Revista DFensor abril 2010
Opinión y debate
Rocío Eslava Castillo y Pablo Romo Cedano*
La desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más infames que puede cometerse. Es un delito que la comunidad internacional ha calificado de lesa humanidad y que además causa una tortura continua y prolongada para la víctima directa y para su familia. En México está lejos de erradicarse esta práctica de violencia institucional ejercida en el pasado y aún en el presente. Por más que el país haya signado los acuerdos internacionales que previenen y procuran la erradicación de la desaparición forzada, lamentablemente sigue habiendo gente desaparecida por cuestiones políticas; es decir, personas que son consideradas “enemigas” del Estado y “peligrosas” para los intereses de quienes detentan el poder.
En este texto se explica el papel de la Comisión de Mediación (Comed) –en sus dos etapas– en un complejo proceso de negociación, a lo largo de dos años, entre el gobierno mexicano y el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR)1 cuyo objetivo es lograr la presentación con vida y el esclarecimiento de la desaparición de dos integrantes de esta organización.
El proceso de mediación
Desde 2007 el PDPR-EPR mantiene la denuncia por la desaparición de dos de sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 24 de mayo de ese año en la ciudad de Oaxaca. En un comunicado que esta organización dio a conocer el 24 de abril de 2008 propuso la integración de una comisión de mediación para hacer factible la presentación con vida de los dos hombres detenidos-desaparecidos. Invitó a esa intermediación al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas, al escritor Carlos Montemayor, al obispo emérito Samuel Ruiz, y al Frente Nacional contra la Represión ( FNCR).
Los primeros cuatro invitados hicieron pública su disposición a aceptar esa propuesta inédita “por considerar de gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.2 Además, aceptaron esa encomienda, con tres condiciones: 1) el carácter puntual de las gestiones necesarias para lograr la presentación de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz; 2) la posición pública del gobierno federal frente a esa iniciativa, y 3) la certidumbre de que mientras durara la intermediación no habrían acciones armadas por parte del PDPR-EPR.3
En un posterior comunicado, el 26 de abril de 2008, la organización aceptó cumplir con esa tregua unilateral; ese mismo día el FNCR también hizo pública su aceptación de participar en la intermediación y designó como representantes a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, al jurista y ex rector de la Universidad de Guerrero, Enrique González Ruiz, y al abogado y catedrático Juan de Dios Hernández Monge.
La primera respuesta oficial del gobierno mexicano ocurrió a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) el 29 de abril de 2008, y en un segundo momento el 9 de mayo del mismo año. La institución federal refrendó su disposición al diálogo y consideró que “la interlocución con mexicanos y mexicanas en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y con reconocimiento en distintos sectores de la sociedad era válido y que podía contribuir a establecer principios de entendimiento entre el gobierno y el llamado PDPR-EPR”.4
Ese 9 de mayo el grupo de mediadores resolvió constituirse formalmente en Comisión de Mediación (Comed), con el apoyo de la instancia Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (Serapaz), y días después acordaron una primera sesión de trabajo con los representantes del gobierno federal.
Desde el inicio de sus trabajos la Comed solicitó a la población que aportara toda la información que tuviera acerca del caso con el fin de dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. A lo largo del tiempo fueron surgiendo numerosos indicios de que el gobierno desarrollaba acciones más allá de las márgenes estrictamente procesales de las averiguaciones previas. Con base en esta recepción de informes, testimonios y análisis, la Comed elaboró tres documentos que fueron entregados el 13 de junio de 2008, los cuales forman parte de un compendio editado por Serapaz y publicado en 2010, con el título Desapariciones forzadas en México. Documentos del proceso de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal .5
El 14 de agosto de 2008, cuando la Comed presentó un informe en el cual establecía que los dos militantes del EPR fueron víctimas de desaparición forzada por fuerzas del Estado o con la anuencia de éste, la Segob coincidió con esta versión y por medio de un comunicado reconoció por primera vez en la historia del país que pudo haberse tratado de un caso de desaparición forzada de personas;6 es decir, que el Estado ha detenido-desaparecido personas. A partir de ese momento la interlocución entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se empobreció.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 007/2009 dirigida a Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca, y a José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, por la detención-desaparición de los dos militantes del EPR.7 Un mes después esa recomendación fue rechazada por ambos gobiernos. Por su parte, el cabildo municipal de Oaxaca también expresó su rechazo en la sesión del 18 de marzo de 2009.8
Ante la nula respuesta gubernamental, la Comed decidió suspender sus labores de mediación el 21 de abril de 2009, estableciendo, sin embargo, que “mantendremos la búsqueda de una sociedad con pleno respeto a los derechos humanos y sin desapariciones forzadas; en particular, nos comprometemos con los familiares a permanecer alerta del curso de los acontecimientos que los implican”.9
A partir de entonces, los integrantes de la Comed mantuvieron reuniones de seguimiento y acompañamiento con los familiares de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como tuvo algún encuentro esporádico con funcionarios gubernamentales.10 El 8 de junio de 2009 el EPR invitó a la Comed a reiniciar su labor de mediación11 y se comprometió a mantener la tregua de las armas mientras el proceso continuara. La Comed resolvió que, ante la falta de respuesta por parte del Estado, era imposible reiniciar la mediación.12
Fue hasta diciembre de 2009 cuando, por una propuesta del PDPR-EPR, se planteó la necesidad de reconfigurar a la Comed. Ésta aceptó y el proceso empezó a ver sus primeros resultados en enero de 2010, cuando sus integrantes acordaron:13
a) Reconstituir la Comed en una nueva etapa, en condiciones y con características diferentes a la anterior.
b) Ampliar la Comisión con las personas que la apoyaron diligente y permanentemente durante su primera etapa: Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Sarabia, Gonzalo Ituarte Verduzco y Pablo Romo Cedano.
c) Diferenciar la existencia de la Comed por un lado, con la intención de reintegrarse como tal; y por otro lado, la existencia de una mesa de diálogo, que no depende de una decisión de la Comed sino –en este momento– de decisiones del gobierno federal que no sean solamente declarativas, y
d) Ratificar como su vocero a Carlos Montemayor.14
Conclusiones
La creación de una instancia independiente y reconocida por el gobierno mexicano, como es la Comed, sienta un precedente único para el tratamiento de los casos de desaparición forzada de personas en el país. Sin embargo, debido al desinterés de las instancias oficiales en este proceso de mediación pacífico se ha perdido la oportunidad de establecer un puente con las y los ciudadanos mexicanos que han optado por la transformación del país desde la lucha armada.
La tregua ofrecida por el PDPR-EPR es un frágil hilo que tiende a romperse con el tiempo. La falta de respuesta y de celeridad en las investigaciones ministeriales fortalece el argumento de las armas y deja en entredicho las palabras de paz que fueron ofrecidas desde la parte oficial.
En este contexto, la desaparición forzada de personas ha adquirido y seguirá adquiriendo una mayor importancia debido a las difíciles condiciones del país y a la falta de respuesta frente a los casos anteriores. Lamentablemente la impunidad en México ha sentado las bases para la repetición de estos crímenes.
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Notas al pie de página
* Rocío Eslava Castillo es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Pablo Romo Cedano es doctorante en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid. Ambos forman parte de Serapaz, organización en la que él trabaja desde 1999 y donde actualmente coordina el Observatorio de la Conflictividad Social.
1 El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es un grupo armado que hizo su primera aparición pública el 28 de junio de 1996 en la comunidad de Aguas Blancas, Guerrero, durante la conmemoración de un año del asesinato de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) cometido por autoridades policiales de la entidad.
2 Pablo Romo Cedano y Yaiza Ariana Rodríguez (comps.), Desapariciones forzadas en México. Documentos del proceso de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal , México, Serapaz, 2010, p. 31.
3 Ibidem , pp. 33 y 34.
4 Ibidem , p. 40.
5 Ibidem , pp. 50-57.
6 Secretaría de Gobernación, Boletín de Prensa núm. 216-14/08/2008. Cfr. Ibidem, p. 78, y Patricia Muñoz Ríos, “SG: desaparición forzada, la de los dos eperristas”, en La Jornada, 15 de agosto de 2008, disponible en www.jornada.unam.mx/2008/08/15/ , página consultada el 31 de marzo de 2010.
7CNDH, Recomendación 007/2009, 13 de febrero 2009, disponible en www.cndh.org.mx/recomen/2009/007.html , página consultada el 31 de marzo de 2010.
8 Minuta de la sesión ordinaria del cabildo de Oaxaca del 18 de marzo de 2009, disponible en www.municipiodeoaxaca.gob.mx/intranet/actas/20090318_ORDINARIA.pdf , página consultada el 31 de marzo de 2010.
9 Pablo Romo Cedano y Yaiza Ariana Rodríguez, op. cit. , p. 114.
10 Carlos Montemayor (1947-2010) publicó una síntesis de estos trabajos en la revista Proceso núm. 1695, del 26 de abril de 2009.
11 Pablo Romo Cedano y Yaiza Ariana Rodríguez, op. cit. , p. 119.
12 Ibidem , p. 120.
13 Comunicado de la Comed, el 11 de enero de 2010, disponible en www.serapaz.org.mx/documentos/COMEDDocumentos/100111COMED.pdf , página consultada el 31 de marzo de 2010.
14 Debido a que el escritor mexicano falleció el pasado 28 de febrero a causa de un cáncer de estómago, la Comed designó como vocero al doctor Enrique González Ruiz.
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