Jóvenes que siguen la lucha de nuestras y nuestros desaparecidos

Karen Trejo Flores*

Las y los jóvenes que integran la organización civil Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) sección México se asumen como “la piedrita en el zapato” de un sistema que ha tratado de borrar de la memoria más de medio millar de casos de desaparición forzada de personas documentados en el país entre 1969 y hasta el día de hoy.

Desde hace una década se movilizan públicamente en los ámbitos artístico, social y político para demandar al gobierno mexicano la presentación con vida de sus padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, amigos y amigas que fueron desaparecidos, exiliados, asesinados y presos por causas políticas. DFensor platicó con Edith, Tania, Alba y Tania Paloma –integrantes de HIJOS México– quienes reivindican las luchas sociales de aquellas y aquellos que fueron desaparecidos por querer un país con justicia y respetuoso de los derechos de las personas.

Los desaparecidos no son del pasado: Edith

Edith López Ovalle tiene 26 años y es artista plástica. La historia de exilio de su madre durante la década de 1970 en Cuba, influenció su obra de una militancia política a favor de cambios sociales profundos, los cuales la han comprometido desde hace varios años con la lucha por la presentación de al menos 561 personas desaparecidas en México de 1969 a la fecha, de acuerdo con los registros de HIJOS México.

Para ella el arte es un medio que permite denunciar las injusticias que se viven en este país y considera que las desapariciones forzadas de personas son una muestra de ello. “Se trata de seres humanos que no son desaparecidos del pasado sino del presente, porque no sabemos dónde están; y lamentablemente este crimen se sigue cometiendo en México”.

Recientemente llegó a sus oídos la denuncia de un grupo de organizaciones civiles de Chihuahua acerca de la desaparición de media centena de personas ocurrida de 2008 a la fecha. A falta de una legislación eficaz en México que garantice la justicia se pregunta López Ovalle: ¿qué hacer?

Una de sus respuestas fue abrir un blog http://www.edithlopezovalle.ya.st/ para invitar a las y los usuarios a descargar una serie de postales alusivas al tema de la desaparición forzada para pegarlas en cualquier parte del mundo. Acciones como ésta refuerzan el llamado a construir un Estado con base en el principio de justicia. “Nosotros no pedimos venganza, sólo queremos un mundo mejor, y mientras haya desapariciones no habrá democracia en nuestro país”, concluye.

Si no hay condena jurídica, hagamos la condena social: Tania

Tania Ramírez tiene 32 años, tiene estudios de doctorado, es maestra en Lingüística y Teoría de la Literatura y trabaja en la Subdirección de Vinculación Social y Participación Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Su activismo a favor de la presentación con vida de las personas desaparecidas inició en 1977, cuando aún estaba en el vientre de su madre.

En aquel año su padre, Rafael Ramírez Duarte, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue detenido junto con dos hermanos, un primo y una cuñada, y otro de sus hermanos fue asesinado. Las personas detenidas fueron presentadas posteriormente, sólo de Rafael no se supo nada más. “No sé y no recuerdo cómo se le habla a una niña de estas cosas, pero sé que sí se me contó esta historia desde el principio”, expresa.

Por el testimonio de una tía, narrado tras ser liberada meses después de una cárcel clandestina ubicada en el campo militar núm. 1 de la ciudad de México, Tania supo que su papá estaba en ese lugar, y que fue golpeado y torturado: “le aplicaban descargas eléctricas después de haberlo mojado, le habían roto una costilla; estaba lleno de sangre”. La última vez que su tía vio a Rafael Ramírez dijo que estaba más delgado y recuperándose de los golpes. Estaba vivo.

Con el paso de los años esta vivencia personal pasó a ser familiar y después se convirtió en colectiva. Desde pequeña, Tania escuchó el reclamo de su abuela y de su madre, ambas integrantes del Comité Eureka, para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de sus familiares desaparecidos.

Desde 2000, año de la fundación de HIJOS México, Tania forma parte de esta organización. “En lo personal, sigo redimensionando lo que significa la desaparición forzada en cada momento de mi vida”, señala.

Así analiza, por ejemplo, la vulneración a la integralidad de los derechos de las personas desaparecidas y también a los de sus familias: “para mi papá hubo privación ilegal de la libertad, no se le garantizó su integridad física, emocional ni psicológica. Si pienso en el derecho al agua recuerdo a mi tía Mari que estaba en una celda de dos por dos metros en la que tenía que beber agua del mismo lugar donde hacía del baño; si pienso en el derecho a la alimentación, recuerdo que vieron a mi padre tan flaco porque seguramente no se preocupaban por darle de comer; si pienso en el derecho a la vivienda, no recuerdo la cantidad de veces que mi familia se tuvo que mudar debido a que estábamos amenazados”, dice.

Tania está convencida de que las y los familiares de las personas desaparecidas “no somos más víctimas de lo que ha sido víctima toda nuestra sociedad”. Entonces la lucha que se reivindica es doble, “por la presentación de nuestros padres, y también por un país de justicia y de respeto a los derechos humanos que al día de hoy no hemos visto”.

Para ella la responsabilidad del Estado en las desapariciones representa una deuda de justicia que se asemeja a “un cheque en blanco para la impunidad”. Cada caso de desaparición forzada que no se enjuicia “es un mensaje de desinterés, de descrédito e incluso de incapacidad para juzgar a quienes violan los derechos humanos, sobre todo en los casos de lesa humanidad”, dice. Por lo tanto, ella apuesta a que “si no hay condena jurídica, hagamos la condena social que empuja y obliga a que las condenas jurídicas se den”, concluye.

No se trata de agarrar un borrador y desaparecer a las personas del mapa: Alba

Alba Victoria Santiago Nevares tiene 31 años y es médico general. Hace tres años, cuando llegó a vivir a la ciudad de México procedente de Torreón, Coahuila, encontró en HIJOS México un espacio para hablar de su historia personal, relacionada con la desaparición de su madre quien era integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) de filiación comunista.

“El 9 de abril de 1979 hubo un operativo policial muy grande en Torreón para detener a integrantes del MAR; ahí asesinaron a dos personas, entre ellas a mi papá, Elin Santiago, y se llevaron a mi mamá junto con otras dos mujeres –una de ellas con todo y su hija– y a un hombre”, dice.

Por testimonios de su madre, quien permaneció desaparecida durante tres meses, Alba sabe que primero fue llevada al campo militar La Joya, en Coahuila, y después al campo militar núm. 1 en la ciudad de México. Durante su detención en este último sitio, su madre dijo haber visto a varias personas que a la fecha siguen desaparecidas.

Desde que Alba llegó a HIJOS México realiza talleres de memoria para recuperar y reivindicar la experiencia de lucha de aquellas personas que fueron desaparecidas por exigir su derecho a la educación, a la salud, a la tierra, a la libertad y a la dignidad. En este espacio ella también ha logrado dimensionar que el caso de su mamá no fue exclusivo, sino que formó parte de una política de Estado.

“El Estado tiene toda la responsabilidad en las desapariciones forzadas, pues no se conforma con llevarse a las personas sino también en hacer como si nunca hubieran existido, y no se trata de agarrar un borrador y desaparecerlas del mapa. También creo que es responsabilidad de toda la sociedad exigir que, como mi madre, también las demás personas [que permanecen] en cárceles clandestinas sean liberadas”, concluye.

Hago presente lo que se dice que no sucede en este país: Tania Paloma

Tania Paloma Hernández es psicóloga, tiene 31 años e imparte clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). A partir de su proyecto de titulación de licenciatura ella se propuso rescatar una realidad que en México históricamente se niega o se esconde, como lo es la desaparición forzada.

Su tesis de psicología colectiva analiza, por un lado, cómo algunas comunidades de Guerrero y Chihuahua mantienen pública la memoria de movimientos armados, presas y presos políticos, masacres y desapariciones ocurridas durante la llamada Guerra Sucia entre las décadas de los setenta y ochenta; y por el otro, los mecanismos que utiliza el Estado para llevar estos hechos al olvido.

“Yo me encargo de hacer presente lo que se dice que no sucede en este país, porque no se trató de un periodo de Guerra Sucia donde hubo represión y se acabó. Creo que existe una continuidad porque el Estado, –ahora en el argumento de su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico– sigue aplicando de forma más estilizada su maquinaria de terror para desaparecer a quienes piden un mundo distinto y mejor”, dice.

Desde hace cinco años Tania Paloma participa en HIJOS México para reivindicar la lucha por la presentación de los cientos de personas desaparecidas en el país. Aunque no hay números exactos, la organización ha documentado casos de niños y niñas, mujeres, hombres, ancianos, campesinos, profesores, obreros y amas de casa, entre otros.

“Nuestra lucha ya no es sólo por nombrar a los desaparecidos y señalar a los responsables, sino también por lograr que se modifiquen los marcos jurídicos sobre la desaparición forzada para garantizar que no vuelva a pasar”, concluye.

Con una visión crítica, quienes integran HIJOS México reconocen que su avance ha sido lento en cuanto a garantizar justicia en el caso de las desapariciones forzadas de personas; sin embargo, tienen claro que la lucha debe seguir ganándose a pie de calle. Este tipo de iniciativas, por lo tanto, hoy demuestran el reto que implica sensibilizar a la sociedad entera para entender que las y los desaparecidos nos faltan a todos y a todas, no sólo en términos personales sino también de luchas sociales.

Ahí están las personas desaparecidas que lucharon por los derechos de las y los trabajadores desde los sindicatos, quienes desde sus comunidades indígenas –con elevados niveles de pobreza– exigieron su derecho a la educación y a la alimentación, o quienes ejercieron su derecho a la libertad de expresión. Olvidarlas significaría perpetuar la impunidad.

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Notas al pie de página

*Colaboradora de la CDHDF.
Imágenes de Edith López Ovalle/HIJOS México.