El pasado 8 de marzo de 2010 Aleida Gallangos, activista mexicana de derechos humanos, aportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) docenas de documentos desclasificados de Estados Unidos y México donde se evidencia que sus padres desaparecieron a manos de autoridades gubernamentales.
Aleida Gallangos Vargas –cuyo caso fue ampliamente conocido en 2004, cuando logró localizar a su hermano desaparecido a través de registros de inteligencia encontrados en el Archivo General de la Nación (AGN) de México– se unió a su abuela paterna para acusar al Estado por su responsabilidad en la detención clandestina y la desaparición en 1975 de sus padres, Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez, y de otros miembros de su familia.
Aleida Gallangos Vargas –cuyo caso fue ampliamente conocido en 2004, cuando logró localizar a su hermano desaparecido a través de registros de inteligencia encontrados en el Archivo General de la Nación (AGN) de México– se unió a su abuela paterna para acusar al Estado por su responsabilidad en la detención clandestina y la desaparición en 1975 de sus padres, Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez, y de otros miembros de su familia.
Aleida tenía dos años cuando sus padres fueron secuestrados; fue rescatada por un amigo de ellos y adoptada por su familia con el nombre de Luz Elba Gorostiola Herrera. El amigo [de sus padres] fue asesinado por las fuerzas de seguridad en 1976. El hermano de Aleida, Lucio Antonio, quien tenía tres años de edad cuando Roberto y Carmen desaparecieron, fue tomado por miembros del escuadrón de la muerte del gobierno que allanó su domicilio en junio de 1975; poco después fue entregado a un orfanato y en febrero de 1976 fue adoptado por una pareja y bautizado como Juan Carlos Hernández Valadez. Los dos niños crecieron separados, en total desconocimiento de sus verdaderas identidades y de su parentesco.
La historia de la familia Gallangos Vargas salió a la luz en 2001, cuando una revista publicó una entrevista [realizada] a la madre de Roberto Antonio, Quirina Cruz Calvo, junto con fotografías de la pareja desaparecida y sus dos pequeños hijos. La familia adoptiva de Aleida reconoció el rostro de Luz Elba en las fotos, y Aleida pudo reencontrarse con su abuela. Pasó los siguientes años armando las piezas de las circunstancias y el rol del gobierno mexicano en el secuestro y detención clandestina de sus padres. Usando los documentos gubernamentales localizados por la Oficina del Fiscal Especial1 asignada a investigar crímenes políticos del pasado, Aleida consiguió localizar a su hermano en Estados Unidos en 2004, 29 años después de su separación.
Los documentos que Aleida usó para encontrar a Lucio Antonio –junto con docenas más, obtenidos por el NSA a través de solicitudes a los gobiernos de México y de Estados Unidos– son ahora evidencia crucial en la causa que presentó el 8 de marzo ante la CIDH. El sistema interamericano ha sido un importante espacio para las víctimas y [las y los] activistas que buscan información por parte del gobierno mexicano sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante las décadas de los sesenta y ochenta, porque al día de hoy los sistemas político y judicial mexicanos han probado ser ineficaces en tratar siquiera las más notorias atrocidades cometidas en la Guerra Sucia, tales como las masacres de estudiantes de 1968 y 1971 y los cientos de casos de detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas ocurridas por todo el país en la década de los setenta y principios de los años ochenta.
Además de la violencia contrainsurgente rural, los servicios de inteligencia mexicanos llevaron a cabo un cuidadoso programa de secuestros y desapariciones orquestado en los centros urbanos del país, en un esfuerzo por desmantelar las redes de la guerrilla y eliminar a los opositores sociales y políticos.
Una de las víctimas de la contrainsurgencia gubernamental urbana fue Roberto Antonio Gallangos Cruz, un activista involucrado en el movimiento estudiantil de 1968 y, posteriormente, militante radical de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En el verano de 1968 Roberto Antonio se unió a las protestas antibélicas en la ciudad de México y se manifestó por una mayor apertura democrática del cerrado sistema político mexicano. Se convirtió, entonces, en uno de los cientos de manifestantes monitoreados por los espías del gobierno que recaudaban información sobre activistas estudiantiles. Los registros internos de la inteligencia mexicana dan cuenta de que Roberto Antonio participó en mítines recitando poemas antibélicos tales como Los tres pueblos , que pronunció durante una demostración el 23 de abril de 1968 (véase Documento 5: DFS informe sobre Roberto Antonio).2
Las fuerzas de seguridad detuvieron a Roberto Antonio el 26 de julio durante una redada de agitadores estudiantiles que culminó en la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 (nota 1)3. Fue encarcelado en la infame prisión de Lecumberri, en la ciudad de México, por más de dos meses, en donde los agentes de inteligencia mantenían una estrecha vigilancia sobre sus visitantes. Al resultar los cargos en su contra insuficientes para mantenerlo en prisión, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) continuó monitoreando sus actividades luego de su liberación. Por los siguientes siete años, los servicios de seguridad del Estado compilaron un grueso archivo documentando la asociación de Roberto Antonio con grupos guerrilleros mexicanos.
La violencia empleada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aplastar al pacífico movimiento estudiantil de 1968, radicalizó dramáticamente a la oposición social y política, incrementando el apoyo popular a los grupos insurgentes mexicanos. La Liga Comunista de 23 de Septiembre fue uno de los grupos de guerrilla urbana que crecieron en fuerza como resultado de esto, y con el tiempo se volvió un blanco central de la violencia organizada que caracterizaba los esfuerzos de la contrainsurgencia estatal durante este periodo. Tras el secuestro por elementos de izquierda del cónsul general de Estados Unidos Terrance Leonhardy, en mayo de 1973, y del vice cónsul John L. Patterson, en marzo de 1974, se les dio a las fuerzas de seguridad mexicanas todavía mayor libertad para atacar a grupos insurgentes y a sus simpatizantes. La DFS, en particular, se transformó en la fuerza impulsora detrás del terrorismo de Estado, actuando como la policía política interna de México (véase Documento 1: sobre el crecimiento de la DFS).4
Organismos de Estados Unidos también expandieron su coordinación con sus contrapartes de inteligencia mexicanos, incrementando su recopilación de datos sobre grupos izquierdistas locales. Los agentes de la DFS regularmente compartían información de inteligencia con los agregados del FBI [Federal Bureau of Investigation] en la embajada estadounidense y en los consulados de las ciudades del norte (véase FBI memorandum: Documento 2 sobre el grupo 23 de Septiembre).5
La larga conexión entre la DFS y la CIA [Central Intelligence Agency] también proveyó una fuente central de información para el aparato de seguridad interno mexicano en su intención de confrontar a los grupos armados (nota 2).6 Fue durante este periodo de contrainsurgencia urbana que crecieron las redes de los servicios de inteligencia de México, mientras la información fluía para y desde la ciudad de México hacia las instalaciones de la policía y del Ejército a lo largo de todo el país. La DFS institucionalizó el poder del Estado para reunir información, detener sospechosos, torturarlos y desaparecer a sus víctimas con denegabilidad.
La larga conexión entre la DFS y la CIA [Central Intelligence Agency] también proveyó una fuente central de información para el aparato de seguridad interno mexicano en su intención de confrontar a los grupos armados (nota 2).6 Fue durante este periodo de contrainsurgencia urbana que crecieron las redes de los servicios de inteligencia de México, mientras la información fluía para y desde la ciudad de México hacia las instalaciones de la policía y del Ejército a lo largo de todo el país. La DFS institucionalizó el poder del Estado para reunir información, detener sospechosos, torturarlos y desaparecer a sus víctimas con denegabilidad.
Siete años después de la ola represiva de 1968, Roberto Antonio Gallangos se convirtió en una víctima más de la campaña de desapariciones llevada a cabo por la DFS. De acuerdo con los documentos de la inteligencia mexicana obtenidos a través del NSA, Roberto Antonio –clandestino por ese entonces, como miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre– fue visto caminando en una calle de la ciudad de México por un sargento de la policía. Luego de un breve tiroteo, fue apresado y remitido a la DFS (Documento 4).7 Los agentes de la DFS lo interrogaron y torturaron, extrayéndole información sobre su familia y sus afiliaciones sociales y de organización.
Los documentos desclasificados mexicanos describen a Roberto Antonio Gallangos como un criminal radical, con conexiones a una red de organizaciones subversivas y con antecedentes de robos a bancos, secuestros y asesinatos. Es difícil evaluar la veracidad de muchas de estas denuncias contra él, su familia, amigos y compañeros, existentes en estos documentos. Los agentes de seguridad federal a menudo exageraban la amenaza de los grupos de izquierda a fin de justificar las agresivas medidas contrainsurgentes (nota 3).8
La tortura y las confesiones forzadas eran prácticas comunes contra los sospechosos de ser subversivos, y las fotos tomadas a Gallangos durante su detención parecen evidenciar signos de tortura (Documento 6).9 Pero mientras que los expedientes de la DFS reportaban sus presuntos crímenes, nunca se tuvo la intención de utilizar la información como evidencia legal en una corte de justicia. En su lugar, la información sustraída a través de seguimiento, secuestro y tortura, fue utilizada para localizar a compañeros de militancia, desmantelar redes sociales y aterrorizar a su base de apoyo.
En el caso de Gallangos, agentes de la DFS solicitaron información referente a su esposa, miembros de la familia y otros compañeros militantes, pero no hay certeza de que la información que Gallangos dio en sus interrogatorios sea cierta. Las fuerzas de seguridad no captaron a su esposa Carmen Vargas Pérez durante más de un mes después de su secuestro (detenida el 26 de julio de 1975); y su hermano Francisco fue detenido posteriormente (el 22 de agosto de 1975). Ambos permanecen desaparecidos (nota 4).10
Lo que queda claro es que la detención de Gallangos por parte del gobierno mexicano el 19 de junio de 1975, tuvo repercusiones trágicas y duraderas para la familia de Roberto, incluyendo la “desaparición” de sus hijos hasta que años más tarde descubrieron sus propias identidades. El caso es un ejemplo de cómo funcionaba el terror del gobierno no sólo para combatir a la guerrilla, sino también para destruir el tejido social de los grupos que se oponían a la autoridad gubernamental.
Los documentos secretos de la DFS [que fueron] obtenidos por el NSA exponen el trabajo interno de la campaña de contrainsurgencia urbana de México durante la década de los setenta y revela la participación de los más altos niveles del gobierno en crímenes políticos de Estado. Los abusos incluían espionaje ilegal, infiltración en grupos de izquierda, redadas policiales injustificadas, detenciones secretas y traslados de prisioneros, secuestros, torturas y asesinatos. Los archivos de inteligencia eran firmados por el entonces jefe del organismo, capitán Luis de la Barreda Moreno (a cargo de 1970 a 1975).
Agentes de la DFS de alto rango, como Miguel Nazar Haro, tuvieron directa participación en las operaciones, interrogatorios y torturas a los prisioneros (nota 5).11 La información recogida se transmitía a la Secretaría de Gobernación, en ese tiempo a cargo de Mario Moya Palencia. El segundo a cargo en esa secretaría era el espía de carrera, jefe Fernando Gutiérrez Barrios, quien prestó servicios en la DFS por más de 20 años y dirigió la organización desde 1964, hasta que su viejo amigo De la Barreda quedó al frente de la misma. Gutiérrez Barrios ocupó el puesto más alto en inteligencia como subsecretario de Gobernación, recibiendo regularmente los partes de la DFS sobre sospechosos subversivos y jugando un rol central en la campaña de exterminio contra la izquierda mexicana. A la cabeza de la cadena de mandos estaba Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación de 1964 a 1970, y presidente de México entre 1970 y 1976.
A pesar de la evidencia que demostraba la participación directa del gobierno en las desapariciones urbanas, el fiscal especial designado en 2002 por el presidente Vicente Fox para investigar los crímenes a derechos humanos no pudo llevar ante la justicia a Luis Echeverría, como tampoco a ninguno de sus comandantes de alto rango militar, policial o de inteligencia. En 2003 el fiscal Ignacio Carrillo Prieto solicitó a la embajada de Estados Unidos en México los cables desclasificados referentes a De la Barreda y Nazar Haro (Documento 13),12 y presentó cargos en contra de los funcionarios por la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, otro miembro del grupo 23 de Septiembre, detenido en abril de 1975. Pero el fiscal no pudo conseguir que se les condenara y los cargos fueron levantados.
A pesar de la evidencia que demostraba la participación directa del gobierno en las desapariciones urbanas, el fiscal especial designado en 2002 por el presidente Vicente Fox para investigar los crímenes a derechos humanos no pudo llevar ante la justicia a Luis Echeverría, como tampoco a ninguno de sus comandantes de alto rango militar, policial o de inteligencia. En 2003 el fiscal Ignacio Carrillo Prieto solicitó a la embajada de Estados Unidos en México los cables desclasificados referentes a De la Barreda y Nazar Haro (Documento 13),12 y presentó cargos en contra de los funcionarios por la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, otro miembro del grupo 23 de Septiembre, detenido en abril de 1975. Pero el fiscal no pudo conseguir que se les condenara y los cargos fueron levantados.
Los funcionarios de la DFS que han sido encarcelados desde la Guerra Sucia lo han sido por su participación en el tráfico de drogas y no por sus crímenes de lesa humanidad. Hay una fuerte conexión entre el antiguo servicio de inteligencia mexicano y las mafias de drogas del país. Al haber tomado los agentes de la DFS el comando de los allanamientos de la contrainsurgencia, a menudo se encontraban con refugios de traficantes de narcóticos y rápidamente se pusieron en el trabajo de proteger a los cárteles mexicanos de droga.
La DFS fue disuelta en 1985, luego de que se revelara su participación en los asesinatos del agente de la dea [Drug Enforcement Administration] Enrique Kiki Camarena, y del periodista mexicano Manuel Buendía (nota 6).13 Unos 1 500 agentes, de pronto desempleados por la disolución de la DFS, encontraron que su entrenamiento en actividades encubiertas y en brutales operaciones de contrainsurgencia era fácilmente adaptable a las necesidades del mundo criminal. Muchos se unieron a las filas de los poderosos cárteles de la droga o sirvieron a los traficantes desde sus puestos en las fuerzas policiales locales o federales. (Véase Documento 1114 y Documento 1215 sobre agentes de DFS y drogas). Al no poder elevar ni un solo caso contra los antiguos agentes, el fiscal especial desperdició una oportunidad crucial de llevar ante la justicia a algunos de los más corruptos funcionarios de México, permitiendo que la impunidad permanezca arraigada en la sociedad mexicana.
El fiscal especial falló no sólo en el esclarecimiento pleno de los crímenes del pasado sino también en la localización de los desaparecidos en México. Carrillo Prieto afirmó como su propio éxito la localización e identificación de Lucio Antonio Gallangos Vargas, hijo desaparecido de Roberto Antonio Gallangos y Carmen Vargas (nota 7).16 En realidad, se debió a los esfuerzos de Aleida Gallangos el que su hermano fuera localizado. Aunque ella inició su búsqueda como parte del Comité Ciudadano creado por la oficina del fiscal especial, renunció a su participación en el Comité por estar inconforme con las averiguaciones infructuosas de la Fiscalía.
Después de viajar a Washington, donde ella dice que fue amenazada por el cónsul mexicano finalmente localizó a su hermano en el invierno de 2004. El fiscal especial posteriomente organizó una conferencia de prensa en un intento de tomar el crédito por la localización de Lucio Antonio.
Un comunicado de funcionarios de la embajada estadounidense devaluó los reclamos de Carrillo Prieto y citó a una evaluación independiente de su trabajo donde dijo que su oficina “no responde a las necesidades de las víctimas” (véase Documento 14).17
Un comunicado de funcionarios de la embajada estadounidense devaluó los reclamos de Carrillo Prieto y citó a una evaluación independiente de su trabajo donde dijo que su oficina “no responde a las necesidades de las víctimas” (véase Documento 14).17
Con la presentación del caso Luz Elba Gorostiola Herrera y Quirina Cruz Calvo contra el Estado mexicano ante la CIDH, Aleida, su familia biológica y su familia adoptiva han resaltado el fracaso del gobierno mexicano para llevar a la justicia a los perpetradores de atrocidades en el pasado contra los derechos humanos. La incapacidad de México para resolver estos casos ha dejado a los sobrevivientes de la Guerra Sucia y a las familias de los desaparecidos sin recursos legales a nivel nacional.
Con la decisión de suma importancia [del caso de] Rosendo Radilla en 2009, el sistema interamericano ofrece nuevas expectativas a las víctimas de la Guerra Sucia en México para encontrar al fin una medida de justicia. Es un momento crítico para los ciudadanos mexicanos que buscan la verdad acerca de ese periodo oscuro del país representado por la violencia de Estado, el cual sigue siendo un obstáculo para la justicia en el México de hoy.
Con la decisión de suma importancia [del caso de] Rosendo Radilla en 2009, el sistema interamericano ofrece nuevas expectativas a las víctimas de la Guerra Sucia en México para encontrar al fin una medida de justicia. Es un momento crítico para los ciudadanos mexicanos que buscan la verdad acerca de ese periodo oscuro del país representado por la violencia de Estado, el cual sigue siendo un obstáculo para la justicia en el México de hoy.
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Notas al pie de página
* Esta investigación inició en 2004 y forma parte del Proyecto México del NSA. La versión completa está disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/index2.htm, página consultada el 13 de marzo de 2010.
** Kate Doyle es analista de la política exterior de Estados Unidos en América Latina y especialista en el tema de la Guerra Sucia en México. Actualmente dirige el Proyecto México del National Security Archive ( NSA), instituto de investigación sin fines de lucro con sede en la Universidad George Washington, en Washington, D. C., Estados Unidos. Jesse Franzblau es asistente del mismo proyecto. Para contactarlos, escríbase a kadoyle@gwu.edu y a jblau@gwu.edu
1 Ignacio Carrillo Prieto encabezaba la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
2 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc05.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
3 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema03.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
4 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc01.PDF página consultada el 15 de marzo de 2010.
5 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc02.PDF página consultada el 15 de marzo de 2010.
6 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB204/index.htm página consultada el 15 de marzo de 2010.
7 Disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc04.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
8 Véase Sergio Aguayo, La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo, Hoja editorial, Hechos Confiables, 2001, pp. 133 y 134, como referencia a las “fantasías y exageraciones” utilizadas en los documentos de la DFS sobre las manifestaciones estudiantiles en 1968.
9 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc06.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
10 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema08.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
11 Disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema10.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
12 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc13.PDF página consultada el 15 de marzo de 2010.
13 Zorrilla, el jefe de la DFS, fue acusado y sentenciado en 1989 a 35 años de cárcel por el asesinato en 1984 de Manuel Buendía, periodista que expuso los vínculos de los oficiales de la DFS con el narcotráfico. Otro jefe de la DFS, Nazar Haro, fue vinculado con el asesinato del agente de la dea, Enrique Camarena. Para más información sobre la DFS y el tráfico de drogas, véase Julia Preston y Samuel Dillon, Opening Mexico: The Making of a Democracy, NuevaYork, Straus and Giroux, 2004.
14 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc11.PDF página consultada el 15 de marzo de 2010.
15 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc12.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
16 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema10.pdf página consultada el 15 de marzo de 2010.
17 Documento disponible en www.gwu.edu/~NSArchiv/NSAEBB/NSAEBB307/doc14.PDF página consultada el 15 de marzo de 2010.
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