JUICIOS MEDIÁTICOS
Tribunales y medios:
¿dónde se juzga realmente?
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| Fotoilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF. |
Las consecuencias de dicho
estancamiento en la justiciabilidad son lamentables y ahora nos encontramos dentro
de un círculo vicioso en el que la ciudadanía, como nunca antes, se abstiene de
denunciar por la percepción de impunidad prevaleciente en las instituciones de procuración
y administración de justicia; mientras que éstas asumen un poder tiránico para
sistemáticamente revictimizar tanto a la persona inculpada como a la víctima
mediante actos ilegales y arbitrarios que se alejan por completo de los medios
procesales idóneos para garantizarle a ambas partes un verdadero acceso a la
justicia.
Frente a esta problemática y en
el ámbito de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (cdhdf) dirigió la Recomendación
3/2012 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf) por violar los derechos de medio
centenar de personas quienes, después de haber sido detenidas –en la mayoría de
los casos de forma arbitraria y sin pruebas contundentes–, fueron exhibidas ante
medios de comunicación como delincuentes y posteriormente más de 20 fueron
eximidas en tribunales. Esta acción autoritaria no sólo vulneró su derecho a la
presunción de inocencia y a un debido proceso que de inicio determinara mediante
certezas judiciales su responsabilidad en la comisión de los delitos imputados,
sino que también trastocó de forma irreparable todo su proyecto de vida.
A pesar de ello, la pgjdf rechazó esta Recomendación y como
respuesta expidió el Acuerdo A/003/2012 por medio del cual institucionaliza la
práctica de la exhibición pública de personas detenidas, haciendo patente un
acto violatorio incluso ya reconocido como tal por la Comisión y la Corte
interamericanas de derechos humanos y el Subcomité para la prevención de la
tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin duda alguna, con esta acción
la pgjdf también vulnera el
derecho de la sociedad a estar informada oportuna y verídicamente en materia de
seguridad ciudadana, ya que contribuye a la creación de juicios por parte de
los medios de comunicación, los cuales reproducen de forma errónea información
parcial y subjetiva de los casos judiciales que la propia dependencia pone a su
disposición, generando así la sensación de impunidad e inseguridad en la
población para justificar la aplicación de políticas criminales de mano dura
que sólo favorecen la represión, la intolerancia y la estigmatización.
Para la cdhdf esto representa un grave retroceso que sólo pone en tela
de juicio el compromiso de la pgjdf
para garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestra ciudad. Ante
ello cómo no indignarse cada vez que miramos o escuchamos en los medios de comunicación
estos nuevos rituales punitivos que exhiben a las personas presuntamente
responsables, arrebatándoles su dignidad hasta
convertirlas en herejes contemporáneos que nos recuerdan a los juzgados
por el Tribunal del Santo Oficio en los tiempos de la Inquisición.
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OPINIÓN Y DEBATE
Los nuevos rituales punitivos
Por: Francesc Barata
Por: Francesc Barata
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Ilustración: Iván Gamboa Sánchez/cdhdf. |
Si se pensaba que “el espectáculo
del castigo” había sido la marca de los gobiernos tiranos de antaño ¿qué
podemos decir hoy de las autoridades de justicia mexicanas que exhiben ante los
medios de comunicación a quienes son presuntamente responsables de delitos,
violando impunemente su derecho a la presunción de inocencia? El investigador y
periodista español experto en esta materia, reflexiona en dfensor sobre este
fenómeno y advierte que con este tipo de prácticas también los medios de
comunicación están naturalizando ante la sociedad algo jurídica y éticamente
reprobable, justo cuando deberían hacer lo contrario: denunciar que no se
respetan las reglas de la legalidad.
Juicio mediático:
incentivo
perverso en el proceso judicial
Por: Saúl López Noriega
Juicio mediático:
incentivo
perverso en el proceso judicialPor: Saúl López Noriega
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| Ilustración: Iván Gamboa Sánche |
Medios de comunicación:
entre la
libertad de expresión y la violación del derecho a la presunción de inocencia
Por: Mario Campos Cortés
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| Ilustración: Iván Gamboa Sánchez/cdhdf. |
Los medios de comunicación han construido un discurso en el que plantean que lo que transmiten es la realidad. Para el periodista Mario Campos Cortés eso es falso y en el contexto de la cobertura mediática de las exhibiciones de personas detenidas se pregunta: ¿con qué procedimientos y con qué criterios vamos a seguir manejando esta información sin violentar los derechos de terceros? Y apela a la responsabilidad social de la industria informativa con el fin de que se emitan protocolos de cobertura y seguimiento de la información acordes con la libertad de expresión, pero también respetuosos de la dignidad humana.
La institucionalización de la
estigmatización
Por: Graciela Rodríguez Manzo
La institucionalización de la estigmatización
Por: Graciela Rodríguez Manzo
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| Ilustración: Iván Gamboa |
El pasado 16 de abril se publicó
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo A/003/2012 del Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el
Protocolo para legalizar la presentación ante los medios de comunicación de
personas puestas a disposición del Ministerio Público. En consecuencia la
autora afirma que mediante estas acciones la autoridad viola los derechos
humanos de las personas cuya imagen y datos personales son mostrados
públicamente. En específico se vulnera su derecho a la presunción de inocencia
y demás garantías judiciales, sus derechos a la honra y reputación, a la vida
privada y a la integridad personal. Esto, incluso, trasciende a la eventual
sanción penal que se les llegue a imponer, ya que la sanción social destruye su
proyecto de vida.
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ACCIONES
Seguir leyendo, pp.26
Respuesta a la Recomendación 3/2012: Caso de exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en averiguaciones previas por parte de la PGJDF
Seguir leyendo, pp. 30
La CDHDF frente a las violaciones a derechos humanos por la exhibición de personas y la publicidad de su información confidencial por parte de la PGJDF
Seguir leyendo, pp. 33
Respuesta a la Recomendación 9/2011: Falta de implementación de mecanismos específicos para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de actos de violencia contra las mujeres en instituciones y dependencias del D. F.
Seguir leyendo, pp. 37
Respuesta a la Recomendación 10/2011: Detenciones arbitrarias y tortura cometidas por policías de la SSPDF y agentes de la PGJDF Seguir leyendo, pp. 40
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REFERENCIAS
Cuando los medios y los
periodistas “arbitramos”
Por: Marco Lara Klahr
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| Fotoilustración: Edgar Sáenz Lara/CDHDF. |
La función social de los
periodistas y los medios no es juzgar, resolver delitos, condenar o castigar,
sino posibilitar el ejercicio ciudadano del derecho a la información, una
garantía asentada en el artículo 7 constitucional. En este artículo el autor
refiere que el Estado democrático de derecho es impensable sin las libertades
de empresa, información, expresión y prensa, pero éstas se vulneran cuando los
ciudadanos no pueden ejercer su derecho a la información a través de los
periodistas –debido a la precariedad e inconsistencia de las agendas, enfoques
y contenidos noticiosos– y cuando las garantías procesales de las víctimas y
los imputados son afectadas desde las instituciones, instrumentalizando para
ello a medios y periodistas.
Caso Florence: la pieza que falta
Por: Ricardo Rocha
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| Ilustración: Edgar Sáenz Lara/cdhdf. |
En el caso de Florence Cassez los
agentes de la AFI no estaban buscando resolver secuestros. Lo que trataban era
de encontrar un caso a modo para impresionar a la opinión pública. De acuerdo
con el autor de este artículo, el objetivo era reivindicarse por la falta de
resultados en el gobierno de Vicente Fox, marcado desde sus primeros días por la
sospechosa fuga de el Chapo Guzmán y un creciente incremento en los delitos de
los fueros común y federal. De tal suerte que lo de “la recreación” no fue una
ocurrencia lateral derivada de una investigación. El teatro para la tele fue
siempre el propósito fundamental de la AFI comandada entonces por Genaro García
Luna, actual secretario de Seguridad Pública. Lo que hizo su lugarteniente,
Luis Cárdenas Palomino, fue –al estilo de un productor de Hollywood– mandar a
sus sabuesos a rastrear una buena historia mediática: con un argumento creíble,
personajes atractivos y locaciones impactantes.
¿Cómo se repara una violación a
los derechos humanos?
Por: Miguel Carbonell
El pasado 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que se introduce como un deber de las autoridades de todos los niveles de gobierno el de reparar las violaciones de derechos humanos. Para el destacado académico de la UNAM que firma esta colaboración, este tipo de reparación debe ser vista como una consecuencia indispensable de una buena investigación y de una apropiada sanción para los responsables, y también debe tomar en cuenta la dignidad de las víctimas y reconocer que la violación de sus derechos tuvo un impacto importante en su existencia.
El pasado 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que se introduce como un deber de las autoridades de todos los niveles de gobierno el de reparar las violaciones de derechos humanos. Para el destacado académico de la UNAM que firma esta colaboración, este tipo de reparación debe ser vista como una consecuencia indispensable de una buena investigación y de una apropiada sanción para los responsables, y también debe tomar en cuenta la dignidad de las víctimas y reconocer que la violación de sus derechos tuvo un impacto importante en su existencia.
Efectos psicosociales en víctimas
de exhibición mediática por parte de la PGJDF
Por: Alejandra González Marín
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| lustración: María Rodríguez
Cruz/cdhdf. |
A partir de las valoraciones de
impactos psicosociales que realizó la CDHDF en diversos casos de víctimas de la
exhibición ante medios de comunicación por parte de la PGJDF, se corroboró una
serie de afectaciones psicológicas propias de los síntomas asociados al
trastorno de estrés postraumático. Después de este análisis, efectuado por la
autora de esta colaboración, se concluyó que la prioridad de las víctimas ahora
es acceder a la justicia y a la verdad pública que de cierta forma les permita
recobrar algo de la paz y la seguridad para continuar su vida.
Seguir leyendo, pp. 59
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