5 de enero de 2012

Revista dfensor enero 2012 “Hacia la dignificación del trabajo del hogar”

EDITORIAL

Hacia la dignificación del trabajo del hogar



Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

En medio de la vorágine de la economía global, en la que estados y empresas privadas en conjunto privilegian un sistema deshumanizado e inequitativo de producción y consumo, el mercado laboral atraviesa hoy por un contexto complejo de discriminación caracterizado por la explotación, la pobreza, la desigualdad, los prejuicios y la informalidad, factores que vulneran a hombres y mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos laborales.

Dentro de esta problemática está inserto el trabajo del hogar, el cual, a pesar de tener uno de los más elevados déficits de reconocimiento como empleo digno, se ha convertido en una de las principales opciones de trabajo en América Latina para las mujeres que son pobres, migrantes e indígenas, ya que de acuerdo con registros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo menos 14 millones de mujeres realizan esta actividad a cambio de una remuneración, esto sin contar a aquellas de las que no se tiene registro y que laboran por hora o por día en condiciones migratorias irregulares, ni a las y los niños que también realizan trabajo doméstico.

Desde esta perspectiva, la situación en México no podía ser menos compleja, y así lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, los cuales refieren que 91.6% de las personas trabajadoras del hogar de nuestro país no cuenta con un contrato laboral.

Esta grave vulneración, derivada tanto del incumplimiento como de las restricciones en las normas de protección a sus derechos humanos laborales y a la falta de medios para hacerlos valer, convierte a estas personas en un sector sin reconocimiento económico y social, perpetuando condiciones de trabajo degradantes que van desde extensas jornadas de trabajo hasta bajos sueldos y escasa o nula cobertura de seguridad social, contraviniendo los criterios generales establecidos en el artículo 123 de la Constitución mexicana y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.

Ante esta inaceptable situación, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteramos el llamado a los actores políticos y sociales para que den cabal cumplimiento a las acciones del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que están encaminadas a proteger los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar mediante la realización de reformas al capítulo xiii de la Ley Federal del Trabajo y a un mayor fortalecimiento a la labor de protección legal por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Como organismo defensor también exhortamos al Estado mexicano para que sin demora ratifique el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que es la primera norma laboral internacional vinculante y específica a favor de mejorar las condiciones de vida y de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos laborales de las y los trabajadores del hogar en el mundo, la cual fue aprobada en junio de este año en el seno de la OIT.

Es preciso decir que estos esfuerzos serán insuficientes si como sociedad no logramos erradicar las actitudes discriminatorias hacia este sector laboral, si no reconocemos el invaluable aporte que brinda su trabajo a nuestros hogares y al propio desarrollo de la economía. Recordemos que un verdadero Estado que garantiza los derechos humanos no permite que existan trabajadores de segunda categoría.


OPINIÓN Y DEBATE


¿Qué implica para México la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar?

Por: José A. Guevara B.



Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el total de la población empleada en México es de 43 809 329 personas, de las cuales profesionalmente se desempeñan como trabajadores o trabajadoras del hogar 2 019 310 (que representan 4.6% del total de la población empleada). De ellos, 1 824 028 son mujeres (aproximadamente 90% del total), mientras que 195 212 son hombres (9.6%). Del total de las trabajadoras del hogar, 147 027 tienen entre 14 y 19 años de edad (representando 7.3%). La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS) identificó que las personas trabajadoras del hogar de planta (residentes en el hogar en el que trabajan) representan 11.8% del total, mientras que la modalidad de entrada por salida (trabajadora que reside en otro domicilio) representó 88.2 por ciento.

El trabajo doméstico en México

Por: Marcelina Bautista.


Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

Durante el proceso de globalización se presentan cambios que impulsan un sistema de producción y consumo cada vez más integrado a nivel internacional, lo cual posibilita la concentración de los recursos y de beneficios en unas cuantas grandes empresas trasnacionales. Es una globalización que va excluyendo a amplios sectores sociales. La población más afectada sin duda es la campesina, porque en el proceso de globalización no puede insertarse en el mercado ni como productores ni como consumidores ni como trabajadores.

Este sector enfrenta serios problemas a nivel general. La alternativa de trabajo asalariado es muy limitada para los jóvenes del campo. Frente a las escasas opciones de que disponen en sus lugares de origen, para miles o cientos de miles de jóvenes la única vía es la emigración hacia los grandes centros urbanos o hacia Estados Unidos, arriesgando su vida debido a la creciente persecución de que son objeto; sin embargo, toman esta vía como estrategia de sobrevivencia.

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Mujeres indígenas trabajadoras del hogar

Por: Lorenza Gutiérrez Gómez.


Comunidad de origen, identidad y migración


Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

Cuando somos niñas y vivimos en nuestra comunidad con nuestras familias no vemos ninguna diferencia. Todos nos conocemos y nos saludamos al vernos, hablamos la misma lengua, trabajamos en el mismo campo, disfrutamos de la misma comida y participamos en las mismas fiestas. Allá todos somos iguales.

En nuestra comunidad aprendemos a saludarnos con respeto, vivimos la importancia de ayudarnos los unos a los otros, disfrutamos todos los días de la Madre Tierra y le damos las gracias por lo que nos da. Y todo esto lo aprendemos día con día, con el ejemplo de nuestros padres, viendo cómo lo hacen. Desde pequeñas, sentadas en la cocina, participando en la preparación de alimentos, acompañando a nuestros padres al campo, ayudando en la siembra, escuchando las conversaciones de los adultos, disfrutando de los preparativos de las fiestas. Ésa es nuestra escuela.

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Repercusiones de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar. Análisis cualitativo de la Enadis 2010

Por: Angélica González y Edwing Solano.



Fotografía: Edgar Sáenz Lara/CDHDF.

En un país donde la discriminación hacia ciertos grupos sociales es invisible por ser percibida como normal, destaca por su representatividad el caso de las trabajadoras del hogar. Existe una combinación de condiciones que interactúan para generar desigualdad y segregación hacia ellas: ser mujeres, migrantes, indígenas y pobres. Sin embargo, a pesar de representar a un grupo en situación de discriminación, las trabajadoras del hogar no son consideradas como tal por la población en general. Exploremos brevemente las razones.

En principio, el trabajo del hogar no se reconoce como trabajo formal sino como un apoyo, debido a que se realiza en casa y no en oficinas o empresas. En segundo lugar, porque es realizado en su mayoría por mujeres, y arquetípicamente las labores en el hogar son propias de la mujer; lo tercero es una consecuencia, ya que el valor de su trabajo no es reconocido económica ni socialmente. Por último, dos asunciones que se relacionan y tienen su base en estigmas y estereotipos: la sociedad asume que ellas no tienen derechos –por lo que muchas veces reciben malos tratos–, causando que ellas a su vez no se asuman como sujetos de derechos.

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ACCIONES

Realiza CDHDF y OSC la 10ª Feria de los derechos humanos



Fotografía: Ernesto Gómez/CDHDF.

En la construcción de la cultura de derechos humanos en la ciudad de México aún hay pendientes en materia de acciones de gobierno, pero también para la apropiación de las personas sobre sus propios derechos, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, durante la inauguración de la 10ª Feria de los derechos humanos, Una ciudad sin impunidad, realizada el 4 de diciembre en el Zócalo capitalino.



Pronunciamiento de la CDHDF con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en el marco del Día internacional de las personas con discapacidad, conmemorado el 3 de diciembre, celebra los avances logrados este año en el ejercicio y goce de los derechos de este sector de la población, pues muestran que el Estado mexicano comienza a cumplir las obligaciones que contrajo al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diciembre de 2007.

Cabe destacar que en febrero de 2011 se realizó la conformación del Mecanismo de mecanismos para la promoción, protección y supervisión de la aplicación de la Convención en México. En abril el Estado mexicano presentó su Informe inicial en torno a la aplicación de la Convención al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; donde puntualizó los desafíos que el país aún tiene y propuso acciones para hacerles frente. Ese trabajo se complementó con un informe alternativo elaborado por organizaciones de la sociedad civil (OSC). Estos esfuerzos permitirán al Comité formular recomendaciones para la adecuada implementación de la Convención en nuestro país.



REFERENCIAS


La experiencia de Conlactraho como organización internacional de trabajadores y trabajadoras domésticas

Por: Mary Rosaria Goldsmith Connelly.



Fotografía: cortesía CACEH, A. C.

La Conlactraho (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar), creada en 1988 por las representantes de grupos de trabajadoras del hogar remuneradas de 11 países latinoamericanos, es la primera organización regional de trabajadoras del hogar a nivel mundial. Aglutina principalmente asociaciones y sindicatos y en menor grado, federaciones nacionales […]

Fue fundada con los fines de visibilizar y valorar el trabajo del hogar remunerado y quienes lo realizan; fomentar la creación de sindicatos de trabajadoras del hogar en países donde no existían tales; promover sus reivindicaciones, llevando éstas a organismos internacionales; capacitar a las trabajadoras del hogar; facilitar el intercambio de experiencias entre ellas y apoyar la participación de sus dirigentas en espacios vinculados a las y los trabajadores; combatir la discriminación de clase, raza, etnia, edad y género.



Convenio de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos



Fotografía: Maru Lucero/CDHDF.

Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] de promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa;

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países;


Alimentación y agua, ingredientes de dignidad

Por: Javier Hernández Valencia.

Fotografía: Joaquín J. Abdiel/CDHDF.

Pareciera que, después de todo, ni cada infante traía su pan bajo el brazo, ni las cosas pintaban tan fácil como quitarle el dulce al niño. Las inapelables cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelan un México que navega por el siglo XXI con 28 millones de personas viviendo en “inseguridad alimentaria”, es decir casi cinco millones más que 2008; y 11.6% de la población que cuenta con una vivienda carece de agua entubada, lo cual supone que casi 13 millones de personas obtienen el vital líquido de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante.






El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal: principales hallazgos del Informe especial de la CDHDF

Fotografía: Archivo CDHDF.

La satisfacción del derecho a la salud de las más de 40 mil personas privadas de la libertad en los 10 centros de reclusión del Distrito Federal1 constituye un tema prioritario para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en función del elevado número de quejas que este organismo recibe anualmente sobre dicha materia.

Tan sólo entre los años 2003 y 2004, las quejas se incrementaron de 447 a 700.2 Por otra parte, durante 2009 se registraron 862 quejas, mientras que en 2010 se atendió un total de 958. Debe resaltarse adicionalmente que, del total de recomendaciones emitidas por la CDHDF desde 1993 y hasta abril de 2011, 22 se relacionan con violaciones al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.





7 de diciembre de 2011

Revista dfensor diciembre 2011 "Participación ciudadana: la vía para la democracia"

EDITORIAL

Fortalecer a la ciudadanía para consolidar la gobernabilidad democrática

Fotografía: Ernesto Gómez Ruiz/cdhdf
El actual contexto mundial de desestabilización económica, política y social se incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar una gobernabilidad democrática y garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la convivencia pacífica y respetuosa entre hombres y mujeres. Sin duda, una condición fundamental para lograr estos objetivos es la participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de interés público, con el fin de velar por la libertad, la igualdad, el bienestar y la dignidad humana.

En el norte de África y en Medio Oriente hemos estado presenciando la articulación de poderosos movimientos sociales en contra de los regímenes autoritarios. En América Latina, si bien han sido diferentes, también las luchas y demandas de la población han posibilitado transiciones políticas en las décadas recientes.

Empero, pese a estos esfuerzos, las democracias incipientes siguen enfrentando serias crisis de credibilidad y de respaldo social; en el caso mexicano esto es debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos causadas por la persistente ineficacia gubernamental, la parálisis política, la corrupción, la impunidad, la violencia, la criminalidad, el privilegio de intereses particulares y, especialmente, por el escaso desarrollo en los ámbitos económico y laboral.

En estos términos, y de acuerdo con la encuesta 2011 de la corporación Latinobarómetro, no es de sorprender que el pesimismo invada a 73% de la población mexicana que dice estar insatisfecha con la democracia y que 36% afirme que en las actuales circunstancias le daría lo mismo vivir en un régimen autoritario que en uno democrático. Interpretar estos números nos obliga necesariamente a reconocer que más allá del voto en los procesos electorales para elegir representantes, la ciudadanía requiere de renovados mecanismos de participación ciudadana encaminados a consolidar una verdadera democracia participativa y representativa que le permita alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo que establece la Carta Democrática Interamericana.

En ese sentido, y en víspera de las elecciones presidenciales del próximo año –las cuales inevitablemente ya se enmarcan en un contexto de elevada criminalidad e inseguridad–, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal queremos recalcar la obligación del Estado para garantizar a la sociedad su derecho de participar de forma libre e informada en los asuntos de interés público que influyen en su vida cotidiana.

La ardua labor para fortalecer a la ciudadanía y recuperar la convicción democrática no puede posponerse más, por el contrario, es preciso que como sociedad reconozcamos y cumplamos el deber de reconstruir la confianza en nuestro potencial de organización para detonar la participación social que, sustentada en una cultura cívica, de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, afiance el desarrollo de esa democracia incluyente a la que tanto aspiramos. En nuestras manos está el éxito o el fracaso de que esto suceda.



OPINIÓN Y DEBATE



Riesgos regresivos y la necesidad de una mayor participación ciudadana
Por: Bernardo Barranco V.


Fotografía: Antonio Vázquez/cdhdf

La transición democrática del país es lenta y azarosa, debe contar con la activa participación ciudadana porque está amenazada por evidentes signos de regresión y por preocupantes manifestaciones de autismo de una clase política que parece desentenderse de las grandes exigencias sociales y de la responsabilidad que tiene.

El contorno de nuestra transición de por sí está acechado por factores como el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, el descrédito social de los actores políticos, la guerra sucia y la indolencia. Una absurda paradoja es que los actores políticos reformen las reglas electorales para después burlar lo que ellos mismos han pactado.

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2012; un asunto de conciencia… para participar participando
Por: Raúl Ricardo Zúñiga Silva


Fotografía: Alejandro Cuevas Romo/cdhdf
Dice Anthony Giddens que “la democratización de la vida personal es un proceso menos visible, en parte porque no sucede en la esfera pública, pero sus implicaciones son igualmente profundas”, y son profundas porque involucra a lo más importante de nuestras sociedades, a cada una de las siete mil millones de personas que habitamos este planeta. Es en la esfera privada de cada una de nuestras vidas donde realmente nos comportamos como lo que realmente somos. Por ejemplo, si una persona en el espacio público es demócrata ante los demás y también lo es en la intimidad de su espacio privado con sus seres más cercanos, podemos decir que es una persona congruente.

Es la democratización de la vida diaria la que nos permite fortalecer nuestras relaciones íntimas, construyendo vínculos con los otros y otras, y lo que favorece la participación en los espacios públicos y privados.

La ciudadanía frente a las elecciones federales de 2012
Por:  Ana Mercedes Saiz Valenzuela


Ilustración: Edgar Sáenz Lara/cdhdf
Según el Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, en México de 2010 a 2011 bajó el apoyo a la democracia en nueve puntos. De acuerdo con esta organización las razones son la ola de violencia, la disminución del crecimiento y la caída en la percepción de progreso. En este estudio de opinión en México, ante la pregunta “En términos generales, ¿diría usted que [país] está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, este año sólo 22% respondió con la segunda opción, mientras que el año pasado fue 24% el que respondió de ese modo.

El desencanto por la democracia está presente en México, como se puede constatar a través de dicha encuesta y con las cifras de participación ciudadana. Esta última se determina con la proporción que representan las y los ciudadanos que aparecen en la lista nominal y que efectivamente sufragaron el día de la jornada electoral. Es decir, qué porcentaje de personas de las que cumplían con los requisitos legales para votar acudieron el día de la elección a ejercer su derecho.

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Derechos humanos, rendición de cuentas y participación ciudadana
Por:  Minerva E. Martínez Garza

 



Ilustración: Anahí  G. Alba Navarrete/cdhdf

En su Resolución 2003/36, relativa a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, la extinta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró como elementos esenciales de la democracia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los que incluyó la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Después, en su Resolución 2005/32, reafirmó que la promoción y la protección de los derechos humanos son imprescindibles para que exista una sociedad democrática.

Considerando la obligación de la administración pública de transparentar y rendir cuentas como un medio de salvaguarda de los derechos humanos, condición sine qua non de toda sociedad democrática, es pertinente profundizar en la reflexión de tres conceptos pilares del Estado moderno:

1. La relación entre una buena administración y los derechos humanos.
2. El derecho de acceso a la información como mecanismo de control para garantizarla transparencia y la rendición de cuentas.
3. La participación ciudadana como eje fundamental de las sociedades democráticas.

ACCIONES

Recomendación 4/2011

Caso de ausencia de medidas de seguridad al interior de los centros de reclusión; y negativa, restricción o retardo para referir a los pacientes a hospitales.

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Recomendación 5/2011

Caso de habitantes de la delegación Coyoacán (construcción de desarrollos habitacionales en el Callejón Esfuerzo 302 y Calzada de Tlalpan 3155).

Recomendación 6/2011

Caso de tortura infligida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del RPVN.

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Recomendación 7/2011

Caso de violaciones a los derechos humanos de quien en vida se llamara Viridiana López Centeno, interna del Cefereso de Santa Martha Acatitla, y de su familia.

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dfensor on line

La CDHDF exige esclarecer agresiones contra defensores de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de Malú García Andrade, su madre Norma Andrade y demás familiares, luego de que ésta última fuera atacada a balazos el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es reconocida a nivel nacional por su defensa a los derechos humanos de las mujeres, labor que ha realizado de manera constante y permanente a partir del feminicidio perpetrado en contra de su hija Lilia Alejandra García Andrade, el cual a la fecha se mantiene impune.

La CDHDF informa que acompañará en todo momento las acciones que emprenda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno capitalino y organizaciones de la sociedad civil para brindar seguridad y protección a las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Aunado a estas acciones, la CDHDF lamentó profundamente el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien había denunciado y exigido incansablemente a las autoridades del estado de Sonora que esclarecieran la desaparición forzada de su hijo en 2010, la cual no ha sido resuelta hasta hoy. Moreno Núñez fue ejecutado el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, y era defensor de derechos humanos e integrante de la agrupación Movimiento por la Paz.

En torno a este caso concreto para la CDHDF resulta por demás preocupante la respuesta de la Policía Estatal Investigadora (PEI) que, en lugar de priorizar la indagación sobre el crimen, informó que el activista tenía antecedentes por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delito del cual en su momento fue exonerado.

Para esta Comisión es indignante que, una vez más, la primera respuesta que se recibe por parte de las autoridades responsables de indagar este tipo de hechos sea la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, en lugar de iniciar y dar cuenta sobre la adecuada investigación del caso, conforme a su mandato.

Tal como lo denunciara en vida Moreno Núñez, hechos como éste se han repetido en otros sucesos, donde pareciera que se toma como prerrogativa manchar el nombre de las y los defensores; un ejemplo lamentable de esto es el caso de Susana Chávez –que acuñara la frase “Ni una muerta más”–, quien después de haber sido asesinada en enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades declararon que estaba alcoholizada. Otra deplorable reacción fue ante los subsecuentes casos de la familia Reyes Salazar, cuyos integrantes han sido injustificadamente vinculados con organizaciones criminales.

Es importante señalar que ningún contexto justifica el asesinato de una persona ni que éste no sea investigado por las autoridades. Esos y otros hechos graves calificados inmediatamente por la autoridad tienden a desinformar a la población, violentando el derecho a la información y a la verdad.

En convicción de este organismo defensor, las madres y los padres asesinados por exigir la presentación de sus hijas e hijos con vida o el esclarecimiento sobre su asesinato se suman a la lista de víctimas de la impunidad que se vive en el país.

La CDHDF hace una vez más un llamado para que las autoridades competentes investiguen los delitos cometidos en contra de las y los defensores de los derechos humanos, a través de la aplicación de protocolos que ponderen la averiguación sobre las agresiones perpetradas, antes que realizar declaraciones públicas encaminadas a manchar sus nombres y desempeño en favor de otras personas.


REFERENCIAS


La importancia de la participación ciudadana en la democracia. El IFE y la formación de ciudadanía
Por: Luis Javier Vaquero Ochoa y Paola Contreras Peña 

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf


La discusión sobre nuestra democracia, su desarrollo en las últimas décadas y el papel que en ella asumen las y los ciudadanos constituyen un aspecto central para plantearnos hacia dónde va nuestro país y las expectativas acerca del Proceso Electoral Federal 2011-2012. En este sentido, la participación ciudadana es un aspecto nodal para que la democracia mexicana funcione y para dar viabilidad a la resolución de los problemas estructurales que hoy enfrentamos.

La aspiración del Instituto Federal Electoral (IFE) como organización autónoma del Estado mexicano que tiene entre sus funciones la educación cívica es cumplir esta obligación constitucional mediante la contribución a la construcción de la llamada democracia de ciudadanía y de una cultura de participación.


Voto y ampliación de derechos
Por:  Jorge Carreón Perea 

Fotografía: Sonia Blanquel Díaz/cdhdf
Un primer acercamiento

Uno de los fenómenos más antiguos, el cual se ha presentando en casi todas las sociedades a lo largo de la historia, es el referente a la migración. Y en el contexto de la globalización, éste adquiere connotaciones muy polémicas, sobre todo si pensamos en las recientes reformas aprobadas en Estados Unidos a través de las cuales se busca disminuir el flujo migratorio proveniente de los países del sur, principalmente de México y Centroamérica.

Las repercusiones económicas, sociales y culturales que emanan de la migración, tanto en el país emisor como en el receptor, son variadas y han contribuido a la formación de una nueva forma de comprender e incluso de habitar el mundo, debido a que se transforman los conceptos tradicionales para dar paso a nuevos elementos discursivos y de significado que trascienden las fronteras nacionales, ya que “los migrantes han sido, a lo largo de la historia, la evidencia más clara de la necesidad de pensar la nación desde formas más flexibles e imaginativas”


Participación política juvenil e internet
Por: Miguel Carbonell



Ilustración: Anahí  G. Alba Navarrete/cdhdf
Internet ha transformado nuestras vidas

A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas cotidianos y en nuestros pequeños debates políticos que no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que está cambiando el mundo.

Discutimos durante horas sobre la reforma del Estado, sobre la selección de los candidatos para tal o cual puesto de elección popular, sobre el desempeño del presidente o de sus secretarios, pero no siempre advertimos que tales debates en alguna medida se van volviendo irrelevantes frente a las nuevas formas de comprender y analizar el mundo.

La forma en que hemos sido educados, en la que se transmiten desde hace años los conocimientos, en la que nos informamos y viajamos está dando un vuelco de enormes dimensiones. La masificación de internet ha cambiado por completo sectores enteros de nuestras vidas a una velocidad y con una intensidad que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable. Algunos datos sirven para ilustrar la magnitud con la que el tsunami tecnológico está sacudiendo nuestras vidas.

En el mundo hay 1 970 millones de personas que utilizan internet, de las cuales 825 millones están en Asia (42%), 475 millones en Europa (24%), 266 millones en Norteamérica y 204 en América Latina y el Caribe (lo que representa 10.4% de usuarios a nivel mundial). En 2010 el número de usuarios de internet se incrementó en 14%. Para 2015 se estima que habrá en el mundo 3 500 millones de usuarios de la red.



Campaña Infancia sin violencia, iniciativa social que articula un consenso
Por: Red por los Derechos de la Infancia en México

Ilustración: Anahí  G. Alba Navarrete/cdhdf


Niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes de la violencia, esto ya es un consenso nacional. En México existe un clima de violencia generalizada, donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos y masacres juveniles; así como la presencia de nuevos casos de agresiones sexuales en instituciones educativas y una preocupante normalización del castigo corporal con fines supuestamente “educativos”, en conjunto hacen que la paz y la tranquilidad, necesarias para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectado, haciendo crecer el temor por su seguridad.
Desde diciembre de 2006 el gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico, con la intención expresa de contener su avance en el territorio nacional. Más allá de la legitimidad y buena intención de esta decisión, los estragos de la violencia armada en el país son altamente preocupantes: más de 40 mil asesinatos, entre los que se cuentan más de 1 400 niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida, para quienes la impunidad es la respuesta generalizada.

8 de noviembre de 2011

Revista dfensor noviembre 2011 "Impunidad: síntomas de un Estado ausente"

EDITORIAL


Sociedad y Estado: binomio para abatir la impunidad


Ilustración: "Corrupción", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
En las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas.

Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de casi 60 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal contra el narcotráfico… En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad.

Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema inquisitorio –vigente aún en gran parte del país–incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.

Frente a este lamentable escenario, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideramos que para combatir eficazmente estos elevados niveles de impunidad tan arraigados es urgente implementar medidas de protección y garantía de los derechos humanos que incluyan procesos integrales de justicia, los cuales deben considerar: en primer lugar, la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos; en segundo, el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente; en tercer lugar, la reparación del daño a las víctimas y, finalmente, la implementación de medidas de no repetición.

Como gobierno y sociedad estamos llamados a abatir la impunidad, que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social se han convertido en problemáticas que amenazan poderosamente el desarrollo de la democracia mexicana, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como generando desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia. Por esa razón, hoy como nunca antes, México está ávido de soluciones que nos permitan enfrentar, dentro del marco de la legalidad, esas problemáticas que se han ido acrecentando en el último siglo. Esto, ¡aún es posible!

OPINIÓN Y DEBATE

La impunidad y la fractura de lo público
Por: Jesús Rodríguez Zepeda


Ilustración: ""Castigo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de dejar sin castigo un delito cometido.
Se encuentra en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la esfera pública de una sociedad.

Rasgos de la impunidad
La impunidad es una anomalía o irregularidad presente en todo régimen político y en todo ordenamiento social. No existe ninguna experiencia social y legal de ausencia de impunidad, lo cual implica que en toda sociedad se registran cotas determinadas de delitos no castigados y de sujetos impunes que se sustraen de la acción del sistema de justicia.

Además, la impunidad es siempre difícil de medir, pues lo mismo se puede establecer conforme a una relación de inputs y outputs del sistema de justicia –casos o denuncias que entran al sistema contra sentencias condenatorias acertadas que genera el sistema– que como cálculo de la suma de delitos denunciados y no denunciados y respecto del cual se prestablece una necesariamente absoluta tasa de impunidad para los segundos.

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Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial
 Por: Iván García Gárate



Ilustración: "Papeleo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

 La impunidad se manifiesta en diferentes campos del quehacer público, pero es, en última instancia, un problema en el sistema de justicia y de sus operadores, que son los encargados de establecer las responsabilidades (penales, civiles, administrativas) derivadas de atentar contra la ley. En estas líneas dedicadas al tema de la impunidad se plantean algunas cuestiones no conclusivas sobre las instituciones y operadores judiciales del sistema de justicia, a partir de las funciones sociales y simbólicas que tiene el Poder Judicial.

La intención de este ejercicio es mostrar que, si bien el Poder Judicial tiene responsabilidad en el tema de la impunidad derivada de la función social y simbólica que cumple, las soluciones a este problema no recaen necesariamente dentro de sus facultades.

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Repensar la impunidad: el privilegio como impunidad y la legalidad como límite de la acción del otro
Por: Miguel Rábago Dorbecker


Fotografía: "Omisión", María Rodríguez Cruz
Un alto sentido de impunidad predomina en diversas áreas de la discusión pública de la sociedad mexicana: desde los discursos de aspirantes y titulares de órganos de gobierno, en las charlas en las mesas en casa y entre amigos, y en los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; así como en las exigencias en las mantas y pancartas de los movimientos sociales. Ante el abrumador consenso que percibe un importante nivel de impunidad dentro del sistema político y judicial mexicano, parecería obligado preguntarse si todos los sectores se refieren a lo mismo cuando hablan de impunidad.

Dicha percepción ya es de por sí inquietante, pues afecta la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana en asuntos públicos, la confianza en el Estado de derecho y la eficacia de la esfera jurídica estatal para mediar en conflictos sociales.

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Ver para existir: homofobia e impunidad en México
Por: Alejandro Juárez Zepeda


 

Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf)

La homofobia y los crímenes de odio constituyen un fenómeno de larga data que, sin embargo, se ha mantenido invisibilizado a lo largo del tiempo en virtud de que el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual (LGBTI) se ha situado como el más discriminado entre todos los grupos vulnerados. La razón de esto estriba en que históricamente se ha construido a lo gay como una patología o una depravación. En consecuencia, quedaría legitimada la censura moral que se cierne sobre estas personas y las coloca en posiciones de desventaja e inseguridad.

Lo anterior explica la impunidad vinculada a la homofobia, que suele traducirse en la inacción de la autoridad para sancionar delitos y crímenes de odio, como expresión de un castigo socialmente legitimado. No se investiga o, si se hace, es de manera deficiente; tampoco se sanciona al funcionario o particular que niega un servicio, mucho menos se combate el acoso en las escuelas originado por estereotipos de género.

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 ACCIONES



Fotografía: CDHDF.
18 Aniversario de la CDHDF: ejemplo de institucionalidad y espacio de confianza ciudadana

A 18 años de su creación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha logrado consolidarse como ejemplo de institucionalidad democrática para los organismos del Estado Mexicano en su conjunto, así como en un espacio de confianza para las y los capitalinos.

Al encabezar la ceremonia del aniversario 18 de la CDHDF y al cumplir dos años de su gestión, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que si bien es un organismo local, la CDHDF se ha desarrollado con una innegable vocación global, de la que dan cuenta las más de 100 000 personas que por diversas razones tienen contacto cada año con la Comisión.

Anunció que a partir del 3 de octubre se encuentra funcionando oficialmente la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, la cual brindará acompañamiento a las personas cuyos procesos de victimización han afectado sustancialmente sus vidas. “Con ello damos un giro al legiscentrismo en la visión tradicional de los derechos humanos, aportando un necesario componente psicosocial”, explicó.



Lamenta CDHDF decisión de la SCJN en materia de aborto

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que no se hayan logrado los ocho votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.

Con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 la SCJN perdió la oportunidad histórica de proteger, de forma integral y definitiva, los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.

La falta de un voto para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones locales que estipulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y reconocerlos como personas nacidas, representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho. Con esta decisión se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país.



REFERENCIAS


El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina
Por: Felipe Gómez Isa


Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf)
En los últimos años hemos estado asistiendo a importantes avances tanto teóricos como normativos e institucionales para poder luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transición, un fenómeno que en América Latina supone un serio obstáculo para los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de derecho.

Estos avances ponen en relieve la extrema importancia que revisten los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad, como lo ha señalado insistentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La progresiva instauración del principio de jurisdicción universal, junto con la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI), también pueden suponer un avance en la lucha contra la impunidad crónica que ha asolado a la mayor parte de los países de América Latina.


Informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados/Misión a México.



Fotografía: "Ocultar", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
El Informe señala que México confronta una situación de incremento de los actos violentos por parte principalmente de grupos vinculados a la criminalidad organizada. A pesar de varias medidas adoptadas por el gobierno al respecto, los tentáculos del crimen se han extendido en el país y empiezan a afectar la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad mexicana.

En presencia de esta situación, el Informe resalta que es aún más importante que exista una Judicatura sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones. También subraya la necesidad de proteger a los operadores de justicia frente a las amenazas e intimidaciones.

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Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves
Por: México evalúa


Ilustración: "Ausencia", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
La inseguridad pública es un tema que se ubica en el centro del debate de la política pública en México. Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severos daños y afectaciones a la vida y expectativas de muchos mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.

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Impactos psicosociales de la impunidad
Por: Alejandra González Marín



Ilustración: "Mira", María Rodríguez Cruz (cdhdf).

Introducción
Reflexiono en los impactos de la impunidad trastocando un orden solidario personal. Inicio pensando en la familia Radilla1 que, a más de 30 años, espera encontrar a su padre desaparecido por el Ejército mexicano; pienso en Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes desde hace casi 10 años fueron víctimas de tortura y violación sexual por parte de efectivos militares; pienso en doña Leonor Olvera y su búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de su hijo Jesús Ángel por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002. Pienso en las víctimas4 que se convierten en cifras de impunidad.

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Mujeres trans: discriminación y lucha por derechos
Por: Frida García y Oralia Gómez


Ilustración: "Descaro", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
Las mujeres trans se enfrentan, en no pocas ocasiones, a un contexto de violencia, discriminación e impunidad cotidiana. Este artículo presenta fragmentos editados del relato de vida de una mujer transexual, Frida García, quien es estilista, trabajadora sexual y luchadora social en la ciudad de México. Ella nos adentrará en un mundo lleno de luchas y desafíos, pero también de alegrías y deseos.
Su narrativa nos muestra claramente que no por sutil o velada, la discriminación deja de ser menos brutal y nociva. Y nos insta a idear la manera más justa y efectiva de intervenir en el contexto sociopolítico y económico imperante que permite que diversos abusos sean cometidos sistemática e impunemente en contra de la población travesti, transgénero y transexual en el México de hoy.