EDITORIAL
Fortalecer a la ciudadanía para consolidar la gobernabilidad democrática
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Fotografía: Ernesto Gómez Ruiz/cdhdf |
En el norte de África y en Medio Oriente hemos estado presenciando la articulación de poderosos movimientos sociales en contra de los regímenes autoritarios. En América Latina, si bien han sido diferentes, también las luchas y demandas de la población han posibilitado transiciones políticas en las décadas recientes.
Empero, pese a estos esfuerzos, las democracias incipientes siguen enfrentando serias crisis de credibilidad y de respaldo social; en el caso mexicano esto es debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos causadas por la persistente ineficacia gubernamental, la parálisis política, la corrupción, la impunidad, la violencia, la criminalidad, el privilegio de intereses particulares y, especialmente, por el escaso desarrollo en los ámbitos económico y laboral.
En estos términos, y de acuerdo con la encuesta 2011 de la corporación Latinobarómetro, no es de sorprender que el pesimismo invada a 73% de la población mexicana que dice estar insatisfecha con la democracia y que 36% afirme que en las actuales circunstancias le daría lo mismo vivir en un régimen autoritario que en uno democrático. Interpretar estos números nos obliga necesariamente a reconocer que más allá del voto en los procesos electorales para elegir representantes, la ciudadanía requiere de renovados mecanismos de participación ciudadana encaminados a consolidar una verdadera democracia participativa y representativa que le permita alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo que establece la Carta Democrática Interamericana.
En ese sentido, y en víspera de las elecciones presidenciales del próximo año –las cuales inevitablemente ya se enmarcan en un contexto de elevada criminalidad e inseguridad–, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal queremos recalcar la obligación del Estado para garantizar a la sociedad su derecho de participar de forma libre e informada en los asuntos de interés público que influyen en su vida cotidiana.
La ardua labor para fortalecer a la ciudadanía y recuperar la convicción democrática no puede posponerse más, por el contrario, es preciso que como sociedad reconozcamos y cumplamos el deber de reconstruir la confianza en nuestro potencial de organización para detonar la participación social que, sustentada en una cultura cívica, de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, afiance el desarrollo de esa democracia incluyente a la que tanto aspiramos. En nuestras manos está el éxito o el fracaso de que esto suceda.
OPINIÓN Y DEBATE
Riesgos regresivos y la necesidad de una mayor participación ciudadana
Por: Bernardo Barranco V.
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| Fotografía: Antonio Vázquez/cdhdf |
La transición democrática del país es lenta y azarosa, debe contar con la activa participación ciudadana porque está amenazada por evidentes signos de regresión y por preocupantes manifestaciones de autismo de una clase política que parece desentenderse de las grandes exigencias sociales y de la responsabilidad que tiene.
El contorno de nuestra transición de por sí está acechado por factores como el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, el descrédito social de los actores políticos, la guerra sucia y la indolencia. Una absurda paradoja es que los actores políticos reformen las reglas electorales para después burlar lo que ellos mismos han pactado.
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2012; un asunto de conciencia… para participar participando
Por: Raúl Ricardo Zúñiga Silva
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Fotografía: Alejandro Cuevas Romo/cdhdf |
Es la democratización de la vida diaria la que nos permite fortalecer nuestras relaciones íntimas, construyendo vínculos con los otros y otras, y lo que favorece la participación en los espacios públicos y privados.
La ciudadanía frente a las elecciones federales de 2012
Por: Ana Mercedes Saiz Valenzuela
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| Ilustración: Edgar Sáenz Lara/cdhdf |
El desencanto por la democracia está presente en México, como se puede constatar a través de dicha encuesta y con las cifras de participación ciudadana. Esta última se determina con la proporción que representan las y los ciudadanos que aparecen en la lista nominal y que efectivamente sufragaron el día de la jornada electoral. Es decir, qué porcentaje de personas de las que cumplían con los requisitos legales para votar acudieron el día de la elección a ejercer su derecho.
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Derechos humanos, rendición de cuentas y participación ciudadana
Por: Minerva E. Martínez Garza
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf |
En su Resolución 2003/36, relativa a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, la extinta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró como elementos esenciales de la democracia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los que incluyó la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Después, en su Resolución 2005/32, reafirmó que la promoción y la protección de los derechos humanos son imprescindibles para que exista una sociedad democrática.
Considerando la obligación de la administración pública de transparentar y rendir cuentas como un medio de salvaguarda de los derechos humanos, condición sine qua non de toda sociedad democrática, es pertinente profundizar en la reflexión de tres conceptos pilares del Estado moderno:
1. La relación entre una buena administración y los derechos humanos.
2. El derecho de acceso a la información como mecanismo de control para garantizarla transparencia y la rendición de cuentas.
3. La participación ciudadana como eje fundamental de las sociedades democráticas.
ACCIONES
Recomendación 4/2011
Caso de ausencia de medidas de seguridad al interior de los centros de reclusión; y negativa, restricción o retardo para referir a los pacientes a hospitales.
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Recomendación 5/2011
Caso de habitantes de la delegación Coyoacán (construcción de desarrollos habitacionales en el Callejón Esfuerzo 302 y Calzada de Tlalpan 3155).
Recomendación 6/2011
Caso de tortura infligida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del RPVN.
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Recomendación 7/2011
Caso de violaciones a los derechos humanos de quien en vida se llamara Viridiana López Centeno, interna del Cefereso de Santa Martha Acatitla, y de su familia.
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dfensor on line
La CDHDF exige esclarecer agresiones contra defensores de derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de Malú García Andrade, su madre Norma Andrade y demás familiares, luego de que ésta última fuera atacada a balazos el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es reconocida a nivel nacional por su defensa a los derechos humanos de las mujeres, labor que ha realizado de manera constante y permanente a partir del feminicidio perpetrado en contra de su hija Lilia Alejandra García Andrade, el cual a la fecha se mantiene impune.
La CDHDF informa que acompañará en todo momento las acciones que emprenda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno capitalino y organizaciones de la sociedad civil para brindar seguridad y protección a las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Aunado a estas acciones, la CDHDF lamentó profundamente el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien había denunciado y exigido incansablemente a las autoridades del estado de Sonora que esclarecieran la desaparición forzada de su hijo en 2010, la cual no ha sido resuelta hasta hoy. Moreno Núñez fue ejecutado el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, y era defensor de derechos humanos e integrante de la agrupación Movimiento por la Paz.
En torno a este caso concreto para la CDHDF resulta por demás preocupante la respuesta de la Policía Estatal Investigadora (PEI) que, en lugar de priorizar la indagación sobre el crimen, informó que el activista tenía antecedentes por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delito del cual en su momento fue exonerado.
Para esta Comisión es indignante que, una vez más, la primera respuesta que se recibe por parte de las autoridades responsables de indagar este tipo de hechos sea la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, en lugar de iniciar y dar cuenta sobre la adecuada investigación del caso, conforme a su mandato.
Tal como lo denunciara en vida Moreno Núñez, hechos como éste se han repetido en otros sucesos, donde pareciera que se toma como prerrogativa manchar el nombre de las y los defensores; un ejemplo lamentable de esto es el caso de Susana Chávez –que acuñara la frase “Ni una muerta más”–, quien después de haber sido asesinada en enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades declararon que estaba alcoholizada. Otra deplorable reacción fue ante los subsecuentes casos de la familia Reyes Salazar, cuyos integrantes han sido injustificadamente vinculados con organizaciones criminales.
Es importante señalar que ningún contexto justifica el asesinato de una persona ni que éste no sea investigado por las autoridades. Esos y otros hechos graves calificados inmediatamente por la autoridad tienden a desinformar a la población, violentando el derecho a la información y a la verdad.
En convicción de este organismo defensor, las madres y los padres asesinados por exigir la presentación de sus hijas e hijos con vida o el esclarecimiento sobre su asesinato se suman a la lista de víctimas de la impunidad que se vive en el país.
La CDHDF hace una vez más un llamado para que las autoridades competentes investiguen los delitos cometidos en contra de las y los defensores de los derechos humanos, a través de la aplicación de protocolos que ponderen la averiguación sobre las agresiones perpetradas, antes que realizar declaraciones públicas encaminadas a manchar sus nombres y desempeño en favor de otras personas.
REFERENCIAS
La importancia de la participación ciudadana en la democracia. El IFE y la formación de ciudadanía
Por: Luis Javier Vaquero Ochoa y Paola Contreras Peña
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf |
La discusión sobre nuestra democracia, su desarrollo en las últimas décadas y el papel que en ella asumen las y los ciudadanos constituyen un aspecto central para plantearnos hacia dónde va nuestro país y las expectativas acerca del Proceso Electoral Federal 2011-2012. En este sentido, la participación ciudadana es un aspecto nodal para que la democracia mexicana funcione y para dar viabilidad a la resolución de los problemas estructurales que hoy enfrentamos.
La aspiración del Instituto Federal Electoral (IFE) como organización autónoma del Estado mexicano que tiene entre sus funciones la educación cívica es cumplir esta obligación constitucional mediante la contribución a la construcción de la llamada democracia de ciudadanía y de una cultura de participación.
Voto y ampliación de derechos
Por: Jorge Carreón Perea
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Fotografía: Sonia Blanquel Díaz/cdhdf |
Uno de los fenómenos más antiguos, el cual se ha presentando en casi todas las sociedades a lo largo de la historia, es el referente a la migración. Y en el contexto de la globalización, éste adquiere connotaciones muy polémicas, sobre todo si pensamos en las recientes reformas aprobadas en Estados Unidos a través de las cuales se busca disminuir el flujo migratorio proveniente de los países del sur, principalmente de México y Centroamérica.
Las repercusiones económicas, sociales y culturales que emanan de la migración, tanto en el país emisor como en el receptor, son variadas y han contribuido a la formación de una nueva forma de comprender e incluso de habitar el mundo, debido a que se transforman los conceptos tradicionales para dar paso a nuevos elementos discursivos y de significado que trascienden las fronteras nacionales, ya que “los migrantes han sido, a lo largo de la historia, la evidencia más clara de la necesidad de pensar la nación desde formas más flexibles e imaginativas”
Participación política juvenil e internet
Por: Miguel Carbonell
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf |
Internet ha transformado nuestras vidas
A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas cotidianos y en nuestros pequeños debates políticos que no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que está cambiando el mundo.
A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas cotidianos y en nuestros pequeños debates políticos que no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que está cambiando el mundo.
Discutimos durante horas sobre la reforma del Estado, sobre la selección de los candidatos para tal o cual puesto de elección popular, sobre el desempeño del presidente o de sus secretarios, pero no siempre advertimos que tales debates en alguna medida se van volviendo irrelevantes frente a las nuevas formas de comprender y analizar el mundo.
La forma en que hemos sido educados, en la que se transmiten desde hace años los conocimientos, en la que nos informamos y viajamos está dando un vuelco de enormes dimensiones. La masificación de internet ha cambiado por completo sectores enteros de nuestras vidas a una velocidad y con una intensidad que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable. Algunos datos sirven para ilustrar la magnitud con la que el tsunami tecnológico está sacudiendo nuestras vidas.
En el mundo hay 1 970 millones de personas que utilizan internet, de las cuales 825 millones están en Asia (42%), 475 millones en Europa (24%), 266 millones en Norteamérica y 204 en América Latina y el Caribe (lo que representa 10.4% de usuarios a nivel mundial). En 2010 el número de usuarios de internet se incrementó en 14%. Para 2015 se estima que habrá en el mundo 3 500 millones de usuarios de la red.
Campaña Infancia sin violencia, iniciativa social que articula un consenso
Por: Red por los Derechos de la Infancia en México
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Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf |
Niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes de la violencia, esto ya es un consenso nacional. En México existe un clima de violencia generalizada, donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos y masacres juveniles; así como la presencia de nuevos casos de agresiones sexuales en instituciones educativas y una preocupante normalización del castigo corporal con fines supuestamente “educativos”, en conjunto hacen que la paz y la tranquilidad, necesarias para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectado, haciendo crecer el temor por su seguridad.
Desde diciembre de 2006 el gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico, con la intención expresa de contener su avance en el territorio nacional. Más allá de la legitimidad y buena intención de esta decisión, los estragos de la violencia armada en el país son altamente preocupantes: más de 40 mil asesinatos, entre los que se cuentan más de 1 400 niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida, para quienes la impunidad es la respuesta generalizada.
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