablando de tres millones de personas homosexuales. Y si de ellas la mitad ha tenido hijos, tendremos una cifra final de aproximadamente 300 mil familias homoparentales.
De acuerdo con varios estudios elaborados en Estados Unidos sobre comportamiento sexual –publicados entre 1979 y 1981–,2 al menos 20% de la población homosexual se casa por presión social, porque piensa que podrá controlar su deseo o que puede llevar una doble vida. Por otro lado, muchos hombres, y más fácilmente mujeres y personas homosexuales, deciden tener hijos sin necesidad del matrimonio. En México deberíamos tener una política pública a nivel nacional que estuviera orientada a estas familias, que ya son una realidad y que requieren el apoyo del Sistema Integral de la Familia (DIF).
Entre los logros importantes para estas familias se encuentran la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, aprobada por la ALDFel 16 de noviembre de 2006; el Pacto Civil de Solidaridad, aprobado por el Congreso de Coahuila el 11 de enero de 2007; y el recién aprobado matrimonio entre personas del mismo sexo, con la posibilidad de adopción en el Distrito Federal, el cual beneficiará a niñas y niños que se encuentran en orfanatos esperando por hogares de madres y padres amorosos con quienes puedan formar una familia.
En la legislación mexicana no ha sido prohibida la adopción por causa de la orientación sexual de las personas, caso que reconoció el mismo DIF nacional en un acuerdo firmado con representantes del Grupo de Madres y Padres por la Diversidad Sexual ante el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación (Conapred),durante la administración de Ana Teresa Aranda en 2005.
Desde hace 24 años estudios profesionales3 han confirmado consistentemente que no hay ningún daño a la salud mental, emocional o sexual de niñas o niños que se relacione con la orientación sexual de sus padres. Esto lo reafirma la Academia Americana de Pediatría, especializada en salud infantil.
Los problemas que éstos podrían enfrentar son la homofobia social y cultural. De hecho, el sufrimiento sería por la discriminación de que fueran víctimas sus madres o padres. Y hay que recordar que en México la discriminación es un delito.
Por eso, en la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess) –que integra a más de 50 organizaciones de sexología de todo el país–, emitimos el 22 de diciembre de 2009 un pronunciamiento en el que señalamos que la intolerancia y la discriminación son las que ocasionan la “ruina de las sociedades”, no la construcción de una cultura de respeto a la diversidad sexual y a los demás derechos humanos.
Por eso, condenamos la violencia y los abusos, y coincidimos en buscar el bienestar infantil dentro de familias que los aman. No importa cuál es la orientación sexual de las personas, sino el contenido de sus corazones. La verdadera familia es donde hay amor incondicional, ayuda mutua, protección ante las amenazas externas, seguridad e integridad, independientemente de la preferencia sexual de sus integrantes.
Afortunadamente existen leyes que han empezado a reconocer esta realidad. Ojalá pronto la sociedad y la cultura se integren para que podamos dedicarnos a atender los problemas sociales urgentes y mayúsculos, como la pobreza, la injusticia y la discriminación, que claramente han sido señalados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Notas al pie de página:
*Presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess).
1.-Mario Alberto Reyes, “Organiza cdhdf audiencias públicas para homosexuales”, en Notiese, 9 de octubre de 2007, disponible en , página consultada el 11 de febrero de 2010.
2.-Judd Marmor, Overview: The Multiple Roots of Homosexual Behavior, Nueva York, Basic Books, 1980; Allan P. Bell et al., Sexual Preference: Its Development in Men and Women, Bloomington, Indiana University Press, 1981; y Karla Jay, The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out about Sexual Experiences and Lifestyles, Nueva York, Summit Books, 1979.
3.-Richard Green et al., “Lesbian mothers and their children: A comparison with solo parent heterosexual mother and their children”, Archives of Sexual Behavior, vol. 15, núm. 2, abril de 1986.
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