El Relator para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, expresó su preocupación por la creciente ola de agresiones contra periodistas en México.
Recordó que en enero pasado fueron asesinados los comunicadores Valentín Valdés Espinosa, en Coahuila; José Luis Romero, en Sinaloa; y Jorge Ochoa Martínez, en Guerrero.
Luego de registrarse más de 900 personas ejecutadas en enero de este año y tres periodistas asesinados, alertó que el país se esté “acostumbrando a contar cadáveres, y dentro de éstos, a los cuerpos de comunicadores y defensoras y defensores de derechos humanos”.
El funcionario de la CDHDF detalló que para la Relatoría para la Libertad de Expresión la violencia contra este sector es un atentado contra la democracia, fundamental para la construcción del Estado de Derecho.
“Cuando un Estado renuncia a la protección de comunicadores está mostrando que hay una sistémica debilidad en los mecanismos para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, enfatizó.
Ante ello, llamó a reformar el Código Penal Federal para considerar como delito del fuero federal todas las agresiones contra el gremio periodístico.
Además, notó un cambio en lo que al principio se registraba en esta materia, que era que 70% de las agresiones eran cometidas por servidores públicos, y 30% por la delincuencia organizada.
“El problema es que cuando la autoridad no hace una investigación adecuada, y se declara que algunos asesinatos podrían estar vinculados por la relación con grupos de delincuencia organizada, se presentan omisiones locales y federales al no fortalecer una política de protección”, comentó.
Detalló que para la Relatoría a su cargo lo que ocurra con cualquier periodista en el territorio nacional lleva a demandar a la autoridad una pronta investigación para castigar a los culpables.
Confió que en el Distrito Federal se registren avances en materia de libertad de expresión, como lo constituye el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que establecen compromisos de diversas dependencias públicas en el tema.
“Este signo es positivo porque es la única entidad del país que ha logrado este compromiso”, subrayó.
Sin embargo, creyó conveniente que las autoridades locales instrumenten procesos de capacitación tanto para este sector como para servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Anunció que la Relatoría impulsará la realización de un Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en la ciudad de México, el cual podría presentarse a principios de 2011, a fin de evaluar no sólo el estado de las quejas sobre el tema, sino también los avances en política pública.
Indicó que la Relatoría también implementará procesos de visibilización de diversos grupos de la sociedad que ejercen su libertad de expresión, y que generan pensamiento y debate con el uso de las nuevas tecnologías.
“No solamente es lamentar y condenar los asesinatos de periodistas, sino ampliar los espacios y en esto hay personas e iniciativas que se tienen que acompañar”, concluyó.
Fue precisamente durante la llamada década perdida cuando América Latina y África llenaron sus estadísticas de personas desempleadas, migrantes al mundo urbano y hacia los países del norte; y de forma especialmente notable, las calles se llenaron de niños, niñas y jóvenes que buscaron la sobrevivencia en el espacio público. Entonces el mundo acumuló un nuevo conflicto social, los medios de comunicación se llenaron de imágenes infantiles con rostro sucio y los discursos de gobiernos, organismos internacionales y analistas “descubrieron” al niño de la calle.
Quienes reaccionaron primero ante este nuevo fenómeno social fueron los programas religiosos vinculados a la asistencia social. El mundo universitario llegaría tarde y de forma breve, como en otros grandes acontecimientos. Así que las primeras acciones respondían de forma compensaria y la misma representación social otorgada:
El niño de la calle: ya no tienen contacto con su familia, con los adultos. Estos son los verdaderos niños de la calle. [...] El menor que vive en la calle se mezcla cada día con la gran masa de pequeños pobres que buscan su sustento. [...] en la calle el menor muy pronto vacilará entre la delincuencia, la droga y la prostitución. [...] Los niños no sólo necesitan pan, sobre todo necesitan amor. Si se han ido del hogar, ha sido en la casi seguramente porque no había amor. 1
Esta mirada fue la más extendida en el mundo y desde la cual se construyeron proyectos, modelos educativos y discursos que sustentaron prácticas sociales en las tres últimas décadas. Pero quizá lo más desafiante del niño de la calle para el mundo adulto estriba en la ruptura a la imagen idealizada que se ha construido en torno a la niñez, una infancia monolítica y dulzona, donde están muy presentes los sinónimos de inocencia, alegría, ternura, pureza, escuela, juegos, irresponsabilidad, etc. Así que, en contraposición a aquella noción ideal de niñez, el niño de la calle ofendía con su autonomía y decisiones propias llegando a expresiones románticas en torno a esta infancia ajena al cuidado parental: “adultos chiquitos, niños sin infancia, ángeles caídos en desgracia, guerreros de cristal, diamantes cagados, niños silvestres, etcétera.”
Hijo del cerro/presagio de mala muerte,/niño silvestre/ que acechando la acera viene y va./Niño de nadie/que buscándose la vida,/desluce la avenida/y le da mala fama a la ciudad./Recién nacido/con la inocencia amputada,/que en la manada/redíme su pecado de existir./Niño sin niño/ indefenso y asustado,/que aprende a fuerza de palos/como las bestias a sobrevivir. 2
Fue así que el niño de la calle se construyó fácilmente en la contraposición del niño de familia, una falsa antítesis que marcó las intenciones de rehabilitación para obligarlos a ser niños, de acuerdo con la mirada adulta que decide los significados desde las representaciones sociales que tiene interiorizadas. Amor, escuela, institucionalización y domesticación fueron las banderas que izaron las diversas intervenciones en las calles para conquistar a ese “Niño silvestre”.
Dice Ferran Casas, catedrático de la Universidad de Barcelona: “Entre las propuestas más productivas ha habido la de considerar que el núcleo figurativo de nuestra representación social mayoritaria sobre la infancia se ha construido en torno de la idea de que se trata de la categoría de los ‘aún-no’” 3(adultos, maduros, racionales, etc.). Es decir, es un grupo etario por el cual se atraviesa rumbo a la juventud, pero que se coloca en oposición al mundo adulto. Por lo que significa un gran esfuerzo reconocer que existen distintas infancias, que la niñez es plural. Diversos en alegrías, tristezas, deseos, oportunidades, exclusiones y sueños.
Lamentablemente esta mirada conservadora, sustentada en la visión de necesidades y asistencialismo como eje de actuación, se ha resistido a reconocer la existencia de los derechos humanos y especialmente el gran cambio que representó que en noviembre de 1989, en el pleno de Naciones Unidas, surgiera la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como un parteaguas para superar la noción de la niñez como objetos de protección frente a un enfoque que ubica a niñas y niños como sujetos de derecho. Es decir, esto representa un tránsito necesario entre la visión basada en las necesidades hacia un enfoque de derechos humanos; demanda entender que el objetivo no es la escuela, si no el derecho a la educación diversa, científica y participativa. Es una invitación a aceptar que los niños-decoración usados en eventos y actos públicos sólo los convierte en una pésima caricatura de la participación, pues ser-parte de un proyecto es un proceso que puede llegar hasta la propia organización de niños y niñas, más allá de los temas de agenda asignados por el mundo adulto.
¿El interés superior del niño es ajeno al adultocentrismo?
Los principios rectores de la convención incluyen la no discriminación; la adhesión al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el derecho la participación. Estos principios son la base para que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad.4 La convención pondera los derechos de niñas y niños por encima de sus culturas, lugar de vida y condición social. Es decir, callejeros (sic), indígenas, escolarizados, trabajadores, en conflicto con la ley, sin cuidado parental, etc. Todas y todos tienen derechos y los Estados están obligados a ser los garantes para el pleno ejercicio de los mismos.
Cuando hablamos del interés superior del niño es tan general que pareciera una fácil decisión adulta cuando actúa al respecto de los derechos de la infancia. El sociólogo de la infancia Rodríguez Pascual habla del“desafío metodológico que constituye el propósito de pasar de un punto de vista adulto-céntrico a otro en el que la voz de niños y niñas sea una pieza fundamental en la comprensión de su experiencia vital y la forma en que éstos se convierten en co-constructores de la realidad social.”5 Es decir, no porque en algún momento de nuestra vida pasamos por la etapa infantil, consideraremos esta experiencia para tomar buenas decisiones hacia los niños de ahora; esencialmente porque nos construimos adultos en la negación de ser niñez. Así que la mirada adulto-céntrica estará jugando mucho en el momento de decir el interés superior del niño.
Por ello es necesario entender que los cuatro principios de la CDN: 1) no discriminación; 2) la adhesión al interés superior del niño; 3) el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y 4) el derecho a la participación, están entrelazados y sólo desde ellos será posible contar con parámetros para determinar si la decisión que toman los adultos es lo mejor para la infancia.
Regresamos aquí a las reflexiones en torno a la infancia callejera. Y la pregunta es obligada: ¿todo lo que en las últimas décadas se ha decidido al respecto de la infancia callejera (sic) fue salvaguardando el interés superior del niño?
Es posible adelantar que existió un autentico deseo de ayuda para con estos niños y niñas, aun con el profundo desconocimiento de las interacciones complejas del fenómeno callejero. Sabemos que son los grandes temas estructurales quienes desencadenaron éste y otros fenómenos sociales; la injusta distribución de la riqueza, el crecimiento de la pobreza urbana, el abandono de la producción agrícola, el desempleo juvenil, la migración, el incremento de consumo de sustancias adictivas, la violencia institucional contra grupos sociales diferentes, etc. Sin embargo, se llegó a un reduccionismo conceptual y metodológico.
Origen del niño de la calle. El niño de la calle ha cortado todo contacto con su familia […] debido a varias causas, la más frecuente de ellas siendo la disolución del núcleo familiar […] Esta es la primera causa y el caso más corriente.6
La conceptualización en torno al llamado niño de la calle generalmente no reconoce la violación a sus derechos humanos, ignora los factores estructurales e individualiza el fenómeno social a familias pobres e irresponsables. Esta criminalización de la pobreza es tan extendida que las familias víctimas de la exclusión social vuelven a ser revictimizadas por las instituciones con el estigma de ser malos padres, malas madres de familia.
Preguntemos nuevamente. Las acciones que se ofrecen para niños y niñas en situación de calle ¿están ajenas a la discriminación?, ¿consideran el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo?, ¿incorporan la opinión y participación de la niñez? Lamentablemente lo que más encontramos en las tres últimas décadas en la atención del niño de la calle son decisiones que ponderan la supervivencia y desarrollo, pero sin incorporar la participación de niños y niñas, y actuando desde la discriminación por su condición social de callejeros (sic).
Discriminación tutelar
En una cultura adultocéntrica que niega los derechos a la infancia y autoriza a los adultos dosificar discrecionalmente los derechos a niños y niñas, resulta más simple decidir por ellos en aras de su sano desarrollo, ejerciendo cálidamente la discriminación tutelar al asignarles de facto, por su condición social y de edad la incapacidad para decidir y ejercer todos sus derechos. La discriminación tutelar se convierte en una de las mayores violaciones a los derechos humanos de la infancia y juventud callejera, pues se busca ayudar sin escuchar su opinión en los temas que les afectan, negándoles su calidad de sujetos de derechos, pues la visión tutelar no reconoce la ciudadanía de las y los excluidos en la vida social.
La discriminación tutelar es una expresión sutil y encubierta de la discriminación tradicional, aquella que hace diferencia de los que están fuera de la normalidad. Este tipo de discriminación sustenta su intervención en dos principios fácticos: estado de minoridad e incapacidad, definidos por su condición social; sin importar la edad o capacidades cognitivas; esto significa que no todas las acciones de protección son una acción afirmativa con enfoque de derechos que faciliten el ejercicio de los derechos humanos, ya que en el fondo se usa como medio para justificar acciones autoritarias. En el caso de la infancia callejera esto adquiere una curiosa complejidad, ya que desde el discurso de derechos se impone la mirada tradicional sustentada en la visión de necesidades por encima de una basada en un enfoque de derechos; así parece sencillo llegar a la conclusión de que es posible violar un derecho para tutelar otros derechos.
Un ejemplo paradigmático y frecuente en todas las sociedades, consiste en llevar a niñas, niños y ancianos callejeros por la fuerza a instalaciones cerradas con la noción básica de protegerlos. En todos los casos, las y los callejeros (sic) regresan nuevamente a las calles pero ahora en condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad de sus derechos ante la necesidad de ocultarse para evitar estas acciones de salvamento, en ocasiones no exentas de violencia. Este tipo de prácticas nos dan una muestra del desconocimiento de esta población, de la negación de sus derechos ciudadanos y la ausencia de una interlocución para encontrar alternativas que desencadenen procesos de cambio de mayor impacto; son acciones inmediatistas que sólo expresan la ausencia de una política pública, de las que lamentablemente encontramos repetidos ejemplos en diversos países de la región latinoamericana.
Del niño de la calle a las poblaciones callejeras
Dimensionar la presencia de niños, niñas y jóvenes como parte de las poblaciones callejeras significa reconocer el carácter activo de las y los más pobres y excluidos de la estructura social de un país, es decir, grupos humanos que sobreviven, con sus propios recursos, en medio de las adversidades de la calle. Además, esta categoría social permite acercarse a una demografía diversa y cambiante. La particularidad de la población callejera (sic) está en la construcción de su identidad en torno a la calle y la vulnerabilidad social en la que se encuentran para el ejercicio de sus derechos.
Quienes sobreviven en las calles de la ciudad afrontan su exclusión social buscando los satisfactores que la estructura social de oportunidades no les permitió acceder dentro de las familias, el sistema educativo, el mundo laboral, etc. El impacto mayor de las poblaciones callejeras (sic), especialmente de los niños, niñas y jóvenes callejeros, está en el uso permanente del espacio público y en su carácter horizontal para organizarse en grupos de sobrevivencia, demostrando con ello la eficacia de la participación y organización desde la exclusión. Han colocado en la discusión internacional la necesidad de hacer valer los derechos humanos y las políticas públicas, por encima de su condición social. Un claro ejemplo de ello fue el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado Caso Villagrán Morales y Otros (caso de los niños de la calle) en 1999, en torno a las graves violaciones a los derechos humanos de las personas callejeras (sic) en Guatemala, colocando especial énfasis en que el derecho a la vida también incluye el derecho a un proyecto de vida.
Los derechos humanos como oportunidad de cambio
El Estado mexicano ratificó en septiembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y asumió el compromiso vinculante de este instrumento internacional, el cual obliga a su cumplimiento al mismo nivel que la Constitución mexicana. A veinte años de firmar la convención, las instituciones del Estado mexicano tienen grandes pendientes e importantes oportunidades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos sin importar la edad o la condición social. En este punto es importante recordar las últimas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha emitido al gobierno mexicano en 1994, 1999 y 2006:
68. […] el Comité expresa la preocupación del aún alto número de niños de la calle (sic) en el Estado Parte, de la ausencia de investigación comparativa, y de las escasas medidas tomadas para prevenir este fenómeno y para proteger a estos niños. Particularmente, el Comité lamenta la violencia a la cual los niños son sometidos por la policía y otros (CRC/C/MEX/CO/3, junio 2 de 2006).
69. El Comité recomienda que el Estado Parte consolide sus esfuerzos para proporcionar ayuda a los niños de la calle (sic), incluyendo cuidado médico; servicios de reintegración para el abuso físico, sexual y de sustancias y de salud mental; servicios para la reconciliación con las familias; y educación, incluyendo la capacitación vocacional y de habilidades para la vida; y tome medidas para prevenir la violencia contra niños de la calle y para proteger sus derechos […] (CRC/C/MEX/CO/3, junio 2 de 2006).
Es así que los derechos humanos, especialmente el cumplimiento de los derechos de la infancia, obliga a un ajuste de los modelos institucionales de atención, demanda una adecuada definición del presupuesto y evaluación del impacto social que alcanza el gasto público en infancia. Es una oportunidad para el cambio de prácticas sociales, aunque por ahora parece una mera utopía ante la ausencia de mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas.
En el escenario antes planteado, la ciudad de México logra sentar un precedente de gran nivel. Es la primera entidad que cuenta con un espacio de articulación y diálogo para construir el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de organizaciones sociales, universidades y el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se logró un proceso de reflexión y propuesta como base para el diseño de políticas públicas.
De forma pionera se incorporó la categoría social“Poblaciones callejeras” (sic) desde la cual se obliga a las autoridades locales a tenerlos como base para el diseño de políticas públicas locales. Pero aún el avance que representa el Programa de Derechos Humanos de las poblaciones callejeras el desafío mayor estará en acompañar su implementación con procesos de participación protagónica que aporten al ejercicio de su ciudadanía, sin expresiones de la discriminación tutelar.
* Director de El Caracol, A. C.
Notas al pie de página:
1 Preámbulo a la problemática de los niños de la calle, véase , página consultada el 22 de diciembre de 2009.
2 Joan Manuel Serrat, “Niño silvestre”, 2000.
3 Ferrán Casas, “Infancia y representaciones sociales”, conferencia dictada en El Espacio Social de la Infancia, Curso Internacional de Verano, San Martín de Valdeiglesias, España, 9 al 12 de julio de 2002.
4 Convención sobre los Derechos del Niño, véase , página consultada el 22 de diciembre de 2009.
5 Iván Rodríguez Pascual, Para una sociología de la infancia: aspectos teóricos y metodológicos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, colección Monografías, p. 245, 2007.
6 Preámbulo a la problemática de los niños de la calle, véase , página consultada el 22 de diciembre de 2009.
Una de las mayores aportaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 es el gran avance que representó para la construcción de la infancia como concepto. A partir de este instrumento, niños y niñas son vistos como sujetos de derechos, como seres humanos completos en el presente y eso ha sido un gran avance. Se ha luchado para que se deje de pensar en los niños y las niñas como adultos pequeñitos.
La convención aporta la idea de que la infancia debe ser protegida de los riesgos sociales, no porque sea vulnerable, porque los niños y las niñas no son vulnerables per se; si lo son es porque están siendo víctimas de discriminación, de violencia, de formas de vida en exclusión que los convierte en vulnerables, pero los niños y niñas no son vulnerables por naturaleza.
Son por eso la idea de la protección integral, del respeto a la persona en plena dignidad; todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, según el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual está centralmente colocado en la idea del niño sujeto de derecho de protección integral y de respeto, debe ser comprendida la protección integral dentro de esa perspectiva de la autonomía.
Esta es la filosofía de la convención; lo que aquí planteamos es que el niño y la niña tienen derechos y libertades que trascienden el acceso a los cuidados y servicios de salud. Es ir más allá, cambiar la visión de vulnerable, pero esto es una tarea pendiente.
Y hay muchas más. En primera instancia, el adolescente no aparece en la convención y es justamente a esa población a la que hoy en día vemos inmersa en problemas que deben ser una prioridad, como las violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, el narcotráfico, la violencia y los conflictos armados. Yo he visto la situación que padecen los niños involucrados en conflictos armados. Particularmente en América Latina los niños y las niñas viven realidades que no estaban contempladas hace 20 años, por ejemplo, las bandas criminales reclutan miembros cada vez más jóvenes.
Por otro lado, tenemos el Protocolo Facultativo sobre la venta −que no es lo mismo que la trata− y esto es muy importante porque es una figura que se da principalmente en zonas de extrema pobreza. Existen nuevas formas emergentes y terribles en el escenario del crimen organizado global e internacional que utiliza a niñas y niños para producir pornografía y para redes de explotación sexual comercial, dentro y fuera del marco de la trata de personas. A pesar de este panorama, la Convención sobre los Derechos del Niño es la única que no tiene un mecanismo, un protocolo para revisiones individuales, es decir, para casos individuales.
A veinte años de la convención, una de las deudas que tenemos y por la cual tenemos que trabajar es que niños y niñas estén legitimados para acudir a algún órgano internacional y poder exigir justicia cuando han sido violentados sus derechos, tanto en el sistema interno de justicia de su respectivo país, como en algún órgano universal de protección que pueda hacer algo efectivo para garantizar la justiciabilidad. Es fundamental que se cuente con un sistema de casos como el que se tiene en el sistema interamericano de derechos humanos.
¿Por qué la convención no puede tener un protocolo facultativo para las revisiones individuales? En eso estamos, esa es la gran propuesta de los miembros del Comité, pero la sociedad civil también se está moviendo de una manera muy activa. Sin embargo, para atender estos pendientes es fundamental, primero, que el Estado evalué; segundo, que las organizaciones de la sociedad civil exijan y, tercero, que los niños y niñas participen en la elaboración de los informes y en el proceso del monitoreo.
Los principios generales de la convención
El primero de los principios generales de la convención es el de la igualdad y no discriminación. Los niños y las niñas que son discriminados ven limitadas sus posibilidades de tener un proyecto de vida digna. La discriminación genera violencia, está comprobado. Es violencia y actualmente en América Latina somos testigos de nuevas formas de discriminación, por ejemplo, la criminalización de la adolescencia. Hoy en día, las y los jóvenes producen temor. ¿Por qué nos producen temor? porque los medios difunden el mensaje de que la criminalidad tiene rostro de adolescente, a pesar de que los datos duros nos hablan de que la mayor cantidad de delitos graves son cometidos por adultos. A esto sumamos la discriminación que sufren las adolescentes, las niñas y niños con discapacidad, con vih, en extrema pobreza y otras condiciones claras de vulnerabilidad.
El segundo principio de la convención es el interés superior del niño, es decir, que en todas las decisiones que conciernen a niños y niñas, ya sea que involucren a instituciones públicas o privadas de protección, social, de los tribunales, de las autoridades administrativas yórganos legislativos, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial. ¿Por qué tenemos que considerar el interés superior del niño? porque es un criterio de control de la sociedad y de la calidad, del ejercicio de los derechos y de las obligaciones para que sean correctamente efectuadas. El interés superior del niño sirve para controlar, en casos concretos, y en políticas, para conocer si esa niña o niño está siendo realmente tomado en cuenta como persona sujeta plena de derechos o no.
Este no es un tema que se haya trabajado mucho pero debe servir como unidad de medida cuando entran en conflicto el interés del adulto que disciplina con el interés del niño y de su autonomía, y no porque la disciplina esté mal, sino porque la forma de disciplinar a un niño o una niña tiene que cumplir con determinado marco institucional de su país.
Por otro lado, otra deuda pendiente es la garantía de contar con recursos etiquetados para implementar políticas públicas en beneficio de niñas y niños. Los programas dirigidos a la infancia deben ser programas protegidos, presupuestos estratégicos. En la Convención sobre los Derechos del Niño es que tienen que establecerse mínimos de inversión de recursos y yo creo que esos criterios nos dan una ruta de exigibilidad, no para hacer una conferencia muy bonita con conceptos sino en el gobierno local. Cuántos Estados invierten, cuántos han dejado de invertir, cuántos menos, cuántos más, cuantos están protegidos. Necesitamos monitorear las condiciones de vida y las políticas de infancia de forma permanente, porque no es una dádiva, no es un asunto asistencial, es un asunto de derechos.
En resumen, los grandes pendientes a 20 años de la convención son: la prevención de la violencia y la criminalización de la infancia; la protección integral de las niñas y los niños frente a la mercantilización, pues no basta con señalar de manera retórica que hemos cambiado el paradigma; la revolución de la protección integral del niño como sujeto de derechos tiene que vivirse efectivamente, en las sociedades, en las instituciones, en nosotros y en los propios niños, en su conciencia de ser sujetos de derechos.
Hacen falta también mecanismos de evaluación y monitoreo, financiamiento, recursos, información estadística desarrollada y actualizada. Cada vez avanza más el Comité en esta materia pero hace falta dar pasos importantes en la coordinación interinstitucional al interior de los países. Así, estos 20 años de la convención nos dejan como tarea y responsabilidad trabajar no pensando en los niños como “quienes llegarán a ser personas”, sino con la certeza de que ya lo son y en sus almas contienen la semilla de todas las ideas.
** Integrante del Comité por los Derechos del Niño de la ONU. Es periodista, originaria de Lima, Perú y ha sido parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como relatora para los derechos de la mujer en países como Guatemala, Colombia y Nicaragua.
* Síntesis de las palabras pronunciadas por la autora en el Foro 20 Años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Continuará el personal de la CDHDF recibiendo las donaciones durante el fin de semana, las 24 horas del día.
Desde su apertura, el Centro de Acopio ubicado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concentra más de 15 toneladas de alimentos, agua embotellada, material de curación y medicamentos que las y los ciudadanos de la capital han hecho llegar para el Pueblo de Haití.
Lo anterior, es una demostración de confianza de las y los ciudadanos hacia instituciones como la Comisión, reconoció su Presidente, Luis González Placencia, quien señaló que aún se requieren alimentos enlatados, material de curación, jeringas, medicamentos (no caducados), analgésicos, antibióticos, antidiarreicos, cepillos de dientes, jabón de tocador, toallas húmedas, pañales, toallas sanitarias, alimentos para bebé, atún, sardinas, arroz, frijol, cereales, leche en polvo y platos, vasos y cucharas desechables.
Tanto los comestibles como los medicamentos, materiales de curación, productos para la higiene personal y demás productos recabados, agregó, se llevarán para su concentración a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en avenida Presidente Mazarik 29, colonia Polanco.
Dijo también que, de acuerdo con la Embajada de Haití en México y de otros organismos internacionales de ayuda, por el momento, la prioridad en los Centros de Acopio ya no es el agua embotellada y tampoco se requiere ropa.
Mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes han acudido al Centro de Acopio instalado en la sede de la CDHDF, ubicada en Avenida Universidad 1449, colonia Florida-Pueblo de Axotla, a un costado de la estación del Metro Viveros-Derechos Humanos, abierto las 24 horas del día.
Todo el personal de la CDHDF se incorporó a las guardias para recibir y clasificar lo que las personas hagan llegar, en cualquier cantidad, hasta el Centro de Acopio, lo mismo que para concentrarla hasta la sede del PNUD.
La Embajada de Haití en México abrió la Cuenta Bancaria 4042482604, en HSBC, a nombre de PROTECCIÓN CIVIL DE HAITÍ.
La directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), una mujer curtida en la política de Estados Unidos, considera que la Convención de los Derechos del Niño, que cumple 20 años, ha sido un instrumento eficaz. Pero está aún lejos de alcanzar su verdadero potencial. Tiene fama de fría y acorazada. Pero también es conocida por ser eficaz y conseguir lo que quiere. Frialdad y eficacia parecen fundamentales para enfrentarse al reto de dirigir al organismo de Naciones Unidas que lucha contra el sufrimiento infantil.
Nacida en Modesto (California) en 1949, en una granja de melocotoneros, Veneman es una abogada especializada en temas agrícolas que se convirtió en la primera mujer que llegó al cargo de secretaria de Agricultura estadounidense durante el primer mandato del presidente George W. Bush. Abrió su despacho a El País Semanal el pasado octubre en Nueva York para hablar de los logros y retos que conlleva la conmemoración de una convención que reúne en 54 puntos los derechos humanos de la infancia.
Los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño ¿han tenido un impacto real en la vida de los pequeños? Sí, pero estamos lejos de alcanzar su verdadero potencial. Es el tratado internacional más ratificado del mundo (193 países) y los números indican que ha habido un progreso real en educación, salud y protección. Por ejemplo, el índice de vacunaciones se ha disparado desde que se aprobó la convención. Antes apenas se prestaba atención a problemas como el tráfico de niños, el trabajo infantil, los niños soldado, la explotación sexual, ahora son temas muy conocidos, pero queda mucho por hacer.
¿Cuáles son globalmente las enfermedades que más afectan a los niños? Aunque siempre se hable del sida y la malaria, la realidad es que la diarrea y la neumonía son la principal causa de mortalidad entre menores de cinco años.
¿Cómo se controla el cumplimiento de los derechos del niño? Hay una serie de comités y los gobiernos presentan informes sobre sus progresos, pero no hay ningún mecanismo para sancionar a los países por no cumplirlos.
¿Debería haberlos? La pregunta más bien debería ser: ¿castigamos a un gobierno o le obligamos a penar a los que incumplen las leyes? Hoy existen gobiernos con leyes excelentes a favor de los niños, pero son incapaces de hacer que se cumplan. Acabo de regresar de la República Democrática de Congo, donde la violencia sexual alcanza los mayores niveles del planeta. Muchas de las víctimas son mujeres, algunas son hombres y muchos son niños. Hay leyes al respecto, todo el mundo es consciente de lo que ocurre y, sin embargo, existe impunidad porque el gobierno no tiene estructuras efectivas para castigar a quien viola las leyes.
¿Qué recuerdos se ha traído de sus viajes a los países más afectados? La mayoría de las experiencias son inolvidables. Cuando visité el norte de Uganda estuve con un grupo de niños que habían sido secuestrados por el LRA (Lord’s Resistance Army) cuando volvían del colegio. A ellas las habían convertido en esclavas sexuales y a ellos los hicieron caminar durante kilómetros. Pese a las tragedias que viven, son niños con sueños y esperanzas. Un adolescente de los que conocí en la República Democrática del Congo cojeaba un poco porque, tras su secuestro, se le metió algo en el pie, se le infectó y llegó un momento en el que no pudo caminar, así que sus secuestradores le dieron una paliza y lo dejaron en la carretera, creyendo que estaba muerto. Alguien lo encontró después de cinco días. Hoy, pese a todo, sueña con tener una bicicleta: es la única manera de no tener que caminar para ir al colegio. También recuerdo mi primer viaje como directora de Unicef. Fui al cono sur africano y me centré sobre todo en niños afectados por el sida. Me impresionó ver la cantidad de huérfanos que había por causa de la enfermedad. En 2005, lanzamos una iniciativa para poner un rostro de niño en el problema del sida, algo de lo que apenas se hablaba entonces y creo que la situación ha mejorado muchísimo, sobre todo gracias al Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis (una alianza de agencias públicas, inversores privados y comunidades afectadas creada en 2002). En lugares como Botsuana, la transmisión de madre a hijo está controlada en un 90%, por lo que mueren menos bebés, menos madres y más niños reciben tratamiento. El reto ahora es conseguir que la tasa de transmisión descienda [Más de dos millones de niños tienen sida. 90% de ellos en África].
La convención tiene dos protocolos opcionales, uno en relación con la pornografía y el tráfico sexual infantil y otro relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Hay casi treinta países que no los han ratificado. ¿Es indicativo de que en esos países esos problemas son más acuciantes? No necesariamente. A veces lo que hace un país afecta a muchos otros. En Japón tienen problemas para aprobar una ley contra la pornografía infantil, hay un gran debate en relación a ello. Muchos países creen que la posesión de pornografía debería ser mundialmente ilegal porque si un país lo permite, otros pueden acceder a ello vía internet. Tenemos que conseguir, por todos los medios, que estas convenciones y protocolos sean ratificados por quienes no lo han hecho aún.
Resulta sorprendente que un país como Estados Unidos, que ayudó a elaborar la convención, nunca la haya ratificado. ¿Cree que es aceptable? No, pero Estados Unidos no ha ratificado muchas convenciones internacionales. Es un hecho que tiene más relación con el Congreso que con el presidente (Bill Clinton lo firmó, el Congreso no lo ratificó). Es una federación, cada Estado tiene sus propias leyes y si se ratifica tal y como está habría que modificar algunas de ellas. Aun así, tal y como dijo Barack Obama durante su campaña, es un poco embarazoso que Estados Unidos no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Pero sí ha ratificado los protocolos.
¿Es importante escuchar la voz de los niños? Sin duda. Ishmael Beah escribió un libro sobre sus experiencias como niño soldado en Sierra Leona –A long way gone, memories of a boy-soldier– y creo que ayuda a entender el día a día de quienes pasan por esa experiencia. También conocí a una niña de Sierra Leona que fue capturada por niños soldado y le cortaron las dos manos. Nunca en su vida recibió educación. Hoy vive en Canadá y ha escrito un libro, The bite of the mango, otra historia extraordinaria. Muchos están haciendo oír su voz.
Como secretaria del Departamento de Agricultura, manejaba un presupuesto de 110 000 millones de dólares para un solo país. En Unicef sólo cuenta con 3 000 millones para el mundo entero, ¿no es un poco frustrante? El objetivo de Unicef es que sean los propios países los que intervengan en ayudar a los niños. Sí, somos la mayor agencia de distribución de vacunas y mosquiteros del mundo, pero a lo largo del tiempo hemos visto que distribuimos menos vacunas en algunos países porque son ellos los que se encargan de hacerlo directamente. Ésa es la dirección que debemos mantener. Creo que comparar ambos presupuestos es comparar naranjas con peras. Además, es importante entender que Unicef se financia con aportaciones exclusivamente voluntarias; 70% viene de gobiernos y 30% restante del sector privado. No se nos puede comparar con la FAO u otra organización internacional cuyos miembros pagan cuotas obligatorias.
¿Es usted madre? No, pero tengo muchos sobrinos de los que me siento muy cercana.
¿Cómo vamos a resolver la actual crisis alimentaria? Según un informe reciente de la ONU, los progresos que se habían conseguido en la lucha contra el hambre y la pobreza se han frenado e incluso han retrocedido respecto a 2007 a causa de la crisis económica mundial. El énfasis principal respecto a la producción alimentaria se dirige desde la FAO y otras agencias relacionadas, aunque Unicef ha jugado un papel esencial precisamente por esa conexión entre seguridad alimentaria y nutricional. Hemos abogado por la necesidad de incrementar la capacidad productiva del planeta pero yo insisto, hay que analizar las condiciones económicas de todas las cosas a la vez. ¿Hasta qué punto el impacto viene por la producción de biocombustibles que le quita terreno a la producción de cereales? ¿Cuál es el impacto del cambio climático, cuánta la importancia de la falta de infraestructura, de las guerras?... Además, entre los problemas que más nos preocupan en relación con la crisis están los relacionados con el trabajo infantil y el tráfico de niños, porque cuando hace falta dinero se les pone a trabajar y dejan de ir a la escuela.
* Periodista corresponsal de El País en Nueva York. El presente texto fue publicado en El País Semanal, suplemento del periódico El País, Madrid, España, 15 de noviembre de 2009. Agradecemos a la autora y al diario la autorización para la reproducción del mismo. Para consultar la publicación original véase , página consultada el 1 de diciembre de 2009.
La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada hace 20 años y conmemorar este aniversario es una invitación para evaluar y hacer un análisis crítico para poder enriquecer la historia y no solamente tomar nota de ella. También es una oportunidad para poner al día los aprendizajes de esa historia. Aprendizajes del señalamiento de los avances pero también del reconocimiento de las debilidades. Aprendizajes que no pueden quedar solamente en la oportunidad de señalar cuales fueron sino cómo nos inspiran para iniciar nuevos ciclos, contextos que han tenido necesariamente movimientos, cambios, circunstancias que han variado en estos 20 años que por lo tanto hacen a la convención no solamente la condición de un texto –que invariablemente podemos leerlo hoy como hace 20 años y tal vez dentro de otros 20– sino que el texto sin análisis de contextos, como bien dice algún pensador, puede resultar un pretexto.
Nosotros queremos que el texto tenga contexto para que no sea un pretexto ni un pasatiempo y necesitamos colocarlo en un plano relevante, no de debate sólo de aquellos que asumen responsabilidades institucionales de alta trascendencia nacional, local o internacional. Necesitamos el debate en el interior de las sociedades, en las comunidades, en el mundo académico, este 20 aniversario de la convención es, por lo tanto, una excelente oportunidad para marcar una nueva agenda. Para analizar cuál es esa agenda pendiente dividiremos la perspectiva en tres: la que es responsabilidad del Estado, los pendientes de la sociedad civil y los del ámbito académico.
La agenda pendiente del Estado
Los Estados Parte de la convención constituyen indudablemente el dato necesario para que los niños sean sujetos de derechos, si la convención reconoce a los niños titulares de derechos es porque esta reconociendo a los Estados particularidad de obligaciones. No puede haber, para la convención y para la estructura de los tratados de derechos humanos, titulares de derechos que no establecen a su vez una relación con el titular de las obligaciones, es decir, el que debe garantizar el ejercicio de estos derechos.
América Latina ha producido un importante nivel de desarrollo en materia legislativa, tanto en los planos federales como en los planos estatales. No podríamos decir que estos 20 años han dejado un desierto normativo respecto de la convención, sería injusto y no sería realista pero, ¿qué es lo pendiente respecto de estos avances que se han producido? El dato pendiente es que en los ámbitos legislativos no han asumido de manera activa y productiva el seguimiento y el monitoreo de la aplicación de las normas que han dictado en materia de niñez y adolescencia.
En el ámbito legislativo tenemos la necesidad de replantear los desafíos, de revisar continuamente la normatividad para que se ajusten a los contextos y a los campos de variación social, económica y cultural. Pero al mismo tiempo tienen que crear mecanismos que garanticen el seguimiento de la aplicación de las normas.
El ámbito de la implementación de la justicia es donde recién se ha concentrado la responsabilidad del Estado; sin embargo, debemos reconocer que las transformaciones institucionales han sido fundamentalmente débiles respecto a los desafíos que plantea la convención para el ejercicio efectivo de los derechos de los niños.
Otro punto que quiero referir es ¿cuál ha sido el avance sobre los planes nacionales de acción que, durante estos 20 años, los países han comprometido en llevar adelante? No se ha incluido a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a los centros profesionales, y sobre todo, a las organizaciones de niños y adolescentes a participar activamente en el diseño de los planes de acción; por ello han ido quedando como muestras de buenas intenciones.
La mayor parte de los Estados latinoamericanos han hecho sus planes de acción pero tenemos que preguntarnos si han alcanzado la expectativa que se necesita, por su forma de elaboración, por la forma en la que se han integrado las mesas de trabajo para su elaboración, por el grado de respaldo ya que, generalmente, hay cierto divorcio entre la definición de los planes de acción y los presupuestos que garantizan la ejecución de los mismos
Además, los planes de acción no se han constituido en un instrumento de debate público, y del acceso público a la información de lo que ahí está planteado, por lo tanto son instrumentos que adoptan formalidades y no esencialidades respecto de la aplicación de las políticas públicas vinculadas a la implementación de los derechos.
Por otra parte, quiero señalar el desafío que implica para los Estados construir las herramientas independientes de monitoreo y exigibilidad de derechos. Si los niños, a partir de la convención, son titulares de derechos, si como consecuencia los Estados son titulares de obligaciones, tenemos que asegurar que en esa relación existan los instrumentos de la exigibilidad de los derechos, tanto accediendo a los tribunales para que estos puedan hacer efectivos los derechos que han sido violados u omitidos de manera que afecten el ejercicio de los mismos, o bien sea que por el orden administrativo el niño, la niña, los adolescentes con las organizaciones de estos, con las organizaciones que los representan tengan canales habilitados para presentar sus denuncias y hacer efectivo, por lo tanto, la gestión que lleva la exigibilidad de los derechos.
América Latina, en estos 20 años, ha tenido algunas buenas experiencias: el ombudsman o los defensores de derechos del niño o las comisiones de derechos humanos, han presentado la introducción de un modelo de proyecto de exigibilidad. Bienvenidas las experiencias, pero han sido insuficientes. Establecer instrumentos de exigibilidad −con las modalidades que cada país decida− es uno de los mayores desafíos en la agenda pendiente.
En los últimos 20 años la prioridad se enfocó en la difusión y la promoción y no en la exigibilidad de los derechos de los niños. Esto trajo como consecuencia que se habilitaran los mecanismos de cumplimiento preferentemente en la formalidad que plantea la convención por parte de los Estados, cumpliendo con la presentación de los informes periódicos al comité, difusión de la convención, adecuación legislativa y planes de acción de bajo nivel de impacto pero los instrumentos de exigibilidad han estado virtualmente ausentes.
Otro pendiente del Estado es la inversión real para la protección de los derechos de niñas y niños. El artículo cuarto de la convención nos dice, de una manera riesgosa, que el Estado deberá destinar hasta el mayor de sus esfuerzos y de sus posibilidades, pero no dice a través de qué entidades representa un desafío. Tiene que aumentar la inversión de manera progresiva y etiquetada para que dicho presupuesto no pueda ser destinado para ningún otro fin.
Y la inversión no es un dato de los economistas. Bienvenida la colaboración de los economistas que permitirán dar un diseño final a una estructura presupuestaria, pero el diseño de este presupuesto, además, debe contar con la participación de la sociedad civil, de las y los educadores y trabajadores sociales, y, por supuesto de las y los niños. Hay que aumentar la inversión y la calidad de la inversión, por ello es fundamental abrir el debate a la opinión pública, a los actores sociales, para que participen activamente pues la inversión es clave para definir los términos del contrato entre el Estado y la niñez.
El Estado también tiene una deuda seria con las y los adolescentes: es necesario que se fijen políticas públicas dirigidas a esta población. El mismo texto de la convención es un limitante en lo referente a las y los adolescentes. Por ejemplo, los artículos 28 y 29 reconocen a los Estados la obligación de garantizar la educación de manera gratuita, obligatoria y universal para la escuela primaria y el fomento a la educación secundaria. Ese enfoque de las obligaciones de los Estados respecto de la educación es discriminatorio para la adolescencia y ha generado una falta de compromiso de los Estados para con este grupo poblacional.¿Cómo lo podemos ver?, con una cifra sencilla: 72% de los adolescentes en América Latina a partir de los 15 años están fuera del sistema educativo.
La agenda de la sociedad civil
Previo a la aparición de la convención, en algunos países latinoamericanos la sociedad civil ha hecho una gran labor. Organizaciones a favor de los derechos de los niños en América Latina fueron creadas seguramente cuando esta región salía de las peores dictaduras y conflictos armados.
Las enseñanzas de esta experiencia han generado corrientes de opinión en la sociedad, han recordado a los Estados las obligaciones que no eran liberales, han generado vínculos con el órgano del tratado, con el Comité de Derechos del Niño pero, también, con el aprendizaje que nos dice que la incidencia en las decisiones políticas de los Estados aún deben –y por lo tanto, en la agenda pendiente– de aumentar la incidencia.
Quiero decir con esto que toda producción de la sociedad civil tiene que estar pensada en cómo incide en el proceso de producción de las políticas públicas.Ésta puede ser directa o indirecta; los estudios, las investigaciones, las campañas de difusión, los estudios de terreno, no pueden desconocer que uno de sus puntos fundamentales es la incidencia que va a tener en las definiciones de las políticas públicas. Este es un dato central por el cual la sociedad civil necesita profundizar.
El monitoreo constituye la otra vertiente necesaria; acompañar los procesos de exigibilidad de los derechos es lo que conforma la triada de lo fundamental que la sociedad civil necesita.
Otro elemento –tal vez el más complejo– es profundizar en el desarrollo de la cultura de derechos del niño mediante un conjunto de acciones, de medidas de corrientes de trabajo que permitan una revisión en la comunidad, que vaya desde los valores tradicionales que persisten y que no siempre tienen que ser eliminados para que ingrese el nuevo criterio, sino que tenemos que lograr que también los valores y los principios de la convención puedan integrarse a las dimensiones culturales de los pueblos.
No es una buena receta proponer que los pueblos abandonen su cultura para incorporar la de los derechos del niño; casi diría que ese es un mal camino. Por supuesto, cuando la cultura de las tradiciones tiene elementos que conforman una violación de derechos –como puede ser la mutilación genital femenina– obviamente se tendrá que revisar a profundidad esas prácticas.
En la diversidad cultural de nuestra América Latina en sus aspectos urbanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, migrantes (que conforma nuevos mecanismos interculturales) debemos ingresar con los principios de la convención pero integrándolos a su propia dimensión.
La convención tiene que comunicarse llanamente, hablar el mismo lenguaje que el conjunto de los pueblos en su vida cotidiana, en ese lenguaje común tenemos que profesionalizar y encontrar los mecanismos de comunicación.
La agenda académica
El mundo académico no ha podido sensibilizarse en términos generales con la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay buenas experiencias en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Chile, en universidades de Perú, en universidades que han generado la maestría, pero siguen siendo respuestas focales en el mundo universitario.
En los próximos 20 años tenemos que superar esta fragmentación, necesitamos una revisión más profunda de los programas de estudios en la formación. El contacto de los contenidos de la convención con las estrategias de comprensión de derechos no pueden ser un tanto menor a la mayor parte de las profesiones y, por ello, esto implica un compromiso de revisión más profunda y de incorporación mucho más esencial que la actual. La formación de los profesionales de la próxima generación exige, por un lado, la cultura; y por el otro, los principios y las disposiciones que nos plantea la convención,estén incorporados.
Respecto de los organismos internacionales es muy poco lo que puedo decir: los dos grandes sistemas con los que convive la convención son el de Naciones Unidas –con el Comité de Derechos del Niño y con el Consejo de Derechos Humanos en distintas dimensiones–, el del Sistema Interamericano, con la Comisión de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana.
Dichos organismos tienen, en estos 20 años, un balance que hacer. Entre los grandes desafíos está el de acompañar, con sus propios reglamentos, los mayores niveles de compromiso por parte de los Estados y la exigibilidad de los derechos que están consagrando. Estas dos grandes líneas de acción instrumentadas bajo las normas de cada una de las organizaciones constituyen, a mi juicio, aportes que se pueden hacer desde el campo internacional a la aplicación concreta del derecho de los niños.
La agenda pendiente necesita ser debatida por sus actores, revisada básicamente en que los textos de una convención no están escritos sobre el mármol, sino sobre papel. El dinamismo y la incapacidad de cambio y el Protocolo Facultativo están hechos sobre contextos históricos que varían. Así, por lo tanto, miremos los desafíos que presenta esta agenda pendiente, como la agenda del siglo XXI y, básicamente, como la conjunción del nuevo contrato social entre el Estado, la niñez y la sociedad.
* Médico y pediatra social. Ha sido vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas; asesor del Instituto Interamericano del Niño y director del Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Es académico de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires.
** Síntesis de las palabras pronunciadas por el autor en el Foro 20 años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los niños y jóvenes mexicanos merecen y reclaman un país donde la justicia social sea para todos y donde las decisiones que se tomen en cualquier ámbito de la vida sean siempre pensando en la gente, en su desarrollo y felicidad, es decir, un país justo, con leyes adecuadas que garanticen los derechos de toda su gente, que sea una tierra de oportunidades para todos. Este país, que con pocas palabras dibujo y describo, no existe, lo debemos construir.
Para mucha de nuestra gente, para demasiados millones de niños, niñas y jóvenes, sus oportunidades de supervivencia y desarrollo están amenazadas. Tal vez tendríamos que agregar “hoy más que nunca”, por los efectos de la cruel crisis que siempre le pega más duro a las y los de siempre… a las personas pobres. Pero para ellas pareciera que siempre es lo mismo, una cadena perpetua.
Son niños y niñas cuya primera experiencia de hambre la vivieron en el vientre de una madre anémica de las millones que existen en América Latina (hasta hace unos cuantos años la estadística hablaba de que 70% de las mujeres embarazadas padecían anemia, confío que en la actualidad el porcentaje haya disminuido, pero desconfío que haya sido de manera drástica). El contacto con lo que será su realidad brutal, se origina en el mismo claustro materno y todo lo demás vendrá por añadidura.
La tragedia que viven millones de pequeños seres humanos no ha sido erradicada, a pesar de que en la última década del siglo xx en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya aprobado la Convención de los Derechos del Niño y con ello contar con un tratado internacional con carácter vinculante para los Estados miembros y firmantes de la misma.
¿Declaración pesimista la mía cuando estamos en un marco de reflexión y festejos, precisamente del cumplimiento de 20 años de la Convención de los Derechos del Niño? No. Defiendo mi derecho a radicalizar mi esperanza y la creencia firme que como ciudad, país y planeta, podemos y debemos avanzar más rápido y con eficiencia y eficacia en materia de atención a los derechos de niños y niñas.
México es parte de un mundo que no ha sabido preservar la vida de su infancia y que, por el contrario, ha tomado decisiones que han destruido posibilidades de vida digna y futuro bueno, a millones de pequeños seres humanos.
Cada nación tiene su inventario de las respuestas que ha tratado de organizar para afrontar la problemática diversa de sus niños y jóvenes. También es cierto que esas respuestas representan avances, pero todavía son insuficientes.
Para llegar a esta conclusión, no es necesario recurrir a un exhaustivo estudio, basta con leer dos o tres estadísticas actuales o caminar por las calles de las principales ciudades de América Latina y nos toparemos, aunque tratemos de evitarlos, con niños y niñas viviendo o trabajando en la calle, sus figuras llenas de andrajos, de pobreza y desesperanza echada encima son inconfundibles.
Construirnos como sociedades justas y con mayores indicadores de calidad de vida y desarrollo humano debe ser compromiso y tarea de gobernantes y gobernados. Y es precisamente en este campo, que las naciones debemos reconocer la deuda contraída con la infancia y juventud marginada y pobre y las omisiones y los abusos cometidos en su contra.
Esto no significa que no reconozcamos lo que ya se hace y se hace bien. Se trata como dicen los políticos de redoblar compromisos y esfuerzos… pero que la palabra se haga acción, política pública, presupuesto, monitoreo y evaluación.
Lo primero que tenemos que hacer, en la búsqueda de la protección a nuestra infancia, es renunciar a la tentación de hermosear la realidad que viven los niños, reconocer que no hemos sabido ser sociedad para la infancia, que no hemos creado una cultura de y por la infancia.
Reconocernos también como nación todavía aprendiz en cultura de derechos humanos. Reconocernos como nación y ciudad que gasta poco a favor de la vida de su infancia comparada con la inversión que se realiza en otras áreas, no necesariamente prioritarias. Reconocernos como sociedad en la que nunca sus niños, han sido prioridad, o al menos no se refleja con claridad e inteligencia en la definición de políticas públicas para ellos y en la asignación de recursos.
Basta señalar que en materia de educación somos el miembro de la ocde [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico] con menor inversión y evidente retraso en este tema. Y bien sabemos los mexicanos que tanto nuestros maestros como la educación primaria y secundaria que imparten están reprobados, y si nos metemos a indagar sobre el bachillerato y algunas licenciaturas, también inmediatamente saldrían indicadores de preocupación.
Reconocer que aunque México fue un país entusiasta que en 1990 firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño y que en 2000, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todavía son más abundantes las declaraciones y discursos que los hechos que estén impactando positiva y sustantivamente en la vida de la mayoría de niños y niñas mexicanos.
No se trata de que inhibamos nuestra capacidad de reconocer y celebrar los avances. De lo que se trata como nación es que en este marco de celebración ratifiquemos simbólicamente la Convención y fortalezcamos el compromiso, la voluntad política, la acción y los presupuestos, para con ello crear la mejor condición de protección y garantía de todos los derechos, para todos los niños y niñas.
De lo que se trata es de demostrar en cada uno de los hechos y de las decisiones de Estado, que somos una nación donde la infancia es prioridad nacional. De lo que se trata es de tomar todas las medidas que sean necesarias para construir un México apropiado para niños y niñas.
* Palabras pronunciadas por el autor al inaugurar el Foro 20 Años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.
** Miembro del Comité Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
