Continuará el personal de la CDHDF recibiendo las donaciones durante el fin de semana, las 24 horas del día.
Desde su apertura, el Centro de Acopio ubicado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concentra más de 15 toneladas de alimentos, agua embotellada, material de curación y medicamentos que las y los ciudadanos de la capital han hecho llegar para el Pueblo de Haití.
Lo anterior, es una demostración de confianza de las y los ciudadanos hacia instituciones como la Comisión, reconoció su Presidente, Luis González Placencia, quien señaló que aún se requieren alimentos enlatados, material de curación, jeringas, medicamentos (no caducados), analgésicos, antibióticos, antidiarreicos, cepillos de dientes, jabón de tocador, toallas húmedas, pañales, toallas sanitarias, alimentos para bebé, atún, sardinas, arroz, frijol, cereales, leche en polvo y platos, vasos y cucharas desechables.
Tanto los comestibles como los medicamentos, materiales de curación, productos para la higiene personal y demás productos recabados, agregó, se llevarán para su concentración a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en avenida Presidente Mazarik 29, colonia Polanco.
Dijo también que, de acuerdo con la Embajada de Haití en México y de otros organismos internacionales de ayuda, por el momento, la prioridad en los Centros de Acopio ya no es el agua embotellada y tampoco se requiere ropa.
Mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes han acudido al Centro de Acopio instalado en la sede de la CDHDF, ubicada en Avenida Universidad 1449, colonia Florida-Pueblo de Axotla, a un costado de la estación del Metro Viveros-Derechos Humanos, abierto las 24 horas del día.
Todo el personal de la CDHDF se incorporó a las guardias para recibir y clasificar lo que las personas hagan llegar, en cualquier cantidad, hasta el Centro de Acopio, lo mismo que para concentrarla hasta la sede del PNUD.
La Embajada de Haití en México abrió la Cuenta Bancaria 4042482604, en HSBC, a nombre de PROTECCIÓN CIVIL DE HAITÍ.
La directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), una mujer curtida en la política de Estados Unidos, considera que la Convención de los Derechos del Niño, que cumple 20 años, ha sido un instrumento eficaz. Pero está aún lejos de alcanzar su verdadero potencial. Tiene fama de fría y acorazada. Pero también es conocida por ser eficaz y conseguir lo que quiere. Frialdad y eficacia parecen fundamentales para enfrentarse al reto de dirigir al organismo de Naciones Unidas que lucha contra el sufrimiento infantil.
Nacida en Modesto (California) en 1949, en una granja de melocotoneros, Veneman es una abogada especializada en temas agrícolas que se convirtió en la primera mujer que llegó al cargo de secretaria de Agricultura estadounidense durante el primer mandato del presidente George W. Bush. Abrió su despacho a El País Semanal el pasado octubre en Nueva York para hablar de los logros y retos que conlleva la conmemoración de una convención que reúne en 54 puntos los derechos humanos de la infancia.
Los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño ¿han tenido un impacto real en la vida de los pequeños? Sí, pero estamos lejos de alcanzar su verdadero potencial. Es el tratado internacional más ratificado del mundo (193 países) y los números indican que ha habido un progreso real en educación, salud y protección. Por ejemplo, el índice de vacunaciones se ha disparado desde que se aprobó la convención. Antes apenas se prestaba atención a problemas como el tráfico de niños, el trabajo infantil, los niños soldado, la explotación sexual, ahora son temas muy conocidos, pero queda mucho por hacer.
¿Cuáles son globalmente las enfermedades que más afectan a los niños? Aunque siempre se hable del sida y la malaria, la realidad es que la diarrea y la neumonía son la principal causa de mortalidad entre menores de cinco años.
¿Cómo se controla el cumplimiento de los derechos del niño? Hay una serie de comités y los gobiernos presentan informes sobre sus progresos, pero no hay ningún mecanismo para sancionar a los países por no cumplirlos.
¿Debería haberlos? La pregunta más bien debería ser: ¿castigamos a un gobierno o le obligamos a penar a los que incumplen las leyes? Hoy existen gobiernos con leyes excelentes a favor de los niños, pero son incapaces de hacer que se cumplan. Acabo de regresar de la República Democrática de Congo, donde la violencia sexual alcanza los mayores niveles del planeta. Muchas de las víctimas son mujeres, algunas son hombres y muchos son niños. Hay leyes al respecto, todo el mundo es consciente de lo que ocurre y, sin embargo, existe impunidad porque el gobierno no tiene estructuras efectivas para castigar a quien viola las leyes.
¿Qué recuerdos se ha traído de sus viajes a los países más afectados? La mayoría de las experiencias son inolvidables. Cuando visité el norte de Uganda estuve con un grupo de niños que habían sido secuestrados por el LRA (Lord’s Resistance Army) cuando volvían del colegio. A ellas las habían convertido en esclavas sexuales y a ellos los hicieron caminar durante kilómetros. Pese a las tragedias que viven, son niños con sueños y esperanzas. Un adolescente de los que conocí en la República Democrática del Congo cojeaba un poco porque, tras su secuestro, se le metió algo en el pie, se le infectó y llegó un momento en el que no pudo caminar, así que sus secuestradores le dieron una paliza y lo dejaron en la carretera, creyendo que estaba muerto. Alguien lo encontró después de cinco días. Hoy, pese a todo, sueña con tener una bicicleta: es la única manera de no tener que caminar para ir al colegio. También recuerdo mi primer viaje como directora de Unicef. Fui al cono sur africano y me centré sobre todo en niños afectados por el sida. Me impresionó ver la cantidad de huérfanos que había por causa de la enfermedad. En 2005, lanzamos una iniciativa para poner un rostro de niño en el problema del sida, algo de lo que apenas se hablaba entonces y creo que la situación ha mejorado muchísimo, sobre todo gracias al Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis (una alianza de agencias públicas, inversores privados y comunidades afectadas creada en 2002). En lugares como Botsuana, la transmisión de madre a hijo está controlada en un 90%, por lo que mueren menos bebés, menos madres y más niños reciben tratamiento. El reto ahora es conseguir que la tasa de transmisión descienda [Más de dos millones de niños tienen sida. 90% de ellos en África].
La convención tiene dos protocolos opcionales, uno en relación con la pornografía y el tráfico sexual infantil y otro relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Hay casi treinta países que no los han ratificado. ¿Es indicativo de que en esos países esos problemas son más acuciantes? No necesariamente. A veces lo que hace un país afecta a muchos otros. En Japón tienen problemas para aprobar una ley contra la pornografía infantil, hay un gran debate en relación a ello. Muchos países creen que la posesión de pornografía debería ser mundialmente ilegal porque si un país lo permite, otros pueden acceder a ello vía internet. Tenemos que conseguir, por todos los medios, que estas convenciones y protocolos sean ratificados por quienes no lo han hecho aún.
Resulta sorprendente que un país como Estados Unidos, que ayudó a elaborar la convención, nunca la haya ratificado. ¿Cree que es aceptable? No, pero Estados Unidos no ha ratificado muchas convenciones internacionales. Es un hecho que tiene más relación con el Congreso que con el presidente (Bill Clinton lo firmó, el Congreso no lo ratificó). Es una federación, cada Estado tiene sus propias leyes y si se ratifica tal y como está habría que modificar algunas de ellas. Aun así, tal y como dijo Barack Obama durante su campaña, es un poco embarazoso que Estados Unidos no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Pero sí ha ratificado los protocolos.
¿Es importante escuchar la voz de los niños? Sin duda. Ishmael Beah escribió un libro sobre sus experiencias como niño soldado en Sierra Leona –A long way gone, memories of a boy-soldier– y creo que ayuda a entender el día a día de quienes pasan por esa experiencia. También conocí a una niña de Sierra Leona que fue capturada por niños soldado y le cortaron las dos manos. Nunca en su vida recibió educación. Hoy vive en Canadá y ha escrito un libro, The bite of the mango, otra historia extraordinaria. Muchos están haciendo oír su voz.
Como secretaria del Departamento de Agricultura, manejaba un presupuesto de 110 000 millones de dólares para un solo país. En Unicef sólo cuenta con 3 000 millones para el mundo entero, ¿no es un poco frustrante? El objetivo de Unicef es que sean los propios países los que intervengan en ayudar a los niños. Sí, somos la mayor agencia de distribución de vacunas y mosquiteros del mundo, pero a lo largo del tiempo hemos visto que distribuimos menos vacunas en algunos países porque son ellos los que se encargan de hacerlo directamente. Ésa es la dirección que debemos mantener. Creo que comparar ambos presupuestos es comparar naranjas con peras. Además, es importante entender que Unicef se financia con aportaciones exclusivamente voluntarias; 70% viene de gobiernos y 30% restante del sector privado. No se nos puede comparar con la FAO u otra organización internacional cuyos miembros pagan cuotas obligatorias.
¿Es usted madre? No, pero tengo muchos sobrinos de los que me siento muy cercana.
¿Cómo vamos a resolver la actual crisis alimentaria? Según un informe reciente de la ONU, los progresos que se habían conseguido en la lucha contra el hambre y la pobreza se han frenado e incluso han retrocedido respecto a 2007 a causa de la crisis económica mundial. El énfasis principal respecto a la producción alimentaria se dirige desde la FAO y otras agencias relacionadas, aunque Unicef ha jugado un papel esencial precisamente por esa conexión entre seguridad alimentaria y nutricional. Hemos abogado por la necesidad de incrementar la capacidad productiva del planeta pero yo insisto, hay que analizar las condiciones económicas de todas las cosas a la vez. ¿Hasta qué punto el impacto viene por la producción de biocombustibles que le quita terreno a la producción de cereales? ¿Cuál es el impacto del cambio climático, cuánta la importancia de la falta de infraestructura, de las guerras?... Además, entre los problemas que más nos preocupan en relación con la crisis están los relacionados con el trabajo infantil y el tráfico de niños, porque cuando hace falta dinero se les pone a trabajar y dejan de ir a la escuela.
* Periodista corresponsal de El País en Nueva York. El presente texto fue publicado en El País Semanal, suplemento del periódico El País, Madrid, España, 15 de noviembre de 2009. Agradecemos a la autora y al diario la autorización para la reproducción del mismo. Para consultar la publicación original véase , página consultada el 1 de diciembre de 2009.
La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada hace 20 años y conmemorar este aniversario es una invitación para evaluar y hacer un análisis crítico para poder enriquecer la historia y no solamente tomar nota de ella. También es una oportunidad para poner al día los aprendizajes de esa historia. Aprendizajes del señalamiento de los avances pero también del reconocimiento de las debilidades. Aprendizajes que no pueden quedar solamente en la oportunidad de señalar cuales fueron sino cómo nos inspiran para iniciar nuevos ciclos, contextos que han tenido necesariamente movimientos, cambios, circunstancias que han variado en estos 20 años que por lo tanto hacen a la convención no solamente la condición de un texto –que invariablemente podemos leerlo hoy como hace 20 años y tal vez dentro de otros 20– sino que el texto sin análisis de contextos, como bien dice algún pensador, puede resultar un pretexto.
Nosotros queremos que el texto tenga contexto para que no sea un pretexto ni un pasatiempo y necesitamos colocarlo en un plano relevante, no de debate sólo de aquellos que asumen responsabilidades institucionales de alta trascendencia nacional, local o internacional. Necesitamos el debate en el interior de las sociedades, en las comunidades, en el mundo académico, este 20 aniversario de la convención es, por lo tanto, una excelente oportunidad para marcar una nueva agenda. Para analizar cuál es esa agenda pendiente dividiremos la perspectiva en tres: la que es responsabilidad del Estado, los pendientes de la sociedad civil y los del ámbito académico.
La agenda pendiente del Estado
Los Estados Parte de la convención constituyen indudablemente el dato necesario para que los niños sean sujetos de derechos, si la convención reconoce a los niños titulares de derechos es porque esta reconociendo a los Estados particularidad de obligaciones. No puede haber, para la convención y para la estructura de los tratados de derechos humanos, titulares de derechos que no establecen a su vez una relación con el titular de las obligaciones, es decir, el que debe garantizar el ejercicio de estos derechos.
América Latina ha producido un importante nivel de desarrollo en materia legislativa, tanto en los planos federales como en los planos estatales. No podríamos decir que estos 20 años han dejado un desierto normativo respecto de la convención, sería injusto y no sería realista pero, ¿qué es lo pendiente respecto de estos avances que se han producido? El dato pendiente es que en los ámbitos legislativos no han asumido de manera activa y productiva el seguimiento y el monitoreo de la aplicación de las normas que han dictado en materia de niñez y adolescencia.
En el ámbito legislativo tenemos la necesidad de replantear los desafíos, de revisar continuamente la normatividad para que se ajusten a los contextos y a los campos de variación social, económica y cultural. Pero al mismo tiempo tienen que crear mecanismos que garanticen el seguimiento de la aplicación de las normas.
El ámbito de la implementación de la justicia es donde recién se ha concentrado la responsabilidad del Estado; sin embargo, debemos reconocer que las transformaciones institucionales han sido fundamentalmente débiles respecto a los desafíos que plantea la convención para el ejercicio efectivo de los derechos de los niños.
Otro punto que quiero referir es ¿cuál ha sido el avance sobre los planes nacionales de acción que, durante estos 20 años, los países han comprometido en llevar adelante? No se ha incluido a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a los centros profesionales, y sobre todo, a las organizaciones de niños y adolescentes a participar activamente en el diseño de los planes de acción; por ello han ido quedando como muestras de buenas intenciones.
La mayor parte de los Estados latinoamericanos han hecho sus planes de acción pero tenemos que preguntarnos si han alcanzado la expectativa que se necesita, por su forma de elaboración, por la forma en la que se han integrado las mesas de trabajo para su elaboración, por el grado de respaldo ya que, generalmente, hay cierto divorcio entre la definición de los planes de acción y los presupuestos que garantizan la ejecución de los mismos
Además, los planes de acción no se han constituido en un instrumento de debate público, y del acceso público a la información de lo que ahí está planteado, por lo tanto son instrumentos que adoptan formalidades y no esencialidades respecto de la aplicación de las políticas públicas vinculadas a la implementación de los derechos.
Por otra parte, quiero señalar el desafío que implica para los Estados construir las herramientas independientes de monitoreo y exigibilidad de derechos. Si los niños, a partir de la convención, son titulares de derechos, si como consecuencia los Estados son titulares de obligaciones, tenemos que asegurar que en esa relación existan los instrumentos de la exigibilidad de los derechos, tanto accediendo a los tribunales para que estos puedan hacer efectivos los derechos que han sido violados u omitidos de manera que afecten el ejercicio de los mismos, o bien sea que por el orden administrativo el niño, la niña, los adolescentes con las organizaciones de estos, con las organizaciones que los representan tengan canales habilitados para presentar sus denuncias y hacer efectivo, por lo tanto, la gestión que lleva la exigibilidad de los derechos.
América Latina, en estos 20 años, ha tenido algunas buenas experiencias: el ombudsman o los defensores de derechos del niño o las comisiones de derechos humanos, han presentado la introducción de un modelo de proyecto de exigibilidad. Bienvenidas las experiencias, pero han sido insuficientes. Establecer instrumentos de exigibilidad −con las modalidades que cada país decida− es uno de los mayores desafíos en la agenda pendiente.
En los últimos 20 años la prioridad se enfocó en la difusión y la promoción y no en la exigibilidad de los derechos de los niños. Esto trajo como consecuencia que se habilitaran los mecanismos de cumplimiento preferentemente en la formalidad que plantea la convención por parte de los Estados, cumpliendo con la presentación de los informes periódicos al comité, difusión de la convención, adecuación legislativa y planes de acción de bajo nivel de impacto pero los instrumentos de exigibilidad han estado virtualmente ausentes.
Otro pendiente del Estado es la inversión real para la protección de los derechos de niñas y niños. El artículo cuarto de la convención nos dice, de una manera riesgosa, que el Estado deberá destinar hasta el mayor de sus esfuerzos y de sus posibilidades, pero no dice a través de qué entidades representa un desafío. Tiene que aumentar la inversión de manera progresiva y etiquetada para que dicho presupuesto no pueda ser destinado para ningún otro fin.
Y la inversión no es un dato de los economistas. Bienvenida la colaboración de los economistas que permitirán dar un diseño final a una estructura presupuestaria, pero el diseño de este presupuesto, además, debe contar con la participación de la sociedad civil, de las y los educadores y trabajadores sociales, y, por supuesto de las y los niños. Hay que aumentar la inversión y la calidad de la inversión, por ello es fundamental abrir el debate a la opinión pública, a los actores sociales, para que participen activamente pues la inversión es clave para definir los términos del contrato entre el Estado y la niñez.
El Estado también tiene una deuda seria con las y los adolescentes: es necesario que se fijen políticas públicas dirigidas a esta población. El mismo texto de la convención es un limitante en lo referente a las y los adolescentes. Por ejemplo, los artículos 28 y 29 reconocen a los Estados la obligación de garantizar la educación de manera gratuita, obligatoria y universal para la escuela primaria y el fomento a la educación secundaria. Ese enfoque de las obligaciones de los Estados respecto de la educación es discriminatorio para la adolescencia y ha generado una falta de compromiso de los Estados para con este grupo poblacional.¿Cómo lo podemos ver?, con una cifra sencilla: 72% de los adolescentes en América Latina a partir de los 15 años están fuera del sistema educativo.
La agenda de la sociedad civil
Previo a la aparición de la convención, en algunos países latinoamericanos la sociedad civil ha hecho una gran labor. Organizaciones a favor de los derechos de los niños en América Latina fueron creadas seguramente cuando esta región salía de las peores dictaduras y conflictos armados.
Las enseñanzas de esta experiencia han generado corrientes de opinión en la sociedad, han recordado a los Estados las obligaciones que no eran liberales, han generado vínculos con el órgano del tratado, con el Comité de Derechos del Niño pero, también, con el aprendizaje que nos dice que la incidencia en las decisiones políticas de los Estados aún deben –y por lo tanto, en la agenda pendiente– de aumentar la incidencia.
Quiero decir con esto que toda producción de la sociedad civil tiene que estar pensada en cómo incide en el proceso de producción de las políticas públicas.Ésta puede ser directa o indirecta; los estudios, las investigaciones, las campañas de difusión, los estudios de terreno, no pueden desconocer que uno de sus puntos fundamentales es la incidencia que va a tener en las definiciones de las políticas públicas. Este es un dato central por el cual la sociedad civil necesita profundizar.
El monitoreo constituye la otra vertiente necesaria; acompañar los procesos de exigibilidad de los derechos es lo que conforma la triada de lo fundamental que la sociedad civil necesita.
Otro elemento –tal vez el más complejo– es profundizar en el desarrollo de la cultura de derechos del niño mediante un conjunto de acciones, de medidas de corrientes de trabajo que permitan una revisión en la comunidad, que vaya desde los valores tradicionales que persisten y que no siempre tienen que ser eliminados para que ingrese el nuevo criterio, sino que tenemos que lograr que también los valores y los principios de la convención puedan integrarse a las dimensiones culturales de los pueblos.
No es una buena receta proponer que los pueblos abandonen su cultura para incorporar la de los derechos del niño; casi diría que ese es un mal camino. Por supuesto, cuando la cultura de las tradiciones tiene elementos que conforman una violación de derechos –como puede ser la mutilación genital femenina– obviamente se tendrá que revisar a profundidad esas prácticas.
En la diversidad cultural de nuestra América Latina en sus aspectos urbanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, migrantes (que conforma nuevos mecanismos interculturales) debemos ingresar con los principios de la convención pero integrándolos a su propia dimensión.
La convención tiene que comunicarse llanamente, hablar el mismo lenguaje que el conjunto de los pueblos en su vida cotidiana, en ese lenguaje común tenemos que profesionalizar y encontrar los mecanismos de comunicación.
La agenda académica
El mundo académico no ha podido sensibilizarse en términos generales con la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay buenas experiencias en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Chile, en universidades de Perú, en universidades que han generado la maestría, pero siguen siendo respuestas focales en el mundo universitario.
En los próximos 20 años tenemos que superar esta fragmentación, necesitamos una revisión más profunda de los programas de estudios en la formación. El contacto de los contenidos de la convención con las estrategias de comprensión de derechos no pueden ser un tanto menor a la mayor parte de las profesiones y, por ello, esto implica un compromiso de revisión más profunda y de incorporación mucho más esencial que la actual. La formación de los profesionales de la próxima generación exige, por un lado, la cultura; y por el otro, los principios y las disposiciones que nos plantea la convención,estén incorporados.
Respecto de los organismos internacionales es muy poco lo que puedo decir: los dos grandes sistemas con los que convive la convención son el de Naciones Unidas –con el Comité de Derechos del Niño y con el Consejo de Derechos Humanos en distintas dimensiones–, el del Sistema Interamericano, con la Comisión de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana.
Dichos organismos tienen, en estos 20 años, un balance que hacer. Entre los grandes desafíos está el de acompañar, con sus propios reglamentos, los mayores niveles de compromiso por parte de los Estados y la exigibilidad de los derechos que están consagrando. Estas dos grandes líneas de acción instrumentadas bajo las normas de cada una de las organizaciones constituyen, a mi juicio, aportes que se pueden hacer desde el campo internacional a la aplicación concreta del derecho de los niños.
La agenda pendiente necesita ser debatida por sus actores, revisada básicamente en que los textos de una convención no están escritos sobre el mármol, sino sobre papel. El dinamismo y la incapacidad de cambio y el Protocolo Facultativo están hechos sobre contextos históricos que varían. Así, por lo tanto, miremos los desafíos que presenta esta agenda pendiente, como la agenda del siglo XXI y, básicamente, como la conjunción del nuevo contrato social entre el Estado, la niñez y la sociedad.
* Médico y pediatra social. Ha sido vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas; asesor del Instituto Interamericano del Niño y director del Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Es académico de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires.
** Síntesis de las palabras pronunciadas por el autor en el Foro 20 años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los niños y jóvenes mexicanos merecen y reclaman un país donde la justicia social sea para todos y donde las decisiones que se tomen en cualquier ámbito de la vida sean siempre pensando en la gente, en su desarrollo y felicidad, es decir, un país justo, con leyes adecuadas que garanticen los derechos de toda su gente, que sea una tierra de oportunidades para todos. Este país, que con pocas palabras dibujo y describo, no existe, lo debemos construir.
Para mucha de nuestra gente, para demasiados millones de niños, niñas y jóvenes, sus oportunidades de supervivencia y desarrollo están amenazadas. Tal vez tendríamos que agregar “hoy más que nunca”, por los efectos de la cruel crisis que siempre le pega más duro a las y los de siempre… a las personas pobres. Pero para ellas pareciera que siempre es lo mismo, una cadena perpetua.
Son niños y niñas cuya primera experiencia de hambre la vivieron en el vientre de una madre anémica de las millones que existen en América Latina (hasta hace unos cuantos años la estadística hablaba de que 70% de las mujeres embarazadas padecían anemia, confío que en la actualidad el porcentaje haya disminuido, pero desconfío que haya sido de manera drástica). El contacto con lo que será su realidad brutal, se origina en el mismo claustro materno y todo lo demás vendrá por añadidura.
La tragedia que viven millones de pequeños seres humanos no ha sido erradicada, a pesar de que en la última década del siglo xx en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya aprobado la Convención de los Derechos del Niño y con ello contar con un tratado internacional con carácter vinculante para los Estados miembros y firmantes de la misma.
¿Declaración pesimista la mía cuando estamos en un marco de reflexión y festejos, precisamente del cumplimiento de 20 años de la Convención de los Derechos del Niño? No. Defiendo mi derecho a radicalizar mi esperanza y la creencia firme que como ciudad, país y planeta, podemos y debemos avanzar más rápido y con eficiencia y eficacia en materia de atención a los derechos de niños y niñas.
México es parte de un mundo que no ha sabido preservar la vida de su infancia y que, por el contrario, ha tomado decisiones que han destruido posibilidades de vida digna y futuro bueno, a millones de pequeños seres humanos.
Cada nación tiene su inventario de las respuestas que ha tratado de organizar para afrontar la problemática diversa de sus niños y jóvenes. También es cierto que esas respuestas representan avances, pero todavía son insuficientes.
Para llegar a esta conclusión, no es necesario recurrir a un exhaustivo estudio, basta con leer dos o tres estadísticas actuales o caminar por las calles de las principales ciudades de América Latina y nos toparemos, aunque tratemos de evitarlos, con niños y niñas viviendo o trabajando en la calle, sus figuras llenas de andrajos, de pobreza y desesperanza echada encima son inconfundibles.
Construirnos como sociedades justas y con mayores indicadores de calidad de vida y desarrollo humano debe ser compromiso y tarea de gobernantes y gobernados. Y es precisamente en este campo, que las naciones debemos reconocer la deuda contraída con la infancia y juventud marginada y pobre y las omisiones y los abusos cometidos en su contra.
Esto no significa que no reconozcamos lo que ya se hace y se hace bien. Se trata como dicen los políticos de redoblar compromisos y esfuerzos… pero que la palabra se haga acción, política pública, presupuesto, monitoreo y evaluación.
Lo primero que tenemos que hacer, en la búsqueda de la protección a nuestra infancia, es renunciar a la tentación de hermosear la realidad que viven los niños, reconocer que no hemos sabido ser sociedad para la infancia, que no hemos creado una cultura de y por la infancia.
Reconocernos también como nación todavía aprendiz en cultura de derechos humanos. Reconocernos como nación y ciudad que gasta poco a favor de la vida de su infancia comparada con la inversión que se realiza en otras áreas, no necesariamente prioritarias. Reconocernos como sociedad en la que nunca sus niños, han sido prioridad, o al menos no se refleja con claridad e inteligencia en la definición de políticas públicas para ellos y en la asignación de recursos.
Basta señalar que en materia de educación somos el miembro de la ocde [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico] con menor inversión y evidente retraso en este tema. Y bien sabemos los mexicanos que tanto nuestros maestros como la educación primaria y secundaria que imparten están reprobados, y si nos metemos a indagar sobre el bachillerato y algunas licenciaturas, también inmediatamente saldrían indicadores de preocupación.
Reconocer que aunque México fue un país entusiasta que en 1990 firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño y que en 2000, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todavía son más abundantes las declaraciones y discursos que los hechos que estén impactando positiva y sustantivamente en la vida de la mayoría de niños y niñas mexicanos.
No se trata de que inhibamos nuestra capacidad de reconocer y celebrar los avances. De lo que se trata como nación es que en este marco de celebración ratifiquemos simbólicamente la Convención y fortalezcamos el compromiso, la voluntad política, la acción y los presupuestos, para con ello crear la mejor condición de protección y garantía de todos los derechos, para todos los niños y niñas.
De lo que se trata es de demostrar en cada uno de los hechos y de las decisiones de Estado, que somos una nación donde la infancia es prioridad nacional. De lo que se trata es de tomar todas las medidas que sean necesarias para construir un México apropiado para niños y niñas.
* Palabras pronunciadas por el autor al inaugurar el Foro 20 Años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
** Miembro del Comité Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El 20 de noviembre de 2009 se conmemoraron 20 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Convención supuso una gran transformación social, ya que reconoció a los niños y niñas como protagonistas de su propio desarrollo y no una posesión de sus padres y familias. Exigió a la sociedad que actuara en el mejor interés para los niños y niñas, y reconociera sus derechos para expresar sus opiniones, ser escuchados y actuar apropiadamente. La Convención fue ratificada por 192 países, convirtiéndola en el instrumento de derechos humanos más universal.
A pesar del progreso de estos 20 años, millones de niños y niñas en el mundo aún no gozan plenamente de sus derechos más fundamentales. Por este motivo, organizaciones civiles a favor de los derechos de la infancia, instancias académicas, instancias gubernamentales y organismos internacionales volvieron a unirse para renovar la determinación individual y colectiva, y dar un paso a delante y conseguir que el espíritu de la Convención penetre más profundamente en la sociedad, en el día a día, y en las acciones y presupuestos de los Estados parte.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en América Latina y el Caribe, cada año más de seis millones de niños y adolescentes sufren abusos severos. Cerca de 220 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad mueren cada día a causa de la violencia doméstica; cada hora de cada día 28 niñas, niños y adolescentes son sexualmente explotados. En el informe El estado mundial de la infancia 2009, Unicef indica que entre 70% y 80% de las víctimas de abuso sexual son mujeres, en 50% de los casos de abuso los perpetradores viven bajo el mismo techo que las víctimas y 75% están estrechamente relacionados con las víctimas.
A ello se suma el hecho de que muchos niños, niñas y adolescentes no pueden ejercer su derecho a crecer en una familia, y no existen registros oficiales que permitan conocer la cantidad y situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo de perderlo. Existe evidencia de que dicha población está expuesta a múltiples violaciones al ejercicio de sus derechos como discriminación, atentados en contra de la vida e integridad personal, maltrato, abuso sexual y explotación económica, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, entre otras.
Para resolver estas situaciones la única solución posible es la formulación de políticas públicas con perspectiva de derechos, dirigidas a disminuir las causas de tipo económico, social y cultural que impactan negativamente en la niñez y adolescencia de nuestro país.
DFENSOR se une a esta conmemoración reuniendo las voces y opiniones de expertas y expertos nacionales e internacionales, y datos estadísticos de importantes referentes, todo con una mirada lacerante a la sórdida realidad que viven algunas niñas y niños en nuestro país. Conocer ésta es fundamental para llevar a cabo las acciones que la puedan transformar.
Por: Alicia Carriquiriborde*
Fotografías: Joaquín J. Abdiel
El 17 de agosto de 2009 fue aprobada la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este instrumento jurídico, enfocado desde la perspectiva de los derechos humanos y en el reconocimiento de que la alimentación es un derecho humano fundamental, entrará en vigor a partir de la segunda mitad de noviembre de este año.
La promulgación de esta ley constituye un hito que permitirá avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en la entidad más poblada de México; significa también un paso adelante hacia la equidad y la justicia social. Mediante esta ley, hombres y mujeres que habitan el Distrito Federal, sin distinción alguna, podrán reclamar ante las instancias gubernamentales correspondientes el cumplimiento del derecho a la alimentación y a la nutrición y, en el caso de que estos derechos sean violados, demandar que cese la violación y reclamar justicia.
Esta ley se sustenta en 12 considerandos que tienen en cuenta las necesidades nutricionales de los seres humanos y el carácter social y económico que determina en la realidad, el acceso a la alimentación. Fue elaborada bajo el marco jurídico internacional para la protección de los derechos humanos con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que desde mediados de 2008 realizó con las y los legisladores un trabajo intenso de acompañamiento a través de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.
Están contempladas en esta ley las necesidades alimentarias de toda persona, definidas claramente en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1 relativo al derecho a la alimentación, en donde se reconoce el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y se acuerda que los Estados Parte adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias, incluidos los programas concretos para garantizar el derecho humano a la alimentación. En la Observación General núm. 122 relativa al contenido esencial de este derecho, se encuentran las referencias que debe contener una alimentación correcta que también está considerada en la Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal.3
Citaremos los artículos más relevantes de esta ley pues abren las puertas para la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la alimentación:
El artículo 1° afirma que la nueva norma tiene por objeto “establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes del Distrito Federal”.4 Queda claro entonces el carácter universal de este derecho, aunque lamentablemente aún no está considerado como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que esta ley local adquiere un mayor significado.
Para poner de relieve la importancia de esta ley desde la perspectiva de los derechos humanos, citamos otro de sus aspectos positivos: los artículos 2° y 3 ° señalan los principios y etapas de implementación para su cumplimiento y se determina quiénes serán los responsables institucionales con el cumplimiento de la ley, los obligados a respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la alimentación.
Por otro lado, en los artículos 6°, 7° y 8° se describe el significado del concepto alimentación correcta de acuerdo con lo establecido en la definición dada en la Observación General núm.125 sobre el derecho a la alimentación. Además de especificarse en estos artículos los objetivos generales y específicos destinados a la correcta aplicación de la ley, también se determina que dichos objetivos deberán ser contemplados en la Política Alimentaria para el Distrito Federal.
En el título segundo, acerca del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en su capítulo i, sobre las facultades que la ley otorga a las y los funcionarios públicos, quedan establecidas las obligaciones de cada uno de ellos o ellas y las diferentes responsabilidades de cada Institución a las que les compete la cuestión alimentaria (artículos 9°,10, 11 y 12).
Los capítulos 2 y 3 del título segundo son de especial importancia en lo concreto, porque tratan sobre la planeación de la seguridad alimentaria y nutricional y de los programas que de ella se desprendan. Destacamos que en el artículo 13 del capítulo ii se define el proceso de planeación, y en el artículo 14, se señalan los criterios que deberán observarse para su realización y aplicación, incluyendo los mecanismos para su evaluación y las tareas correspondientes: “El proceso de planeación observará los siguientes criterios generales: democracia; participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social; enfoque estratégico que promueva los objetivos del interés general de la ciudad de México; temporalidad de corto, mediano y largo plazo; sistematicidad y continuidad; transparencia; pluralidad; concertación; y actualización permanente con base en la evaluación”.
Según este artículo, estos postulados constituirían los lineamientos base para una política pública con participación ciudadana y de carácter democrático, correspondiéndole al jefe de Gobierno del Distrito Federal, según el artículo 15, establecer una red de información alimentaria y nutricional que proporcionará información sistemática, actualizada, transparente y oportuna a sus participantes, para analizar y evaluar los procesos y resultados alcanzados en relación a los objetivos y metas, plasmados en los instrumentos de la planeación, incluyendo de manera particular los resultados de cada una de las instancias ejecutoras, con el fin de dar acceso y uso de la red de información alimentaria y nutricional a los sectores público, privado y social. Se determina que el jefe de Gobierno contemplará las previsiones presupuestales correspondientes.
El artículo 19, capítulo III, que trata sobre los programas de seguridad alimentaria y nutricional y los subprogramas delegacionales en la materia; establece la obligatoriedad de realizar el diagnóstico de la situación de la ciudad de México sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional, considerándose estos instrumentos como rectores para garantizar el derecho humano a la alimentación.
La ley también establece que los programas deberán tener carácter permanente y cobertura para todo el Distrito Federal y que serán operados por el jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de las dependencias y entidades que correspondan de acuerdo con las atribuciones previstas.
Para completar la información respecto de los contenidos de la ley, en su último capítulo (que se refiere a las previsiones presupuestales para la seguridad alimentaria y nutricional), los artículos 25 y 26 establecen que el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal serán los encargados de presentar y sancionar el presupuesto destinado a la alimentación.
La ley también contempla las sanciones y responsabilidades pertinentes en su artículo 27: “Las violaciones a lo establecido por la presente ley, su reglamento, y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Administración Pública del Distrito Federal”. Queda claro entonces que se establece la instancia para atender reclamos y demandas relacionadas con la justiciabilidad de este derecho. Además el artículo 28 determina que para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal.
El hambre y la desnutrición son dos realidades dramáticas, producto de la pobreza económica y estructural, de la histórica injusticia social que se vive en México agravada por la crisis del modelo económico capitalista neoliberal. Muchas han sido las luchas protagonizadas por los sectores sociales en el país para acceder a una vida mejor, una de ellas, en los últimos veinte años, ha sido la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), derechos básicos para una vida digna, libre de hambre, que los gobiernos no han estado dispuestos a reconocer, aunque figuren en la Constitución o hayan firmado acuerdos internacionales sobre derechos humanos, como el pacto ya citado.
En la ciudad de México, culturalmente diversa, sede del gobierno nacional, poblada por más de 20 millones de habitantes, de los cuales, según los datos oficiales, padecen de pobreza alimentaria 4 73 mil 3 67 personas,6 de hoy se cuenta con una ley que garantiza jurídicamente el derecho humano a la alimentación.
Es un verdadero logro de la sociedad, de las luchas de los diferentes sectores sociales, por que sean reconocidos sus derechos humanos económicos, sociales y culturales, de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y de las y los responsables gubernamentales del Distrito Federal. Sin lugar a duda será muy importante que las autoridades políticas cumplan con la esta ley y faciliten su materialización por todos los medios disponibles.
Para que la norma no se convierta en letra muerta será necesario que la ciudadanía ejerza los derechos que la ley protege y, principalmente, que quienes padecen hambre sean beneficiadas(os) con programas con perspectiva de derechos humanos y no con una visión asistencialista que depende únicamente de la voluntad política de las y los gobernantes. Contando ya con el instrumento jurídico, es de esperar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal juegue un papel relevante en la protección del derecho humano a la alimentación.
* Activista de Food First Information and Action Network (FIAN) México y Espacio DESCA.
Notas al pie de página:
1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), RES. 2200/ A (XXI), 1966, entrada en vigor general el 23 de marzo de 1976, entrada en vigor para México el 23 de junio de 1981.
2 Observación General núm. 12 (1999) relativa al derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del PIDESC, EIC.12/1999/5, p. 6).
3 Los artículos a los que se hace referencia forman parte de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, véase Gaceta Oficial del Distrito Federal, 17 de septiembre de 2009 en , página consultada el 13 de noviembre de 2009.
4 Ibidem, Título primero, Capítulo único, Disposiciones generales, artículo 1°.
5 Observación General núm. 12 (1999) relativa al derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del PIDESC, EIC.12/1999/5, p. 6).
6 Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el documento Posicionamiento para el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal por la diputada Carla Sánchezarmas García, 20 de agosto 2009 en , página consultada el 17 de noviembre de 2000.
Desde marzo de 2008 Food First Information and Action Network (FIAN), Sección México (Red por el Derecho a Alimentarse), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y el Espacio DESC, denunciamos nuestra preocupación por la crisis alimentaria mundial que ocasionó disturbios sociales en varios países asiáticos, debido a la escasez de alimentos. En ese momento, exigimos al gobierno mexicano hiciera un plan emergente para prevenir. Sin embargo el régimen de Felipe Calderón, no escuchó. Hoy no sólo continúa esta grave situación alimentaria; además, se ha sumado a la crisis económica.
En las metas de la Cumbre del Milenio se establece, como primer compromiso de los Estados, erradicar la pobreza extrema y el hambre a nivel mundial; sin embargo están lejos de cumplirlo porque la crisis ha hecho que en un año se incremente en más de 100 millones el número de personas que padecen hambre en el mundo.
Pero el problema de escasez de alimentos no tiene su origen en la disminución de la producción, sino en las prácticas monopólicas de las empresas trasnacionales, lo que ha dejado en evidencia la debilidad de los Estados ante ellas. Lo cierto es que esta crisis mundial inició hace más de 20 años, cuando las y los gobernantes de los países en desarrollo adoptaron las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (bm) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impulsaron:
• El abandono del Estado mexicano hacia la producción agrícola retirando crédito, subsidios, precios de garantía, apoyos técnicos y para la comercialización, para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que favoreció la importación de alimentos y granos básicos.
• El desmantelamiento de los mercados internos, nacionales y regionales, como consecuencia de las importaciones de los productos altamente subsidiados, afectando directamente a los campesinos y las campesinas de escasos recursos (competencia desleal).
• Pérdida de la soberanía alimentaria, pues nos convirtieron en un país importador de comestibles y granos básicos que antes producíamos.
• Generación de pobreza masiva pues, debido a la injusta distribución de la riqueza, hoy varias trasnacionales son más ricas que muchos países pobres, mientras más de 1 000 millones de personas padecen hambre en el mundo.
• Salarios de hambre, que representan un robo legalizado porque, con un salario mínimo, una familia no puede vivir, a menos que tenga dos o más trabajos. En pocas palabras, estamos viviendo una esclavitud disfrazada.
• Una migración creciente de la población de países pobres, un éxodo incontenible que ha provocado una violación sistemática de los derechos de las y los migrantes quienes han perdido su categoría no solamente de ciudadanos(as) sino de personas. Sin embargo, la migración se ha convertido en un gran negocio para las compañías transnacionales y para los países ricos. Los más pobres, los que se tienen que ir y abandonar a sus familias, son los que envían dinero al país
En estas condiciones no podemos ser libres ni mucho menos ejercer la democracia, simplemente porque la lucha por la sobrevivencia dificulta nuestra capacidad de pensar y de razonar. La pobreza se ha convertido en un instrumento de sometimiento y manipulación al servicio de las mal llamadas democracias.
Todas las personas tienen derecho a una vida digna, mismo que sólo puede ejercerse si se respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), es decir, derecho al trabajo, a alimentarse, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la información, etcétera.
El compromiso de los Estados en materia de DESCA es a tres niveles: el primero es respetar, el segundo proteger y el tercero es garantizar; aquí el Estado se compromete a proporcionar a la población más vulnerable, que no pueda valerse por sí misma, su acceso a estos derechos. Si hablamos particularmente del derecho humano a alimentarse, el artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) dice:
Los Estados Parte en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
El inciso a) sin duda hace referencia a la soberanía alimentaria; el derecho de los pueblos a decir qué producen y cómo lo producen. Vamos a enumerar algunas de las violaciones del Estado mexicano, en relación con el derecho a la alimentación en sus diferentes niveles de compromiso: en primer lugar, el Estado mexicano viola el derecho a la alimentación cuando:
Establece un salario mínimo que no alcanza para que una familia coma suficiente y sanamente (las familias con menos recursos invierten más del 50% del ingreso familiar –del trabajo de más de uno de los miembros–en alimentos).
Hizo una contrarreforma agraria en la que introdujo modificaciones al artículo 27 constitucional, que permiten la venta de terrenos ejidales que originalmente fueron concebidos como un patrimonio familiar inalienable.
Impulsa megaproyectos como el de la hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, que desplazaría a 25 000 personas.
Toma las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y deja sin empleo a más de 44 400 trabajadores(as).
Desvía el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a investigaciones sobre productos transgénicos de empresas trasnacionales, afectando a las y los becarios.
Por otro lado, el Estado mexicano no protege el derecho a la alimentación cuando:
Permite que los empresarios paguen un salario mínimo que no alcanza para vivir dignamente y con el cual no se puede comprar una canasta básica de los productos alimenticios que debe consumir una familia.
Permite que empresas trasnacionales compren tierras a las y los campesinos en condiciones desventajosas.
Permite que productos con precios dumping1 entren al país, perjudicando a las y los campesinos.
Permite que empresas nacionales y trasnacionales impulsen megaproyectos como el de la hidroeléctrica La Parota, citado anteriormente.
El Estado mexicano no garantiza el derecho a la alimentación cuando, ante los desastres naturales no tiene la capacidad de hacer llegar alimento a las personas afectadas y cuando, a través de sus programas, no logra llegar a esta población.
Para la o el ciudadano común es difícil entender la responsabilidad que el Estado tiene de la situación que padece. La pobreza se vive como una impotencia personal, aislada y desorganizada (porque los movimientos sociales y sindicales han sido desarticulados) y no como una situación de violación a los derechos de todo un pueblo. Por lo que el fortalecimiento de la organización comunitaria en el campo y ciudad, por la demanda de una vida diga, se convierte en una acción prioritaria para todas y todos.
Democracia, municipio, comunidad y delegación
En la delegación, comunidad y municipio, por ser los lugares en los que vivimos, es donde podemos construir y ejercer la democracia de una manera más directa, preocuparnos por el bienestar de todos y dar seguimiento a nuestras propuestas de desarrollo.
El gobierno tiene la función de administrar los recursos del país y de que sus habitantes vivamos dignamente; sin embargo lo hace muy mal porque paga el salario mínimo más bajo, incluso comparado con economías más pobres
Por otra parte el sueldo que ganan diputados(as), senadores(as), el presidente, las y los altos funcionarios del Instituto Federal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inmoral en un país donde la mitad de la población tiene hambre.
México es un país que cuenta con recursos suficientes para alimentar a su población, el problema del hambre y malnutrición es derivado de la injusta distribución de la riqueza, la falta de eficiencia en sus políticas públicas y la corrupción.
Por ello, es urgente que el gobierno mexicano tome medidas que protejan el empleo y el poder adquisitivo. Se necesita fortalecer y reorientar la agricultura familiar tradicional como garantía de la seguridad alimentaria, además de estimular el desarrollo comunitario regional, permitiendo ejercer el derecho de alimentarse por sí mismas a las personas y a los pueblos.
El salario mínimo debería de alcanzar a cubrir necesidades básicas. Si para pagar la renta tenemos que comer menos, dejar de gastar en vestido para la familia, no ir al médico o no tener esparcimiento, el Estado viola nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y muy particularmente el derecho a la alimentación.
Vivimos esta pobreza en forma aislada, como un destino personal y no como el resultado de un sistema económico, donde las mercancías valen más que las personas. Por ello, para romper este aislamiento, es fundamental organizarnos en nuestras comunidades y colonias construyendo nuevas esperanzas y luchando desde nuestras bases para exigir al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones en materia de DESCA. Datos obtenidos en el taller Por el Derecho a la Alimentación realizado en la delegación Gustavo A. Madero, de febrero a septiembre de 2009, en coordinación con dicha jefatura delegacional.
* Directora de Food First Information and Action Network (FIAN), Sección México (Red por el Derecho a Alimentarse).
Notas al pie de página:
1 El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en que un producto sea introducido en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor en el país de origen, en el curso de operaciones comerciales normales. Véase , página consultada el 13 de noviembre de 2009.
2 Véase , página consultada el 9 de noviembre de 2009.
Desde su apertura, el Centro de Acopio ubicado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concentra más de 15 toneladas de alimentos, agua embotellada, material de curación y medicamentos que las y los ciudadanos de la capital han hecho llegar para el Pueblo de Haití.
