La infancia en México a veinte años de la CDN*

Por: Rogelio Padilla Díaz**

Fotografías: Joaquín J. Abdiel

Los niños y jóvenes mexicanos merecen y reclaman un país donde la justicia social sea para todos y donde las decisiones que se tomen en cualquier ámbito de la vida sean siempre pensando en la gente, en su desarrollo y felicidad, es decir, un país justo, con leyes adecuadas que garanticen los derechos de toda su gente, que sea una tierra de oportunidades para todos. Este país, que con pocas palabras dibujo y describo, no existe, lo debemos construir.

Para mucha de nuestra gente, para demasiados millones de niños, niñas y jóvenes, sus oportunidades de supervivencia y desarrollo están amenazadas. Tal vez tendríamos que agregar “hoy más que nunca”, por los efectos de la cruel crisis que siempre le pega más duro a las y los de siempre… a las personas pobres. Pero para ellas pareciera que siempre es lo mismo, una cadena perpetua.

Son niños y niñas cuya primera experiencia de hambre la vivieron en el vientre de una madre anémica de las millones que existen en América Latina (hasta hace unos cuantos años la estadística hablaba de que 70% de las mujeres embarazadas padecían anemia, confío que en la actualidad el porcentaje haya disminuido, pero desconfío que haya sido de manera drástica). El contacto con lo que será su realidad brutal, se origina en el mismo claustro materno y todo lo demás vendrá por añadidura.

La tragedia que viven millones de pequeños seres humanos no ha sido erradicada, a pesar de que en la última década del siglo xx en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya aprobado la Convención de los Derechos del Niño y con ello contar con un tratado internacional con carácter vinculante para los Estados miembros y firmantes de la misma.

¿Declaración pesimista la mía cuando estamos en un marco de reflexión y festejos, precisamente del cumplimiento de 20 años de la Convención de los Derechos del Niño? No. Defiendo mi derecho a radicalizar mi esperanza y la creencia firme que como ciudad, país y planeta, podemos y debemos avanzar más rápido y con eficiencia y eficacia en materia de atención a los derechos de niños y niñas.

México es parte de un mundo que no ha sabido preservar la vida de su infancia y que, por el contrario, ha tomado decisiones que han destruido posibilidades de vida digna y futuro bueno, a millones de pequeños seres humanos.

Cada nación tiene su inventario de las respuestas que ha tratado de organizar para afrontar la problemática diversa de sus niños y jóvenes. También es cierto que esas respuestas representan avances, pero todavía son insuficientes.

Para llegar a esta conclusión, no es necesario recurrir a un exhaustivo estudio, basta con leer dos o tres estadísticas actuales o caminar por las calles de las principales ciudades de América Latina y nos toparemos, aunque tratemos de evitarlos, con niños y niñas viviendo o trabajando en la calle, sus figuras llenas de andrajos, de pobreza y desesperanza echada encima son inconfundibles.

Construirnos como sociedades justas y con mayores indicadores de calidad de vida y desarrollo humano debe ser compromiso y tarea de gobernantes y gobernados. Y es precisamente en este campo, que las naciones debemos reconocer la deuda contraída con la infancia y juventud marginada y pobre y las omisiones y los abusos cometidos en su contra.

Esto no significa que no reconozcamos lo que ya se hace y se hace bien. Se trata como dicen los políticos de redoblar compromisos y esfuerzos… pero que la palabra se haga acción, política pública, presupuesto, monitoreo y evaluación.

Lo primero que tenemos que hacer, en la búsqueda de la protección a nuestra infancia, es renunciar a la tentación de hermosear la realidad que viven los niños, reconocer que no hemos sabido ser sociedad para la infancia, que no hemos creado una cultura de y por la infancia.

Reconocernos también como nación todavía aprendiz en cultura de derechos humanos. Reconocernos como nación y ciudad que gasta poco a favor de la vida de su infancia comparada con la inversión que se realiza en otras áreas, no necesariamente prioritarias. Reconocernos como sociedad en la que nunca sus niños, han sido prioridad, o al menos no se refleja con claridad e inteligencia en la definición de políticas públicas para ellos y en la asignación de recursos.

Basta señalar que en materia de educación somos el miembro de la ocde [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico] con menor inversión y evidente retraso en este tema. Y bien sabemos los mexicanos que tanto nuestros maestros como la educación primaria y secundaria que imparten están reprobados, y si nos metemos a indagar sobre el bachillerato y algunas licenciaturas, también inmediatamente saldrían indicadores de preocupación.

Reconocer que aunque México fue un país entusiasta que en 1990 firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño y que en 2000, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todavía son más abundantes las declaraciones y discursos que los hechos que estén impactando positiva y sustantivamente en la vida de la mayoría de niños y niñas mexicanos.

No se trata de que inhibamos nuestra capacidad de reconocer y celebrar los avances. De lo que se trata como nación es que en este marco de celebración ratifiquemos simbólicamente la Convención y fortalezcamos el compromiso, la voluntad política, la acción y los presupuestos, para con ello crear la mejor condición de protección y garantía de todos los derechos, para todos los niños y niñas.

De lo que se trata es de demostrar en cada uno de los hechos y de las decisiones de Estado, que somos una nación donde la infancia es prioridad nacional. De lo que se trata es de tomar todas las medidas que sean necesarias para construir un México apropiado para niños y niñas.

* Palabras pronunciadas por el autor al inaugurar el Foro 20 Años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.

** Miembro del Comité Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).