15 de enero de 2010

MÁS DE 15 TONELADAS DE AYUDA PRO HAITÍ SE HAN LOGRADO REUNIR EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LA CDHDF

  • Continuará el personal de la CDHDF recibiendo las donaciones durante el fin de semana, las 24 horas del día.
Desde su apertura, el Centro de Acopio ubicado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concentra más de 15 toneladas de alimentos, agua embotellada, material de curación y medicamentos que las y los ciudadanos de la capital han hecho llegar para el Pueblo de Haití.

Lo anterior, es una demostración de confianza de las y los ciudadanos hacia instituciones como la Comisión, reconoció su Presidente, Luis González Placencia, quien señaló que aún se requieren alimentos enlatados, material de curación, jeringas, medicamentos (no caducados), analgésicos, antibióticos, antidiarreicos, cepillos de dientes, jabón de tocador, toallas húmedas, pañales, toallas sanitarias, alimentos para bebé, atún, sardinas, arroz, frijol, cereales, leche en polvo y platos, vasos y cucharas desechables.

Tanto los comestibles como los medicamentos, materiales de curación, productos para la higiene personal y demás productos recabados, agregó, se llevarán para su concentración a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en avenida Presidente Mazarik 29, colonia Polanco.

Dijo también que, de acuerdo con la Embajada de Haití en México y de otros organismos internacionales de ayuda, por el momento, la prioridad en los Centros de Acopio ya no es el agua embotellada y tampoco se requiere ropa.

Mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes han acudido al Centro de Acopio instalado en la sede de la CDHDF, ubicada en Avenida Universidad 1449, colonia Florida-Pueblo de Axotla, a un costado de la estación del Metro Viveros-Derechos Humanos, abierto las 24 horas del día.

Todo el personal de la CDHDF se incorporó a las guardias para recibir y clasificar lo que las personas hagan llegar, en cualquier cantidad, hasta el Centro de Acopio, lo mismo que para concentrarla hasta la sede del PNUD.

La Embajada de Haití en México abrió la Cuenta Bancaria 4042482604, en HSBC, a nombre de PROTECCIÓN CIVIL DE HAITÍ.



13 de enero de 2010

Lo difícil es hacer cumplir la ley


Entrevista a Ann Veneman



Por: Bárbara Celis/El País Semanal



La directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), una mujer curtida en la política de Estados Unidos, considera que la Convención de los Derechos del Niño, que cumple 20 años, ha sido un instrumento eficaz. Pero está aún lejos de alcanzar su verdadero potencial. Tiene fama de fría y acorazada. Pero también es conocida por ser eficaz y conseguir lo que quiere. Frialdad y eficacia parecen fundamentales para enfrentarse al reto de dirigir al organismo de Naciones Unidas que lucha contra el sufrimiento infantil.

Nacida en Modesto (California) en 1949, en una granja de melocotoneros, Veneman es una abogada especializada en temas agrícolas que se convirtió en la primera mujer que llegó al cargo de secretaria de Agricultura estadounidense durante el primer mandato del presidente George W. Bush. Abrió su despacho a El País Semanal el pasado octubre en Nueva York para hablar de los logros y retos que conlleva la conmemoración de una convención que reúne en 54 puntos los derechos humanos de la infancia.



Los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño ¿han tenido un impacto real en la vida de los pequeños? Sí, pero estamos lejos de alcanzar su verdadero potencial. Es el tratado internacional más ratificado del mundo (193 países) y los números indican que ha habido un progreso real en educación, salud y protección. Por ejemplo, el índice de vacunaciones se ha disparado desde que se aprobó la convención. Antes apenas se prestaba atención a problemas como el tráfico de niños, el trabajo infantil, los niños soldado, la explotación sexual, ahora son temas muy conocidos, pero queda mucho por hacer.

¿Cuáles son globalmente las enfermedades que más afectan a los niños? Aunque siempre se hable del sida y la malaria, la realidad es que la diarrea y la neumonía son la principal causa de mortalidad entre menores de cinco años.

¿Cómo se controla el cumplimiento de los derechos del niño? Hay una serie de comités y los gobiernos presentan informes sobre sus progresos, pero no hay ningún mecanismo para sancionar a los países por no cumplirlos.

¿Debería haberlos? La pregunta más bien debería ser: ¿castigamos a un gobierno o le obligamos a penar a los que incumplen las leyes? Hoy existen gobiernos con leyes excelentes a favor de los niños, pero son incapaces de hacer que se cumplan. Acabo de regresar de la República Democrática de Congo, donde la violencia sexual alcanza los mayores niveles del planeta. Muchas de las víctimas son mujeres, algunas son hombres y muchos son niños. Hay leyes al respecto, todo el mundo es consciente de lo que ocurre y, sin embargo, existe impunidad porque el gobierno no tiene estructuras efectivas para castigar a quien viola las leyes.


¿Qué recuerdos se ha traído de sus viajes a los países más afectados? La mayoría de las experiencias son inolvidables. Cuando visité el norte de Uganda estuve con un grupo de niños que habían sido secuestrados por el LRA (Lord’s Resistance Army) cuando volvían del colegio. A ellas las habían convertido en esclavas sexuales y a ellos los hicieron caminar durante kilómetros. Pese a las tragedias que viven, son niños con sueños y esperanzas. Un adolescente de los que conocí en la República Democrática del Congo cojeaba un poco porque, tras su secuestro, se le metió algo en el pie, se le infectó y llegó un momento en el que no pudo caminar, así que sus secuestradores le dieron una paliza y lo dejaron en la carretera, creyendo que estaba muerto. Alguien lo encontró después de cinco días. Hoy, pese a todo, sueña con tener una bicicleta: es la única manera de no tener que caminar para ir al colegio. También recuerdo mi primer viaje como directora de Unicef. Fui al cono sur africano y me centré sobre todo en niños afectados por el sida. Me impresionó ver la cantidad de huérfanos que había por causa de la enfermedad. En 2005, lanzamos una iniciativa para poner un rostro de niño en el problema del sida, algo de lo que apenas se hablaba entonces y creo que la situación ha mejorado muchísimo, sobre todo gracias al Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis (una alianza de agencias públicas, inversores privados y comunidades afectadas creada en 2002). En lugares como Botsuana, la transmisión de madre a hijo está controlada en un 90%, por lo que mueren menos bebés, menos madres y más niños reciben tratamiento. El reto ahora es conseguir que la tasa de transmisión descienda [Más de dos millones de niños tienen sida. 90% de ellos en África].


La convención tiene dos protocolos opcionales, uno en relación con la pornografía y el tráfico sexual infantil y otro relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Hay casi treinta países que no los han ratificado. ¿Es indicativo de que en esos países esos problemas son más acuciantes? No necesariamente. A veces lo que hace un país afecta a muchos otros. En Japón tienen problemas para aprobar una ley contra la pornografía infantil, hay un gran debate en relación a ello. Muchos países creen que la posesión de pornografía debería ser mundialmente ilegal porque si un país lo permite, otros pueden acceder a ello vía internet. Tenemos que conseguir, por todos los medios, que estas convenciones y protocolos sean ratificados por quienes no lo han hecho aún.

Resulta sorprendente que un país como Estados Unidos, que ayudó a elaborar la convención, nunca la haya ratificado. ¿Cree que es aceptable? No, pero Estados Unidos no ha ratificado muchas convenciones internacionales. Es un hecho que tiene más relación con el Congreso que con el presidente (Bill Clinton lo firmó, el Congreso no lo ratificó). Es una federación, cada Estado tiene sus propias leyes y si se ratifica tal y como está habría que modificar algunas de ellas. Aun así, tal y como dijo Barack Obama durante su campaña, es un poco embarazoso que Estados Unidos no haya ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Pero sí ha ratificado los protocolos.

¿Es importante escuchar la voz de los niños? Sin duda. Ishmael Beah escribió un libro sobre sus experiencias como niño soldado en Sierra Leona –A long way gone, memories of a boy-soldier– y creo que ayuda a entender el día a día de quienes pasan por esa experiencia. También conocí a una niña de Sierra Leona que fue capturada por niños soldado y le cortaron las dos manos. Nunca en su vida recibió educación. Hoy vive en Canadá y ha escrito un libro, The bite of the mango, otra historia extraordinaria. Muchos están haciendo oír su voz.

Como secretaria del Departamento de Agricultura, manejaba un presupuesto de 110 000 millones de dólares para un solo país. En Unicef sólo cuenta con 3 000 millones para el mundo entero, ¿no es un poco frustrante? El objetivo de Unicef es que sean los propios países los que intervengan en ayudar a los niños. Sí, somos la mayor agencia de distribución de vacunas y mosquiteros del mundo, pero a lo largo del tiempo hemos visto que distribuimos menos vacunas en algunos países porque son ellos los que se encargan de hacerlo directamente. Ésa es la dirección que debemos mantener. Creo que comparar ambos presupuestos es comparar naranjas con peras. Además, es importante entender que Unicef se financia con aportaciones exclusivamente voluntarias; 70% viene de gobiernos y 30% restante del sector privado. No se nos puede comparar con la FAO u otra organización internacional cuyos miembros pagan cuotas obligatorias.

¿Es usted madre? No, pero tengo muchos sobrinos de los que me siento muy cercana.

¿Cómo vamos a resolver la actual crisis alimentaria? Según un informe reciente de la ONU, los progresos que se habían conseguido en la lucha contra el hambre y la pobreza se han frenado e incluso han retrocedido respecto a 2007 a causa de la crisis económica mundial. El énfasis principal respecto a la producción alimentaria se dirige desde la FAO y otras agencias relacionadas, aunque Unicef ha jugado un papel esencial precisamente por esa conexión entre seguridad alimentaria y nutricional. Hemos abogado por la necesidad de incrementar la capacidad productiva del planeta pero yo insisto, hay que analizar las condiciones económicas de todas las cosas a la vez. ¿Hasta qué punto el impacto viene por la producción de biocombustibles que le quita terreno a la producción de cereales? ¿Cuál es el impacto del cambio climático, cuánta la importancia de la falta de infraestructura, de las guerras?... Además, entre los problemas que más nos preocupan en relación con la crisis están los relacionados con el trabajo infantil y el tráfico de niños, porque cuando hace falta dinero se les pone a trabajar y dejan de ir a la escuela.



* Periodista corresponsal de El País en Nueva York. El presente texto fue publicado en El País Semanal, suplemento del periódico El País, Madrid, España, 15 de noviembre de 2009. Agradecemos a la autora y al diario la autorización para la reproducción del mismo. Para consultar la publicación original véase , página consultada el 1 de diciembre de 2009.


12 de enero de 2010

La agenda pendiente de los derechos de la infancia*


Por: Norberto Liwski**
Fotografías: Joaquín J. Abdiel.




La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada hace 20 años y conmemorar este aniversario es una invitación para evaluar y hacer un análisis crítico para poder enriquecer la historia y no solamente tomar nota de ella. También es una oportunidad para poner al día los aprendizajes de esa historia. Aprendizajes del señalamiento de los avances pero también del reconocimiento de las debilidades. Aprendizajes que no pueden quedar solamente en la oportunidad de señalar cuales fueron sino cómo nos inspiran para iniciar nuevos ciclos, contextos que han tenido necesariamente movimientos, cambios, circunstancias que han variado en estos 20 años que por lo tanto hacen a la convención no solamente la condición de un texto –que invariablemente podemos leerlo hoy como hace 20 años y tal vez dentro de otros 20– sino que el texto sin análisis de contextos, como bien dice algún pensador, puede resultar un pretexto.


Nosotros queremos que el texto tenga contexto para que no sea un pretexto ni un pasatiempo y necesitamos colocarlo en un plano relevante, no de debate sólo de aquellos que asumen responsabilidades institucionales de alta trascendencia nacional, local o internacional. Necesitamos el debate en el interior de las sociedades, en las comunidades, en el mundo académico, este 20 aniversario de la convención es, por lo tanto, una excelente oportunidad para marcar una nueva agenda. Para analizar cuál es esa agenda pendiente dividiremos la perspectiva en tres: la que es responsabilidad del Estado, los pendientes de la sociedad civil y los del ámbito académico.



La agenda pendiente del Estado

Los Estados Parte de la convención constituyen indudablemente el dato necesario para que los niños sean sujetos de derechos, si la convención reconoce a los niños titulares de derechos es porque esta reconociendo a los Estados particularidad de obligaciones. No puede haber, para la convención y para la estructura de los tratados de derechos humanos, titulares de derechos que no establecen a su vez una relación con el titular de las obligaciones, es decir, el que debe garantizar el ejercicio de estos derechos.




América Latina ha producido un importante nivel de desarrollo en materia legislativa, tanto en los planos federales como en los planos estatales. No podríamos decir que estos 20 años han dejado un desierto normativo respecto de la convención, sería injusto y no sería realista pero, ¿qué es lo pendiente respecto de estos avances que se han producido? El dato pendiente es que en los ámbitos legislativos no han asumido de manera activa y productiva el seguimiento y el monitoreo de la aplicación de las normas que han dictado en materia de niñez y adolescencia.

En el ámbito legislativo tenemos la necesidad de replantear los desafíos, de revisar continuamente la normatividad para que se ajusten a los contextos y a los campos de variación social, económica y cultural. Pero al mismo tiempo tienen que crear mecanismos que garanticen el seguimiento de la aplicación de las normas.

El ámbito de la implementación de la justicia es donde recién se ha concentrado la responsabilidad del Estado; sin embargo, debemos reconocer que las transformaciones institucionales han sido fundamentalmente débiles respecto a los desafíos que plantea la convención para el ejercicio efectivo de los derechos de los niños.

Otro punto que quiero referir es ¿cuál ha sido el avance sobre los planes nacionales de acción que, durante estos 20 años, los países han comprometido en llevar adelante? No se ha incluido a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a los centros profesionales, y sobre todo, a las organizaciones de niños y adolescentes a participar activamente en el diseño de los planes de acción; por ello han ido quedando como muestras de buenas intenciones.

La mayor parte de los Estados latinoamericanos han hecho sus planes de acción pero tenemos que preguntarnos si han alcanzado la expectativa que se necesita, por su forma de elaboración, por la forma en la que se han integrado las mesas de trabajo para su elaboración, por el grado de respaldo ya que, generalmente, hay cierto divorcio entre la definición de los planes de acción y los presupuestos que garantizan la ejecución de los mismos

Además, los planes de acción no se han constituido en un instrumento de debate público, y del acceso público a la información de lo que ahí está planteado, por lo tanto son instrumentos que adoptan formalidades y no esencialidades respecto de la aplicación de las políticas públicas vinculadas a la implementación de los derechos.

Por otra parte, quiero señalar el desafío que implica para los Estados construir las herramientas independientes de monitoreo y exigibilidad de derechos. Si los niños, a partir de la convención, son titulares de derechos, si como consecuencia los Estados son titulares de obligaciones, tenemos que asegurar que en esa relación existan los instrumentos de la exigibilidad de los derechos, tanto accediendo a los tribunales para que estos puedan hacer efectivos los derechos que han sido violados u omitidos de manera que afecten el ejercicio de los mismos, o bien sea que por el orden administrativo el niño, la niña, los adolescentes con las organizaciones de estos, con las organizaciones que los representan tengan canales habilitados para presentar sus denuncias y hacer efectivo, por lo tanto, la gestión que lleva la exigibilidad de los derechos.

América Latina, en estos 20 años, ha tenido algunas buenas experiencias: el ombudsman o los defensores de derechos del niño o las comisiones de derechos humanos, han presentado la introducción de un modelo de proyecto de exigibilidad. Bienvenidas las experiencias, pero han sido insuficientes. Establecer instrumentos de exigibilidad −con las modalidades que cada país decida− es uno de los mayores desafíos en la agenda pendiente.





En los últimos 20 años la prioridad se enfocó en la difusión y la promoción y no en la exigibilidad de los derechos de los niños. Esto trajo como consecuencia que se habilitaran los mecanismos de cumplimiento preferentemente en la formalidad que plantea la convención por parte de los Estados, cumpliendo con la presentación de los informes periódicos al comité, difusión de la convención, adecuación legislativa y planes de acción de bajo nivel de impacto pero los instrumentos de exigibilidad han estado virtualmente ausentes.

Otro pendiente del Estado es la inversión real para la protección de los derechos de niñas y niños. El artículo cuarto de la convención nos dice, de una manera riesgosa, que el Estado deberá destinar hasta el mayor de sus esfuerzos y de sus posibilidades, pero no dice a través de qué entidades representa un desafío. Tiene que aumentar la inversión de manera progresiva y etiquetada para que dicho presupuesto no pueda ser destinado para ningún otro fin.

Y la inversión no es un dato de los economistas. Bienvenida la colaboración de los economistas que permitirán dar un diseño final a una estructura presupuestaria, pero el diseño de este presupuesto, además, debe contar con la participación de la sociedad civil, de las y los educadores y trabajadores sociales, y, por supuesto de las y los niños. Hay que aumentar la inversión y la calidad de la inversión, por ello es fundamental abrir el debate a la opinión pública, a los actores sociales, para que participen activamente pues la inversión es clave para definir los términos del contrato entre el Estado y la niñez.

El Estado también tiene una deuda seria con las y los adolescentes: es necesario que se fijen políticas públicas dirigidas a esta población. El mismo texto de la convención es un limitante en lo referente a las y los adolescentes. Por ejemplo, los artículos 28 y 29 reconocen a los Estados la obligación de garantizar la educación de manera gratuita, obligatoria y universal para la escuela primaria y el fomento a la educación secundaria. Ese enfoque de las obligaciones de los Estados respecto de la educación es discriminatorio para la adolescencia y ha generado una falta de compromiso de los Estados para con este grupo poblacional.¿Cómo lo podemos ver?, con una cifra sencilla: 72% de los adolescentes en América Latina a partir de los 15 años están fuera del sistema educativo.


La agenda de la sociedad civil


Previo a la aparición de la convención, en algunos países latinoamericanos la sociedad civil ha hecho una gran labor. Organizaciones a favor de los derechos de los niños en América Latina fueron creadas seguramente cuando esta región salía de las peores dictaduras y conflictos armados.

Las enseñanzas de esta experiencia han generado corrientes de opinión en la sociedad, han recordado a los Estados las obligaciones que no eran liberales, han generado vínculos con el órgano del tratado, con el Comité de Derechos del Niño pero, también, con el aprendizaje que nos dice que la incidencia en las decisiones políticas de los Estados aún deben –y por lo tanto, en la agenda pendiente– de aumentar la incidencia.

Quiero decir con esto que toda producción de la sociedad civil tiene que estar pensada en cómo incide en el proceso de producción de las políticas públicas.Ésta puede ser directa o indirecta; los estudios, las investigaciones, las campañas de difusión, los estudios de terreno, no pueden desconocer que uno de sus puntos fundamentales es la incidencia que va a tener en las definiciones de las políticas públicas. Este es un dato central por el cual la sociedad civil necesita profundizar.

El monitoreo constituye la otra vertiente necesaria; acompañar los procesos de exigibilidad de los derechos es lo que conforma la triada de lo fundamental que la sociedad civil necesita.

Otro elemento –tal vez el más complejo– es profundizar en el desarrollo de la cultura de derechos del niño mediante un conjunto de acciones, de medidas de corrientes de trabajo que permitan una revisión en la comunidad, que vaya desde los valores tradicionales que persisten y que no siempre tienen que ser eliminados para que ingrese el nuevo criterio, sino que tenemos que lograr que también los valores y los principios de la convención puedan integrarse a las dimensiones culturales de los pueblos.

No es una buena receta proponer que los pueblos abandonen su cultura para incorporar la de los derechos del niño; casi diría que ese es un mal camino. Por supuesto, cuando la cultura de las tradiciones tiene elementos que conforman una violación de derechos –como puede ser la mutilación genital femenina– obviamente se tendrá que revisar a profundidad esas prácticas.

En la diversidad cultural de nuestra América Latina en sus aspectos urbanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, migrantes (que conforma nuevos mecanismos interculturales) debemos ingresar con los principios de la convención pero integrándolos a su propia dimensión.

La convención tiene que comunicarse llanamente, hablar el mismo lenguaje que el conjunto de los pueblos en su vida cotidiana, en ese lenguaje común tenemos que profesionalizar y encontrar los mecanismos de comunicación.


La agenda académica

El mundo académico no ha podido sensibilizarse en términos generales con la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay buenas experiencias en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Chile, en universidades de Perú, en universidades que han generado la maestría, pero siguen siendo respuestas focales en el mundo universitario.


En los próximos 20 años tenemos que superar esta fragmentación, necesitamos una revisión más profunda de los programas de estudios en la formación. El contacto de los contenidos de la convención con las estrategias de comprensión de derechos no pueden ser un tanto menor a la mayor parte de las profesiones y, por ello, esto implica un compromiso de revisión más profunda y de incorporación mucho más esencial que la actual. La formación de los profesionales de la próxima generación exige, por un lado, la cultura; y por el otro, los principios y las disposiciones que nos plantea la convención,estén incorporados.

Respecto de los organismos internacionales es muy poco lo que puedo decir: los dos grandes sistemas con los que convive la convención son el de Naciones Unidas –con el Comité de Derechos del Niño y con el Consejo de Derechos Humanos en distintas dimensiones–, el del Sistema Interamericano, con la Comisión de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana.

Dichos organismos tienen, en estos 20 años, un balance que hacer. Entre los grandes desafíos está el de acompañar, con sus propios reglamentos, los mayores niveles de compromiso por parte de los Estados y la exigibilidad de los derechos que están consagrando. Estas dos grandes líneas de acción instrumentadas bajo las normas de cada una de las organizaciones constituyen, a mi juicio, aportes que se pueden hacer desde el campo internacional a la aplicación concreta del derecho de los niños.

La agenda pendiente necesita ser debatida por sus actores, revisada básicamente en que los textos de una convención no están escritos sobre el mármol, sino sobre papel. El dinamismo y la incapacidad de cambio y el Protocolo Facultativo están hechos sobre contextos históricos que varían. Así, por lo tanto, miremos los desafíos que presenta esta agenda pendiente, como la agenda del siglo XXI y, básicamente, como la conjunción del nuevo contrato social entre el Estado, la niñez y la sociedad.


* Médico y pediatra social. Ha sido vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas; asesor del Instituto Interamericano del Niño y director del Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Es académico de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires.

** Síntesis de las palabras pronunciadas por el autor en el Foro 20 años de la Convención por los Derechos del Niño, llevado a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de México.