EDITORIAL
La criminalización de los movimientos de defensa de los derechos humanos en nuestro país es uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad de las y los defensores quienes, al visibilizar en su labor diaria los abusos del poder para aspirar a sociedades más justas y democráticas, comprometen su vida y su integridad frente al hostigamiento, las amenazas, las agresiones físicas, las detenciones ilegales, las desapariciones, los asaltos, los asesinatos y demás delitos cometidos en su contra.
OPINIÓN Y DEBATE
Defensores de derechos humanos en México:
en la mayor vulnerabilidad
Por Agnieszka Raczynska*
Al respecto, el Comité expresa su preocupación por la falta de “progresos significativos en la aplicación de recomendaciones anteriores del Comité”, y en específico manifiesta “la falta de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y lamenta que subsistan motivos de preocupación”.
"No hay esfuerzos sustanciales para
investigar los abusos y la impunidad deja
abierta la posibilidad de nuevos ataques"
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* Secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Riesgos y retos para las y los defensores de derechos humanos
Texto de ACUDDEH, A. C.*
La situación en la que actualmente los defensores y las defensoras de derechos humanos en México desarrollamos nuestra actividad es sumamente compleja y representa nuevos riesgos y retos para la labor de defensa de los derechos humanos, sobre todo en el aspecto de la seguridad y la protección, ya que las y los defensores padecemos el incremento de ejecuciones extrajudiciales, prisión política, hostigamiento, seguimientos, allanamientos y agresiones físicas y psicológicas en un ambiente de inseguridad e impunidad.
Contexto
En México las y los defensores de derechos humanos realizamos nuestra labor en un contexto de violencia estructural y dirigida. En el primer caso, la negación o limitación por parte del Estado mexicano del acceso a los plenos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad se traduce en una constante violencia estructural hacia la mayoría de la población;ésta es, también, la principal causa que impulsa a la sociedad al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, manifestación, organización y protesta. En este sentido, la pobreza es una de las grandes violaciones a los derechos humanos que padece la sociedad mexicana.
"Es necesario un análisis de la realidad
para impulsar políticas de prevención
y protección que garanticen la continuidad
del quehacer de las y los defensores"
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* Debido a que el Comité Cerezo México se ha dedicado desde 2007 a impartir talleres de prevención y protección para defensores de derechos humanos, además de realizar para diversas organizaciones sociales y de derechos humanos análisis de riesgo, de incidentes de seguridad, de amenazas, de contexto y de planificación en seguridad, dicha organización tuvo la iniciativa de desarrollar, a mayor profundidad, el área de prevención, protección y seguridad para defensores de derechos humanos y convertirla en una organización. A esto se debe que, a finales de 2009, surgiera Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh, A. C.). Para contactar a los integrantes de la organización, escríbase a acuddeh@gmail.com
La protección de quienes defienden los derechos humanos: un deber impostergable
Por Alberto Herrera Aragón*
Algunos años atrás escuché a una defensora de derechos humanos preguntar: ¿quién defiende a quienes defienden los derechos humanos? Hoy esta pregunta es más que pertinente. Las graves condiciones de desprotección en que se encuentran los defensores y las defensoras de derechos humanos en México plantean retos que requieren de una atención inmediata. Los casos presentados no son aislados.
El patrón de agresiones en Guerrero
En 2009, el secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) en Guerrero, captó la atención de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales condenaron el hecho y demandaron al Estado mexicano la adopción de medidas para garantizar que los responsables rindieran cuentas ante la justicia. Sin embargo, al día de hoy los avances en las investigaciones son mínimos y los ataques y agresiones en contra de otras organizaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero se han intensificado.
La impunidad en agresiones de esta naturaleza no solamente niega el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, sino que también envía un mensaje institucional en el sentido de que este tipo de abusos pueden ser cometidos en nuestro país, con una probabilidad mínima de tener que rendir cuentas por ello.
"Sin justicia, los actos de hostigamiento
prometen repetirse"
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* Director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI).
Morelos: defensoras y defensores bajo amenazas e intimidaciones
Por José Martínez Cruz*
Nací defensor de derechos humanos,
el día que miré los ojos del otro,
y supe que era yo ese otro.1
Defender los derechos humanos es un derecho claramente establecido en la Declaración sobre defensores de la ONU que establece en su artículo 1° que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.2 Hoy la defensa de los derechos fundamentales contra las agresiones por parte de las autoridades implica graves riesgos, debido a que éstas en muchas ocasiones no ven con buenos ojos las denuncias públicas en su contra por los abusos de autoridad y por violar las leyes y los procedimientos a los cuales están obligadas. Si sumamos los intereses económicos y políticos que ocultan generalmente quienes violan los derechos humanos tanto individuales como colectivos, tenemos un panorama poco alentador desde el punto de vista institucional para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el respeto pleno para quienes llevan a cabo la labor de su defensa.
Agresiones impunes
Desde hace varios años en México se documentan graves agresiones contra las defensoras y los defensores de derechos humanos. En 2004 el Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de los defensores de derechos humanos ya destacaba que "de todo tipo han sido los ataques a los defensores […] desde la calumnia hasta el homicidio, pasando por las amenazas, intimidación, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, espionaje, ataques físicos, tortura, negación de una impartición de justicia imparcial y la presunción de inocencia”.3
"Mediante campañas de desprestigio se ha intentado
vincular falsamente a las y los defensores con grupos
armados y terroristas para agravar su vulnerabilidad"
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* Coordinador de Comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
1 Texto tomado de Damián Gustavo Camacho Guzmán y Roberto Mendoza Delgado, Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 28 de agosto de 2004, disponible en www.paginadigital.com.ar/articulos/2004/2004terc/noticias9/notic527-8Dch.asp, página onsultada el 15 de junio de 2010.
2 Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, véase www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.53.144.sp, página consultada el 14 de junio de 2010.
3 Damián Gustavo Camacho Guzmán y Roberto Mendoza Delgado, op. cit.
Políticas públicas de prevención y protección a defensores(as) en Colombia
Por Carolina Aldana García*
La muerte de Rogelio Martínez
El pasado 18 de mayo fue asesinado Rogelio Martínez, destacado líder y defensor de derechos humanos de las víctimas, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, ubicado al norte de Colombia. Rogelio representaba a un grupo de 52 familias campesinas que habían sido desplazadas forzadamente en 2001 por grupos paramilitares dirigidos por Rodrigo Mercado, alias Cadena. El liderazgo de Rogelio fue en aumento luego de denunciar los crímenes que cometían los paramilitares en la finca La Alemania, un terreno de 556 hectáreas en San Onofre, que en 1997 fue adjudicado a los campesinos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). En la finca los paramilitares tenían campamentos para torturar y enterrar a las víctimas; ejercían un control sobre las familias, les robaban los alimentos que producían y exigían el pago de dinero por cada cabeza de ganado que con esfuerzo habían logrado comprar gracias a un crédito bancario.
En 2007 Rogelio y las familias decidieron retornar a La Alemania, se suponía que las condiciones habían cambiado: los grupos paramilitares estaban en negociación con el actual gobierno nacional, algunos jefes habían sido llevados ante la justicia y estaban confesando ciertos crímenes; además, el municipio de San Onofre, ubicado en la subregión de Montes de María, es una zona de consolidación, una estrategia de control militar y social que, complementaria con la estrategia de negociación con los paramilitares, desarrollan las fuerzas armadas colombianas para derrotar a los grupos guerrilleros y llevar programas gubernamentales de subsidios sociales a las familias pobres y desplazadas y, sobre todo, ejercer la seguridad con mucha presencia militar en lugares estratégicos para la economía nacional. Todas estas razones hacían pensar que era posible retomar los proyectos productivos en La Alemania y evitar que el Estado la vendiera para con ello pagar la deuda de los campesinos a las entidades bancarias.
La pérdida de Rogelio Martínez ha dejado en evidencia varios de los aciertos y de los problemas que enfrenta el Programa de Protección para cumplir con las obligaciones que le corresponden, enmarcadas en las políticas públicas de prevención de violaciones a los derechos humanos y de protección a personas en riesgo extraordinario o extremo.
"El Sistema de Información sobre
Agresiones a Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos
(Siaddhh), reporta que durante 2009
fueron agredidos 174 defensores y
defensoras de Colombia"
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* Coordinadora del Programa Somos Defensores (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Colombia, espacio de la sociedad civil dirigido por la Asociación para la Promoción Social Alternativa minga, Benposta Nación de Muchachos-Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Comisión Colombiana de Juristas.
ACCIONes
Plan estratégico 2010-2013
Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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NOTAS BREVES
Debate sobre el matrimonio entre personas homosexuales
Exigencia de protección para defensoras de los derechos humanos
Seguimiento a la Recomendación 27/2009 por el caso Cevallos Coppel
REFERENCIAS
Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.*
* Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 53/144 del 9 de diciembre de 1998, disponible en www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument, página consultada el 10 de junio de 2010.
Amnistía Internacional
Exigiendo justicia y dignidad*
RESUMEN
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y a su trabajo.1 Tal como manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2006, “la labor de promoción y protección de los derechos humanos [...] es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados y, por lo tanto, genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”.2
La protección efectiva de los defensores y las defensoras de derechos humanos requiere un enfoque integral. Éste debe incluir medidas para prevenir abusos contra ellos y ellas, como: adoptar leyes y políticas para la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos y promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos; reconocer la legitimidad del trabajo de defensa de derechos humanos; adoptar medidas específicas de protección para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en peligro; tomar medidas de transparencia y rendición de cuentas; y llevar a cabo investigaciones inmediatas y efectivas sobre las denuncias de abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Los Estados deben garantizar que haya claridad en cuanto a cuáles son los diferentes mecanismos disponibles para proteger a quienes defienden los derechos humanos.
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* El presente artículo es un resumen del informe de Amnistía Internacional, Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, Madrid, AI, 2010, disponible en www.amnisty.org/es/library/asset/AMR41/032/2009/es/5438d83a-bca8-4c0f-bdf0-b2142c565045/amr410322009es.pdf, página consultada el 21 de junio de 2010.
1 La responsabilidad establecida en virtud del artículo 12 de la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos recoge las obligaciones básicas en materia de derechos humanos consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Internacional de Derechos Humanos (que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos dos ratificados por México el 23 de marzo de 1981; y sus dos Protocolos Facultativos, ratificados por México el 15 de marzo de 2002 y el 26 de septiembre de 2007, respectivamente).
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 7 de marzo de 2006, párr. 30.
Defensoras y defensores sociales asesinados en México (2006-2010)
Ver gráfica
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Experiencias en América de mecanismos de protección para periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos*
En el marco del seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México,1 particularmente la que se refiere a la creación de un Mecanismo nacional de protección, este organismo realizó una investigación titulada Experiencias en el continente americano sobre mecanismos de protección para periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos,2 que analiza las experiencias en la materia en Guatemala, Colombia y Brasil, con el objetivo de sentar las bases para el posible diseño de un mecanismo similar en México. A continuación presentamos un resumen con las descripciones y el análisis del funcionamiento de cada uno de dichos mecanismos de protección.
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* Los datos aquí recabados se basan en la información socializada por los expertos colombianos en la mesa de diálogo “Hacia un mecanismo de protección para periodistas y defensores” (efectuada en la ciudad de México los días 11 y 12 de febrero de 2010); en la información proporcionada mediante correo electrónico por el Centro de Justicia Global con sede en Río de Janeiro; en los datos facilitados a través de ese mismo medio por el director del Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos en Brasil; en la información otorgada por las oficinas de Colombia y Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y en el informe Protección a defensores de derechos humanos: buenas prácticas a partir de la experiencia, de la organización Protection Internacional. Asimismo, se consideraron los reportes de las visitas realizadas por la relatora especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Colombia, en septiembre de 2009, a Guatemala en febrero de 2008 y a Brasil en diciembre de 2005.
1 Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, México, oacnudh, 2010, disponible en www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf, página consultada el 16 de junio de 2010.
2 Experiencias en el continente americano sobre mecanismos de protección para periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, documento de trabajo de OACNUDH en México, 2010.
Periodismo: una labor de alto riesgo en México
Por Érika Ramírez*
Tres fueron las amenazas para que Raúl Marcial Pérez dejara de escribir su columna periodística en El Gráfico de Oaxaca. La primera fue dejada en el portal de su casa, armada con letras de periódico. Siguió una llamada telefónica que, con gritos, le advertía que “se lo iba a cargar la chingada”. La tercera fue directa. Un funcionario del gobierno de Ulises Ruiz le dijo: “es mejor que le bajes a tus notas”.
Eran los días de 2006 en que la capital oaxaqueña se había paralizado. El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del magisterio luchaba por conquistas sociales. La policía estatal tomaba las calles. El otro lado de la moneda, como Marcial Pérez titulaba su columna, criticaba la “ingobernabilidad, el salvajismo y la represión” con que gobernaba Ulises Ruiz Ortiz. Cabezas como “¡Oaxaca, tierra sin ley!” encrespaban al gabinete del gobernador.
Lo citaron para desayunar en un restaurante del centro histórico, recuerda su viuda Emelia Martínez. “Nunca supe a detalle lo que se dijo con esta persona ni de quién se trató, pero fue la primera vez que vi a Raúl dudar de lo que estaba haciendo”, dice. Días previos al encuentro con el político priísta, cuenta, le dejaron un mensaje con recorte de periódico en donde le advertían que se cuidara. Raúl Marcial lo mostró a su pareja. Ella opinó: “son personas cobardes que no dan la cara. No tengas miedo”.
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* Reportera de la revista Contralínea.
Agencia especializada y protocolo de protección para periodistas en el Distrito Federal
Por David Peña*
En los últimos tres meses se aprobaron y publicaron dos decisiones importantes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) relacionadas con la protección y defensa de las y los periodistas en el ejercicio de su actividad profesional. Primero se publicó el acuerdo A/004/2010 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el que se crea la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta Actividad, en donde se establecen los lineamientos de actuación para el personal ministerial que conozca de dichos delitos. Posteriormente fue publicado el acuerdo A/011/2010 de la misma instancia en el que se emite el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el ejercicio de esta actividad. Sobre estos dos instrumentos legales formularé algunos apuntes y consideraciones.
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* Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México.
Reportando Corte IDH*
Periodo de enero a mayo de 2010
Por Jorge F. Calderón Gamboa**
En este reporte se informará brevemente sobre los principales eventos realizados por la nueva Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) durante su LXXXVI Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado en su sede de Costa Rica del 25 de enero al 6 de febrero de 2010; su XLI Periodo Extraordinario de Sesiones, celebrado en Perú del 12 al 16 de abril de 2010; y su LXXXVII Periodo Ordinario, celebrado en Costa Rica del 17 al 29 de mayo de 2010. Particularmente, se hará una breve descripción de la audiencia pública de los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú vs. México, así como de otros hechos relevantes.
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* La Corte IDH fue establecida en 1979 y es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la aplicación y la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de otros tratados concernientes al mismo asunto. Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, quienes son electos a título personal. Los fallos y resoluciones de la Corte IDH pueden consultarse en http://www.corteidh.or.cr/.
** Abogado titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la opinión de la Corte IDH. La presente colaboración se hace en el marco del convenio de cooperación celebrado entre la Corte IDH y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
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