Sociedad y Estado: binomio para abatir la impunidad
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Ilustración: "Corrupción", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
En las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas.
Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de casi 60 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal contra el narcotráfico… En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad.
Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema inquisitorio –vigente aún en gran parte del país–incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.
Frente a este lamentable escenario, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideramos que para combatir eficazmente estos elevados niveles de impunidad tan arraigados es urgente implementar medidas de protección y garantía de los derechos humanos que incluyan procesos integrales de justicia, los cuales deben considerar: en primer lugar, la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos; en segundo, el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente; en tercer lugar, la reparación del daño a las víctimas y, finalmente, la implementación de medidas de no repetición.
Como gobierno y sociedad estamos llamados a abatir la impunidad, que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social se han convertido en problemáticas que amenazan poderosamente el desarrollo de la democracia mexicana, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como generando desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia. Por esa razón, hoy como nunca antes, México está ávido de soluciones que nos permitan enfrentar, dentro del marco de la legalidad, esas problemáticas que se han ido acrecentando en el último siglo. Esto, ¡aún es posible!
OPINIÓN Y DEBATE
La impunidad y la fractura de lo público
Por: Jesús Rodríguez Zepeda
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| Ilustración: ""Castigo", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de dejar sin castigo un delito cometido.
Se encuentra en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la esfera pública de una sociedad.
Rasgos de la impunidad
La impunidad es una anomalía o irregularidad presente en todo régimen político y en todo ordenamiento social. No existe ninguna experiencia social y legal de ausencia de impunidad, lo cual implica que en toda sociedad se registran cotas determinadas de delitos no castigados y de sujetos impunes que se sustraen de la acción del sistema de justicia.
Además, la impunidad es siempre difícil de medir, pues lo mismo se puede establecer conforme a una relación de inputs y outputs del sistema de justicia –casos o denuncias que entran al sistema contra sentencias condenatorias acertadas que genera el sistema– que como cálculo de la suma de delitos denunciados y no denunciados y respecto del cual se prestablece una necesariamente absoluta tasa de impunidad para los segundos.
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Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial
Por: Iván García Gárate
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Ilustración: "Papeleo", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
La impunidad se manifiesta en diferentes campos del quehacer público, pero es, en última instancia, un problema en el sistema de justicia y de sus operadores, que son los encargados de establecer las responsabilidades (penales, civiles, administrativas) derivadas de atentar contra la ley. En estas líneas dedicadas al tema de la impunidad se plantean algunas cuestiones no conclusivas sobre las instituciones y operadores judiciales del sistema de justicia, a partir de las funciones sociales y simbólicas que tiene el Poder Judicial.
La intención de este ejercicio es mostrar que, si bien el Poder Judicial tiene responsabilidad en el tema de la impunidad derivada de la función social y simbólica que cumple, las soluciones a este problema no recaen necesariamente dentro de sus facultades.
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Repensar la impunidad: el privilegio como impunidad y la legalidad como límite de la acción del otro
Por: Miguel Rábago Dorbecker
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Fotografía: "Omisión", María Rodríguez Cruz |
Un alto sentido de impunidad predomina en diversas áreas de la discusión pública de la sociedad mexicana: desde los discursos de aspirantes y titulares de órganos de gobierno, en las charlas en las mesas en casa y entre amigos, y en los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; así como en las exigencias en las mantas y pancartas de los movimientos sociales. Ante el abrumador consenso que percibe un importante nivel de impunidad dentro del sistema político y judicial mexicano, parecería obligado preguntarse si todos los sectores se refieren a lo mismo cuando hablan de impunidad.
Dicha percepción ya es de por sí inquietante, pues afecta la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana en asuntos públicos, la confianza en el Estado de derecho y la eficacia de la esfera jurídica estatal para mediar en conflictos sociales.
Dicha percepción ya es de por sí inquietante, pues afecta la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana en asuntos públicos, la confianza en el Estado de derecho y la eficacia de la esfera jurídica estatal para mediar en conflictos sociales.
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Ver para existir: homofobia e impunidad en México
Por: Alejandro Juárez Zepeda
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf) |
La homofobia y los crímenes de odio constituyen un fenómeno de larga data que, sin embargo, se ha mantenido invisibilizado a lo largo del tiempo en virtud de que el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual (LGBTI) se ha situado como el más discriminado entre todos los grupos vulnerados. La razón de esto estriba en que históricamente se ha construido a lo gay como una patología o una depravación. En consecuencia, quedaría legitimada la censura moral que se cierne sobre estas personas y las coloca en posiciones de desventaja e inseguridad.
Lo anterior explica la impunidad vinculada a la homofobia, que suele traducirse en la inacción de la autoridad para sancionar delitos y crímenes de odio, como expresión de un castigo socialmente legitimado. No se investiga o, si se hace, es de manera deficiente; tampoco se sanciona al funcionario o particular que niega un servicio, mucho menos se combate el acoso en las escuelas originado por estereotipos de género.
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ACCIONES
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| Fotografía: CDHDF. |
Al encabezar la ceremonia del aniversario 18 de la CDHDF y al cumplir dos años de su gestión, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que si bien es un organismo local, la CDHDF se ha desarrollado con una innegable vocación global, de la que dan cuenta las más de 100 000 personas que por diversas razones tienen contacto cada año con la Comisión.
Anunció que a partir del 3 de octubre se encuentra funcionando oficialmente la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, la cual brindará acompañamiento a las personas cuyos procesos de victimización han afectado sustancialmente sus vidas. “Con ello damos un giro al legiscentrismo en la visión tradicional de los derechos humanos, aportando un necesario componente psicosocial”, explicó.
Lamenta CDHDF decisión de la SCJN en materia de aborto
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que no se hayan logrado los ocho votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
Con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 la SCJN perdió la oportunidad histórica de proteger, de forma integral y definitiva, los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.
La falta de un voto para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones locales que estipulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y reconocerlos como personas nacidas, representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho. Con esta decisión se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país.
REFERENCIAS
El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina
Por: Felipe Gómez Isa
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf) |
En los últimos años hemos estado asistiendo a importantes avances tanto teóricos como normativos e institucionales para poder luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transición, un fenómeno que en América Latina supone un serio obstáculo para los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de derecho.
Estos avances ponen en relieve la extrema importancia que revisten los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad, como lo ha señalado insistentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La progresiva instauración del principio de jurisdicción universal, junto con la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI), también pueden suponer un avance en la lucha contra la impunidad crónica que ha asolado a la mayor parte de los países de América Latina.
Informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados/Misión a México.
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Fotografía: "Ocultar", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
El Informe señala que México confronta una situación de incremento de los actos violentos por parte principalmente de grupos vinculados a la criminalidad organizada. A pesar de varias medidas adoptadas por el gobierno al respecto, los tentáculos del crimen se han extendido en el país y empiezan a afectar la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad mexicana.
En presencia de esta situación, el Informe resalta que es aún más importante que exista una Judicatura sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones. También subraya la necesidad de proteger a los operadores de justicia frente a las amenazas e intimidaciones.
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Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves
Por: México evalúa
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Ilustración: "Ausencia", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
La inseguridad pública es un tema que se ubica en el centro del debate de la política pública en México. Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severos daños y afectaciones a la vida y expectativas de muchos mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
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Impactos psicosociales de la impunidad
Por: Alejandra González Marín
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Ilustración: "Mira", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
Introducción
Reflexiono en los impactos de la impunidad trastocando un orden solidario personal. Inicio pensando en la familia Radilla1 que, a más de 30 años, espera encontrar a su padre desaparecido por el Ejército mexicano; pienso en Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes desde hace casi 10 años fueron víctimas de tortura y violación sexual por parte de efectivos militares; pienso en doña Leonor Olvera y su búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de su hijo Jesús Ángel por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002. Pienso en las víctimas4 que se convierten en cifras de impunidad.
Seguir leyendo pp.57Mujeres trans: discriminación y lucha por derechos
Por: Frida García y Oralia Gómez
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Ilustración: "Descaro", María Rodríguez Cruz (cdhdf). |
Las mujeres trans se enfrentan, en no pocas ocasiones, a un contexto de violencia, discriminación e impunidad cotidiana. Este artículo presenta fragmentos editados del relato de vida de una mujer transexual, Frida García, quien es estilista, trabajadora sexual y luchadora social en la ciudad de México. Ella nos adentrará en un mundo lleno de luchas y desafíos, pero también de alegrías y deseos.
Su narrativa nos muestra claramente que no por sutil o velada, la discriminación deja de ser menos brutal y nociva. Y nos insta a idear la manera más justa y efectiva de intervenir en el contexto sociopolítico y económico imperante que permite que diversos abusos sean cometidos sistemática e impunemente en contra de la población travesti, transgénero y transexual en el México de hoy.
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