Opinión y Debate
Aidé García*
El reconocimiento de los derechos y de la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida ha sido uno de los más grandes logros cristalizados en la ciudad de México durante la primera década del siglo XXI. No ha sido una conquista fácil y hoy, como nunca antes, se ve amenazada por el avance en nuestro país de políticas públicas inspiradas en concepciones religiosas particulares que no sólo son contrarias a los derechos de las mujeres sino también a las garantías fundamentales de nuestra democracia.
La experiencia detonada a partir de 2007, con las reformas al Código Penal para el Distrito Federal y las adiciones a la Ley de Salud para el Distrito Federal que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 primeras semanas de gestación, puso al descubierto la necesidad de fortalecer y blindar las leyes favorables a nuestros derechos, y de asegurar un marco legal que garantice su cumplimiento frente a las cada vez más constantes detracciones por parte de los sectores conservadores de la política quienes, en alianza con grupos religiosos no menos conservadores, pretenden revertir los avances que han colocado a la ciudad de México a la vanguardia en el continente americano en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El triunfo logrado por la sociedad mexicana cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal, provocó un cambio de estrategia en los intentos conservadores de la jerarquía católica por imponer su particular concepción moral en las leyes. Renunció a un debate abierto y respetuoso de las leyes –que también perdió– en una sociedad diversa y plural como la nuestra; y apostó, en cambio, por la presión sobre sectores políticos afines a su ideología, y por la denostación y criminalización de la lucha que por sus derechos llevan a cabo las organizaciones y los movimientos sociales feministas y de la diversidad sexual.
Esto no es nuevo. Lo novedoso es la manera sistemática en que opera la intervención eclesiástica en las políticas públicas: con el abierto apoyo –por acción u omisión– del gobierno federal y de los grandes consorcios de comunicaciones, y respondiendo a las indicaciones de la más alta jerarquía católica como ha quedado patente en los últimos años con las intervenciones de prominentes cardenales del Vaticano –incluido Joseph Ratzinger, antes y después de ser nombrado Benedicto XVI – en las políticas nacionales de México y de otros países latinoamericanos.
No debemos ignorar que los postulados fundamentales sobre los que han caminado las reformas e intentos de reforma contra los derechos de las mujeres y de personas homosexuales y lesbianas en nuestro país son copia fiel de la doctrina católica “oficializada” en las últimas décadas como verdad absoluta. Nos referimos a la afirmación de que se puede hablar de la existencia de la persona desde la fecundación hasta la muerte natural, o que el matrimonio es una institución divina que se integra únicamente por un varón y una mujer. Estas posiciones, además de ser contrarias al Evangelio, también son contrarias al sentir de la mayoría de las y los católicos.
Con todo, y pese a la falsedad en las argumentaciones e intenciones del conservadurismo religioso que Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) ha contribuido a develar, su influencia negativa se deja sentir entre cada vez más amplios sectores y ámbitos de la vida pública como intromisiones mutuas entre el Estado y la Iglesia (fundamentalmente católica): el Estado para legitimar su poder con la ayuda de la institución religiosa, y la Iglesia para conservar e incluso aumentar sus privilegios y la impunidad con que se entromete en la política.
Además de lo dicho, es importante tener en cuenta el proselitismo electoral de los ministros de culto, así como los encuentros y acuerdos entre los altos prelados católicos y los representantes de partidos políticos otras instancias oficiales en donde se toman las decisiones en materia de política pública; la condena a una educación laica, abierta y científica en torno a la sexualidad; y la homofobia y los delitos sexuales del clero, por mencionar sólo algunas de las principales prácticas que atentan contra el Estado de derecho.
Estos actos afectan, de manera especialmente dura, la cotidianidad y los derechos de las mujeres, puesto que nos vemos convertidas en objetos de reproducción y no somos reconocidas como sujetas de decisión en lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, nuestra vida y nuestra maternidad. Estos riesgos, que se han hecho realidad en poco más de la mitad de los estados de la República, pueden extenderse al resto del país –incluido el Distrito Federal– si no se avanza en el fortalecimiento de leyes y prácticas favorables al Estado laico que garanticen, a todos los niveles, la libertad de conciencia, la separación entre el Estado y la Iglesia, la igualdad de todas y todos ante la ley, y la no discriminación.
En CDD hemos trabajado con ahínco para defender el carácter laico del Estado mexicano, pues estamos convencidas de que es una condición imprescindible para que los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos, puedan ser ejercidos por toda la población. Con este objetivo compartimos de la manera más amplia posible los argumentos de la doctrina católica que reafirman la autoridad moral de las personas y su derecho a disentir de las enseñanzas morales de la Iglesia y a tomar decisiones de acuerdo con su libertad de conciencia, los cuales se basan en aspectos muy importantes de la doctrina católica clásica –como la primacía de la conciencia bien formada y el probabilismo– que relativizan el discurso autoritario y condenatorio de la jerarquía en temas morales. También hemos difundido las reglas del Código de Derecho Canónico –la ley de la Iglesia– que establecen atenuantes a la pena de excomunión inmediata para las mujeres que recurren a la práctica del aborto (cánones 1323 y 1324).
Con mayor razón, ante un marco histórico fundamental –en el que conmemoramos el bicentenario de la Independencia mexicana, el centenario de la Revolución y, desde el año pasado, los 150 años de las Leyes de Reforma que consumaron la lucha independentista–, los actuales retrocesos en materia de derechos y de garantías individuales nos motivan a fortalecer el marco legal del Estado laico, a asegurar su preservación y a dar un paso más en su consolidación para evitar en lo posible nuevas cruzadas en contra de los derechos de las mujeres.
La incorporación del carácter laico del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se logró el 11 de febrero de 2010, al aprobarse en segunda lectura en la Cámara de Diputados el dictamen que modificó el artículo 40 constitucional e incluyó la palabra laica entre las características que definen a la república, a saber: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Éste es un logro histórico y trascendental que nos permitirá contar con una poderosa herramienta para defender la separación entre la Iglesia y el Estado, condición indispensable para garantizar las libertades fundamentales que son característica esencial de la democracia.
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Notas al pie de página:
*Coordinadora del área de Relaciones Interinstitucionales de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), es integrante de la Coordinación de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, el Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Consultivo de snap México, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual.
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