América Latina presenta algunos de los índices de criminalidad y violencia más altos del mundo. La desigualdad social junto con la corrupción y la impunidad han formado un caldo de cultivo para organizaciones criminales constituidas en verdaderas estructuras de poder paralelas a las instituciones políticas, económicas y sociales de algunas naciones de esta región. En respuesta, los Estados implementan políticas de seguridad pública de control de la violencia y del crimen común y organizado mediante la frecuente aplicación de la fuerza de forma ilegal y arbitraria, con lo cual desconocen sus obligaciones internacionales en materia de garantía de los derechos humanos. En este contexto se encuentra México donde, con el argumento de la estabilidad y la seguridad nacional, el gobierno federal inició desde diciembre de 2006 la llamada “guerra contra el narcotráfico”, cuyos resultados han arrojado un aumento de 500% de quejas por graves violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército que realizaban actividades policiales correspondientes a las autoridades civiles, y un saldo de más de 22 mil 700 personas acribilladas en actos de violencia relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con información revelada en abril pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno federal, respectivamente.
OPINION Y DEBATE
Políticas de seguridad en México opuestas a los derechos humanos
Por Luis Arriaga Valenzuela
El 12 de mayo de 2010, ante empresarios reunidos en el Consejo de las Américas, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, tras afirmar que está horrorizada por la violencia de los traficantes de drogas en México, dijo que no hay una estrategia efectiva en la lucha antinarcóticos: "necesitamos estrategias más inteligentes, más efectivas para abordar esta amenaza".1 Su opinión coincide con la experiencia de quienes en México observamos la ineficiencia de la política de seguridad aplicada por el gobierno mexicano. Sin embargo, no sólo se trata de generar estrategias más efectivas, sino de generarlas con un compromiso real a favor de los derechos humanos de la sociedad que en esta "guerra" ha sido víctima de abusos.
México ha experimentado dificultades en la consolidación del Estado de derecho y en el tránsito a la democracia. Durante muchos años las instituciones han estado al servicio del régimen y no de la sociedad. Las funciones policiales y militares han tenido como fin la contención de la disidencia y la búsqueda de la estabilidad antes que la seguridad de las personas. El sistema de justicia también ha sido empleado de manera facciosa; sus deficiencias han hecho de éste un instrumento de negociación o una herramienta para inhibir la oposición y las exigencias legítimas de la sociedad.
Persisten prácticas que violan los derechos humanos, como torturas y malos tratos; concesión de valor a confesiones recabadas con tortura; y detenciones, desapariciones y ejecuciones arbitrarias, las cuales forman parte de un catálogo de abusos que no han sido erradicados de las instituciones policiales y judiciales. Su persistencia es explicable por la impunidad que protege a los funcionarios involucrados y a quienes se benefician de este uso desviado de las instituciones que deberían garantizar la seguridad de las personas. De modo que no sólo se necesita alcanzar eficiencia en la política de seguridad; es necesaria una reforma de fondo en las instituciones involucradas en ésta.
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La seguridad pública en México: entre la represión y la exclusión social
Por Pedro José Peñaloza
La construcción del peligro social inminente
puede ser utilizada por gobiernos autoritarios
para justificar, en determinados momentos,
mayores restricciones a los derechos individuales.
Rosa del Olmo
La estrategia en materia de seguridad pública de la administración del presidente Felipe Calderón no sólo debemos circunscribirla a una mera política de contención de la delincuencia organizada. Lejos de ello, estamos en presencia de una concepción que tiene rasgos de lo que podría denominarse la "gobernabilidad autoritaria", la cual sólo puede defenderse con el incremento de medidas punitivas y, por supuesto, con un intenso proceso de ideologización social del "orden a toda costa", construido y amplificado en los medios de comunicación -especialmente los televisivos-, que han jugado un papel estratégico en el impulso de la denominada inseguridad subjetiva o sensación de vulnerabilidad. Entre los principales resortes que impulsaron a la actual administración federal a esta guerra contra el crimen organizado se encuentra la legitimación de su gobierno; sin embargo, el costo social, humano y económico de esta "ofensiva" sólo ha evidenciado los límites de una política anticrimen sustentada en lo insostenible, fracasada históricamente y la cual tiene una visión de que el endurecimiento del sistema penal disminuirá la violencia y el delito.
Tuvo que cometerse una ejecución múltiple en Ciudad Juárez para que el presidente de México reaccionara y anunciara una "nueva revisión" de su plan anticrimen. En su discurso Felipe Calderón afirmó: "en los próximos días mi gobierno fortalecerá y detallará con amplitud el contenido de esa estrategia integral para apoyar a las autoridades locales". Al respecto, una duda nos asaltó de inmediato: ¿a qué le llamó estrategia integral? Hasta ahora ni él ni su equipo de asesores han podido romper la frontera discursiva entre lo meramente punitivo y lo integral.
En aquel discurso presidencial, Calderón agregó: "el objetivo es devolver a los ciudadanos la seguridad y estabilidad para poder vivir y trabajar en paz; por eso es indispensable recuperar la confianza en las autoridades". De nueva cuenta se insiste en el añejo discurso formalista de la dogmática penal, que supone que el "Estado de derecho" es una entelequia a la que los súbditos -entiéndase ciudadanos- le deben rendir pleitesía, sin ninguna relación de rendición de cuentas por parte de la clase gobernante. Ahora bien, la llamada "guerra" que rotulan tozudamente desde el gobierno tiene una tesis endeble y frágil: a más policías, menos delitos. Semejante simplismo no tiene paralelo pero sí un alto costo económico. Escudriñemos en algunos datos que comprueban la anemia de esta proclama.
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Los retos de la democratización de la seguridad pública en México
Entrevista a Ernesto López Portillo Vargas
A partir de una agenda de riesgos, carente de políticas de prevención del delito y de la violencia, se construye en México la actual estrategia de seguridad pública, que vulnera derechos humanos y no toma en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía, advierte Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), A. C. En entrevista con DFensor, hace un análisis de los vicios y los retos que enfrenta la política de seguridad pública mexicana para consolidar un sistema de seguridad ciudadana -basado en la confianza y el respeto entre la policía y las personas- óptimo para resolver el problema de inseguridad en nuestro país.
En 2008 la norma constitucional en materia de seguridad introdujo la perspectiva de derechos humanos como uno de los principios que deben regir la actuación de las instituciones de seguridad pública en México. Esta premisa se encuentra en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
A pesar de este avance legal, Ernesto López Portillo Vargas afirma que el actual diseño de las instituciones y políticas de seguridad pública en México "no comulga con la fórmula de los derechos humanos de manera comprometida y plena", y pone como ejemplo la estrategia de seguridad nacional de combate al narcotráfico.
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ACCIONES
Necesario un modelo democrático de policía: CDHDF
La seguridad ciudadana va más allá de la seguridad pública; rebasa la esfera exclusiva de la participación policial, apuesta a la participación activa de las y los ciudadanos, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la necesidad de hacer valer los derechos de las personas, afirmó Leonardo Mier Bueno, coordinador de Asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante su participación en el Foro Unidos por una Cultura de la Legalidad, Sólo faltas tú.
Requiere Distrito Federal un organismo protector del derecho a la no discriminación: CDHDF
Ante la deuda que subsiste con las mujeres; las personas indígenas; las personas con discapacidad; la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual ( LGBTI ); las niñas, los niños y las y los adolescentes, entre otras personas se requiere un organismo especializado que promueva y dé seguimiento a un cambio de actitudes y comportamientos, así como a normas y disposiciones oficiales que, de manera estructural y fáctica, generan discriminación, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
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Declaratoria de la CDHDF y del Observatorio de Familias y Políticas Públicas con motivo del Día Internacional de la Familia 2010
Ciudad de México, mayo de 2010
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), responsable de la protección, defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos; y el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, integrado por organizaciones civiles y académicas interesadas en propiciar una reflexión y análisis crítico, plural, progresista, documentado y propositivo sobre la situación y transformaciones de las familias; nos sumamos a la celebración del 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1994.
Es necesaria una ley de derechos humanos del Distrito Federal: CDHDF
A casi 10 meses de la puesta en marcha del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyo objetivo es establecer los derechos humanos como el eje rector del presupuesto y de la política pública de la ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) inauguró las mesas de trabajo multidisciplinario para el establecimiento de una ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Firman convenio de colaboración CDHDF y Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDHG) firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar la cooperación mutua para fortalecer el mandato de ambas instituciones a través de la conjunción de acciones y recursos, y del intercambio de experiencias para la capacitación y formación de su personal. Este acto se realizó en el marco de la XLII Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), llevada a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala, y en la que participó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, a invitación del procurador de los Derechos Humanos de aquel país, Sergio Morales Alvarado.
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REFERENCIAS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos
Los países americanos actualmente presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo. A manera de respuesta, numerosos Estados han implementado políticas de seguridad desvinculadas de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria, así como al incremento de sistemas punitivos de justicia que reducen garantías procesales para personas adultas y adolescentes.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 10 de mayo su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (www.CIDH.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf), en el que llamó urgentemente a los Estados Parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -entre los que se encuentra México-, a modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana a través de planes y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad apegadas a los principios de derechos humanos. A continuación presentamos un esbozo de ocho puntos por medio de los cuales el Informe aborda la problemática de la seguridad ciudadana en la región.
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Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Como resultado de la revisión del quinto informe periódico presentado por México con base en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dio a conocer sus observaciones finales, las cuales refieren que entre sus principales preocupaciones sobre México está el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública como parte de la estrategia nacional para combatir a la delincuencia organizada. Este hecho generó una serie de observaciones y recomendaciones específicas que el Comité dirigió al gobierno mexicano, las cuales se presentan a continuación.
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Propuesta legislativa de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos
En un contexto de inseguridad, violencia y ejercicio desmedido del poder público es fundamental reforzar las garantías y los derechos humanos, principalmente aquellos que se relacionan con una política de seguridad ciudadana. En nuestro país, desde hace varios años se discute la necesidad de reformar integralmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ante la evidencia de una serie de deficiencias estructurales que obstaculizan la plena eficacia y práctica de los derechos humanos.
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Derechos de protección contra los delitos y el abuso de poder
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm), con el objetivo de garantizar el reconocimiento y el respeto universal y efectivo de los derechos de las personas a interponer recursos y a obtener reparaciones cuando sean víctimas de delitos o del abuso de poder por parte del Estado. Al no ser vinculante, esta Declaración no impone obligaciones jurídicas a los Estados; sin embargo, establece los parámetros por medio de los cuales éstos pueden legislar en materia de protección de las personas víctimas de delitos.
Amnistía Internacional
El estado de los derechos humanos en el mundo: México
Aumentaron los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos a manos de miembros del Ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales también siguieron cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en varios estados. Las mujeres sufrieron elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos. Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corren el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada. En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH ) falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos.
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Reforma constitucional en materia de derechos humanos
En 1917 México fue pionero en el reconocimiento constitucional especialmente de los derechos sociales. Actualmente, ante la necesidad de fortalecer el alcance y la vigencia de todos los derechos humanos en nuestro país, se apuesta a elevarlos a rango constitucional mediante una reforma en la materia. En abril pasado el Senado de la República aprobó un dictamen con proyecto de decreto que modifica los artículos 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La reforma plantea diversos aspectos que se analizan en este texto.
Periodistas: víctimas de primera línea del crimen organizado
Por Mónica González Mujica
Cuando a mi pantalla del computador llegó el mensaje que me anunciaba que se me había otorgado el Premio UNESCO /Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2010, la emoción y una avalancha de rostros, gritos, susurros e imágenes sumergidas en mi memoria, emergieron como un torrente. Durante varios días las voces de aquellos con los que viví los 17 años de dictadura en Chile -muchos de los cuales ya no están-, desfilaron como un caudal que amenazaba con desbordar. Sentí pudor. Muy pronto se instaló una pregunta: ¿por qué ahora, cuando la cultura de muerte en mi país se bate en retirada, se me entrega esta distinción? Por qué a una periodista chilena, cuando en estos mismos minutos, en distintos lugares del mundo, hay muchos que lo arriesgan todo para cumplir con el derecho inalienable de todo ciudadano a saber cómo funcionan las mafias que lo despojan del derecho a la vida, un salario digno, de su derecho al placer y carcomen las instituciones destinadas a defenderlo. Hace sólo unos días murió tras ser detenido el editor del semanario Cameroun Express, Ngota Ngota Germain, una prueba más del compromiso llevado al límite de tantos periodistas por informar y denunciar los abusos de poder. ¡Hasta que encontré un significado para este premio! Y hoy quiero compartirlo con ustedes en este día en que examinamos en el mundo entero la salud de la libertad de prensa
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Librero del DFensor
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