EDITORIAL
El desarrollo de un sistema de protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia inició en 1989 con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de las Naciones Unidas. En regiones como América Latina, y específicamente en México, la ratificación de este instrumento internacional obligó a la construcción de un nuevo modelo de justicia para personas menores de 18 años de edad que se encuentren en conflicto con la ley penal.
En 2005 se materializó esta exigencia en nuestro país con la reforma al artículo 18 constitucional; sin embargo, a cuatro años de que entró en vigor, el balance respecto de su implementación en las leyes locales no es del todo positivo.
Los estados y el Distrito Federal han dado pasos demasiado apresurados, y a veces contradictorios, frente al gran desafío de consolidar un sistema de justicia juvenil con perspectiva de derechos humanos, el cual establece que toda persona adolescente acusada de la comisión de un delito debe tener acceso a un juicio justo y, en caso de que resulte responsable, debe asumir las consecuencias de sus actos a través de la imposición de medidas –primordialmente en libertad– que promuevan su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.
Lamentablemente en los hechos se evidencia un retroceso. Al revisar los códigos y las leyes de justicia juvenil vigentes en varias entidades del país, es posible darse cuenta de que están impregnadas de prácticas tutelares e inquisitoriales que privilegian el encierro, amplían los catálogos de delitos graves y aplican la detención en flagrancia sin mediar orden judicial, por mencionar las medidas más severas.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el sistema de justicia penal para personas adolescentes y adultas en la ciudad de México representa una preocupación central debido a que es uno de los principales focos de alerta en materia de violaciones a los derechos humanos.
Las y los jóvenes en conflicto con la ley penal, sujetos a una mirada punitiva y asistencial, se convierten sistemáticamente en víctimas de la violación a su derecho a un debido proceso.
Ante esta dramática realidad es urgente que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil impulsemos los cambios que requiere la ley para construir e implementar un sistema de justicia restaurativa por medio del cual sea posible que la juventud en conflicto con la ley penal cuente con todo lo necesario para reintegrarse a la vida profesional y social.
Hoy estamos ante la gran oportunidad de rectificar el camino hacia una justicia para adolescentes que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
Quizás no sea un tramo fácil ni corto, pero sí nos motiva a no retroceder.
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