Por: María Lorena Zárate*
Fotos: Camilo Pineda Estrada
Una imagen vale más que mil palabras. Dos imágenes pueden sintetizar con incuestionable crudeza la realidad urbana de América Latina. Mundos duales, desiguales hasta el extremo, en la región más desigual del mundo: opulencia, residencias y equipamientos de lujo, amplias avenidas arboladas y cuidadasáreas verdes, infraestructura y servicios en abundancia. Una vida perfecta que se contrapone con la que viven las mayorías: falta de empleo, salarios de miseria, viviendas precarias, asentamientos sin servicios ni infraestructura ni equipamientos. Una vida sin derechos. Una vida de no ciudadanas(os).
El territorio es a la vez reflejo y alimento de esa desigualdad. La exclusión económica, política, social y cultural es también, por supuesto, segregación espacial. Como si no lo supieran, gran parte de los gobiernos ha ido abandonando su responsabilidad en la planeación urbana, favoreciendo las apropiaciones privadas de bienes y espacios públicos y la especulación inmobiliaria sin restricciones. Mientras tanto, se desconocen y hasta criminalizan los esfuerzos individuales y colectivos por disponer de un techo y un hábitat donde vivir. La ciudad-negocio vale más que la ciudad-derecho.
Frente a esta realidad, desde hace más de veinte años un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil venimos manifestando nuestro compromiso por crear nuevos paradigmas y prácticas sociales de producción y disfrute de los asentamientos humanos. Así, en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), el Forum Nacional de Reforma Urbana (fnru-Brasil), el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) y la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) redactamos y suscribimos conjuntamente un Tratado sobre urbanización por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.
Unos años después, en el marco de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores Repensando la Ciudad desde la Gente (ciudad de México, 2000), más de 300 representantes de organizaciones y movimientos sociales de 35 países de cuatro continentes debatieron la construcción de un ideal colectivo como base para la realización de ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, habitables, sustentables, productivas y seguras.
Sin duda ese proceso cobra nueva fuerza y amplía sus dimensiones y contenidos cuando se inscribe desde 2001 en las actividades anuales del Foro Social Mundial y el Foro Social de las Américas. Miles de personas y decenas de instituciones de la sociedad civil de 16 países de América Latina han participado desde entonces de los debates, elaboración, firma y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, promovida además por redes como el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) y la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (Selvip), y suscrita incluso por instancias de la onu como la UNESCO y el Programa Hábitat.
Paralelamente, se han venido generando instrumentos jurídicos de parte de algunos gobiernos a nivel local, nacional y regional que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Entre los más avanzados por sus planteamientos y propuestas destacan la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001 y la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006).
Por su parte, los Ministros y Máximas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe cuentan desde 2007 con una instrucción precisa de los jefes de Estado y de gobierno para que “promuevan la consagración del derecho a la ciudad mediante la generación de políticas públicas que aseguren el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, infraestructura y equipamiento social y los mecanismos y las fuentes de financiamiento suficientes y sustentables” (Declaración de Santiago, punto 29 del Plan de Acción).
En pocas palabras, el derecho a la ciudad, entendido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, hace tiempo que es mucho más que un eslogan. No es difícil encontrarlo en pancartas, denuncias y propuestas por la reforma urbana (instrumentos legales, administrativos, económicos, financieros y otros) así como en eventos, investigaciones, publicaciones y cátedras. El proceso de sensibilización, formación, reflexión y movilización tiene ya vida propia.
La ciudad que queremos, y que en muchos lugares estamos ayudando a construir, es también una imagen. Ciertamente inspirada en el debate internacional y en los documentos locales ya desarrollados y en implementación, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad tiene características que la hacen única a nivel mundial, tanto en el proceso de su elaboración y promoción como en sus contenidos y propuestas.
Es una iniciativa surgida desde diversas organizaciones sociales y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal. Un año más tarde se conformó un Grupo Promotor inicialmente integrado por representantes de organizaciones del Movimiento Urbano Popular, la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del gdf, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, incorporándose también el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Procuraduría Social del Distrito Federal.Desde entonces se ha organizado una serie de eventos públicos de promoción e intercambio (también en otras ciudades del país), incluyendo una Carpa sobre Derecho a la Ciudad y al Hábitat en el marco del Foro Social Mundial-México llevado a cabo en el Zócalo de esta capital, y se han producido diversos materiales sustantivos de debate y difusión.
Fruto de este amplio proceso se cuenta ahora con un Proyecto de Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad que desde inicios de septiembre se ha puesto a consideración del jefe de Gobierno y de todas las personas interesadas. Durante los próximos dos meses se esperan contribuciones para enriquecer y precisar sus contenidos, proceder a su firma y por supuesto a la definición y puesta en marcha de la estrategia para su implementación en el corto, mediano y largo plazo.
Según explicita en su Preámbulo, la formulación de esta Carta tiene como objetivos centrales contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable; contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable; contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.
Su contenido –propuestas de políticas públicas para avanzar en la implementación del derecho a la ciudad– se estructura en torno a seis fundamentos estratégicos:
Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad
Una ciudad en la que todas las personas (niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres y hombres) disfrutan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la cimentación de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social.
Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad
Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y las reglas para su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio.
Gestión democrática de la ciudad
Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión hasta el más alto nivel de la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos.
Producción democrática de la ciudad y en la ciudad
Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias.
Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno
Una ciudad donde sus habitantes y autoridades garantizan una relación responsable con el medio ambiente de modo que posibilite una vida digna para individuos, comunidades o pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar áreas naturales, de reserva ecológica, otras ciudades ni a las futuras generaciones.
Disfrute democrático y equitativo de la ciudad
Una ciudad que fortalece la convivencia social, el rescate, la ampliación y mejoramiento del espacio público y su utilización para el encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas y posiciones políticas.
A diferencia de otros instrumentos vigentes, la Carta por el Derecho a la Ciudad concibe este derecho en un sentido amplio, que no se limita a reivindicar los derechos humanos individuales con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sino que integra derechos y responsabilidades que los implican en la gestión, producción y desarrollo responsable de la ciudad. Dentro de esta perspectiva, no se trata solamente de la construcción de condiciones para que todos y todas accedan a los bienes, servicios y oportunidades existentes en la ciudad, sin discriminación, sino de perfilar la ciudad que deseamos y queremos construir para las futuras generaciones. 1
Esta utopía que camina es consciente de que su realización y su sentido dependerán de la apropiación y protagonismo activo de sus habitantes. Sigamos sumando nuestros granitos de arena.
* Coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina Regional para América Latina (HIC-AL).
** El presente texto ha sido publicado en la revista DFENSOR del mes de noviembre y es un extracto del artículo del mismo título publicado en Ciudad y Ciudadanos, boletín electrónico, Grupo Hábitat de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (alop), septiembre de 2009. Véase , página consultada el 12 de octubre de 2009.
Nota al pie de página:
1 Más información y materiales vinculados a estos procesos disponibles en y . Páginas consultadas el 29 de octubre de 2009
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