11 de octubre de 2011

Revista dfensor 10-11 "Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión". Disponible en versión PDF aquí.

EDITORIAL

Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión



Fotografía: AMARC-México.
Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible para consolidar una sociedad democrática que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate en sus comunidades, intercambien información y conocimiento, y participen en la toma de decisiones públicas.

Frente al desarrollo incesante de las tecnologías de la comunicación, este reto obliga a gobiernos, empresas y sociedad en su conjunto a democratizar el entorno mediático conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Desafortunadamente, hoy en México esta libertad, junto con otras libertades fundamentales, está limitada por la violencia y criminalizada por una ideología impositiva de la seguridad que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas.

En este contexto la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios, resulta todavía más vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su funcionamiento.

En consecuencia, de acuerdo con diversas denuncias de organizaciones civiles encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México (AMARC México), autoridades federales y estatales realizan operativos para desmantelar cabinas de radio e imponer sanciones penales desproporcionadas a quienes participan en estos proyectos comunitarios –debido principalmente a la falta del otorgamiento de un permiso legal para utilizar el espectro radioeléctrico–, hechos que fueron documentados este año en sendos informes de las relatorías especiales para la protección del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con la firme convicción de que una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos un llamado urgente a los tres poderes de gobierno para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de la adopción de un marco legal de telecomunicaciones que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y genere un entorno mediático plural y accesible para todos los sectores de la población.

Como sociedad también tenemos el reto de reconocer que para darle voz a quienes han sido excluidos del debate público no bastan las leyes en el papel si no impulsamos desde nuestras comunidades en las zonas rurales y urbanas una verdadera comunicación comunitaria que detone el desarrollo integral que necesitamos para abatir la desigualdad social.



SECCIÓN OPINIÓN Y DEBATE


Medios comunitarios, desarrollo y democracia

Por José Miguel Álvarez Ibargüengoitia



Fotografía: AMARC-México.



El continuo incremento en número e importancia de los medios de comunicación comunitarios corresponde al creciente reconocimiento de su valor en el sistema internacional de derechos humanos. Un entorno mediático libre, independiente y pluralista es imprescindible para fomentar la democracia. Asimismo, avanzar hacia este panorama es un componente indispensable de las estrategias de desarrollo.
De acuerdo con los indicadores de desarrollo mediático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una mezcla diversa de medios públicos, privados y comunitarios es la clave de una ecología mediática saludable y un paso esencial en la ruta hacia sociedades más democráticas. Al facilitar a las comunidades la expresión de su voz, los medios comunitarios promueven el debate local, el intercambio de información y conocimiento, y la participación en la toma de decisiones públicas. De esta forma, aseguran el pluralismo, la diversidad de contenidos y la representación de los diferentes grupos e intereses sociales.

Seguir leyendo pp. 6



El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias

Por: Sergio Méndez Silva



Fotografìa: Radio Zapote

Un movimiento libertario recorre todo el territorio nacional desde la década de los sesenta: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean conducidos con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, no hay nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.
Éstas facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Así, por ejemplo, este tipo de radios, surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia; así como con la denuncia de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.


Las radios comunitarias en el IFE

Por Marco Levario Turcott

                             Fotografía:  Radio Zapote.
Entre finales de junio y principios de julio pasados, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las modificaciones a los reglamentos determinadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para afinar la organización de los próximos procesos electorales. Entre los cambios resueltos por el IFE se encuentra uno que, me parece, es fundamental, y que implica integrar expresamente a las radios comunitarias al Reglamento de Radio y Televisión del IFE en el artículo 48, que es donde las define como estaciones permisionadas que operan particulares sin fines de lucro.
Debe advertirse que desde que el IFE opera el nuevo modelo de comunicación política que el Congreso de la Unión configuró en 2007, las radios comunitarias son parte de los medios de comunicación que deben difundir la pauta de anuncios diseñada por la autoridad electoral para promover el voto y a los partidos políticos con registro.

Seguir leyendo pp. 18



Desde el agua y la montaña los pueblos tejen sus voces entre las nubes. Radios comunitarias en la Montaña y Costa Chica de Guerrero

Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fotografía: CDHM-Tlachinollan.
“Nuestros pueblos están incomunicados, por eso es necesario ofrecer nosotros mismos la comunicación. Poder informar sobre la contaminación, el calentamiento global, la deforestación. En estos tiempos de lluvia poder decirle a la población que debe tener cuidado con el cólera, con los deslaves y las inundaciones”, así explica don Delfino –profesor a cargo de la radio comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero, 98.3 FM La Voz de la Costa Chica– la razón de existir de esta radio comunitaria, una de las dos que son parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria.
En la Montaña de Guerrero existen comunidades aisladas, incomunicadas y enclavadas en barrancas alejadas de las cabeceras municipales, en donde es imposible recibir alguna señal de radio o televisión, y mucho menos de celular. Algunas comunidades llegan a tener una o dos casetas telefónicas y esto ya es mucho. Antes, cuando se lograba sintonizar en la radio alguna señal, resultaba ser de las grandes cadenas comerciales, ésas que abarcan gran parte del territorio mexicano y que están alejadas de toda pertinencia cultural para los pueblos indígenas de la Montaña, en donde cerca de 70% de la población habla lengua indígena.



SECCIÓN ACCIONES CDHDF

Emite CDHDF Recomendación 6/2011 por caso de tortura
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) emitió la Recomendación 6/2011 a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el caso de tortura infringida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Seguir leyendo pp. 30


cdhdf emite Recomendación 7/2011 dirigida a las secretarías de Gobierno y de Salud y a la pgjdf

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió la Recomendación 7/2011 a las secretarías de Gobierno y de Salud, así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por el caso de violación a los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de Viridiana López Centeno, interna del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (Centro de Readaptación Social SMA), y de su hija, su madre y su hermana.

Seguir leyendo pp. 32

Caso de violaciones a derechos humanos con motivo de la solicitud, expedición y aplicación del arraigo en el DF
(Respuesta de las autoridades)

Estado de aceptación


El 29 de abril de 2011, la CDHDF notificó la Recomendación 2/2011 a las autoridades referidas; el 20 de mayo del mismo año la PGJDF remitió su aceptación parcial, mientras que el 23 de mayo el presidente del TSJDF comunicó la aceptación de dicho instrumento. Posteriormente, el 25 de mayo y el 16 de junio, la Comisión solicitó a la PGJDF que reconsiderara su postura, sin embargo, el 8 de julio esa dependencia reiteró su aceptación parcial.


Caso de retardo injustificado en la integración y determinación de averiguación previa y negativa a investigar diligentemente
(Respuesta de las autoridades)  


Estado de aceptación


El 31 de mayo de 2011 la CDHDF notificó la Recomendación 3/2011 a la PGJDF; posteriormente, el 20 de junio este organismo recibió la respuesta de la Procuraduría capitalina, donde señaló que la aceptaba parcialmente. El 11 de julio la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF solicitó a la PGJDF la reconsideración de la Recomendación. Finalmente el 18 de julio de 2011 la dependencia reiteró la aceptación parcial del instrumento ecomendatorio.

Seguir leyendo pp. 36



SECCIÓN REFERENCIAS

Radio San Pedrito


                                  Fotografía:  amarc-México.
Todo empezó como un pasatiempo, recuerda Samantha Ruiz, quien junto con un grupo de familiares y amigos instaló hace 11 años la primera radio con bocinas en el zócalo de la delegación Tláhuac para difundir las tradiciones culturales del lugar. El éxito fue rotundo desde el inicio, cuando los habitantes tomaron el micrófono para enviar saludos, contar cuentos y leyendas de la región, y solicitar sus canciones favoritas. Fue hasta 2005 cuando, con el apoyo de la población y de las autoridades locales, formalmente nació Radio San Pedrito en el 94.1 de la Frecuencia Modulada (fm) con el objetivo exclusivo de difundir en los pueblos vecinos las festividades anuales en honor al patrono de la localidad, San Pedro Apóstol. Sin embargo, para mantener y diversificar el proyecto, posteriormente Samantha y su equipo se convirtieron en una Asociación Civil y buscaron financiamientos por medio de becas y de apoyos gubernamentales que a la fecha les permiten impartir gratuitamente cursos de radiodifusión comunitaria para los niños y adolescentes de la localidad. Gracias a la producción y difusión de reportajes y cápsulas de radio sobre temas de ecología, historia, tradiciones y problemáticas en la localidad, etc., Radio San Pedrito se ha convertido en un pequeño espacio que potencia la creatividad y fomenta el intercambio de ideas entre este sector que padece los embates de la violencia social, la desintegración familiar y las adicciones. “Nosotros no educamos a los niños y jóvenes, sino que los hacemos concientes y críticos de la realidad que viven, reforzando la importancia de los valores familiares y comunitarios para una sana convivencia”, dice Samantha. Al cabo, ella junto con los niños y adolescentes comparten el sueño de que algún día no existan restricciones de tipo legal ni económicas para consolidar su derecho a la libertad de expresión a través de su proyecto de radio comunitaria.


 La identidad de las radios comunitarias en riesgo

Por Alfonso Gumucio Dagron

Fotografía: Edgar Sáenz Lara

Hace más de seis décadas nacieron las primeras radios comunitarias en América Latina. Podríamos discutir cuál fue la primera y no sería un debate del todo estéril, porque permitiría abordar la pregunta que a mi juicio es la más importante actualmente: ¿qué es una radio comunitaria? ¿Cuáles son los criterios que permiten identificar a una radio comunitaria?
Cronológicamente existe evidencia de que la primera radio comunitaria rural fue Radio Sutatenza, instalada por el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín en un pequeño poblado del valle de Sutatenza, en Colombia, en 1947. Salcedo era, para su época, un pionero de la comunicación. Llegó a ese pueblo de 8 000 habitantes cargando un proyector de 16 milímetros para ofrecer a los feligreses algo que nunca habían visto: el cine. Un mes después regresó con un pequeño transmisor de radio de 90 vatios que un hermano suyo había armado artesanalmente. Por encima de la tecnología, Salcedo tenía una visión de la comunicación: creía en el diálogo como un proceso indispensable para reflexionar sobre los problemas de los campesinos, de manera que ellos mismos pudieran encontrar las soluciones.



 
Radio Zapote

Fotografía: CDHM-Tlachinollan.
Con el objetivo de “darle voz a quienes no tienen voz”, un grupo de activistas sociales, estudiantes, músicos y población simpatizantes con el movimiento indígena, crearon en 2001 la estación Radio Zapote en una improvisada cabina dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), animados por la labor de darle cobertura a la histórica llegada a la ciudad de México de una caravana de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que reivindicó en 1994 los derechos de la población indígena tras un levantamiento armado en la selva de Chiapas. Desde ese entonces Radio Zapote ha mantenido su compromiso original de difundir la cultura y los movimientos sociales a través de su programación que incluye desde géneros de música prehispánica hasta tradicional mexicana, pasando por cuentos y leyendas, hasta las demandas de los sectores indígenas, académicos y adolescentes, etc., que no tienen cabida en los medios de comunicación comerciales. Un grupo de personas voluntarias logra este cometido a través de una página de internet y con la ayuda de un transmisor que apenas genera 3 watts de potencia, extendiendo la señal a 4 kilómetros a la redonda a través del 87.65 de la Frecuencia Modulada (fm), de lunes a sábado durante las 24 horas del día. Tras esta hazaña que ya cumplió una década, Sergio Soto, antropólogo, locutor, programador y capacitador voluntario en Radio Zapote, opina que para consolidar el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación libres y comunitarios en México no basta con obtener un permiso de transmisión para protegerse de la criminalización en contra de quienes hacen estos medios, si antes no se hace una integración de la sociedad civil a las leyes de medios, permitiendo una verdadera democratización del entorno de comunicación que facilite la apertura de nuevos espacios mediáticos para incentivar la participación y reflexión de las personas.



Informe Corrupción, impunidad, silencio: la guerra contra los periodistas mexicanos

Por Cara Gibbons y Beth Spratt



Fotografìa: Radio Zapote

El presente informe, realizado por PEN Canadá y la Facultad de Leyes de la Universidad de Toronto, a través de su Programa Internacional de Derechos Humanos (IHRP), da cuenta de la situación de los periodistas y la libertad de expresión en México. En los fragmentos que se publican a continuación se refiere la situación de alta vulnerabilidad que sufren las radios comunitarias al no contar con un marco regulatorio que las reconozca, lo cual –de acuerdo con el documento– las deja a merced de autoridades estatales y federales, porque “los reglamentos mediáticos y el trato a las emisoras de radio comunitarias limitan la libertad de expresión en México, violando los compromisos del Estado de conformidad con el PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]”.

Seguir leyendo pp. 50



Regeneración Radio

                                Fotografía: amarc-México.
Influenciados por los ideales de cambio social plasmados en los albores de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX en las páginas del semanario “Regeneración” de los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, un grupo de estudiantes y ex estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo (CCH Vallejo) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó en 2005 la creación de Regeneración Radio, una estación de radio libre y comunitaria que a través de su barra musical y de programas de análisis alienta la creación de una conciencia que impulse un cambio económico, político, social y cultural “frente a las situaciones tan nefastas de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, impunidad, desigualdad y pobreza que afectan a la mayor parte de la población de nuestro país”, dice “el Puaz” (quien pidió omitir su nombre), integrante del colectivo que dirige la estación de radio. Ubicada en la explanada del plantel universitario y financiada por las ganancias de una kermés mensual, esta estación de radio difunde de lunes a viernes por medio de su página de internet y en el 105.3 de la Frecuencia Modulada (FM), las demandas de diversos movimientos sociales nacionales e internacionales, abriendo el micrófono a las voces y expresiones culturales de estudiantes, comerciantes, choferes de transporte público, trabajadores de fábricas, pobladores del norte de la ciudad de México, etc. A partir de una concepción socialista y anticapitalista el Puaz considera que la participación en la comunicación debe ser equitativa entre el emisor, el receptor y el medio, privilegiando el reconocimiento social antes que la autorización legal para hacer las transmisiones, porque “sabemos que nadie nos puede quitar nuestro derecho a la libertad de expresión y lo seguiremos ejerciendo a pesar de las consecuencias de la criminalización de nuestra labor”.



Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

Seguir leyendo pp. 56






La radiodifusión comunitaria: del desconocimiento a su persecución penal


Por Alán García Campos



 Fotografía: cdhm-Tlachinollan.
En la actualidad, las libertades enfrentan un proceso de erosión y vaciamiento desde diversos frentes. La ideología de la seguridad se ha empleado desmedidamente como un criterio directivo que pretende legitimar algunas de las principales limitaciones a las libertades fundamentales. Por otro lado, los privilegios generados por la creciente desigualdad en la distribución de los medios para ejercer los derechos conforman otro frente que merma la universalidad en la titularidad efectiva de las libertades.
La libertad de expresión padece los embates desde ambos frentes. Por ello, es preciso romper las inercias que desde la ideología de la seguridad apuntan hacia la adopción de respuestas drásticas y desproporcionadas, y debe asimismo adoptarse un sentido social en la definición del contenido y alcance de una libertad de profundo significado para la democracia. La anterior es particularmente relevante tratándose de la radiodifusión comunitaria.

Seguir leyendo pp. 60

14 de septiembre de 2011

Revista dfensor 09-11 "Educación para la paz para erradicar la violencia en las aulas". Disponible en versión PDF aquí.

Editorial


Educación para la paz para erradicar la violencia en las aulas


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

La violencia que hoy lamentablemente lacera a nuestro país exige al Estado y a la sociedad en su conjunto una respuesta impostergable, eficaz y de largo alcance con el fin de construir estrategias de paz que fortalezcan una sociedad respetuosa y que confíe en el valor que tienen los derechos humanos para alcanzar una verdadera convivencia democrática.

En la actualidad niños, niñas, hombres, mujeres y personas adultas mayores nos hallamos en un escenario complejo donde diversos tipos de violencias como la social, la estructural, la institucional, la cultural, la de género y la mediática, entre otras –que son alimentadas por la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación–, impactan negativamente en nuestros ámbitos de convivencia. La familia y la escuela, las dos principales instituciones socializadoras, no podían ser la excepción. Concretamente, es preocupante que el fenómeno del acoso escolar (manifestado en maltrato, amenazas, golpes, etc.) esté vulnerando sistemáticamente ciertos derechos que son fundamentales para el desarrollo de la infancia, como a la educación y a vivir en un entorno libre de violencia, establecidos en los artículos 19, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, la deuda con la infancia en México se vuelve aún más titánica al considerar que casi 24 millones de niños y niñas viven diariamente en condiciones de pobreza, desnutrición, violencia y falta de acceso a los servicios sociales básicos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ante este panorama, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos un llamado a las y los actores políticos y sociales para que protejan y garanticen efectivamente la realización de todos los derechos de la infancia mediante el reconocimiento de su dignidad y la protección de su integridad.

A la fecha, sigue siendo cuestionable que frente a la violencia escolar los esfuerzos institucionales se enfoquen en acciones coyunturales e inmediatas por medio del establecimiento de técnicas de “mano dura” que incrementan la fractura del tejido entre la comunidad estudiantil.

Es prioritario que apostemos a la creación de estrategias integrales de prevención de la violencia y a la consolidación de una sólida cultura de paz y de diálogo para la resolución noviolenta de conflictos en cada uno de nuestros ámbitos de convivencia.

El objetivo es lograr que el respeto, la tolerancia y la equidad se conviertan en el motor de cada una de nuestras acciones con el fin de acercarnos a la seguridad, la justicia y la democracia que tanto anhelamos en este país.


Sección Opinión y Debate


Acercamiento al fenómeno del acoso escolar (bullying)

Por Graciela Alpízar Ramírez

Para sentirme mejor en la escuela necesito...
que mis compañeros no me peguen.
Cristian Leo, 7 años, D. F.


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

El acoso escolar y el consumo de drogas en la infancia y la juventud son una preocupación para la sociedad, la cual convoca a instituciones y organizaciones al diseño e instrumentación de programas de protección para este sector de la población. El acoso escolar también es llamado hostigamiento escolar o bullying (palabra inglesa que significa matón). Es muy reciente hablar de él; sin embargo, cualquier persona que haya transitado por una escuela ha sufrido o ha sido testigo de este problema.

Referirse a dicho fenómeno es producto de la visibilización de la violencia que permea todos los ámbitos, incluyendo la escuela. Un estudio exploratorio realizado en el Distrito Federal obtuvo la percepción de estudiantes: 92% de nivel primaria y secundaria reportó que ha tenido acoso escolar, y 77% ha sido víctima, quien agrede o testigo de actos de violencia dentro de las escuelas. Estos datos permiten develar y dimensionar el problema.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o de centro escolar. Para Olweus, una persona sufre hostigamiento escolar o es victimizada cuando es expuesta en forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes.

Seguir leyendo, pp. 6.

***

Gestión de la diferencia en la escuela: un aspecto silenciado en la formación para la convivencia

Por Lucía Elena Rodríguez Mc Keon


Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

Es común escuchar a los maestros decir que la escuela ya no es lo mismo que era antes. En poco tiempo, el espacio escolar ha dejado de ser lo que fue hasta hace algunos años. El agobio frente a la dificultad para contrarrestar el clima de violencia que se incrementa día a día en nuestro país –y que pareciera convertirse en algo “natural” cada vez más en todos nuestros ámbitos de vida– hunde en la desesperanza a miles de profesores que ven desmoronarse ante sus ojos los pilares de un dispositivo escolar que al ser hecho para otro tiempo no puede adaptarse con flexibilidad a los nuevos tiempos. [Por ello, es necesario] propiciar un tipo de formación para la convivencia que se contraponga con aquella que por siglos ha contribuido a forjar un modo de ser comunidad que legitima la violencia de la desigualdad en las relaciones étnicas, de género, clase y también entre los niños y jóvenes con los adultos.

El resquebrajamiento de los principios que hasta hace muy poco habían dado sentido y organicidad al proceso formativo en la escuela, perfilando con ello un modo de ser una comunidad fuertemente jerarquizada y autoritaria, es hoy un tema fuertemente debatido.

Ante las preocupaciones que concitan el agotamiento de las estrategias que tradicionalmente habían funcionado como mecanismos para el disciplinamiento de niños, niñas y jóvenes, y en general, para la resolución de conflictos, se bifurcan en diversas opciones que abren caminos opuestos: frente a la tendencia a mantener y reforzar las normas existentes a través de la exclusión de cualquier tipo de diferencia y la imposición de penas más severas que se justifican con el argumento de la mano dura, surge la necesidad de probar nuevas soluciones, caminos alternativos que permitan replantear el modelo de comunidad que se construye en la escuela como vía para favorecer el aprendizaje de modos de convivir más democráticos e incluyentes, y que pongan en el centro la noción de los derechos humanos.

Seguir leyendo, pp. 12.

***

Violencia entre pares, reflexiones desde la butaca

Por Nashieli Ramírez Hernández


Educar para una cultura de paz significa educar
para la crítica y la responsabilidad,
para la comprensión y el manejo positivo de los conflictos,
así como potenciar los valores del diálogo y el intercambio
y revalorizar la práctica del cuidado y de la ternura,
todo ello como una educación pro social
que ayude a superar las dinámicas destructivas
y a enfrentarse a las injusticias.
Vicenc Fisas**



Nuevas aproximaciones a un viejo fenómeno

Con el surgimiento de la escuela pública hacia el siglo XVIII aparece lo que hoy conocemos como violencia entre pares, acoso y violencia escolar o bullying. Desde la literatura del siglo XIX, autores como Charles Dickens en Oliver Twist y La vida y aventuras de Nicholas Nickleby, Thomas Hughes con su novela Tom Brown’s schooldays, y el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi en su Periquillo Sarniento documentan este fenómeno.

Seguir leyendo, pp. 18.

***

Reflexiones sobre la relación violencia de género y violencia escolar

Por Irma Saucedo González


Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF

Introducción

Una de las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana actualmente es la violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida y la incapacidad del Estado mexicano para diseñar políticas públicas de prevención. Una de las razones por las cuales esto pasa se debe, en parte, a una mirada que interpreta los hechos violentos de manera fragmentada y en compartimentos estancos. Por esta razón se debe enfatizar que las reflexiones que solamente abordan los hechos violentos en el ámbito escolar son insuficientes y muchas veces peligrosas, ya que tienden a etiquetar grupos de jóvenes, comunidades y escuelas sin aportar información sobre los contextos familiares, comunitarios y las historias de vida de quienes se agreden o son víctimas de agresiones.

Las reflexiones que se presentan a continuación se derivan de la experiencia de un trabajo de investigación-acción que se desarrolló de septiembre de 2007 a diciembre de 2008. El proyecto “Promoviendo políticas públicas para la prevención de la violencia sexual en secundarias” culminó con una intervención tipo piloto de prevención primaria de violencia sexual en una escuela secundaria de la delegación Iztapalapa.

Seguir leyendo, pp. 23.

***

Acostumbrarse a la violencia es lo peor que nos puede pasar como sociedad

Entrevista a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación del Distrito Federal.


Fotografía: Archivo CDHDF.

En 1973 el psicólogo noruego Dan Olweus efectuó las primeras investigaciones con estudiantes víctimas de acoso, maltrato, amenazas e intimidación por parte de sus compañeros de clase, fenómeno conocido como bullying (acoso entre pares). Desde entonces y hasta la fecha diversos estudios han evidenciado la necesidad de analizar el fenómeno de la violencia escolar en un contexto de violencias –la intrafamiliar, de género y social, por ejemplo– que se nutren de factores como la desigualdad social, la pobreza, la discriminación y la inseguridad, entre otros.

Lamentablemente, en nuestro país las autoridades educativas aún no consolidan una visión integral y preventiva para analizar y enfrentar esta problemática. A este respecto, en entrevista con dfensor, el secretario de Educación del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, advierte que actualmente existen autoridades educativas que tienen la postura de seguir evadiendo el problema, “pues han de pensar que está afuera de las escuelas y no adentro, para no tomar ciertas responsabilidades”.

Sin embargo, éste no es el único obstáculo para la implementación de políticas públicas de largo alcance a favor de la construcción de una cultura de paz, tanto en la sociedad como en las aulas, ya que desde esta propia secretaria se está abordando el tema como una problemática coyuntural.

Seguir leyendo, pp. 28.


Sección Acciones

CDHDF emite Recomendación 4/2011 a SSDF, SGDF y PGJDF

Seguir leyendo, pp. 32.

CDHDF emite Recomendación 5/2011 a la delegación Coyoacán, SACM, Seduvi y Setravi

Seguir leyendo, pp. 34.

Sección Referencias

Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas.

Paulo Sérgio Pinheiro

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.
En este texto presentamos un fragmento del primer estudio exhaustivo y de conjunto llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra las y los niños. Fue realizado de manera directa y constante con ellas y ellos, quienes participaron en todas las consultas regionales llevadas a cabo en relación con el estudio, describiendo de modo elocuente la violencia que sufren y sus propuestas para ponerle fin. En este texto abordaremos los factores que originan la violencia contra la población infantil, las estadísticas a nivel mundial al respecto, y centraremos esta problemática en la escuela y en otras instituciones educativas, así como en las propuestas de solución.


Seguir leyendo, pp. 38.

***


Hacia una educación global para formar ciudadanos

Rigoberta Menchú


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

De acuerdo con algunos conocimientos de nuestros ancestros mayas, nuestros abuelos y abuelas, nos encontramos en una época de la humanidad donde hay una crisis global que significa decadencia global, decadencia espiritual, decadencia material y decadencia social.

Y, si no aceptamos que la decadencia es global podemos terminar remendando los problemas que tenemos, pero no vamos a encontrar los caminos del futuro.

Si partimos del hecho que hay una decadencia global, entonces con más razón debemos de plantearnos reformas, tanto institucionales como metodológicas. Y [también pensar] la reforma de cómo podemos volver a volcar nuestra mirada al saber de nuestra población, pues dentro de la población hay expertos en la resolución de conflictos, la resolución de problemas y gracias a eso es que nuestras sociedades existen hoy.

En cuanto a la decadencia, uno de los principales problemas es que se hace énfasis a la formación de las personas, pero no en una visión social, espiritual y material para el bien común.

Seguir leyendo, pp. 47.

***


Escuela de Formación, una alternativa a la violencia en la comunidad educativa


Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.

La tarea educativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha intencionado la sensibilización, capacitación y, de manera enfática, la formación en y para el ejercicio de los derechos humanos dirigida a poblaciones diversas como lo son las niñas, los niños, y las y los adolescentes y jóvenes. También, desde hace varios años, se ha puesto un acento estratégico en la formación de la población adulta, respondiendo a la demanda democrática y de cultura de paz que requiere la sociedad en la que vivimos.

Un tema que ha cobrado relevancia actual –aunque no es un asunto nuevo– es el de la convivencia escolar; es por ello que el personal docente y las y los servidores públicos que se encuentran de una u otra manera relacionados con el ámbito educativo representan un sector importante como agentes de cambio en la transformación social y en el proceso civilizatorio, dada la responsabilidad social que tienen al ser la cara del Estado y, por tanto, garantes de los derechos. Es así que, teniendo como población objetivo a este sector, la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos cuenta con el Programa Escuela de Formación, que es una estrategia educativa que entre su oferta imparte talleres, cursos y diplomados en los que se abordan temas como derechos humanos, derechos de la niñez, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, explotación sexual comercial infantil, educación para la paz, resolución noviolenta de conflictos, género y no discriminación, entre otros.

Seguir leyendo, pp. 50.

***

El cyberbullying en México: acciones para limitar su avance

Vanessa Maya Alvarado y Daniel Tapia Quintana


Ilustración: Ana Karen Olivares Vargas,
Julián Anaya Martínez y Marisela Valdés Silva/enap.

En los últimos años, la violencia escolar se ha extendido entre las y los estudiantes mexicanos como respuesta a los problemas de convivencia en el hogar, el entorno social o la violencia reflejada en los medios de comunicación. El balance de la agresividad en los planteles educativos es preocupante. Distintos informes coinciden en señalar que existe un incremento progresivo de dicho fenómeno en México (sep, 2008; INEE, 2007).

La violencia escolar es resultado de las relaciones entre los agentes educativos (profesores, estudiantes, padres y directivos). Dicho fenómeno tiene una explicación multifactorial en la que están presentes aspectos de personalidad, escolares, familiares y de relaciones interpersonales que predisponen a la violencia; de igual manera pueden estar inmersos factores como el contexto social y el económico.

De acuerdo con la Fundación Este País (2007), los factores asociados con la violencia en la escuela son de dos tipos: escolares y extraescolares. Dentro del primer grupo se encuentra lo relacionado con la escuela, su entorno y la interacción de las y los alumnos con la institución educativa. En el segundo grupo aparecen los aspectos personales y familiares de las y los estudiantes.

Seguir leyendo, pp. 55.

***


Políticas públicas, no discriminación y diversidad sexual

Mario Alfredo Hernández

Para Alejandro Juárez Zepeda.

Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.
Por mucho tiempo, el Estado ha abdicado de su obligación de garantizar derechos y libertades, en condiciones de igualdad y no discriminación, a las personas con preferencia sexual o identidad de género no convencional. La cuestión, como ha señalado Tony Kushner, implica una invisibilización del tema en la agenda pública, dado que los derechos “pueden lograrse o no, sobre fundamentos amplios o limitados, pero la liberación depende de una política que dé pasos más allá del solo reconocimiento legal, no de un retroceso antipolítico”. La discriminación, en este caso, es consecuencia tanto de la acción individual que genera espacios de inseguridad y violencia, como también de la omisión estatal en el diseño y aplicación de legislación y políticas públicas.

Si se las observa en perspectiva histórica, las sociedades latinoamericanas modernas aparecen con una identidad política insuficientemente laica y posconvencional en la que la cohesión social sea resultado de un consenso acerca del texto constitucional como fundamento del Estado de derecho y la garantía universal de libertades.

Seguir leyendo, pp. 59.

10 de agosto de 2011

Revista dfensor 08-11: Militarización de la seguridad pública ..................................................................... Versión en PDF disponible aquí

Editorial

Militarización de la seguridad pública, fractura de los derechos humanos.

Ilustración: Ángeles García/CDHDF.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la seguridad humana se consolida a partir de la satisfacción y protección que el Estado hace del conjunto de libertades y derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, lo cual en una democracia requiere de la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno y de la misma sociedad.

Partiendo de este enfoque, resulta problemático que en México la estrategia de seguridad pública esté delegando principalmente a las fuerzas armadas el combate a la delincuencia, por encima de la democratización de las policías civiles y del reforzamiento de políticas públicas eficaces y de participación ciudadana a favor de la prevención de la violencia y el delito.

Como consecuencia, el país vive una escalada de violencia atizada no sólo por la lucha territorial entre grupos de la delincuencia común y organizada, sino también por los enfrentamientos entre éstos y las fuerzas armadas, las cuales, al desempeñar funciones extraordinarias de seguridad pública por tiempo indefinido y sin controles de legalidad que transparenten y limiten sus actuaciones, vulneran gravemente los derechos humanos tanto de la población civil como de quienes integran los propios cuerpos de seguridad.

Frente a esta situación, sumada a décadas de corrupción e ineficacia institucionales en materia de procuración e impartición de justicia, el saldo de la “guerra” contra la delincuencia emprendida desde 2006 por la actual administración federal no podía ser menos alarmante: casi 60 mil personas muertas y un sinnúmero de casos impunes de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de tortura, de secuestro, de extorsión… Por acción directa u omisión, el Estado mexicano resulta ser el principal responsable de esta tragedia que enluta a miles de niños y niñas, hombres, mujeres y personas adultas mayores.

Ante tal realidad, es urgente reconocer que México enfrenta un complejo problema de seguridad que ciertamente no se resolverá con el uso de la mayor fuerza del Estado ni mucho menos con la suspensión del ejercicio de ciertos derechos humanos mediante la figura de estado de excepción para enfrentar la criminalidad, tal como ha sido planteado en una cuestionada iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la cual para bien del proceso democrático del país es y debería seguir siendo analizada públicamente en el Congreso de la Unión.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos el llamado a las y los actores políticos y a la sociedad en su conjunto para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad ciudadana que rebase la esfera exclusiva de la participación policial. Apostar al involucramiento activo de las y los ciudadanos y someter a controles de transparencia y rendición de cuentas a las instituciones de seguridad pública es una garantía del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la justicia y a la libertad personal, entre otros, que están constitucionalmente reconocidos en la legislación interna y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. México lo requiere y no hay más tiempo que perder.


Sección Opinión y debate


Las Fuerzas Armadas en las calles

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS (Insyde)


Ilustración: Maru Lucero y Edgar Sáenz Lara/CDHDF.
En este espacio no discutiré si las Fuerzas Armadas deben o no realizar funciones de seguridad pública. Bajo el supuesto de que seguirán haciéndolo, recomendaré una acción de gran calado que considero indispensable ante tal escenario. Parto de que la interpretación más popular percibe que la militarización de la seguridad pública es lo más adecuado, desde un razonamiento muy simple: ante la extrema violencia de la delincuencia, lo correcto es emplear la mayor capacidad de fuerza del Estado. Este fenómeno es altamente complejo, delicado y muy peligroso para el país.

Todo el diseño del Estado democrático moderno descansa en una premisa: el poder público funda su legitimidad en un diseño constitucional que pone los derechos fundamentales de las personas en la más alta jerarquía de valores y reglas. La autoridad del Estado gira en torno a esta esfera de derechos. Desde aquí fluye el diseño normativo del Estado en general, y del uso de la fuerza en particular.


***

Los derechos humanos, objetivo fundamental para la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional

RICARDO J. SEPÚLVEDA I. (CJDH)

Fuente: radiobemba.org
El 5 de abril de 2004 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para establecer la facultad del Congreso federal de legislar en materia de seguridad nacional. Esta decisión del constituyente se tomó a partir de las modificaciones que el propio Congreso realizó al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se había otorgado a la Secretaría de Gobernación (Segob) “la facultad de establecer y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (de acuerdo con la fracción XXIX) y “contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno” (según la fracción XXX), adición que se hizo para dar un marco de legalidad a las actuaciones que se hacían, desde esa Secretaría, a través de dependencias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Durante décadas las autoridades del país habían desplegado la actividad relacionada con la seguridad nacional en un marco de discrecionalidad absoluta. Los cambios propuestos deben entenderse como parte del esfuerzo del proceso de transición democrática, por hacer imperar el principio de legalidad.

Con esa base constitucional, el 31 de enero de 2005 se publicó la Ley de Seguridad Nacional, que tuvo por objeto fundamental definir los alcances del concepto mismo y, particularmente, establecer las reglas de coordinación interna para que se pudiera generar una verdadera política de Estado en la materia. Hay que apuntar, por tanto, que en ningún momento en esta ley se buscó otorgar facultades extraordinarias a las autoridades para enfrentar una amenaza de riesgo a la seguridad nacional sino todo lo contrario: precisar y acotar su actuación.


***

Ley de Seguridad Nacional: un paso en retroceso

MARIECLAIRE ACOSTA (CIDE)


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Durante la última década, México ha experimentado avances institucionales y políticos nada despreciables en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Ejemplo de ello son los distintos mecanismos creados para la protección de los derechos humanos a lo largo del país, así como las instituciones de transparencia y rendición de cuentas que han permitido un mayor escrutinio del ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La recién aprobada reforma constitucional en material de derechos humanos, así como la reforma en materia de amparo, son los últimos avances al respecto que permitirán la armonización de nuestro ordenamiento con los estándares internacionales.

Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir los altos niveles de inseguridad ni para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, tanto de la delincuencia común como de violaciones a los derechos humanos. La democracia en México se encuentra lejos de estar consolidada, y si no lo hacemos pronto, corremos el riesgo de perder lo poco que se ha ganado con tan arduo esfuerzo y, peor aún, de exponer al país a una permanente condición de inestabilidad y atraso.


***

La militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos de la población en situación de vulnerabilidad

ANA LUISA NERIO MONROY (Centro Fray Francisco de Vitoria)

Fuente: alejandro-ellugardetodos.blogspot.com

Introducción

En México la militarización de la seguridad, debida en gran medida a una mayor presencia de grupos del crimen organizado (entre los que destaca el narcotráfico), ha generado un contexto complejo y adverso para ejercer, defender y exigir los derechos humanos, afectando a toda la población y en especial a los grupos de población en situación de vulnerabilidad.

Militarización de la seguridad y violaciones a los derechos humanos

A finales de 2006 el gobierno federal diseñó una estrategia de combate a la delincuencia basada en la militarización de la seguridad pública, sin atender a las causas sociales que de fondo han dado origen al aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Tal decisión ha sido muy cuestionada por distintos sectores de la sociedad, particularmente por las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos, debido a que lejos de disminuir la espiral de violencia, ésta se ha incrementado de forma alarmante. Aunque en los últimos cuatro años 50 mil soldados han sido desplegados como parte de las fuerzas antidrogas, al primer trimestre de 2011 se han contabilizado cerca de 40 mil asesinatos de personas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.

Seguir leyendo p. 19

***

Nuevo pacto o fractura nacional

JAVIER SICILIA


Fotografía: Ernesto Gómez/CDHDF.

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan, a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan. Hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompaña la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país; que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Seguir leyendo p. 23

***

Más allá del 8 de mayo: ejercer ciudadanía, hacer paz

Karime Suri Salvatierra (INSIDE Social)

Fuente:
alejandro-ellugardetodos.blogspot.com
El 8 de mayo de 2011 una parte importante de la sociedad hizo eco de la convocatoria de Javier Sicilia quien, hasta antes de la muerte de su hijo Juan Francisco, dedicaba su quehacer profesional a la poesía; tal vez por eso el “estamos hasta la madre” logró conmover y articular a personas tan diversas. Más allá de factores socioeconómicos y generacionales, la diversidad se advertía en ese bricolaje que culminó su andar desde Cuernavaca y mostró su voz esa tarde en el zócalo del Distrito Federal.

Esa fecha será para muchos el inicio de un movimiento que visibilizó a numerosas víctimas que llegaron a esa condición como resultado de la impunidad, la corrupción, el abuso de poder y de una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, presentada está última como “la estrategia” en materia de seguridad del gobierno federal.

Quizá es pertinente recuperar una serie de reflexiones formuladas como parte de un foro que tuvo como objetivo mostrar que no hay violencia si no violencias, en plural, y que éstas son resultado de una serie de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Ahí, Clara Jusidman expone que en México se ha “tratado de curar la violencia mediante medidas de contención y el uso de la fuerza del Estado”, siendo así que “esta forma de enfrentar la violencia está violentando aún más la precariedad de la convivencia y conlleva la violación de los derechos humanos de amplios grupos de la población a los que con facilidad se les atribuye una culpabilidad no sustentada, tan sólo por tener ciertas características […]”.

Seguir leyendo p. 29

***

Sección Acciones



Celebra CDHDF resoluciones de la SCJN; amplían la protección de los derechos humanos en México

Seguir leyendo p. 34


Solicita CDHDF medidas cautelares a la CIDH a favor de personas migrantes y sus familias

Seguir leyendo p. 36


***

Sección referencias


La situación de la violencia en México

Edgar A. Gómez Jaimes (CDHDF)

Ilustración:Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

Antes de describir la situación que atraviesa México hoy en día, es necesario establecer alguna premisa sobre los modelos de seguridad y sus distintas dimensiones, es decir, plantear un concepto de seguridad amplio que implique una definición no sólo jurídica sino también filosófica y política, cuyas características estarán ligadas al tipo de Estado del que se trate.

Así, en uno democrático de derecho el enfoque para construir el concepto tenderá a establecer un equilibrio entre la preservación de la seguridad sin menoscabar los derechos humanos, es decir, un modelo de seguridad ciudadana en donde las personas se encuentren no sólo en el centro de las políticas públicas en la materia sino también en el proceso legislativo.

Ahora bien, en los últimos años el concepto de seguridad evolucionó en México, sobre todo en su dimensión de seguridad pública. Primero, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y antes de su reforma de 2008, al establecerla como una función del Estado para preservar el orden y la paz públicos, hasta llegar al concepto vigente expresado en su artículo 21 como “una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”.

Seguir leyendo p. 40

***

Contra la legalización de la ilegalidad: un repaso a la Ley de Seguridad Nacional

SILVANO CANTÚ (CMDPDH)

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/CDHDF.
México arrastra una lacerante pobreza, desempleo, un sistema de justicia inoperante, desigualdad en el ingreso, impunidad y corrupción, a lo que se suma la ola de violencia que desde 2007 se ha incrementado alarmantemente. Con ese trasfondo llama la atención que las políticas públicas en materia de seguridad carezcan de una atención amplia e integral para atacar las causas de fondo que alimentan la violencia y la criminalidad, en lugar de ello se privilegia el uso de la fuerza. Se ha hecho lo contrario, la estrategia ha agravado los problemas que busca atacar. Ciudad Juárez, hoy la ciudad más violenta del mundo, es un caso elocuente: mientras en 2006 tenía una tasa de homicidios dolosos de 18 por cada 100 mil habitantes, pasó a 93 en 2009.

En esta línea de estratagemas fallidas se inscribe la Ley de Seguridad Nacional que hoy se discute en la Cámara de Diputados, y que persigue: 1) la hiperinflación de los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos que por mandato constitucional corresponden exclusivamente a las autoridades locales, fundamentalmente a las policías y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y 2) la dotación de poderes de excepción tanto a las Fuerzas Armadas como a las agencias de inteligencia civil y militar.


***

México heroico: son mexicanos, son valientes

“¿No tiene usted miedo, alcalde?” “Todos tenemos miedo, compadre”.
Cada vez hay más mexicanos que se plantan ante el narco
 y se enfrentan al terror a pecho descubierto.
Aquí están sus historias.


PABLO ORDAZ (El País)

Fuente: OMAR TORRES/AFP
No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más de 40 mil mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el gobierno de Felipe Calderón. Día tras día los periódicos cuentan historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, [de] policías y políticos corrompidos por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él –un hombre de 40 años– y más a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas más peligrosas de México, que un día –después de que unos criminales mataran a su marido– se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.

Seguir leyendo p. 53

***

Morir por el Amazonas: la otra cara de la moneda brasileña

ELIZABETH PALACIOS (Revista Obras)


Fuente: AIDA
 El jueves 9 de junio de 2011 probablemente era un día como cualquier otro en la vida de Obede Loyla Souza, campesino, de 31 años de edad. Seguramente caminaba en medio de esos bosques tropicales cuya defensa estaba a punto de cobrarle una cara factura, aunque me gusta imaginar que él caminaba con esperanza.

Él era padre de tres hijos. Él vivía en el corazón del Amazonas y amaba su tierra −como todos deberíamos hacerlo pues es el pulmón del mundo−. Él fue asesinado ese jueves. Se trata del quinto defensor de los derechos ambientales que perdió la vida por ir en contra de los intereses económicos de unos cuantos, por defender el mundo, que es de todos y todas nosotras.

El cuerpo de Obede fue hallado descompuesto, dolido, macerado, como ha quedado el espíritu de quienes defienden la Amazonía en Brasil. Fue asesinado el jueves pero lo encontraron hasta el martes. Cinco días de incertidumbre y ¿por qué no decirlo? de esperanza. Su gente quería hallarlo con vida.