Un llamado de justicia contra el olvido

DESAPARICIÓN FORZADA: UN CRIMEN DE IMPUNIDAD Y OLVIDO  
Revista DFensor abril 2010

Editorial

La desaparición forzada de personas es un delito que ha causado víctimas individuales, familiares y colectivas en todo el mundo y en diferentes épocas. Considerada en determinados contextos como un crimen de lesa humanidad, se define como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero, violando así sus derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal, y poniendo en grave riesgo su derecho a la vida.

Aunado a la impunidad, este delito ha ocasionado la invisibilización y el olvido de un sinnúmero de personas. Es el caso de hombres y mujeres, niños y niñas, y personas adultas mayores que fueron desaparecidos sistemáticamente durante los conflictos armados y los regímenes políticos represores en América Latina. Décadas ya han pasado desde que esas personas fueron vistas con vida por última vez y hoy poco o nada se sabe de muchas de ellas, además de que son pocos los casos esclarecidos y sancionados.

Lamentablemente esta práctica inhumana aún persiste. Actualmente los organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales expresamos nuestra preocupación por la vulnerabilidad en que viven las distintas sociedades debido a la implementación de estrategias de seguridad contra el terrorismo y el crimen organizado, las cuales han puesto en práctica leyes que restringen las libertades personales y vulneran las garantías procesales, además de que promueven detenciones arbitrarias y extrajudiciales que pueden llegar a convertirse en desapariciones forzadas.

 

En este contexto la situación de México es preocupante. En 2009 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas remitió al país 10 casos, detrás de cada uno de los cuales hay una historia. Ahí está la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos desaparecidos en la región de la costa chica de Guerrero el 13 de febrero de 2009 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después con signos de tortura; o la de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.

La exigencia de justicia en estos casos y en cualquier otro es la misma que la de hace cuatro décadas, cuando cientos de personas fueron desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia sin que a la fecha el Estado mexicano haya fincado responsabilidad penal contra alguien.

Hoy, como defensoras y defensores de derechos humanos, nuestro llamado es a reforzar la voluntad política para adecuar nuestro marco legal nacional con los estándares de los instrumentos internacionales que México ha ratificado en materia de desapariciones forzadas de personas.

En ese sentido, se ha dado un paso importante hacia la justicia con la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre pasado, la cual condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974. Con ello se abre una oportunidad para impulsar, desde nuestros ámbitos de competencia, los cambios legislativos que se necesitan para garantizar que el ejercicio pleno de todos los derechos humanos sea una realidad en nuestro país.