El derecho a la alimentación en tiempos de crisis

Editorial

En 2008, el derecho a una alimentación adecuada fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un componente fundamental de la solución sostenible a la crisis de la seguridad alimentaria mundial causada por los precios elevados de los alimentos. Los motivos tienen dos dimensiones: por una parte, la crisis afectó de manera desproporcionada a las personas que ya eran vulnerables, especialmente a quienes ya dedicaban una gran proporción de sus ingresos a adquirir alimentos; por otra parte, se reconoció que, en lo que respecta a la respuesta ante la crisis, el enfoque de la continuidad no funcionaría.

Los enfoques tradicionales, que se ocupaban de las dimensiones técnicas de la inseguridad alimentaria tanto en el aspecto de la emergencia como en el aspecto estructural, debían ser complementados mediante una dimensión que se centrara en la promoción del derecho a una alimentación apropiada y la reforma de la gobernanza mundial y nacional en materia de seguridad alimentaria.

El derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a tener acceso continuo a los recursos necesarios para producir, obtener o adquirir suficientes alimentos, no sólo para afrontar el hambre, sino también para garantizar su salud y bienestar. El reconocimiento de este derecho en la normativa internacional brinda un marco lógico para abordar las dimensiones fundamentales de la gobernanza en la lucha contra el hambre.

De igual manera, este derecho establece los principios de participación, no discriminación, transparencia y empoderamiento que rigen la toma de decisiones y los procesos de aplicación. También proporciona un marco jurídico –derechos y obligaciones– y mecanismos para incrementar la responsabilidad y el principio de legalidad.

Elaborar políticas públicas con una perspectiva basada en el derecho a la alimentación permite establecer un diagnóstico del problema de la seguridad alimentaria, así como diseñar, aplicar y supervisar iniciativas adoptadas en respuesta a la crisis económica, dejando de lado las prácticas asistencialistas.

Los precios elevados de los alimentos afectan a las personas más pobres del planeta, aquellas que carecen de tierras y a los hogares encabezados por mujeres, tanto del medio rural como del urbano. Los mayores precios de los alimentos, los menores ingresos y el mayor desempleo hacen que, aunque en conjunto la disponibilidad de alimentos en el mundo fuera relativamente buena en 2008 y lo siga siendo en 2009, el acceso de las personas pobres a dichos alimentos se haya visto perjudicado.

¿Cómo enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaria?, ¿cuál es el papel del Estado en esta problemática?, ¿qué alternativas han dado resultados positivos?, ¿qué dicen al respecto las y los líderes mundiales? En aras de reflexionar sobre estos y otros asuntos, DFENSOR dedica este número al derecho a la alimentación, en medio de una grave crisis económica mundial.